sábado, 30 de noviembre de 2019
Fiscalía pierde ante corrupción en Coahuila; en 2 años, sólo pudo resolver el 20% de las denuncias.
Por
Redacción / Sin Embargo.
El 1 de enero de 2019, Mirasol Treviño Puente
tomó el cargo de Alcaldesa del municipio de Abasolo, Coahuila. Ese mismo día se
dio cuenta que la administración anterior había dejado huecos financieros por
todos lados. “No me dejaron ni lápices. Nada”, cuenta la Alcaldesa. Sin
patrullas, con un parque vehicular en mal estado, adeudos con la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), impuestos no pagados y desvío de recursos de
algunos de los principales programas municipales fue como tuvo que comenzar su
gobierno. Pero su situación no es única. Este caso es una de las 199 denuncias
que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó ante la Fiscalía
Especializada para la Investigación de Delitos por Hechos de Corrupción de
Coahuila entre 2018 y 2019. Hasta la fecha no ha llegado sanción en ninguno de
los casos.
A pesar de
que las irregularidades que detectó la ASE en diferentes entidades municipales
y estatales podrían significar una afectación patrimonial al estado por casi
tres mil millones de pesos, nadie sabe cuál es el estatus de las
investigaciones, ya que ni la propia Auditoría tiene acceso a las carpetas y la
Fiscalía Especializada mantiene esta información en secrecía. Estas 199
querellas forman parte de las 442 denuncias que la Fiscalía, órgano a cargo de
Jesús Homero Flores Mier, recibió desde agosto de 2017 a septiembre de 2019;
periodo en el que solo han resuelto dos de cada 10 carpetas que llegan a sus
oficinas. Es decir, un total de 94 denuncias en 24 meses.
Estas cifras
ponen en duda la efectividad del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila.
Tres de las partes que lo conforman –Auditoría Superior del Estado, Fiscalía
Especializada y Poder Judicial –trabajan de manera desarticulada, de acuerdo
con especialistas en el tema.
Y aunque los
datos muestran un resultado pobre en cuestión de resoluciones, la Fiscalía
asegura que lo que ellos toman en cuenta no es la cantidad. “Aquí lo importante
es medir la calidad de las investigaciones. No numéricamente hablando de
cuántas son o cuántas resuelvo sino qué tanto resultado estamos dando a la
ciudadanía en cuanto a la judicialización”, dice Raquel González Rodríguez,
titular de la Unidad de Control y Gestión de la Fiscalía.
El ejemplo
más claro que citan es el Reto de los Cien días, actividad que se llevó a cabo
apenas en junio de 2019 y que tenía como meta mejorar los resultados de la
Fiscalía con los recursos disponibles. Al final, lograron llevar ante el
control judicial a 31 servidores públicos. Pero al solicitar más detalle de
estos casos, la información nuevamente es opaca. “No te puedo dar un dato
exacto de todos los funcionarios, pero lo que sí te puedo decir es que es muy
considerable, al igual que el número de funcionarios públicos que han reparado
el daño de alguna manera”, asegura González Rodríguez.
Pero esta
justicia no llega a todos los lugares de Coahuila. En Abasolo, un municipio que
apenas sobrepasa los mil habitantes, se encontró adeudos de más de 100 mil
pesos en luz, 273 mil pesos de Impuesto sobre Nómina que nunca se pagaron,
transporte escolar sin vidrios y con el hecho de que el dinero que se tenía que
utilizar para cuestiones de seguridad se ocupó en el pago de salarios.
Estos
rezagos con los que se encontró Mirasol Treviño han recaído en los más
necesitados. “Dejé de dar el apoyo a los adultos mayores. Les estábamos dando
un apoyo de 500 pesos y lo suspendí; pienso suspender las becas este mes, el
mes pasado todavía lo di. Yo tenía un monto aproximadamente de 32 mil pesos
mensuales para apoyos a estudiantes de escasos recursos, a estudiantes foráneos
y por aprovechamiento y pues me veo en la necesidad de eliminarlo”, cuenta
Treviño.
En la
revisión de cuentas públicas que hace la Auditoría, el órgano fiscalizador
logró detectar casi 200 casos de funcionarios públicos que realizaron
negociaciones ilícitas, otorgaron concesiones para las que no estaban
autorizados, crearon puestos para familiares o no lograron comprobar el gasto
de recursos públicos. De estas, 89 corresponden a administraciones municipales.
Estas denuncias representan un monto de casi 786 millones de pesos.
Abasolo
tiene denuncias por 45.4 millones de pesos, más de diez millones de lo que es
su presupuesto actual, y como todas las otras querellas presentadas por la ASE,
el caso involucra cuentas públicas de 2014 a 2017 que no han logrado ser
sancionadas.
Resultados
precarios.
La
Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos por Hechos de
Corrupción de Coahuila comenzó a trabajar a finales de 2017 como una de las
principales apuestas del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción. Durante su
primer año de funciones, de septiembre de 2017 al 28 de agosto de 2018, recibió
239 denuncias por algún tipo de ilícito de esta índole. De estas, concluyó 88.
En su segundo periodo, del 05 de septiembre de 2018 al 27 de agosto de 2019,
las querellas bajaron a 203 y solo en seis casos se llegó a una resolución.
Carpetas
de investigación que pasan de un año a otro y poco personal son algunas de las
causas que mantienen este rezago en las investigaciones. Para estas 200 causas
nuevas que entran cada año a la Fiscalía se tienen a seis Ministerios Públicos
(MP) y cuatro policías investigadores adscritos. Es decir, cada MP tendría que
investigar y concluir alrededor de 39 casos al año para lograr que la Fiscalía
elimine el remanente que trae de periodos anteriores.
Jesús
Homero Flores Mier, fiscal especial, no está de acuerdo en medir de esta manera
la efectividad del órgano a su cargo. “Este año hemos judicializado el doble
[…] estamos consolidando esta fiscalía que apenas está naciendo. No tenemos
áreas de contabilidad forense, tenemos que acudir al perito de la Fiscalía
General, sin embargo, estamos en este periodo de consolidación y estoy seguro
de que al cerrar el año calendario vamos a tener mejores resultados”.
Pese a estas
necesidades de personal expresadas por Flores Mier, la Fiscalía a su cargo
no ha ejercido el total de presupuesto que le asignaron. En 2018 de los 64
millones de pesos que tenía, sólo ocupó cerca de 30 millones y en 2019, año en
el que cuenta con 51 millones de pesos, se calcula que cerrará igual, de
acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado.
Si el
análisis se hace únicamente tomando en cuenta la calidad de los resultados
presentados por la Fiscalía, sus propias cifras también muestran resultados
precarios. De las 94 carpetas concluidas, solo 18 fueron judicializadas y de
estas, 15 fueron vinculados a proceso, de acuerdo con datos entregados vía
transparencia por la Fiscalía Especializada. Esto representa apenas un 16% del
total de sus resoluciones. Una de las tres que no fueron vinculadas a proceso
fue por el delito de Contratación Ilegal de Deuda Pública y el Poder Judicial
reporta que se encuentra suspendida.
Para
tener una medición más apegada a la realidad de los coahuilenses es necesario
conocer cuántos funcionarios públicos han sido sancionados y el tipo de sanción
que recibieron, pero la propia titular de la Unidad de Control y Gestión de la
Fiscalía., Raquel González, asegura que no tienen esos datos con exactitud por
ahora.
Otro
análisis de estas mismas 94 resoluciones muestra que hay seis expedientes
clasificados como “parcialmente concluidos”, y que fueron enviadas al archivo
temporal. Esto quiere decir que el agente del MP no tiene elementos suficientes
para ejercer acción penal y hasta que no se encuentren nuevas pruebas el caso
estará en pausa.
González
Rodríguez especificó que algunas de las carpetas comenzaron a investigarse
en 2017 y aún no han sido concluidas, por lo que es importante que la
productividad de la Fiscalía se mida a partir de las judicializaciones que han
logrado. Pero expertos en el tema aseguran que las fiscalías en combate a la
corrupción están siendo poco efectivas y el trabajo parece ser más bien una
simulación.
“Muchas
investigaciones no hacen más que cumplir un efecto publicitario y dejar que la
gente se vaya cansando y pasa un año, pasan dos, tres y cuando menos te
imaginas el delito ya prescribió y ya llegó el siguiente gobierno y esto se
queda en el cajón del olvido. Esto es lo que realmente está pasando”, asegura Salvador Benítez Lozano,
abogado y asesor de organismos civiles para el sistema anticorrupción en el
caso específico de Coahuila.
Además,
otros organismos como el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila,
difieren en los métodos de la Fiscalía que se enfocan en perseguir a
particulares y dejan que los sistemas sigan permitiendo este tipo de delitos.
“Los corruptos trabajan en red. Cuando uno está investigando un caso, es
desconocido hasta dónde está afectando. Lo que tenemos que perseguir es las
redes, no a las personas. La corrupción existe porque el sistema lo permitió,
porque la persona lo decidió y muchas de las otras veces porque muchas otras
personas ayudaron. Toda esta red es lo que tenemos que desactivar”, explica
Alejandra Wade Villanueva, directora del Consejo.
Sin
procuración de justicia.
La
realidad que enmarca el trabajo de la Fiscalía Especializada es que desde el
2017, año en que comenzó a trabajar, arrastra carpetas de investigación no
concluidas y no se cuenta con mayores recursos que prometan una mejor
resolución de los casos. Uno de los problemas es que la propia ley marca “todos
estos tiempos para que la autoridad pueda arrastrar los pies y no se castiguen
los hechos de corrupción que han ocurrido en Coahuila, lo que propicia de
alguna manera, que los delitos prescriban, y eso es lo más grave”, asegura Gerardo Abraham Aguado
Gómez, diputado local del PAN y quien en enero de 2019 solicitó un informe
detallado a la Fiscalía de todas las carpetas de investigación que estaban
trabajando.
Esta
falta de tiempos restringidos es una de las razones por las que casos como el
de la alcaldesa de Abasolo no sólo quedan sin sanción, sino que conforme pasan
los meses se van complicando más. En el último bimestre del año, la Secretaría
de Finanzas de Coahuila le recortó aproximadamente dos millones y medio de
pesos a este municipio por incumplimiento en el reporte de la recaudación de
impuestos como el predial. Este adeudo fue uno de los tantos que descubrió la
alcaldesa cuando tomó el cargo.
La falta
de sanciones visibles para los ciudadanos ha hecho que la lucha por eliminar
estos delitos y por ganar la confianza de la población se vea estancada. “La rendición de cuentas y la fiscalización
han quedado hasta cierto punto interrumpidas al no materializarse en el esquema
del debido sancionamiento. Ahí es donde tenemos que avanzar”, dice Armando Plata Sandoval, Auditor
Superior del Estado de Coahuila.
Anaíd
García, especialista en corrupción y miembro de la organización Fundar,
coincide plenamente con esto. “Muchas veces, aunque la misma Auditoría presente
estas denuncias, no son atendidas por las Fiscalías Anticorrupción, a pesar de
que esa es su mayor facultad. Y muchas de las deficiencias de las
averiguaciones previas son devueltas ante los jueces porque hay una mala
integración del expediente. Hay deficiencias en las labores de investigación”.
Coahuila
es un claro reflejo de esta situación. De las 199 denuncias presentadas por la
Auditoría Superior del Estado, ninguna se ha concluido. No solo eso, igual que
en el nivel federal, aún se arrastran incluso denuncias del sistema anterior.
Denuncian
por montos millonarios “preliminares”
De las
442 denuncias presentadas hasta hoy ante la Fiscalía Especializada para la
Investigación de Delitos por Hechos de Corrupción, sólo las 199 que
corresponden a la Auditoría Superior de Coahuila son públicas en el portal del
organismo fiscalizador. Del resto, 243, se desconoce la mayor parte de los
detalles, entre ellos los montos millonarios que se están reclamando.
Las
querellas promovidas por la Auditoría suman reclamos de 2 mil 836 millones
de pesos por delitos cometidos entre 2014 y 2017. Esta cifra supera por mucho
lo que la Fiscalía ha logrado recuperar por acuerdo reparatorio o reparación de
daño en todo el tiempo que lleva trabajando: 1 millón 26 mil pesos.
Estos
montos tampoco representan una mala calificación para la Fiscalía. Aunque las
denuncias se presentan presumiendo un daño económico determinado de acuerdo con
las observaciones que realiza la Auditoría, conforme se avanza en la
investigación los elementos de prueba presentados generalmente van abatiendo
dicha cantidad, y es el juez quien finalmente dictamina cuál es el total, explica Flores Mier.
Esta
disparidad de cifras es una de las mayores debilidades que el Auditor Armando
Plata encuentra en el Proceso Nacional de Rendición de Cuentas. “Todos los
órganos fiscalizadores del país estamos informando cifras preliminares y todo
mundo debería suponer que cuando la ASF o ASE hace su informe de resultado y lo
presenta ante el público eso fue ya propiamente en lo que se incurrió en un
ilícito, y no, porque la parte auditada tiene sus derechos resguardados para
poder anteponer nuevas pruebas, nuevas averiguaciones y decir eso lo gasté
debidamente. El hecho de que estemos haciendo públicas ese tipo de cifras, que
están muy por encima de lo que materialmente pudiera llegar a ser materia de
sanción, simple y sencillamente no estamos coadyuvando ni un ápice a la
construcción de confianza, que es nuestra principal función”.
De las
199 denuncias presentadas por la ASE, 89 fueron contra administraciones
municipales; 52 contra organismos paraestatales; 44 contra Sistemas Municipales
de Agua; 10 contra organismos paramunicipales; una contra el Poder Judicial del
Estado y tres se clasificaron como especiales al ser solicitadas expresamente
por el Congreso del Estado y denunciar delitos que en algunos casos fueron
continuados, es decir, se perpetraron por más de un año.
El monto
del daño calculado equivale a toda la Inversión Pública contemplada para 2019
en Coahuila (2 mil 608 millones). Con ese dinero se habría podido pagar casi
cuatro veces el Hospital Materno – Infantil en Saltillo (694.6 millones) que
tiene cuatro años de haber sido inaugurado y aún no entra en funciones y se
lograría cubrir casi dos veces el presupuesto para 2019 del Poder Judicial del
Estado (mil 30 millones).
Opacidad en
la lucha anticorrupción.
El
diputado local Gerardo Abraham Aguado Gómez solicitó en enero de este año al
Fiscal Homero Flores un informe detallado de las denuncias por delitos
cometidos desde 2013 y en especial las que llevaran más de dos años en proceso.
En abril recibió respuesta, pero “muy a groso modo”, sin el detalle necesario
que reflejara una verdadera rendición de cuentas. “Ni como diputados tenemos
acceso a las carpetas de investigación por no ser los afectados directos, así
seamos representantes populares”, aclara Aguado Gómez.
Estos
niveles de opacidad son el constante para cualquiera, ciudadano o autoridad,
que desea obtener más información del trabajo de la Fiscalía. De las 243
denuncias presentadas ante este órgano por otras instancias como las
administraciones municipales entrantes, se solicitó vía transparencia datos
como qué instancia en específico la presentó, contra quién, qué delitos se
denunciaron y el monto que se está reclamando. La Fiscalía respondió con una
negativa para brindar esta información anteponiendo el artículo 218 del Código
Nacional de Procedimientos Penales: “los registros contenidos en una carpeta de
investigación se encuentran estrictamente reservados”.
También
se solicitó la información de las carpetas concluidas, pero citando el mismo
artículo, la Fiscalía respondió que “el Ministerio Público sólo podía
proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la
acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad
[…] siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los
delitos de que se trate… sin que pueda ser menor de tres años”.
Esto se
traduce en que de las denuncias de 2017 que ya se concluyeron, será hasta
2020 que se pueda conocer la información, y así sucesivamente; aunque dependerá
del delito que se haya perseguido, ya que, por ejemplo, el peculado (uno de los
más denunciados), prescribe en un periodo de seis años y seis meses, de acuerdo
con el Semanario Judicial de la Federación.
“En el
Estado de Coahuila existen leyes corruptas, aquellas que fueron creadas para
permitirle a la autoridad tener discrecionalidad en la persecución de delitos
por hechos de corrupción, dando un mensaje de que están hechas para cuidar
solamente a los amigos, a los cuates y a este círculo de corrupción que ha
imperado”, asegura
de manera firme Aguado Gómez.
La falta
de acceso a la información la ha padecido la propia ASE, ya que a pesar de ser
el sujeto que interpone las denuncias, la autoridad no la reconoce como víctima
directa de los ilícitos y por lo tanto no tiene derecho a conocer el avance de
sus propias querellas.
“Con la
Fiscalía Especializada tuvimos una especie de confrontación profesional en el
entendido de que no se nos da la calidad de parte agraviada, y por lo mismo
estamos en riesgo de que si ha habido resoluciones de esas casi 200 denuncias,
pudiera ser que oportunamente no nos enteremos de las cosas y con seguridad no
antepondremos también a nuestro derecho los recursos que nos corresponden”, señaló el Auditor Armando Plata
Sandoval. Lo que hasta ahora les queda es confiar en que esto se aclare y la
Fiscalía los reconozca como víctimas y les den acceso a los procedimientos que
ellos mismos iniciaron.
Uno de
los principales cambios que están por ocurrir dentro del sistema, y que se
espera ayude a reducir el rezago en las averiguaciones, es que ahora los casos
se dividirán entre la Fiscalía y el Tribunal de Justicia Administrativa, según
se trate de delitos graves o no, cosa que aún no ocurre. Con esto los procesos
sean mucho más rápidos y la Fiscalía ya solo se enfocará en lo que realmente es
un delito sin tener que perder el tiempo en otro tipo de casos.
La
Fiscalía Especializada ha mantenido la postura de que se están armando mejores
investigaciones y eso requiere tiempo, cuestión que algunos especialistas ponen
en duda. “Una investigación bien hecha te puede llevar de seis meses a un año,
hay algunas excepciones en las que puede tardar hasta dos años, pero no es lo
más común”, asegura
Salvador Benítez.
Pero a
pesar de los bajos resultados, de la escasez de información y del trabajo poco
coordinado entre los diferentes actores, para el Fiscal Flores Mier, el órgano
a su cargo está logrando su principal objetivo: inhibir la corrupción. “Estoy
seguro de que en las actuales administraciones ya lo piensan tres veces antes
de cometer alguna conducta ilícita. Estamos dejando huella”, asegura Flores
Mier.
* Este
reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera
Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el
Border Center for Journalists and Bloggers
4T / Expertos advierten de ‘golpes blandos’ contra el gobierno.
Por Alejandro
Alegría.
Un año
después de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la
República, se ha dado una división entre los grupos hegemónicos del
empresariado del país. Mientras unos buscan acompañar al gobierno federal,
otros lo han enfrentado mediante diversas estrategias, sostuvo Magdalena
Galindo, catedrática de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
En
entrevista con La Jornada, explicó que la separación del poder económico del
gobierno en turno comenzó en el sexenio de José López Portillo, cuando se
nacionalizó la banca.
“Ahí se
ve por vez primera que el Estado mexicano tiene que golpear a su fracción
hegemónica nacional para favorecer al grupo dominante internacional, con el fin
de garantizar el servicio de la deuda que se tenía con la banca privada
mundial”.
Expresó
que hubo desplazamiento de la hegemonía del interior del país hacia el
exterior, pero ese poder del capital financiero internacional se ejerce en el
interior de México. Con ello se iniciaron las políticas neoliberales para
favorecer al capital internacional y se consolidaron en las administraciones
subsecuentes, pues la política económica y la política fueron definidas por los
organismos internacionales, como el Banco Mundial y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Derrotados,
partidos que representan a la burguesía.
“La
llegada de López Obrador a la Presidencia significa una transformación profunda
en la correlación de fuerzas dentro de la sociedad mexicana, porque significa
una derrota importante para los dos partidos que representan a la burguesía en
México de modo directo”, subrayó.
“Se
inicia no sólo una separación, sino un conjunto de acciones de la burguesía
mexicana frente al Estado”.
Explicó
que hay división dentro de los grupos hegemónicos, pues existen sectores que
buscan acomodarse a las nuevas circunstancias y se han acercado a la
Presidencia para continuar con la relación. En contraste, otros se han
enfrentado al gobierno de López Obrador.
La
estrategia de Estados Unidos para mantener su hegemonía en el mundo, como se ha
visto en América Latina, es utilizar golpes blandos, lo cual se ha intentado
utilizar en México de manera fallida, detalló.
La
especialista agregó que, de acuerdo con el filósofo Gene Sharp, existen
cuatro etapas. La primera es el ablandamiento, en la que se trata de
“desilusionar a la gente, decirle que no hay realmente una transformación y que
no había razón para impulsar a ese gobierno progresista”, tal como ha sucedido
en Bolivia, Venezuela o Argentina.
La
segunda son campañas formales de desprestigio del gobierno, como acusaciones de
autoritarismo o pretender convertirse en dictador. “Hemos tenido campañas
verdaderamente furiosas contra las políticas establecidas por el gobierno de
López Obrador”,
dijo.
La
tercera es “calentar las calles”, pues se organizan marchas con los sectores afectados
por las nuevas condiciones. “Éstas también ya las vimos en el caso de México”, apuntó.
La cuarta
es de desestabilización, en la cual se hacen acusaciones jurídicas, como es el
caso de los amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía o por
la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.
“Hay
demandas jurídicas para detener el proceso de transformación que está en
marcha”, sostuvo.
En esta
etapa el poder hegemónico tiene la posibilidad de “detener la economía”, al
paralizar las inversiones o acaparar los bienes, como alimentos y medicinas –es
el caso de los fármacos para niños con cáncer–, pues busca “llevar a la gente a
la desesperación”.
Magdalena
Galindo expresó que, hasta el momento, una fuga de capitales no se ha dado.
Por lo contrario, han llegado recursos financieros del extranjero, aunque eso,
dijo, puede ser peligroso.
La quinta
fase es el golpe blando, que pasa por la destitución de modo jurídico,
aprovechando algún resquicio o acusación falsa de corrupción, pero “no hemos
llegado porque tampoco han sido muy exitosas las maniobras”.
En ese
sentido, manifestó que hay focos rojos que deben poner alerta, como lo dicho
por el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa y el asesinato de miembros de la
familia Lebaron. En este último caso no queda claro si fue cometido por grupos
de la delincuencia organizada y sus razones. Pero también las declaraciones del
presidente estadunidense, Donald Trump, para considerar terroristas a los
narcotraficantes.
La catedrática
de la UNAM sostuvo que hay otros empresarios, como Ricardo Salinas Pliego y
Carlos Slim Helú, que han cooperado con el gobierno actual, con el objetivo de
continuar con sus actividades y obtener utilidades.
Aunado a
ello, indicó, los programas sociales fortalecen el mercado interno, “que era
uno de los problemas de un amplio sector de la burguesía, no de las cúpulas, no
de las grandes empresas mexicanas”, porque estaba estrangulado y grupos de
empresarios realizan ahí su plusvalía.
“Hay un
sector al que sí le interesa que se recupere el mercado interno. Es el que no
está ligado a las exportaciones”.
Subrayó
que es falso, como algunos sectores de la iniciativa privada afirman, que los
programas sociales generen informalidad, pues desde el punto de vista del
economista británico John Maynard Keynes no importa que se emplee el gasto
público para abrir hoyos en las calles y luego taparlos. “Lo que importa es que
ese gasto va a generar ocupación y, a su vez, consumo”.
Un año de la 4T / Entrega directa de apoyos: viraje en política social.
Angélica
Enciso L.
El
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio un viraje a la política
social al eliminar intermediarios y entregar de forma directa los apoyos
monetarios con tarjetas. Ahora hay énfasis en la ayuda a los habitantes de 68
años en adelante, para lo cual se destinó 214 por ciento más recursos que el
último año del sexenio pasado, al pasar de 35 mil millones de pesos en 2018 a
110 mil millones este año.
La
pensión para cada adulto mayor aumentó más de 100 por ciento, al pasar de mil
160 pesos bimestrales a 2 mil 550, y se incluyó a quienes tienen seguridad
social. Había 5.1 millones de personas afiliadas hasta el final del sexenio
pasado, y ahora son 8 millones. La meta son 8.8 millones de personas de más de
68 años en general, y a partir de 65 años en el caso de indígenas.
Durante
los primeros meses del año hubo retrasos en las entregas, pero se normalizaron
después del primer semestre.
El gobierno busca
garantizar en la Constitución los apoyos para los mexicanos con menos recursos
y más vulnerables, como los adultos mayores y la población con discapacidad
permanente. Para ello envió una iniciativa a la Cámara de Diputados, con lo que
difícilmente otro gobierno los cancelaría.
Hay tres
programas básicos en la Secretaría de Bienestar, que este año concentraron la
mayor cantidad de recursos, y en 2020 tendrán 171 mil millones de pesos de los
181 mil millones asignados a la dependencia (78 mil millones más que en 2018):
la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, a la que se dieron 129 mil
millones de pesos; Sembrando Vida, con 28 mil millones, y la Pensión para el
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, con 14 mil millones de
pesos. Estos dos últimos fueron creados en la actual administración.
Debido a
este cambio en la política social desapareció Prospera, el principal programa
de los cuatro sexenios pasados. Con este plan de transferencias
condicionadas se entregaban apoyos a las madres al comprobarse la asistencia de
los niños a las escuelas y centros de salud. Las vocales del programa operaban
como intermediarias en las localidades y las beneficiarias se quejaban de que
se les obligaba a hacer limpieza en escuelas, clínicas y a trabajar en los
comedores comunitarios. Este año se convirtió en la Coordinación Nacional de
Becas para el Bienestar Benito Juárez y pasó a la Secretaría de Educación
Pública.
Otro
cambio se dio en el programa de estancias infantiles, creado hace 13 años
durante el gobierno de Felipe Calderón. En 2018 había 9 mil guarderías
afiliadas, a las cuales se daba el apoyo por cada niño que atendían. En el
presupuesto 2019 se les asignaron 2 mil millones de pesos, la mitad de un año
antes, y se desataron las protestas. El gobierno determinó cancelar el plan con
el argumento de que se hacían cobros indebidos a los padres, había malversación
de recursos y que detrás de las manifestaciones estaba el Partido Acción
Nacional.
Se
convirtió en Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres
Trabajadoras, con lo cual los recursos dejaron de entregarse a las estancias y
se otorgan en forma directa a cada padre por cada niño de hasta cuatro años.
Hasta septiembre pasado sumaban 186 mil menores afiliados.
También se
cancelaron los comedores comunitarios, creados en el sexenio pasado. En 2018
había 5 mil 565 locales, de los cuales 2 mil se ubicaron en el estado de México
y mil 200 en Guerrero. Asimismo, desapareció el Programa de Jornaleros
Agrícolas, y el de empleo temporal se transformó en el de bienestar de las
personas en emergencia social o natural.
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