GALERÍA #20: ¿reconstrucción del país con la bondad de los políticos? ¡NO!

AMLO.

Bancomer ganó más en México que en cualquier otra parte del mundo.

El analista de negocios, Enrique Galván Ochoa, comenta las ganancias de BBVA.

Peso a la baja por errores en la cobertura y el imperio económico de Playboy.

Niega Pátzcuaro robo de despensas.

Égdar Alberto Pérez, regidor de Pátzcuaro, responde a la nota publicada esta semana, sobre el supuesto robo de despensas para damnificados que realizó la esposa del alcalde, Víctor Baez Ceja.

La corrupción está matando a los mexicanos.

Eduardo Huchim, comenta que la corrupción permitió la construcción de grandes y altos edificios en sitios donde no estaban permitidos o con materiales defectuoso o inadecuados, de ahí que hayan colapsado en el sismo del #19S.

Presentan denuncia contra inmobiliarias y gobierno ante la PGJCDMX.

Organizaciones civiles acudieron a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) para presentar una denuncia de hechos contra aquellas empresas inmobiliarias y contra el propio gobierno de la capital por no implementar los estándares oficiales de construcción, lo que originó que varios edificios colapsaran por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Hay que seguir ayudando, todavía no pasa la emergencia.

Kirén Miret habla sobre los esfuerzos colectivos e independientes para ayudar a los damnificados por el sismo.

Habitantes de Jojutla luchan para recuperarse del sismo.

El periodista Héctor Raúl González informa qué hacen los habitantes de Morelos para superar los daños materiales y emocionales que les dejó el sismo del 19 de septiembre.

Cómo ayudar a comunidades de Oaxaca.

Mardonio Carballo presenta los esfuerzos locales para llevar apoyo a los damnificados por el sismo de 7 de septiembre.

Xi mo matlapo: abre tu mano, así nos decía mi madre para invitarnos a ser generosos, si no lo lograba nos decía Xi mo matetejtzona o lo que es lo mismo golpéate el codo.

Espectaculares ilegales, “todo mundo los ve, menos el gobierno”

Jorge Carlos Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, afirmó que las autoridades deberían retirar todos los anuncios que están sobre casas particulares, por el riesgo que presentan ante sismos.

Beneficios del Infonavit a damnificados del #19S y cómo obtenerlos.

David Penchyna, titular del Infonavit, explicó que han aprobado beneficios extraordinarios para derechohabientes en nueve entidades del país.

Un poco de todo.

También cayeron casas del Infonavit.

Si son varias las desarrolladoras inmobiliarias que en años recientes construyeron edificios y conjuntos habitacionales con materiales de tan mala calidad que se derrumbaron y que hoy enfrentan reclamos y denuncias penales de las familias que los adquirieron al contado o a plazos a precios millonarios, también el Infonavit anda en las mismas porque 980 viviendas construidas por empresas contratadas que éste avaló para otorgar créditos, quedaron totalmente dañadas y siete mil 500 más resultaron con afectaciones parciales por los sismos.

Las empresas constructoras enfrentan hoy un sinfín de reclamos y denuncias penales de las familias que las adquirieron, al contado o a plazos y que se quedaron sin nada, mientras el director general del organismo tripartita de viviendas, David Penchyna, anuncia un plan de 10 puntos para ayudar a damnificados que costará dos mil millones de pesos.

Presentó denuncia penal.

Claudia Sheinbaum, jefa delegacional de Morena en Tlalpan, presentó una denuncia penal contra exfuncionarios de la misma y la directora del colegio Enrique Rébsamen por su presunta responsabilidad en el derrumbe del inmueble, que costó la vida a 19 niños y siete adultos, por el sismo del martes 19, por construir de manera ilegal un piso más.

Los acusados son el exdirector Jurídico y de Gobierno de esa jurisdicción, Alejandro Zepeda, en 2010, y Miguel Ángel Guerrero López, en 2014, así como Mónica García Villegas, directora y dueña del plantel, por las irregularidades en la construcción de un cuarto piso en ese inmueble, que sepultó a menores y adultos, mientras ella se dedicaba a sacar sus pertenencias.

La funcionaria explicó que esa denuncia que presentó es adicional a la que de oficio inició la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, cuyo titular, Edmundo Garrido, intervino el plantel para realizar los peritajes correspondientes y deslindar responsabilidades, lo que de antemano apunta a los denunciados por la jefa delegacional tlalpense.

Con la complicidad de los exfuncionarios delegacionales, la directora del colegio construyó ilegalmente su departamento en el inmueble, con jacuzzi y un roof garden, que con el sismo se desplomó y sepultó a los menores y varias de sus maestras.

Todavía ayer, en una declaración mañanera, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, había asegurado que, para efectos de esa dependencia, el plantel cumplía con los requerimientos de la misma y “operaba legalmente”.

Graco y las despensas.

En la calle de Gómez Azcárate, en Cuernavaca, hay una nueva plaza comercial que es propiedad de Jerónimo Bernal Soliveras, aquel personaje que, de cadenero de un antro, pasó a ser director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo sólo por ser amigo de Rodrigo Gayosso, hijastro del gobernador Graco Ramírez. Nos comentan que este individuo, que recibió más de 120 millones de pesos en contratos del gobierno estatal, tiene escondidas despensas con el logotipo del DIF en esta nueva plaza, específicamente en el primer sótano del estacionamiento. Sería bueno que las autoridades investigaran, ¿no?

Frenan reformas de seguridad.

Juristas operadores del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados revelaron que definitivamente no hay acuerdos para las reformas en materia de seguridad, como mando mixto y mando único policiales, y en su lugar van a avanzar en algunas leyes secundarias para mejorar la operación y las condiciones laborales de los cuerpos policiacos. Que ya no quieren seguir ahogándose en una reforma constitucional que no prosperará.

Nace –ahora sí– el Frente opositor.

Con todo y que entre algunos panistas y algunos perredistas prevalecen los desacuerdos por el Frente Ciudadano por México, este viernes obtendrá su registro oficial. El Consejo General del INE someterá a votación el proyecto que previamente ya fue aprobado en comisiones, en el que se avala su conformación.

Dirigentes panistas, por eliminar subsidio a partidos.

Los 32 presidentes estatales del PAN cerraron filas con su dirigente nacional, Ricardo Anaya, y acudieron ayer a la sede nacional panista para expresar personalmente su total respaldo a la propuesta del Frente Ciudadano por México de eliminar al 100 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos, y de exigir al gobierno federal que aplique un plan de austeridad, que aportaría –dicen– una bolsa de 60 mil millones de pesos para enfrentar la tragedia que dejaron los sismos.

Brotan anomalías y exigencia de pesquisas.

En la colonia Del Valle, en el colegio Rébsamen, en la colonia Obrera… Por distintas zonas de la ciudad van saliendo a flote anomalías y casos de corrupción tras los edificios derrumbados. Y con ello llueven también exigencias de investigar y castigar. La senadora perredista Angélica de la Peña demandó al gobierno capitalino una investigación a fondo sobre el edificio de Bolívar y Chimalpopoca, donde laboraban las costureras. En tanto, Ana Lilia Herrera, la priista presidenta de la Jucopo del Senado, emplazó a retomar su iniciativa de imponer de dos a 10 años de prisión a quien realice construcciones irregulares.

Meade abre comparecencias.

Con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno, el Senado de la República acordó recibir en el Pleno al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el próximo martes, quien será el primero del gabinete en comparecer ante la Cámara alta. También irá el canciller Luis Videgaray, el 10 de octubre, y en fechas aún por definir los secretarios Miguel Ángel Osorio, de Gobernación; Luis Miranda, de Sedesol; Aurelio Nuño, de Educación, y José Narro, de Salud.

Mancera suma a Canaco.

Una de las claves en el programa de reconstrucción de la Ciudad de México serán las acciones de la reactivación económica en los lugares que sufrieron daños. Y en esa labor el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, tiene muy claro que por esa ruta se obtendrán buenos resultados, por eso se sumó de inmediato a los esfuerzos Humberto Lozano, el presidente local de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo.

Monreal respalda e impulsa.

El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, respalda al Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, en el plan de reconstrucción que vigile y fiscalice una comisión ciudadana, pues es hora de estar unidos para que la ciudad se levante lo antes posible. Por ello plantea que los polígonos afectados se declaren Zonas Económicas Especiales, a las que se canalicen créditos, estímulos fiscales y diversas facilidades para los dueños de casas y negocios.

Auditorio Nacional, a revisión.

Además de recorrer los domicilios en las delegaciones que resultaron afectadas por el sismo, las brigadas de Protección Civil del gobierno capitalino, a cargo de Fausto Lugo, se dieron a la tarea de certificar los centros deportivos y de entretenimiento, y hoy acudirán al Auditorio Nacional, que al ser el máximo recinto de espectáculos ya suma más de 25 mil peticiones de aficionados deseosos de saber en qué condiciones está el inmueble.

La trampa del PAN.

En el PAN de Ricardo Anaya no abren tan fácil la cartera. Rechazan renunciar al cheque por 189 millones de pesos que el INE está por entregarles para su gasto ordinario de los tres últimos meses del año, como sí lo hizo el PRI por 258 millones de pesos. Pero para no verse mal con los damnificados del sismo, anoche la Comisión Permanente aprobó aplicar un plan de austeridad para juntar un dinerito, pero el primer trimestre del 2018.

Otras elecciones posibles.

Diego Petersen Farah.

Imagine unas elecciones sin pendones ni espectaculares; sin largos y tediosos anuncios en la televisión y radio; sin despensas ni tarjetas de débito cargadas de billetes. Una campaña presidencial que no invada nuestras casas, que esté ahí, como una decisión importante que tenemos que tomar y debatir, pero no como el centro de nuestras vidas durante 90 días. Una campaña con más debates y menos spots; con más calle y contacto con la gente y menos promesas huecas. Una campaña donde las ideas y las propuestas puedan ser ampliamente difundidas, pero también contrastadas.

En el estilo de hacer campañas en México queda mucho de esa forma de hacer política del partido único, del partidazo del siglo XX. Las campañas en la era del dedazo tenían una función primordial, que era la legitimación del Tlatoani. Había en aquellos despliegues la nostalgia de los Virreyes de la Colonia. No eran campañas para conseguir el voto sino para dar a conocer a al rey en turno (y en no pocas ocasiones para que ese virrey conociera el país antes de tomar el poder). Eran campañas para conocer al presidente, no para elegirlo.

¿Podemos cambiar la forma de las campañas? Sin duda. Todo esto es posible si construimos una democracia diferente. Si en lugar de darle mucho dinero y mucho tiempo a los partidos para hacer campaña les damos poco de los dos. Si en lugar de hacer una fiscalización cara y mala desde el Instituto Nacional Electoral (INE) la hacemos desde el SAT y tipificamos el engaño en el reporte de campañas como delito penal. La pregunta es qué tipo de campañas queremos.

Hay un riesgo, no menor, de convertir las campañas en algo tan pesado y aburrido que termine siendo tema de unos cuantos enterados. Las democracias muy consolidadas tienen en general una participación muy baja en las urnas. Tenemos que encontrar un punto que evite el derroche absurdo, pero que mantenga el tono más o menos festivo de la elección; que inhiba la compra de votos, pero que mantengan el activismo de los militantes de los partidos; que permitan el contraste de ideas pero que no maten la viveza.

Todos estamos hasta el gorro de una democracia obesa, torpe y enfermiza, pero no es quitándole la comida como la vamos a sanar. Hay que ponerla a dieta; sí. Hay que moverla; sí. Hay que sacarla se su zona de confort, todo sí, pero sin perder de vista de no podemos ponerla el riesgo.

Estamos ante una oportunidad única de transformar nuestro sistema democrático. Tres millones de firmas en change.org alcanzaron a asustar a los partidos. Pero si solo nos quedamos en las firmas los cambios los harán ellos, para ellos y solo con ellos. Si hay otras elecciones posibles; no bajemos la presión.

Diferencias Monreal-López Obrador.

Georgina Morett.

Para que quede claro. Las diferencias entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal son cada vez más obvias. Ayer los contrastes en sus declaraciones fueron abismales.

El delegado en Cuauhtémoc, que innegablemente ha estado haciendo recorridos y enfrentando la contingencia por el sismo, señaló que “en principio, estamos de acuerdo –con las medidas propuestas por el gobierno–, no es hora de desacuerdos ni de mezquindades, todos debemos de estar muy unidos en el plan de reconstrucción de la zona devastada en septiembre”; posteriormente dio a conocer sus propuestas para complementar las acciones.

Mientras que quien fue su líder, André Manuel López Obrador, manifestó que a partir de este viernes su partido comenzará a repartir los apoyos, porque “cuando suceden estas desgracias muchas veces la ayuda no llega a los que lo necesitan, porque, aunque parezca increíble se roban el dinero y no llega el apoyo a los damnificados”, aunque tampoco específico su programa de transparencia para otorgar los recursos.

Sólo dijo que el “Fideicomiso 73803, Por los demás”, que se encuentra en el banco Afirme “será administrado por mujeres y hombres honestos como Elena Poniatowska, Pedro Miguel, Paco Ignacio Taibo, Julio Scherer, Jesusa Rodríguez, Bertha Maldonado, el padre Alejandro Solalinde y Laura Esquivel”, esperemos que ésta última deje su tejido para concentrarse en esta nueva labor.

Una vez más López Obrador nos pide creer como dogma de fe y critica a los adversarios, como si él no hubiera sido parte de este mismo sistema.

Monreal, en adhesión a los planes dados a conocer, propone entre otras cosas declarar los polígonos afectados como zonas económicas especiales, por ejemplo: la Zona Rosa, el corredor Roma-Condesa, el Juárez-Cuauhtémoc, que tienen vocación turística y cultural y deben otorgarles estímulos fiscales, créditos blandos y facilidades a los propietarios y a los trabajadores.

Así como un programa de vivienda media y media alta que se lleva a cabo de manera conjunta con el sistema bancario para garantizar créditos blandos de largo plazo, y determinar la viabilidad de reconstruir los inmuebles dañados o en los mismos predios construir otros.

Definir un programa de vivienda popular para reconstruir o reubicar vecindades, edificios o inmuebles que hayan resultado afectados.

Y para las PyMes de las zonas afectadas, propone tasa 0 en IVA e ISR durante el primer año de la reconstrucción, tasas del 50% durante el segundo año y del 75% en el tercer año para regularizarse.

Otra que entró al tema como si su esposo no hubiera sido parte del gobierno federal, fue la aspirante del PAN, Margarita Zavala, quien señaló que “tenemos que lograr esta reconstrucción con planes transparentes, sustentables y abiertos al escrutinio y participación de todos, especialmente de los ciudadanos. Aquí no hay espacio para constructoras amigas, para compra de votos, ni para conflictos de interés o socavones de corrupción”.

La pregunta es si no han entendido que la confrontación no ayuda en un momento en que la ciudadanía quiere respuestas y que lo mejor es unir esfuerzos con transparencia y dejar de echar la culpa al otro.

Otro tema al que se refirió Margarita Zavala es a la propuesta de acabar con el financiamiento público a los partidos, que después de la petición ciudadana se ha convertido en la mejor manera de buscar votos.

Pero hay que recordar las viejas discusiones de cuando nació el Instituto Federal Electoral, cuando se habló de la importancia del financiamiento público para evitar que los grandes empresarios, y actualmente los narcotraficantes, sean los que impongan candidatos.

Eso ha sucedido como en el caso de los Abarca, pero de verdad si esto no se discute a fondo podemos caer en una peor situación, en la que la aristocracia y el narco decidan con nuestra anuencia el futuro del país.

Los millonarios del comercio callejero.

Francisco Ortiz Pinchetti.

Uno de los mitos urbanos más socorridos en nuestro medio es el atribuir a la pobreza de la población la proliferación de vendedores ambulantes en las calles de nuestras ciudades. La flagrante violación a normas y reglamentos se justifica y solapa con ese argumento. Pobre gente, solemos decir. Necesitan trabajar, llevar de comer a sus hijos. Mejor que vendan en la calle a que anden asaltando gente.

La verdad es que no se tiene idea de las dimensiones del negocio del comercio informal, callejero. Hay una organización invisible y una red de corrupción que la protege. Me sorprendí al asomarme apenas a esa realidad que tenemos cotidianamente frente a las narices y que no vemos. Por principio de cuentas, la mayoría de esos comerciantes callejeros son empleados de empresarios informales que evidentemente los explotan. Hay estudios que estiman efectivamente que al menos un 80 por ciento del total de estos vendedores no son productores ni dueños de su negocio.

Es el caso de las miles de tamaleras que se instalan en las esquinas cada mañana, de los vendedores de tacos de canasta, con su bicicleta; los que ofrecen mangos rebanados o botanas y semillas en una carretilla; los que venden ropa, joyería de fantasía, perfumes, fritangas, empanadas o biscochos con atole.

Hasta febrero pasado, el gobierno de la Ciudad de México tenía un registro de 105 mil 304 comerciantes en las calles de la capital, de los cuales 68 mil 534 son independientes, y los restantes están agremiados en 745 organizaciones incorporados a un programa de reordenamiento implementado por las autoridades locales, según el Sistema de Comercio en Vía Pública (Siscivip). Iztapalapa es la delegación en la que hay más ambulantes registrados, con más de 18 mil.

Sin ínfulas sociológicas ni mucho menos, escudriñé un poco en el mundo de los ambulantes callejeros. Empecé por un joven que se instala en una esquina del Eje 7 Sur Félix Cuevas, en la colonia Del Valle. Lleva en su bicicleta la canasta forrada con plástico azul llena de tacos sudados, tradicionales. No le falta su frasco con salsa, sus chiles en vinagre y sus servilletas. Hay uno como él en cada una de las 17 esquinas que hay sobre ese eje vial, entre avenida Universidad e Insurgentes Sur. Muchos más en calles interiores.

El negocio no es propio, por supuesto. Su jefe le paga 110 pesos diarios por seis o siete horas de trabajo, según. Dice vender un promedio de 300 tacos al día, a seis pesos la pieza. Hay días buenos que llega a los 400. Tan solo su patrón tiene 35 canasteros, que trabajan preferentemente en calles de la delegación Benito Juárez. Al terminar su jornada diaria entrega a su empleador un promedio de mil 800 pesos, la venta de un día. No tienen ningún tipo de prestaciones ni seguridad en su empleo. Lo pueden correr de un día para otro.

Cada semana, por otro lado, nuestro taquero tiene que entregar mil 500 pesos a los inspectores de vía pública de la delegación. Es la cuota. “Esa la paga el patrón”, me aclara el muchacho. Son seis mil pesos mensuales por canastero. Ese solo empleador tiene que pagar mordidas por unos 210 mil pesos al mes para que sus 35 taqueros puedan trabajar en la vía pública sin problema. Sus ventas, en una estimación moderada, superan un millón 300 mil pesos mensuales. Y hay patrones que tienen 100 canasteros o más. Échele lápiz.

Los vendedores sujetos a la extorsión son preferentemente aquellos que carecen de permiso. En la delegación Benito Juárez son más de tres mil. La cuota puede significar un ingreso ilegal de más de 20 millones de pesos al mes, cuyo destino es por supuesto un misterio. De ese botín participan no sólo los inspectores de vía pública de la Delegación y sus jefes. También los policías y los tripulantes de las camionetas que debieran levantar a los informales e incautarles su mercancía.

Otro rubro del negocio lo constituye el gremio de los informales que expenden una diversidad de productos, principalmente alimentos, en los puestos metálicos llamados fijos. Un delegado panista me confió, “con los pelos en la mano” que uno de esos puestos puede vender entre tres mil y cinco mil pesos diarios. La inmensa mayoría de quienes despachan en esas taquerías, torterías, juguerías y fritanguerías callejeras, tampoco son dueños. Un solo puesto puede rendir entre 250 mil y 300 mil pesos mensuales.

Y hay quienes acaparan hasta 20 de esos puestos metálicos. Son pulpos. En Benito Juárez, por ejemplo, los ambulantes autorizados están afiliados a una organización, por supuesto informal, que lidera Esteban Oliva, una mafia. Este sujeto participa no solo de las cuotas de sus agremiados, sino de un negocio paralelo, coludido con autoridades delegacionales: la fabricación y venta de puestos metálicos “oficiales”, autorizado su diseño y características por la propia Delegación, con la coartada de “dignificar” su presencia en las calles. Cada puesto puede costar hasta 150 mil pesos.

El PAN y sus gobiernos delegacionales, especialmente el del impresentable Jorge Romero Herrera (2012-2015), además de participar en el negocio, afiliaron masivamente a cientos de ambulantes como militantes de su partido.

Y es que el ambulantaje tiene también, obviamente, un valor político. Si bien los gobiernos del PRI en la capital tenían como prioridad el retirar a los informales de las calles para concentrarlos en plazas y mercados, los gobiernos del PRD han asumido frente a ese fenómeno una actitud populista, demagógica y corporativa.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano optó por “regularizarlos” a través de la expedición masiva de permisos, en las cuales aún hoy se amparan. Sus sucesores al frente del gobierno capitalino no han atinado a una solución cabal del problema, si acaso lo han intentado. Los ambulantes significan mucho dinero, millones y millones de pesos. Y también votos y fuerzas de choque. Pobrecitos. 

CDMX: reconstrucción, ¿hacia dónde?

Salvador Camarena.

La administración de Miguel Ángel Mancera ha hecho una clasificación de los inmuebles capitalinos que resultaron dañados el 19 de septiembre.

Los dividió en colores: verde (daños leves, los inquilinos pueden permanecer mientras se hacen las reparaciones. O hacerlas ellos mismos). De esos hay 10 mil.

Amarillo, donde las obras no pueden coexistir con ocupantes. Hay entre mil 200 y mil 300.

Finalmente, la ciudad de México tiene 500 inmuebles con daño estructural.

Por donde se vea, ese recuento de los daños supone un reto mayúsculo.

Mancera anunció un fondo de 50 millones de pesos para apoyo de renta (tres mil pesos mensuales a unas diez mil familias). Asimismo, ayer informó de un plan de respaldo a los negocios por 710 millones de pesos.

Se han prometido pagos de ocho mil pesos para arreglos de inmuebles cuyo daño fue catalogado como leve; y para atender las reparaciones de los de color amarillo, el jefe de Gobierno propone un mecanismo dual: los socios de la ADI (Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, AC) podrían llevar a cabo las obras, y habrá créditos del Invi (Instituto de Vivienda).

Para el medio millar de edificios con daño estructural, ha dicho Mancera, se cocina ya un plan financiero que se basará tanto en el Fondo de Contingencias de la Ciudad de México como de la Sociedad Hipotecaria Federal.

Estas primeras medidas serán puestas a prueba en cuestión de días. Con cientos de familias desalojadas, temporal o definitivamente, de sus casas, con negocios que se quedaron sin sus locales, la CDMX pasará de la emergencia al estrés de tratar de volver a ponerse en marcha.

Así que en poco tiempo sabremos el efecto de los anuncios de Mancera. Ojalá que como primer paso resulten un paliativo para capitalinos que ya sufrieron, y sufren, en demasía.

Cosa distinta hay que opinar del decreto de programa de reconstrucción anunciado por Mancera el martes.

El pecado original de ese acto de gobierno es que el decreto, que crea una comisión que buscará definir un programa de reconstrucción, no se propone, deliberadamente, y antes que cualquier cosa, generar un diagnóstico sobre lo que le pasó a la Ciudad de México el 19 de septiembre.

Mientras la UNAM y otros entes han venido poniendo en la mesa de la opinión pública, tanto informes preliminares de lo sucedido el martes de la semana pasada como estudios que advertían de condiciones no atendidas luego de 1985, el decreto de Mancera mira hacia el horizonte sin plantearse la ejecución de una radiografía de lo que pasó, de lo que influyó en que hubiera más daños en unas zonas que en otras, en un tipo de edificios que en otros (antigüedad, altura, ubicación) y, por supuesto, pero nada menor, en qué medida la falta de supervisión y/o la corrupción fueron factor para la destrucción.

De forma que tenemos a un gobierno que por un lado parece entender que ha de actuar con prisa en la atención de los damnificados, pero que por el otro acaba de crear una comisión, que dependerá de la friolera de 27 organismos públicos capitalinos, que deberá gestionar los recursos para la reconstrucción, que deberá convocar a organismos de la sociedad civil nacionales e internacionales, y que deberá crear un programa de reconstrucción para una ciudad más resiliente que ha de aprobar Mancera.

Cómo se puede hacer un programa para una ciudad resiliente, si no sabemos ni qué nos pasó. Como cuando había, antes del 19S, tanto por discutir en planeación urbana.

Por qué no empezamos por leer el decreto y discutir si estamos de acuerdo en lo que nos propone.

Reconstrucción: tras los votos de la desgracia.

Ricardo Ravelo.

La reconstrucción del país es una urgencia mayor para Enrique Peña Nieto. Según dijo el miércoles 27, debe hacerse en estos meses porque la emergencia lo exige.

Y es que quizá para después de julio de 2018 ya no tenga sentido. Se necesita lo antes posible porque la gente requiere recuperar su patrimonio y al PRI le urge obtener para el 2018 los votos de la desgracia.

Pero todo está por verse. Los terremotos hicieron que la tierra vomitara toda la corrupción que por años se ha ocultado entre el cemento, en carreteras y caminos, en casas y edificios que se colapsaron. Ahí estaba oculta la chapucería, la irresponsabilidad y el descaro de los gobiernos que desde 1985 dejaron de supervisar las estructuras afectadas y que se vinieron encima a familias completas tan pronto la tierra empezó a temblar. Esto evidencia que en materia de obra tanto pública como privada todo está podrido.

Todo lo mal hecho quedó al descubierto: Carreteras en mal estado que se colapsaron, caminos que se agrietaron o sufrieron socavones, viviendas que se derrumbaron, puentes que se cayeron ante los temblores o inundaciones incontenibles –como la que acaba de ocurrir en Querétaro –son un ejemplo de la corrupción institucional y de la mala planeación de la infraestructura pública.

Si bien es cierto que la naturaleza embravecida embiste todo lo que encuentra a su paso también es una realidad que la infraestructura carretera, como ha ocurrido en Morelos, Oaxaca y Chiapas –por citar tres estados en desgracia debido a los terremotos –se ha construido sin la supervisión adecuada o bien protegiendo intereses personales y de las constructoras que con tal de ahorrar dinero incurren en irresponsabilidades en las etapas de su construcción.

En Morelos, por ejemplo, quedó claro que las casas derrumbadas por el sismo del pasado martes 19 no cumplían con las especificaciones técnicas adecuadas.  Ninguna autoridad supervisó que, por un mínimo de seguridad, las casas se construyeran con base en las normas que actualmente rigen en la industria de la construcción.

Es evidente que las estructuras son débiles, lo mismo que su cimentación; los techos fueron colados con una pobreza de cemento que, al menor movimiento, colapsaron. Y así, con manos chapuceras y corruptas, está construido casi todo en México. La misma situación atraviesa Chiapas, Puebla, Guerrero y ya ni se diga el Distrito Federal, donde la corrupción hizo imposible que desde el terremoto de 1985 se realizará una adecuada revisión de los edificios dañados y se ajustaran a las normas para reforzar los criterios de construcción de edificios, casas y condominios.

Ahora que el terremoto se repitió el 19 de septiembre, 32 años después del ocurrido en 1985, se evidenció lo mal construidos que están los departamentos de lujo, orgullo del llamado boom inmobiliario y de la boyante industria de la construcción.

Cuando se revisan los condominios se observan grietas, paredes cuarteadas, estructuras con pocas varillas y carentes de cemento reforzado; edificios ladeados que no soportaron el sismo por no tener una cimentación adecuada. Otros mostraron un rostro maquillado: hermosas fachadas con vista a un parque, a una zona arbolada, pero que se construyeron con más arena que cemento, pues antes de que pasaran los primeros veinte segundos del temblor ya estaban colapsados.

Distrito Federal se integraron varias carpetas de investigación en contra de constructoras, a las que posiblemente se les enjuicie por fraude. Pero de poco servirá tapar el pozo después del niño ahogado, ya que cerca de 275 personas perdieron la vida tras el terremoto. Las medidas se tendrán que tomar hacia adelante, en las obras que están por hacerse en materia inmobiliaria.

Y en lo que respecta a la infraestructura carretera, la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT) presenta graves limitaciones para verificar la calidad de las mismas. De acuerdo con datos oficiales, la dependencia sólo tiene capacidad para verificar cinco de cada diez proyectos que realiza en todo el país.

De acuerdo con datos publicados por el diario “El Universal” en su edición del pasado 15 de agosto, “tan sólo este año la SCT redujo los recursos para los trabajos de verificación de un total de 300 millones de pesos ejercidos en 2016 a 120 millones para este año y pasó de revisar 5 mil 500 a 2 mil 475 kilómetros en ese lapso”.

Tras el socavón que, en julio pasado, causó la muerte de dos personas en el Paso Express de Cuernavaca, la dependencia reconoció que no cuenta con montos de inversión necesarios para llevar a cabo los trabajos de verificación necesarios. A todo esto, hay que sumarle la corrupción que ha prohijado el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, ya que la supervisión de las obras está a cargo de las propias constructoras contratadas por la dependencia y éstas se realizan de manera aleatoria y no con el rigor debido para garantizar la vida de los ciudadanos. Ante la desmedida corrupción, quizá esto último es lo que menos importa.

LA RECONSTRUCCIÓN: NEGOCIO EN PUERTA.

El miércoles 27, en reunión de Gabinete celebrada en Los Pinos. Enrique Peña Nieto anunció que comenzará en breve la reconstrucción en los estados de Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Morelos, Guerrero, Puebla y el Distrito Federal. Son las entidades que concentran la mayor parte de los daños materiales y de fallecidos durante los terremotos del 7 y 19 de septiembre, respectivamente.

Además de convocar al sector privado para que coopere en este megaproyecto –como si el Gobierno careciera de los recursos para ello –el presidente anunció que se requerirá de una inversión de 37 mil 500 millones de pesos. Esto es lo estimado, no la suma total. La erogación puede ser mayor, de acuerdo con lo que se estime al final de las evaluaciones.

Con estos recursos se construirán las viviendas que se perdieron durante los temblores, se reparará la infraestructura pública –carreteras, caminos, puentes –y los recursos se otorgarán en forma directa a los afectados mediante tarjetas bancarias.

Aunque no lo dijo el presidente, el sistema de entrega de tarjetas permite recordar la compra de votos que mediante tarjetas “Monex” distribuyó el PRI durante la campaña presidencial de Peña Nieto. Esperemos que la ayuda oficial no se condicione a votar por el PRI en la elección de 2018, aunque se duda.

El presidente fue enfático en magnificar la tragedia. Sin duda es muy grave, pero en su discurso de ayer lo pronunció de manera reiterada y dijo que “en pocos” meses México estará reconstruido. Esto querría decir que antes de las elecciones, lo cual implicaría trabajar a una velocidad inusitada seguramente para capitalizar políticamente la desgracia. Después de julio ya no tendría sentido.

Sin duda que a lo que el presidente convocó es a llevar a cabo una reconstrucción rápida ante la emergencia. Esto implicará que su Gobierno y los empresarios tendrán que meter el acelerador a fondo para empezar a edificar las viviendas y a recomponer carreteras y caminos. En el Distrito Federal se tendrán que terminar las revisiones de edificios dañados, demoler los que ya no sirven y cobrar los seguros que permitan a las personas que lo perdieron todo recuperar su vivienda.

Los tiempos electorales están encima y a todos les urge comenzar la reconstrucción — quizá no tanto por las necesidades de la gente, pues históricamente es lo que menos ha importado para el Gobierno –sino para capitalizar la desgracia. Y para ello se necesita mitigar las urgencias que hoy enfrentan las familias que perdieron su patrimonio.

Sin duda que se otorgarán contratos sin licitación. La urgencia y la emergencia lo permiten, de ahí que el presidente fuera tan enfático en afirmar que la emergencia no ha pasado. Y estos contratos millonarios se otorgarán a las empresas consentidas del sistema, las mismas que forman parte del círculo de corrupción, las que han sido privilegiadas durante todo el sexenio en jugosos negocios y que, en su mayoría, han entregado malas cuentas con carreteras, puentes y otras obras de gran envergadura.

Esperemos que la urgencia de reconstruir –cuyos tiempos están estrictamente ligados al tema electoral –no derive en mayores problemas y se pierdan vidas por la mala calidad de las obras.

Los que están enfrascados en un debate acalorado son los partidos políticos. El PRI formalizó su renuncia al financiamiento público ante el INE. Tal parece que no necesitan dinero para operar. El PAN, PRD y Movimiento Ciudadano aceptaron renunciar al financiamiento oficial, pero le exigieron al Gobierno de Peña Nieto un programa de austeridad, lo cual no ha hecho a pesar de la crisis que arrastra el país.

Y todos afirman que otorgarán sus recursos para los damnificados por los terremotos, en abierto clientelismo político. Todos quieren los votos de la desgracia y el presidente parece estar más urgido de ellos para bien de su partido porque, de perder el 2018, quien sabe que le deparará el destino. De ahí que es urgente, según dijo, empezar la reconstrucción del país.

Lo que ningún partido ha dicho es de donde van a sacar los recursos para sus operaciones. El legislador y líder de la bancada priista en la Cámara de Diputados, César Camacho, dijo que los propios políticos podemos financiar nuestras campañas y tareas con aportaciones privadas y de simpatizantes.

Si ningún partido es supervisado sobre la forma en que obtiene recursos privados se corre el peligro de que el crimen organizado entre al quite y en forma abierta para el financiamiento de campañas, algo que ya ocurre desde hace décadas con la complacencia de todas las autoridades.

Septiembre negro.

Raymundo Riva Palacio.

Dos palabras formarán parte del lenguaje cotidiano de los mexicanos en breve: reconstrucción y resiliencia. Las dos tienen que ver con la reacción de miles de mexicanos ante los sismos que golpearon el centro y el sur del país durante este septiembre negro, y el llamado a la acción que escucharon los empresarios en voz del presidente Enrique Peña Nieto para que apoyaran a quienes menos tienen. La resiliencia se refiere a la capacidad del individuo, pese al estrés agudo en el que se encuentre, para enfrentar la adversidad y los cambios drásticos ante las tragedias, los traumas o las amenazas. Pero esto es sólo su primera capa. La segunda tiene que ver con la resiliencia organizacional, que permite un sistema sustentable para el futuro y la viabilidad de una sociedad.

La primera capa es la que se vio espontáneamente en las comunidades de Oaxaca y Chiapas, o en la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde corrió la ciudadanía a ayudar a sus pares en desgracia. La segunda es lo que se anunció formalmente este miércoles en Los Pinos con el fideicomiso denominado Fuerza México, mediante el cual la iniciativa privada recaudará fondos para apoyar a los damnificados y a la reconstrucción. Hay una tercera capa, que es el compromiso público y político para arropar a las dos primeras, que aún no toma un cuerpo claro en México, pero que, en su actual estado de gestación, sugiere que hay un sector de mexicanos que quieren descarrilar todos los esfuerzos nacionales.

La resiliencia de la sociedad ha sido ampliamente reconocida en el mundo, y documentada con detalle por los medios. Pero la sociedad sola, pese al extraordinario esfuerzo realizado, es insuficiente. La locomotora institucional tiene que entrar al apoyo. Se hizo desde las primeras horas tras el sismo, cuando en la Secretaría de Hacienda se analizaron alternativas para enfrentar lo que vendría: la reconstrucción. Esta fase es larga. En Japón, una de las economías más fuertes del mundo, aún no terminan la reconstrucción del sismo de 9 grados en la escala de Richter hace seis años, que provocó un tsunami que mató a 20 mil personas, barrió comunidades y produjo un accidente nuclear en Fukushima. Pero también es la que más tensión genera y resquebraja a las sociedades.

La idea de crear un fideicomiso administrado y vigilado por el sector privado surgió como una respuesta inmediata que acompañe la reorientación presupuestal que se hará en los próximos meses para hacer frente a los costos por la reparación de los daños, que preliminarmente se calculan en 38 mil millones de pesos. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, armó el fideicomiso con el sector empresarial. El sábado pasado se abrió la ventanilla para la recaudación de fondos en Nacional Financiera, y el lunes Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lo anunció.

El primer día entraron ocho mil pesos, procedentes de envíos no mayores de 50 dólares procedentes de Estados Unidos. Al tercero, antes del anuncio en Los Pinos, ya había 60 millones de pesos aportados por varios de los empresarios que acompañaron a Peña Nieto en el evento del miércoles y del gobierno chino, que depositó un millón de dólares. Taiwán dará una suma similar esta semana y la próxima, Corea del Sur. Castañón dijo que se esperaba recaudar al menos mil 500 millones de pesos. Un día antes, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció un paquete de apoyos económicos directos e indirectos para los damnificados, y el arranque de la reconstrucción en la capital, que fue trabajado también con la Secretaría de Hacienda. La Ciudad de México es la mejor preparada del país para enfrentar una contingencia de esta naturaleza, donde una buena administración de los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales le permite tener disponibles nueve mil millones de pesos.

Las cosas van a ser mucho más difíciles en el sur del país. El fideicomiso Fuerza México es una de las opciones financieras que existen, así como otros fideicomisos que tiene el gobierno, asimilados fiscalmente, que podrán ser utilizados. Adicionalmente, como lo anticipó Peña Nieto, habrá una reorientación de recursos en el Presupuesto, donde habrá un énfasis en dinero para viviendas, micro, pequeña y mediana empresas, y empleo. La reconstrucción ya no es tarea de los ciudadanos, sino de las instituciones. Por eso, la tercera capa de la resiliencia, nonata aún, el compromiso público y político, está comenzando a hacer crujir las estructuras con un ataque directo a lo que todavía no comienza.

Sectores radicales de la sociedad vinculados a grupos políticos extremos, iniciaron una campaña en las redes sociales para descalificar lo que se está haciendo, difundiendo información falsa sobre aportaciones internacionales que no existen, o torpedeando las instituciones. Hay un interés claro para descarrillar los esfuerzos mediante la creación de desconfianza ante lo que se está haciendo, y dinamitar los esfuerzos. La debilidad de las instituciones y la falta de liderazgos en la clase política no ayudan a contrarrestar esos esfuerzos desestabilizadores. La corrupción e impunidad que ha volado en México como hacía décadas no sucedía, disminuyen la efectividad de los antídotos.

Las instituciones podrán transparentar todos sus procesos y aportar la información necesaria para tratar de neutralizar los ataques, pero se va a necesitar más que eso. Será la sociedad la que deberá de decidir a quién creerle y a quién apostar, porque de este arbitraje se reconstruirá y transformará el país. En sus manos está, pues, el futuro mexicano.

Nueve edificios del Gobierno federal con daños.

A poco más de una semana del sismo del 19 de septiembre que afectó a entidades del centro del país, nueve inmuebles del Gobierno sufrieron daños y están a la espera de dictámenes de Directores Responsables de Obra (DRO), por lo que se encuentran suspendidas las actividades administrativas de forma indefinida en ellos, reveló el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

Los inmuebles afectados se encuentran en su mayoría en la delegación Benito Juárez, de acuerdo con la información enviada a El Financiero.

El inmueble más afectado hasta ahora es el que ocupa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ubicado en la colonia Narvarte, el cual “dejó de ser funcional”, por lo que el edificio con murales de artistas como Juan O’Gorman y José Chávez Morado, requiere una revisión más detallada que se dará a conocer en 20 días, según información de la dependencia.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) también resultó con daños. Los otros inmuebles afectados fueron un Colegio de Bachilleres, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), oficinas del Servicio Postal Mexicano, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y Oficinas de la Secretaría de Gobernación.

Soraya Pérez, presidenta del Indaabin, señaló en entrevista que no se reporta ningún inmueble del Gobierno colapsado ni personas lastimadas ante los protocolos de evacuación, a pesar de que varios edificios están ubicados en la delegación Cuauhtémoc, una de las principales afectadas.

En la Ciudad de México hay 476 inmuebles destinados a oficinas del Gobierno; de ellas 187 están en Cuauhtémoc.

“Hasta ahora no se tiene dictamen de Gobierno que arroje un daño estructural irreversible de algún inmueble”, aseguró la funcionaria.

El Indaabin verifica que todos los inmuebles tengan dictámenes de seguridad actualizado. Hasta ahora, esta recopilación continúa.

“Nos hemos tardado un poco porque no tenemos todos los dictámenes, a partir del lunes hemos empezado a recibirlos”, apuntó.

Sede de la SCT será demolida tras sismo.

El edificio central de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que se ubica en Avenida Universidad y Xola será demolido luego de que se dañará estructuralmente por el sismo de 7.1, del pasado de 19 de septiembre.

"Fue sorpresivo para mí, nos informaron que el edificio está dañado y que será demolido, los murales serán rescatados, es un edificio viejo, de más de 50 años y los sismos rebasaron las normas con las que fue construido", señaló Fernando Gamboa, director general de fomento y administración portuaria de la SCT.

En el marco del XXIII Congreso Anual de Agentes Navieros organizado por la AMANAC en Mazatlán, el funcionario dijo que muchas de las funciones fueron trasladadas a las instalaciones donde está Puertos y Marina Mercante sobre Periférico Sur.

La dependencia informó que se cambiará de domicilio a las oficinas que tiene en Periférico y también las que están en Aeropuerto y Servicios Auxiliares contiguas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"Será demolido y posteriormente se construirán nuevamente las instalaciones en ese polígono que es muy importante", agregó Gamboa.

Por la tarde, la dependencia informó que aún esperan un dictamen sobre las condiciones del edificio, que estará listo en 20 días hábiles, para después determinar las acciones a seguir.

"La estructura, erigida hace 63 años, está siendo evaluada por la empresa DIRAC y su dictamen será definitivo para tomar una determinación sobre el futuro del complejo. Conforme a los registros de inventario, existen más de 10 mil bienes dentro del inmueble, que incluyen mobiliario de oficina, computadoras, copiadoras y equipo de aire acondicionado", detalló la SCT en un comunicado.

La dependencia informó que el nuevo domicilio oficial para recibir correspondencia y realizar trámites se encuentra ubicado en Avenida Insurgentes Sur 1089, Colonia Nochebuena, Delegación Benito Juárez, C.P. 3720, Ciudad de México.

En dicho inmueble estarán el secretario, la Dirección General de Planeación; Comunicación Social; Subsecretaria de Infraestructura; Subsecretaría de Comunicaciones; Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

También, la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento; Oficialía Mayor; Dirección General de Recursos Humanos; Dirección General de Recursos Materiales; Dirección General de Evaluación; Coordinación General de Centros SCT y la Unidad de Enlace de la SCT.

El edificio tiene 63 años de antigüedad y ahí laboraban 2 mil 500 empleados, se inclinó 3 grados con el temblor.

Se está evaluando llevar archivo a Calzada de las Bombas, 421 ex hacienda Coapa Coyoacán, donde está Autotransporte Federal, añadieron fuentes de la SCT por separado.

Sheinbaum denuncia penalmente a dos ex empleados de Tlalpan y a la dueña del Colegio Rébsamen.

“Acabo de presentar una denuncia penal, adicional a la carpeta de investigación que por oficio tiene que llevar la PGJ-DF, la denuncia penal es contra cualquier autoridad que resulte responsable “, aseguró la jefa delegacional.

La denuncia se interpuso en contra Alejandro Zepeda Rodríguez y Miguel Ángel Guerrero López, directores jurídicos y de gobierno en Tlalpan en 2010 y 2014, respectivamente, bajo la administración de Higinio Chávez García y Maricela Contreras ambos con la bandera del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Como persona y como jefa delegacional, esto es indignante y tenemos que actuar porque estamos del lado de las víctimas, del lado de la ley y queremos que se haga justicia. Le pedimos al Procurador de Justicia de la Ciudad de México que revise con cuidado todos los expedientes”, dijo.

Alejandro Zepeda Rodríguez es un funcionario que ha pasado desde 2001 al interior de la Delegación Tlalpan: fue funcionario de la unidad departamental de drenaje, subdirector de operación hidráulica, director de obras y director de jurídico y de gobierno en Tlalpan.

En tanto, Miguel Ángel Guerrero fue nombrado director Jurídico y de Gobierno en el año 2013. En enero de 2015, se encargó del Despacho de la Jefatura Delegacional cuando Maricela Contreras dejó el puesto para contender por una diputación federal.

Posteriormente, en abril de 2015 entregó el mando de la demarcación a Héctor Hugo Hernández, quien perdió la contienda dentro del PRD para la Jefatura Delegacional.

Sheinbaum expuso que las constantes obras de ampliación de la escuela fueron las provocaron daños en la estructura y lo que ocasionó el derrumbe en el sismo.

Explicó que el expediente del Colegio presenta muchas irregularidades durante los periodos de 2010 y 2014. En este último, la Dirección General de Obras y Servicios Urbanos clausuró por 11 meses el Colegio y sancionó con 300 días de salarió mínimo, pero todo se revolvió con el pago de una multa de 21 mil pesos, lo que la morenista consideró “indignante”.

Otra de las irregularidades presentadas fue la construcción de un cuarto piso sobre uno de los edificios del Rébsamen donde vivía la directora de la escuela.

La delegada agregó que esta denuncia es adicional a la que por oficio levanta la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina.

Sheinbaum informó que aún queda pendiente el dictamen del Colegio de Ingenieros Civiles, en el que se analizarán a fondo las estructuras del edificio, del concreto, de los planos, de todos los expedientes, con los que hará un dictamen completo.

El gobierno delegacional ha puesto a disposición de todas las personas interesadas, los expedientes y documentación referente al colegio privado y se encuentran para su consulta en la página delegacional.