Por
Guadalupe Fuentes López.
Rosario
Robles Berlanga no actuó sola, todos los desvíos detectados en las secretarías
de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) fueron estructuradas desde el alto poder. Hubo complicidad en el
Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) y en la Función Pública, desde donde decían que todo estaba
solventado, aseguró
Muna Dora Buchahin Abulhosn, exauditora que detectó los malos manejos en la
administración de Robles.
“Por
supuesto que ella (Rosario) no pudo realizar estas acciones sola, todas estas
acciones son intencionadas, planeadas con el fin del desvío. Hubo una red
estructurada desde el alto poder. Es uno de los más altos actos de corrupción
en el país”, señaló la exauditora en entrevista. “Estaban los que fabricaban
los contratos, los que buscaban los contactos, los que hacían las empresas
fachada, los que en la parte del SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera
encubrían, los que recibían el dinero, los bancos que permitían este tipo de
acciones”.
De 2013 a
2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 32 denuncias
penales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR)
contra ambas dependencias, universidades públicas y sistemas públicos de
comunicación relacionados por posibles daños al erario público, de acuerdo con
el informe del órgano fiscalizador sobre el estado de solventación de
observaciones al corte de marzo de 2019.
Buchahin
Abulhosn, contó a SinEmbargo cómo desde la Auditoría Superior de la
Federación detectaron movimientos irregulares en la Sedatu y Sedesol, las
cuales incluían la participación de empresas fantasma y universidades públicas.
“En la
Auditoría Forense hacemos la planeación con diversas metodologías de trabajo,
una de ellas está basada en riesgos y entre los riesgos detectamos que habían
adjudicado, al amparo del artículo primero, contratos por montos muy elevados y
también nos dimos cuenta de contratos inusuales”, detalló la exauditora. “Al
iniciar los trabajos de auditoría nos percatamos de vinculaciones muy
interesantes con diversas universidades y eso se nos hizo muy raro porque cómo
puede una institución supuestamente autónoma coincidir con proveedores”.
De acuerdo
con la exauditora, desde las secretarías eludían las licitaciones públicas
para simular servicios y adquisiciones. “Nos dimos cuenta de que el recurso que
se entregaba a los proveedores se transfería a otro tercero. Empezamos a
generar toda esa trazabilidad y a partir de esa trazabilidad documentamos todos
los hechos”.
Robles
Berlanga dirigió Sedesol de diciembre de 2012 a agosto de 2015, año en que la
ASF presentó nueve denuncias ante la PGR contra esa dependencia encargada de la
entrega de programas sociales a población vulnerable.
“Nosotros
expresamente nos pusimos a revisar todo lo que era el importe, los servicios,
la normatividad y los programas, porque se habían inventado unos programas que
ni siquiera les tocaba”, dijo Muna Dora. “Nos dimos cuenta que se habían
establecido programas o creado supuestas actividades que no solamente no tenían
nada que ver con la Cruzada contra el Hambre, sino que eran servicios
intangibles o innecesarios para apoyar los proyectos”.
En 2013 y
2014, la Auditoría también presentó dos denuncias contra la Sedesol (Radio y
Televisión de Hidalgo); dos contra Sedesol (Universidad Autónoma del Estado de
México); y siete contra Sedesol (Universidad Autónoma del Estado de Morelos).
Para 2015, la
ASF interpuso una denuncia penal justo contra Sedesol (Universidad Autónoma de
Chiapas) y otra contra Sedesol (Universidad Politécnica de Chiapas); además de
una contra Sedesol (Universidad Autónoma de Zacatecas); contra Sedesol
(Universidad Intercultural del Estado de México); contra Sedesol (Universidad
Tecnológica Nezahualcóyotl); y otra contra Sedesol (Universidad Tecnológica del
Sur del Estado de México, Universidad Politécnica de Texcoco, y Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl).
Después de
la Sedesol, de agosto de 2015 a noviembre de 2018 Rosario Robles tituló a la
Sedatu. El informe de la ASF muestra que presentó dos denuncias ante la PGR
contra Sedatu (Sistema Quintanarroense de Comunicación Social) en 2015 y 2016;
y una contra Sedatu (Televisora de Hermosillo); contra Sedatu (Universidad
Politécnica de Chiapas); contra Sedatu (Universidad Politécnica de Francisco I.
Madero); y contra Sedatu (Universidad Politécnica de Quintana Roo) en 2016.
EL
ENCUBRIMIENTO DESDE LA SFP.
En
conferencia de prensa de septiembre de 2018, Robles Berlanga pidió que se le
investigara “hasta por debajo de las piedras” y argumentó que las auditorías
estaban solventadas con entregables, además de que las contrataciones y
convenios tanto de Sedesol como de Sedatu fueron legales “bajo el amparo” del
Artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.
Sin embargo,
la Auditoría Superior observó una y otra vez en sus informes que los
contratos se establecían con universidades públicas o tecnológicos, que a su
vez subcontrataban a empresas más del 49 por ciento permitido, y sin que
contaran con la capacidad técnica y humana para prestar el servicio requerido.
Al pagar
a terceros por los servicios, dictaminó la ASF, se generaba sobrecostos o en
otros casos no se contó con la evidencia de la realización por parte de los
proveedores. Algunas empresas no fueron localizadas y de otras se presume su
vinculación con actos irregulares.
A mediados
de octubre de 2018, la ex Secretaria de la Función Pública (SFP), Arely
Gómez González, absolvió de las investigaciones sobre los presuntos daños al erario
público a la ex titular de la Sedatu Rosario Robles Berlanga, al argumentar que
“una titular de una Secretaría no puede tener conocimiento de todo lo que está
aconteciendo con miles de servidores públicos que trabajan para ella”.
“Nosotros
reportábamos a la Secretaría de la Función Pública año con año todas esas
irregularidades, pidiéndoles su intervención y respondían que ya estaba todo
solventado y cerraban los casos, eso nos llamó la atención. Hoy deberían de
estar investigados todos esos órganos internos de control que fueron omisos”, dijo Muna Dora.
Días
después, el 31 de octubre de 2018, la ASF presentó otras siete denuncias
ante la entonces PGR contra la Sedesol y Sedatu, universidades públicas y
sistemas de radio y televisión estatales por el presunto desvío de mil 900
millones de pesos dadas a conocer por el Auditor David Colmenares en la última
entrega de la Cuenta Pública 2017.
TESTIFICARÍA
SI LA FGR LO PIDE.
Rosario
Robles Berlanga comparecerá el próximo 26 de octubre ante la Fiscalía General
de la República, donde un Juez federal presentará las pruebas que tiene para
enjuiciarla por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Según las
autoridades judiciales, en esta comparecencia el juzgador decidirá si es
caso será enviado a un tribunal de enjuiciamiento para presentar las pruebas y
probablemente, dictar sentencia.
La revista
Proceso informó la semana pasada que Muna Dora Buchahin fungiría como
testigo en el juicio penal que se le sigue a Robles Berlanga. Sin embargo,
la exdirectora general de Asuntos Forenses de la ASF negó tener información
sobre este tema, pero de ser cierto acudiría a la cita.
“Tengo la
obligación ética de participar, no es algo personal, es parte de las
investigaciones que se conocieron en la Auditoría Forense sobre este tema”, aseguró.
Para
Buchahin Abulhosn es importante llegar al fondo de estos actos de
corrupción, saber el destino del dinero que se desvió. “Es importante conocer
cómo se estructuró esa red de corrupción, hablamos de millones de pesos, ¿a
dónde están?”
De acuerdo
con el artículo 214 del Código Penal Federal, comete el delito de ejercicio
indebido de servicio público el servidor público que tenga conocimiento por su
cargo que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio de alguna
dependencia de la administración pública federal y lo omita; o inutilice
ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia.
La ASF, durante
la gestión de Robles en la Sedesol, lanzó 19 observaciones al Oficial Mayor,
Emilio Zebadúa González –cercano a la exsecretaria–, mientras que Mauricio Razo
Sánchez, Titular de Quejas del Órgano Interno de Control (OIC), fue llamado 171
veces a investigar a los servidores públicos responsables de las observaciones
señaladas, reportó la Unidad de Datos de SinEmbargo.
Razo
Sánchez era el titular del OIC tanto en Sedesol como en Sedatu hasta ser
suspendido durante 630 días en abril de 2018 por la Secretaría de la Función
Pública por archivar, sin ninguna razón o justificación, los señalamientos de
la ASF de los años 2013 y 2014.
Los otros
tres funcionarios que Robles decidió conservar en su equipo a pesar de las
irregularidades planteadas por la ASF fueron Juan Carlos Lastiri Quirós,
Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Social y Humano en Sedesol
y luego Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en Sedatu hasta enero de
2018 cuando contendió por la gubernatura de Puebla; Enrique González Tiburcio,
coordinador de asesores en Sedesol y luego subsecretario de Ordenamiento
Territorial; y su ex abogada María Evangélica Villalpando Rodríguez, entonces
cabeza de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Sedatu.
