jueves, 31 de octubre de 2019
AMLO: Conferencia Jueves 31 de octubre 2019.
AMLO
confronta a los medios una vez más y los reporteros lanzan batería de dudas y
le responden.
El
Presidente Andrés Manuel López Obrador confrontó esta mañana a la prensa luego
de que los reporteros exigieran más datos sobre el operativo fallido de
Culiacán, y la llamada “mañanera” se convirtió en un espacio de confrontación y
gritos.
El Jefe
de Estado reclamó a La Jornada, sin dar su nombre, por una foto en la que se ve
a un militar retenido por el Cártel de Sinaloa el 17 de octubre pasado. El
diario decía que se trataba de Ovidio Guzmán López. El mandatario lo usó como
ejemplo para descalificar a medios que, dijo, tuercen información. Pero la
reacción de los reporteros fue dejar los turnos para preguntar y lanzarse a
gritos a exigir respuestas a dudas sobre las lagunas en la cronología
presentada un día antes, donde no hubo oportunidad de plantearlas.
Algunos
periodistas se pusieron incluso de pie y le plantearon al Presidente que hubo
un vacío de información desde Palacio Nacional que dio paso a esos errores. La
Jornada ha sido considerado como un diario cercano al Presidente, dicho por él
mismo. López Obrador puso en pantalla, frente a todos, una copia de la portada
sin el logotipo, aunque las tipografías y el diseño, como pasa en todo el
mundo, son parte de la identidad de un medio. De inmediato se supo que la
crítica iba contra La Jornada.
El
Presidente también se incomodó con las preguntas de la periodista de la revista
Proceso. Y antes, fue confrontado por una reportera independiente –que publica
en Pie de Página– que le preguntó sobre los megaproyectos y el impacto negativo
en las comunidades indígenas. El Jefe
del Ejecutivo respondió a la reportera con un “no somos iguales”, que es
utilizado normalmente por él cuando se le cuestiona sobre ciertos temas en
donde podría caber la posibilidad de que su Gobierno actuara como los
anteriores. El líder de izquierda prometió un cambio y diferenciar su
administración de otras de los últimos 36 años.
López
Obrador agregó a Televisión Azteca en sus reclamos. Y, hablando en términos
genéricos, sugirió que los medios recurrían a la ficción y al amarillismo al
informar. Dijo que esperaba que saliera la serie en Netflix, una plataforma
digital que da prioridad a las historias justamente de ficción.
El
Presidente tomó un micrófono inalámbrico para hablar de la portada de La
Jornada. Se paró frente a la pantalla, y dijo: “Es que esto es importante
destacarlo. Porque ya basta de manipulación”. Mientras, un periodista le
reclamaba y se escuchaban rumores cada vez más fuertes.
“Claro
que vamos a garantizar las libertades hasta el exceso, pero también no se puede
estar apostando a la manipulación”, agregó.
Los
periodistas reclamaron que no hubo información el mismo día en que sucedieron
los eventos. El Presidente dijo que sí. Hubo un coro que rechazó su afirmación.
Luego le reclamaron las “mentiras” dichas por el Secretario de Seguridad
Ciudadana, Alfonso Durazo, quien dijo en su primer reporte que una patrulla
había sido agredida y que al repeler, fueron a una casa en donde se encontraba
el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Luego, otro
periodista fue más directo: “Es insostenible esa mentira, Presidente”, dijo.
López Obrador dijo que eso ya se había aclarado y que “no teníamos todos los
elementos”.
“La diferencia entre lo que estamos haciendo
ahora y lo que se hacía antes es que antes eran mentira sobre mentira. Y se
seguían. Y nosotros tenemos aquí el valor de decir: ‘nos equivocamos’. Y se
rectificó. Y lo más importante de todo, eso no lo van a reconocer nuestros
adversarios y sus voceros, y mucho menos los que tienen mentalidad autoritaria.
Lo más importante de todo es que se puso por delante la vida de las personas.
Se cuidó a la gente y se evitó una masacre”, dijo López Obrador.
–¿Quién
le mintió al Secretario Durazo? –dijo otro periodista.
–Él tenía
esa información originalmente –respondió AMLO.
–Con todo
respeto –insistió el reportero–, ¿quién le mintió al Secretario para que
saliera a dar ese mensaje?
Durazo
intentó dar una respuesta.
–¿Cuál pieza
del Cártel de Sinaloa negocia con las fuerzas federales?
–Ninguna.
Ninguna. Pero si Azteca quiere poner eso, que lo ponga –respondió el
Presidente,. ya muy molesto.
–No,
Presidente. No es un asunto de Televisión Azteca y mucho menos un asunto de
Hechos.
El
Presidente lo interrumpió. El reportero respondió: “Bueno, perdón la duda…”
López
Obrador dijo: “Son asuntos muy serios que requieren de responsabilidad y no
se puede por el amarillismo el poner en tela de juicio una acción tan
importante que es un parteaguas en lo que era una política autoritaria, que
nunca fue cuestionada por los medios, con honrosas excepciones, que fue
aplaudida por los medios; una política que desató la violencia en México porque
se declaró una guerra y causó miles de muertos y convirtió a México en un
cementerio, a este parteaguas que es exactamente lo opuesto: el ya no apostar a
la violencia, el no apostar al exterminio…”.
Luego se
dieron más dudas. El Presidente pidió retomarlas al día siguiente. Y así
terminó la “mañanera”.
AMLO responde a general Gaytán: es normal que no coincida, fue subsecretario con Calderón
El presidente
AMLO minimizó las críticas que el general Carlos Gaytán Ochoa hizo a su
gobierno y a las corrientes de izquierda que forman parte de la llamada 4T, con
el argumento que el militar formó parte del gabinete del ex presidente Felipe
Calderón como subsecretario de Sedena, por lo que es natural “que no coincida”
con la nueva estrategia contra la violencia.
En 11 meses, la 4T pone contra la pared a 15 actores políticos; exigen que casos sean sólidos.
Por
Montserrat Antúnez Estrada.
En lo que
va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las autoridades federales han
detenido y mantienen investigaciones contra 15 ex funcionarios, actores
políticos y de la economía mexicana, así como de algunos de sus familiares por
delitos de ejercicio indebido de la función pública, fraude, lavado de dinero,
enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y corrupción. Especialistas
afirman que será hasta que los procesos penales avancen cuando se conozca sí
las investigaciones se respaldaron en cuestiones de corte político más que con
elementos judiciales.
El abogado y
académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), José Aparicio, destacó en entrevista con
SinEmbargo que en la historia política del país desde la década de los
cincuenta ha habido detenciones de personalidades políticas, pero estas sólo
envían a la ciudadanía un mensaje de justicia si las investigaciones se
sustentan, de lo contrario las personas funcionarias pueden librarse de los
procesos penales, como el caso de la maestra Elba Esther Gordillo, detenida en
el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto y liberada en 2018.
Para el
doctor por la UNAM Maximiliano García Guzmán, aunque las investigaciones
permiten hacer una lectura de que hay un interés por combatir la corrupción, el
Gobierno actual no ha precisado la estrategia a seguir en investigaciones de
este tipo de casos, lo que da pie a pensar que se trata de una “justicia
selectiva” y de corte político toda vez que las personas imputadas son figuras
cercanas al sexenio anterior.
“El
riesgo que se está corriendo es que no está quedando claro porque unos casos sí
y otros no [se investigan], porque algunos están tomando más tiempo. Puede
generar una reacción adversa donde más bien se entienda que la investigación es
más de corte político que jurídico”, dijo en entrevista con este diario digital.
En ese
sentido, opinó que la falta de transparencia será poco efectiva porque da un
mensaje de que “se está inclinando la balanza en impartir la justicia sobre
figuras muy visibles cuando en realidad todos estos personajes forman parte de
redes de complicidad y corrupción mucho más grandes”.
De acuerdo
con García Guzmán, el discurso del combate a la corrupción y la
transparencia en los recursos de funcionarios que promueve el Presidente López
Obrador contrasta con el rechazo de investigaciones a funcionarios cercanos,
como es el caso del Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
Manuel Barlett, quien declaró ante la Secretaría de la Función Pública un
patrimonio de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos,
pero un reportaje elaborado en agosto por la periodista Areli Quintero reveló
que la fortuna de Barlett es al menos 16 veces más grande, tan solo en
propiedades.
“[Dejar
pasar este tipo de casos] puede mandar un mal mensaje en el sentido de que se
está privilegiando una postura política y que se está aplicando una especie de
justicia selectiva más que imparcial, que sí implicaría investigar a los
propios funcionarios del Gobierno actual”, opinó el también abogado.
En cuanto
a las investigaciones y detenciones realizadas en lo que va del sexenio, José Aparicio consideró que
parecen ser sólidas porque no han sido desacreditadas por jueces pese a los
intentos de sus abogados, como en el caso de Rosario Robles, ex Secretaria de
Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), cuyos defensores aseguran la ilegalidad de la medida dictada para que
permanezca en prisión preventiva.
Lo mismo
se observa en la averiguación contra el abogado Juan Collado. “Es importante
porque la detención no ha sido declarada ilegal, no hay indicios”, destacó.
Sin embargo,
coincidieron los especialistas, las autoridades federales deben procurar
sustentar las investigaciones porque, de ser desestimadas, “sería el peor
mensaje que el Gobierno podría enviar porque su bandera ha sido el combate a la
corrupción”, consideró Maximiliano García.
“Sería un
costo muy grave el iniciar procesos donde en la opinión pública se forme el
criterio de que hay actos que investigar y sancionar y finalmente no pase
nada”, abundó el
politólogo.
LOS
DETENIDOS E INVESTIGADOS .
Los ex
funcionarios y personajes políticos detenidos en el primer año de Gobierno de
López Obrador y cuyas investigaciones continúan son: Rosario Robles, por el
delito de ejercicio indebido de la función pública; el abogado Juan Collado,
por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero; el ex Gobernador
coahuilense Jorge Juan Torres López, por cargos de fraude y lavado de dinero
que le fueron investigados desde 2013; Alfredo Herrera Pegueros, ex jefe de
seguridad en Petróleos Mexicanos (Pemex), por su probable responsabilidad en el
delito de delincuencia organizada y más recientemente Juan Carlos Lastiri, ex
subsecretario de la Sedesol en los tiempos Robles, cuya detención fue confirmada hoy
por el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, pero no precisó por qué delitos.
A la par, otros
personajes son investigados, pero permanecen en libertad, como Karime Macías.
Su detención se ordenó desde el sexenio pasado y fue detenida la mañana de ayer
en Londres, Inglaterra, aunque gracias a que pagó una fianza de 150 mil libras esterlinas
–más de 3 millones 688 mil pesos– continuará en libertad su proceso de
extradición por el delito de fraude específico.
Otros
actores políticos que había sido señalado desde años atrás por la cometer
delitos, y que ahora es investigado por lavado de dinero y enriquecimiento
ilícito, es Carlos Romero Deschamps, ex dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM), quien no ha sido detenido.
Emilio
Lozoya Austin, ex director de Pemex, también es investigado por la Fiscalía
General de la República (FGR) por delitos de asociación delictuosa, cohecho y
operaciones con recursos de procedencia ilícita, al igual que a su esposa y
madre. Lozoya Austin también ha sido relacionado con el caso Odebrecht, al
apoyar la compra de Agronitrogenados.
El
empresario y presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo,
también es investigado por lavado de dinero; está libre y permanece bajo
custodia del Gobierno español.
Alberto
Elías Beltrán, el último titular de la entonces Procuraduría General de la
República (PGR) de Peña Nieto y su esposa, Marcela Kuchle, son investigados por
la Fiscalía General por presunto lavado de dinero por la compra de un
departamento en Santa Fe, Ciudad de México, por 35 millones de pesos.
Mientras que
esta semana Milenio reportó que el Gobierno federal investiga al ex
Secretario de Comunicaciones y Transportes de Enrique Peña Nieto, Gerardo Ruiz
Esparza. El funcionario sería procesado por operaciones irregulares y en
beneficio de empresas constructoras, desvío de recursos y transferencia de
dinero público con posibles fines ilícitos, de acuerdo con lo señalado por
el periodista Mario Maldonado.
Actores
del Poder Judicial también son investigados, como Eduardo Medina Mora, quien
renunció el 3 de octubre de este año a su cargo como Ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Santiago Nieto Castillo, titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó que
se llevan a cabo investigaciones en su contra por presunto lavado de dinero.
Además,
Jorge Arturo Camero Ocampo, Magistrado del Primer Circuito en la Ciudad de
México, fue suspendido a inicios de este mes por presunta corrupción, luego de
que se encontraran inconsistencias graves en su situación financiera.
Mientras
que el General Eduardo León Trauwitz, quien fue jefe de la Subdirección de
Salvaguarda Estratégica de Pemex en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, está
bajo investigación por el saqueo de combustibles en la petrolera mexicana, pero
desde inicios de año no se ha presentado a la audiencia inicial del proceso que
se sigue en su contra.
En
materia de violaciones a los derechos humanos, sobre Tomás Zerón De Lucio, ex
titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, pesa una
denuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la FGR por
irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
SIMILITUDES
CON OTROS SEXENIOS Y RIESGOS.
El
anuncio de investigaciones contra Romero Deschamps, ex líder sindical, permite
encontrar similitudes con cómo se impartió justicia en sexenios pasados,
aseguró Maximiliano García.
Para el
especialista, el mensaje político que da el Presidente Andrés Manuel López
Obrador es que “está replicando experiencias que en gobiernos pasados se
interpretaron como más de carácter político que jurídico”.
Recordó
que un caso similar se vio en el primer mes del Gobierno de Carlos Salinas,
cuando Joaquín Hernández Galicía, ex el líder del STPRM, fue detenido acusado
de homicidio y acopio de armas, pero las autoridades de ese momento
justificaron que se trataba de una acción para el combate a la corrupción.
Mientras
que en 2013, en el sexenio priista de Enrique Peña Nieto, Elba Esther Gordillo,
ex lideresa del Sindicato de Trabajadores para la Educación (SNTE), fue
detenida y permaneció en Reclusorio Femenil de Tepepan por lavado y
delincuencia organizada, tuvo acceso a la figura de arresto domiciliario hasta
agosto de 2018, cuando quedó libre de todas las acusaciones.
“Esos
casos, pareciera que se olvida, pero ya han ocurrido, y vuelven a demostrar que
se sí se usa todo el aparato judicial de México para mandar mensajes,
posteriormente se sabe si es parte o no de una estrategia efectiva de combate a
la corrupción”,
señaló.
El
investigador defendió que debe aspirarse a que los procesos iniciados contra
figuras públicas terminen en sentencias justas sólo si se acredita su
responsabilidad. “A nadie nos conviene como sociedad que haya persecución solo
por venganzas políticas, además, [los procesos irregulares] muestran que todos
eventualmente podemos ser parte, víctimas de esa justicia y que nuestros
procesos pueden carecer de formalidad procesal, todos podemos ser víctimas de
un sistema que actúa por consigna”, dijo.
En ello
coincidió el académico Aparicio, quien recordó la importancia de los procesos
penales porque envían un mensaje a la sociedad para que actos ilegales, como la
corrupción, no se repitan.
Barbosa confirma que Juan Carlos Lastiri, ex colaborador de Robles, está detenido en el Reclusorio Oriente.
Por
Redacción / Sin Embargo.
El
Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó esta tarde la detención
de Juan Carlos Lastiri Quirós, ex Subsecretario Secretario de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) cuando dicha dependencia estuvo a cargo de Rosario
Robles Berlanga.
El ex
funcionario fue detenido esta mañana en el municipio de Zacatlán mientras
realizaba ejercicio. De acuerdo con el Gobernador, Lastiri se encuentra
actualmente en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
“Está
detenido en el Reclusorio Oriente, la causa de los delitos que se le imputan
aún no ha sido corroborados, todos suponen que es por los delitos relacionados
con el manejo indebido de los diferentes programas federales” dijo en una rueda
de prensa el Gobernador Barbosa.
Además, comentó
que en su momento caerán los funcionarios que estén implicados en delitos de
corrupción, no mencionó ningún nombre pero recordó que se está trabajando en la
investigación de los funcionarios que recibieron notarías en los últimos meses
del Gobierno del finado ex Gobernador Rafael Moreno Valle.
Juan
Carlos Lastiri estuvo encargado de puestos de alto rango dentro de la
administración de Rosario Robles Berlanga, en las dependencias de Sedesol y la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Luego de la
detención de Rosario Robles, Lastiri Quirós, negó estar involucrado en la
Estafa Maestra y aseguró que no firmó ningún convenio relacionado con el caso.
Un poco de todo.
Desafía
Delgado a Monreal.
El diputado
Mario Delgado cumplió su promesa, desafió el “improperio” de Ricardo Monreal
cuando dijo “¡lástima Margarito!”, y advirtió que el Senado borraría el
artículo transitorio que busca regularizar los autos “chocolate”. Resulta que
ayer la Cámara de Diputados rebotó a la colegisladora el dictamen de la Ley de
Ingresos con todo y las ‘correcciones a las correcciones’. Es decir, incluyó de
nueva cuenta el transitorio de la discordia. Ayer, Delgado Carrillo reviró:
“¡No podemos quedarnos con los ojos cerrados!”. El lío es que el Senado, a eso
de las 5:00 de la tarde de ayer, levantó sesión y se fue de puente. El plazo
legal para aprobar Ley de Ingresos es hoy. Vaya nudo gordiano.
Purgas en
Morena, el fondo de la anulación del proceso interno.
La resolución
de los magistrados del TEPJF de echar abajo el proceso interno para la
renovación de la dirigencia nacional de Morena, no sólo fue un golpe directo a
una de las aspirantes de ese partido a la dirigencia, Bertha Luján –quien
pareciera que se beneficiaba de una convocatoria a modo–, sino que también es
un duro golpe, el enésimo, a la Comisión de Honestidad y Justicia de ese
partido. Esta instancia, por lo que se ha visto, parece seguir las
instrucciones de la cúpula partidista y purgar cualquier disidencia. “Algo
huele mal en Dinamarca”, diría Shakespeare en Hamlet.
Contradicciones
en Segob.
El
subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se cansó de tratar de aclarar
ayer que en los acuerdos con taxistas nunca se afirmó que habría operativos en
aeropuertos contra Uber, Didi y Cabify. Hasta la Segob tuvo que mostrar el
documento. Sin embargo, los mismos taxistas, también con el documento en mano,
afirmaron que sí hubo el compromiso de “acompañar” la solicitud para que tanto
la Guardia Nacional como la SCT realicen operativos en los 56 aeropuertos,
punto dos del acuerdo. Cero y van dos, pues en agosto pasado el subsecretario
también se vio en apuros tras los encuentros con ciudadanos donde acudieron
líderes de grupos armados ligados al narcotráfico.
Carta de
Grupo Salinas a Proceso.
En medio del
litigio que mantiene Grupo Salinas contra la revista Proceso, el consorcio que
encabeza Ricardo Salinas Pliego dirigió una carta al semanario. En el
documento, hace notar que su interés es la “defensa irrestricta de la libertad
de expresión, la cual hoy está siendo usada para el denuesto y la calumnia”. En
el grupo –señala el texto– “confiamos en la justicia y sus canales para dirimir
desencuentros; seguiremos recurriendo a la vía jurídica para defender el
ejercicio del buen periodismo, la palabra veraz y el pleno respeto al Estado de
derecho”.
Respaldan al
magistrado Vargas.
En medio de
la andanada de acusaciones en contra del magistrado José Luis Vargas, no fue
poca cosa que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
emitiera un comunicado institucional dándole todo su respaldo a Vargas. Había
versiones de conflictos serios entre los magistrados, pero parece que ante los
ataques a uno de ellos, la decisión fue cerrar filas. Veremos qué sigue en esta
historia.
Puente
legislativo.
A los
senadores, en la sesión de ayer, se les vio más que relajados. Algunos, como la
hidalguense Xóchitl Gálvez, ataviada de catrina –se veía muy bien–, llegaron
disfrazados por la celebración del Día de Muertos, u otros, como el
chihuahuense Gustavo Madero, que llegó de playera con una gran calavera en el
torso, sesionaron con la mirada puesta en el puente... Resulta que los
senadores sesionaron martes y miércoles de esta semana con la idea de realizar
un puente de descanso, ya que se alistan para regresar hasta el 5 de noviembre.
¿Podrán?
La guerra de
los chocolates.
Durante la
reunión plenaria de la bancada de Morena, Eraclio Rodríguez, presidente de la
Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia
Alimentaria, vivió ayer un déjà vu luego de que tomó la palabra para pedir
nuevamente el apoyo de sus compañeros de partido para resucitar en la Ley de
Ingresos el transitorio por el que se regulan los autos chocolate, reserva que
aprobaron la semana pasada en San Lázaro y que echó abajo el Senado; el tema
fue apoyado por Morena tanto en su reunión a puerta cerrada como en el pleno, a
la que luego de un cabildeo previo, apoyaron la mayoría de los grupos
parlamentarios. Sin embargo, luego de que el diputado de Morena abrió la
posibilidad de promover ingresos por unos 50 mil millones de pesos, su
correligionario Ricardo Monreal también tendrá su propio déjà vu, ya que
adelantó que otra vez los senadores van a rechazar dicha reserva y que pondrá
fin de manera definitiva a las vencidas entre ambas Cámaras para tranquilidad
de la industria automotriz.
Rebeldes
morenos en el Senado.
En el tema
de la elección del presidente de la CNDH, lo que se está viendo en el Senado
con la bancada de Morena es una rebeldía. Y es que llama la atención que una
mayoría se inclinara por Rosario Piedra Ibarra en las dos votaciones que se
realizaron en la Cámara alta, dejando en segundo lugar primero a Jesús Orozco y
luego a Arturo Peimbert. Se dice que la activista trae un perfil más cargado
hacia el morenismo por haber sido candidata a diputada, mientras que Orozco
estaría más en la oposición. Pero llama la atención que Peimbert, de quien se
mencionaba que tendría casi asegurados los respaldos, no sumase los 79 votos
requeridos para relevar a Luis Raúl González Pérez. Todo esto también hace ver
que Ricardo Monreal deberá operar entre los rebeldes que, también se dice,
solitos se han dejado ver estos días.
Fonacot,
bajo la lupa por fondo de pagos.
Que la
Secretaría de la Función Pública tiene en los casos pendientes el de la
creación del Fondo de Protección de Pagos en el Fonacot, que dirige Alberto
Ortiz Bolaños; para ello, Irma Eréndira Sandoval asignó a un equipo especial
que indague si el funcionario contó con la autorización del Consejo Directivo y
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o de lo contrario hubo, como
acusan algunos, irregularidades para avalar dicho fondo. Dicen que si se
comprueba que Ortiz Bolaños excedió sus funciones para autorizar el citado
esquema de financiamiento, la SFP no dejará impune estos hechos.
Tendencia
automotriz en Durango.
Algo deben
estar haciendo bien los empresarios del sector automotriz en Durango que en los
últimos tres años la Inversión Extranjera Directa en la entidad que gobierna
José Rosas Aispuro fue de tres mil 700 millones de dólares. Y no sólo eso,
Durango ha mejorado su conectividad con la participación directa de siete
países, y hoy tiene más de 30 automotrices que ayudaron a incrementar las
exportaciones en un 30 por ciento, así que es entendible que estén a un paso de
contar con una planta armadora. Por lo pronto, además de los logros en la
inversión, Durango también presumió el interés de una ensambladora china para
operar en la entidad, lo que generaría al menos 500 empleos en una primera
fase.
Son rumores.
Tremendo
enredo el que armó la versión de que la Guardia Nacional realizaría operativos
para retirar a conductores de la plataforma Uber de las inmediaciones de los
aeropuertos federales, según algunas versiones derivado de un acuerdo entre la
Secretaría de Gobernación, representada por el subsecretario Ricardo Peralta, y
el Movimiento Nacional de Taxistas. Pues resulta que fue el propio funcionario
quien se encargó de desmentir los rumores, a través de su cuenta de Twitter.
Las restricciones las señala la propia ley, dijo. Lo cierto es que, para
realizar base en ese tipo de instalaciones, se necesita una concesión.
¿Se estanca
indagatoria por caso Iguala?
Luego de que
se reunieran de nueva cuenta funcionarios de la Secretaría de Gobernación con
familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, todo hace indicar que no hay
avances y las líneas de investigación quedaron estancadas. Dicen que a la
salida del encuentro los padres de los estudiantes tuvieron caras tristes,
algunos resignados y otros enojados. A esto hay que sumarle que tienen consigna
de no dar más entrevistas a medios de comunicación, e incluso su vocero, quien
también es su abogado, Vidulfo Rosales, ni siquiera salió y esperó a que todos
se fueran para retirarse del lugar. Alejandro Encinas se limitó a decir que se
va avanzando sólo que no dicen para cuándo.
El significado de Lastiri.
Salvador
Camarena.
Juan
Carlos Lastiri fue detenido ayer en Puebla, su estado, y trasladado a un
reclusorio de Ciudad de México.
El dos
veces subsecretario de Estado con Rosario Robles, en la Sedesol y en Sedatu,
está involucrado en la firma de convenios de la llamada Estafa Maestra.
Ocurrida en
el poblado de Zacatlán, por agentes que no se habrían identificado plenamente,
se llegó a decir que la retención podría tratarse de un secuestro. El
gobernador poblano confirmaría que fue interceptado por agentes, no por
criminales.
La Estafa
Maestra documenta el desvío de 7 mil millones de pesos por once dependencias en
la primera parte de la administración Peña Nieto. Para ello se utilizó principalmente
a universidades, que fuera de la ley entregaron contratos a empresas que a su
vez traspasaban los dineros o no entregaban lo contratado. Sedesol, donde
Lastiri fungió como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Regional, es sólo una de esas instancias.
Primeras
versiones indican que la detención de Lastiri obedece a convenios firmados con
dependencias del Estado de México y de Tlaxcala.
Si tal cosa
se confirma, estaríamos ante una detención mayor: la de un priista de
superior prosapia tricolor que Rosario Robles. Su perfil le dio a Lastiri para
pretender la candidatura a gobernador de Puebla; no logró que lo abanderaran,
pero bajo las siglas de su partido compitió infructuosamente por la senaduría
en 2018.
La
detención de Lastiri abre interrogantes sobre el manejo del caso Estafa Maestra
en la administración López Obrador: ¿Por qué sólo ha caído gente de Desarrollo
Social? E incluso si sólo nos abocamos al entorno de la exjefa de gobierno
perredista, ¿por qué están siendo procesados Rosario Robles y Lastiri, y no
Emilio Zebadúa (oficial mayor de Robles durante el sexenio) y otros que con
similar perfil operaban en esa dependencia y en Sedatu, pero que siguen sin
aparecer en las pesquisas?
Robles
lleva dos meses y medio en la cárcel en un procedimiento –su encarcelamiento–
cuestionado por muchos como injusto, pues no pareció nunca que la exfuncionaria
tuviera intenciones de sustraerse de la acción de la justicia, como argumentan
fiscalía y juez, pero le impidieron seguir su proceso en libertad.
Si un
secretario de Estado nunca firma nada, pero por lo mismo pretenden acusar a
Rosario Robles de omisa en sus responsabilidades, la detención de Lastiri, que
sí ha firmado convenios, es de un corte distinto.
Se trata
de un engrane operativo que no sería raro que tenga mucho más claro, y por
tanto convenga más a los fiscales, cómo sí operaban los desvíos, quiénes los
instrumentaban e incluso quién los ideó como para que fueran un mecanismo
transversal que “de repente se puso de moda” en once dependencias del peñismo,
entre ellas Petróleos Mexicanos, la que más convenios millonarios firmó, o
Comunicaciones y Transportes, cuyo extitular Gerardo Ruiz Esparza, según
columnistas como Mario Maldonado, estaría en la mira de los fiscales por este
mismo caso.
¿Mantendrán
a Lastiri en prisión como lo han hecho con Rosario Robles? Y si han decidido ir
por alguien que habría firmado convenios por unos cuantos de cientos de
millones de pesos, ¿cómo entender que no vayan luego por gente de otras
dependencias donde también hubo desvíos, como Banobras, que en ese momento
dirigía (es un decir) Alfredo del Mazo, hoy gobernador (es otro decir) del
Estado de México?
La caída
de Lastiri abre un nuevo capítulo de La Estafa Maestra, pero sin lastimar su
presunción de inocencia, falta ver a muchos más explicar esos desvíos antes de
creernos que Rosario no es sólo un chivo expiatorio.
El asiento trasero.
Javier Risco.
La Guardia
Nacional acumula tareas que seguramente nunca imaginó. En estos primeros 11
meses de gobierno ha cateado usuarios del Metro, detenido migrantes en ambas
fronteras, ha sido desplegada por todo el país a petición de los propios
gobernadores, ha participado en operativos como la detención del hijo de El
Chapo, y, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gobernación fechado
el 29 de octubre, hará “acciones en zonas federales para realizar operativos de
revisión en los 56 aeropuertos del país y áreas de jurisdicción federal”, para
que ningún servicio de aplicación de taxi (Uber, Cabify, Beat) recoja pasaje.
La imagen
era impensable. Un chofer de algún servicio de taxi por aplicación recibe la
notificación de un usuario en la terminal 2 de la Ciudad de México; al llegar
al lugar es detenida por agentes de la Guardia Nacional en un operativo
ordenado por la Segob. El desenlace aún no estaba tan claro, ¿cómo procedía la
GN? ¿A dónde la llevaban? ¿Era una falta administrativa? ¿Su carro era llevado
al corralón? ¿El usuario también era responsable de la falta? Ocurrencias con
pintas de chantaje por parte de uno de los sindicatos más poderosos del país,
el de los taxistas.
El culebrón
sobre si esta información es falsa o verdadera surgió de la propia Secretaría
de Gobernación, la cual publicó un comunicado titulado “Propone Secretaría de
Gobernación foro nacional para homologar la regulación del transporte público
concesionado y servicios en aplicaciones”, donde sugería el uso de la Guardia
Nacional, como lo cité previamente. Después del escándalo, Ricardo Peralta
Saucedo, subsecretario de la Secretaría de Gobernación, tuvo que salir a
distintos medios de comunicación a negar la información de su propio comunicado,
y después, a través de Twitter, publicó: “Respecto a las versiones
periodísticas y que circulan en redes se anuncia: No existe ningún operativo
especial con #GuardiaNacional contra las aplicaciones que presten algún tipo de
servicio de transporte en zona federal. Las restricciones las señala la propia
ley #Uber #Cabify”.
Sin embargo,
no tardaron en responder los integrantes del Movimiento Nacional Taxista, al
señalar que los operativos en los 56 aeropuertos del país fue un acuerdo al que
llegaron antier con el subsecretario; de hecho, amagaron con protestas y
bloqueos viales en caso de que las autoridades no respeten el compromiso de la
realización de estos operativos.
Las mesas de
negociación en la Secretaría de Gobernación se están convirtiendo en un embudo
de acuerdos que no llegan a ninguna parte, sobre todo cuando se contradice lo
firmado a las pocas horas de haber sido publicado.
Con la
polémica de estos últimos días, lo único que queda expuesto es que el USUARIO
es el último pendiente tanto de la Segob como de los propios taxistas. En
ningún momento, en voz del propio Ricardo Peralta, se ha puesto sobre la mesa
el costo excesivo de las tarifas de taxis autorizados en los aeropuertos, o la
calidad del servicio. La principal queja del usuario es que un viaje que en
alguna aplicación de servicio de taxis sale en 180 pesos, en las tarifas de los
taxis concesionados se eleve hasta el doble, ¿cómo se llega a esa cifra? ¿Por
qué no podemos exigir una tarifa más justa? O la pregunta más lógica… ¿por qué
el usuario no puede tener la posibilidad de elegir qué servicio le conviene
más?
No, el
subsecretario ha dicho que ahora mismo la discusión se centra en las
aplicaciones y que en ningún momento se ha puesto sobre la mesa el servicio en
el aeropuerto.
A la Guardia
Nacional se le menciona a la menor provocación, a los taxistas se les da atole
con el dedo, a las aplicaciones se les da otro mensaje y al ciudadano se le
deja en el asiento trasero.
Tropiezos tácticos - Culiacán: la narco-realidad - Anulación en Morena - Lastiri, subsecretario con Robles.
Julio Astillero.
Es
particularmente positiva la disposición del Presidente para dar amplia y
detallada información respecto de lo sucedido el jueves culichi en que uno de
los hijos del narcotraficante más famoso del país fue detenido y luego
liberado. En la conferencia mañanera de prensa hubo videos, cronología y
explicaciones de viva voz por parte de algunos de los integrantes del gabinete
federal de seguridad. La apertura informativa del obradorismo en un tema tan
delicado ha contrastado con la cerrazón y manipulación practicadas por administraciones
anteriores, obstinadas éstas en encubrir y acallar.
Como el
propio secretario Alfonso Durazo lo planteó en la citada conferencia matutina,
es inocultable el hecho de que hubo errores en la ejecución del plan de captura
de Ovidio Guzmán López, aunque defendió, como era natural, la estrategia
gubernamental en general. La abundancia de información ha hecho, a la vez, que
haya un escrutinio social (en otras ocasiones impensable) deseoso de encontrar
satisfacción ante dudas y preguntas operativas. Resulta desolador confirmar la
increíble capacidad de enredo procesal entre fuerzas de élite y la
impresionante respuesta de un cártel que, en efecto, no podrá tener la fuerza
de combate del Estado mexicano pero, en su terreno y en sus términos, doblegó a
las autoridades constituidas.
Coincidiendo,
como una amplia franja social lo hace, en la importancia de preservar vidas e
impedir que una confrontación de ese calibre afectara a población no inmiscuida
en la batalla, el informe del culiacanazo constituye una especie de acta
notarial respecto del enorme poder del crimen organizado y la ineficaz o cuando
menos dispersa capacidad de respuesta de los gobiernos, sobre todo el federal.
No es, ni remotamente, que se abogue por una opción de exterminio o un
ahogamiento en sangre de esa insurrección del cártel sinaloense, pero no basta
con informar y condolerse de ciertas pifias. El manejo de un tema tan candente,
como quedó demostrado, no fue bien realizado por mandos superiores, civiles o
militares, y el Estado o, más concretamente, el gobierno federal, exhibió
carencias y tropiezos que no deben quedar sólo en una exhibición videográfica y
declarativa que es plausible, pero insuficiente.
El conflicto
entre facciones de Morena, además de su desaseada realidad documental, llegaron
ayer a un momento crítico, luego de que el tribunal electoral federal desechó
todo lo relativo a las accidentadas asambleas distritales hasta ahora
realizadas y anuló el proceso electoral interno en curso. La decisión judicial
fue por unanimidad de los magistrados participantes y se centró en la
inviabilidad del padrón morenista en los términos autorizados por la
convocatoria oficial.
Bertha
Luján, connotada aspirante a presidir Morena, estalló en contra de esta
resolución de los juzgadores electorales, a quienes advirtió que la historia
los va a juzgar, además de anunciar que se va a empezar a investigar su
situación patrimonial, porque ahí es donde están las ganancias, los dineros que
reciben por este tipo de actitudes. También tachó de traidores a la 4T a
quienes promovieron que la instancia electoral federal resolviera sobre temas
que consideró absolutamente internos del partido en mención.
Astillas
Con
Rosario Robles como jefa, el poblano Juan Carlos Lastiri Quirós fue dos veces
subsecretario: tanto en Desarrollo Social como en Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano. Ayer fue detenido por policías y es de suponerse que sus
declaraciones habrán de sumar cargos a los que ya enfrenta la citada Robles Y,
mientras han batallado los morenistas y sus aliados para definir la sucesión en
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con objeciones desde diversos
flancos contra los integrantes de la terna que incluye a Rosario Piedra Ibarra,
Arturo Peimbert Calvo y José de Jesús Orozco,
La CNDH ha sido un engaño: Rosario Piedra - Tabacaleras, inconformes con actualización del IEPS - De Hoyos provoca división en Coparmex.
Enrique
Galván Ochoa.
Rosario
Piedra Ibarra dice que hasta ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha
sido una institución nula e ineficaz. Fue una instancia más de simulación para
creer que en nuestro país se respetaban los derechos humanos, era para engañar
a la población. Rosario es candidata a la presidencia de la CNDH. Afirma que de
ser electa garantizará la autonomía del organismo y no se someterá ante ningún
poder. Es hija de doña Rosario Ibarra, designada para recibir la medalla
Belisario Domínguez este año. Sin embargo, la dejó en custodia del presidente
López Obrador hasta que le sea devuelta junto con la verdad sobre el paradero
de nuestros queridos y añorados hijos y familiares, y con la certeza de que la
justicia anhelada por fin nos ha cubierto con velo protector. El Senado aplazó
para el próximo martes el nombramiento de la presidenta de la comisión, ya que
en dos ocasiones Rosario logró la votación más alta, pero no la mayoría
calificada necesaria. Hay otros dos candidatos: el ombudsman de Oaxaca, Arturo
Peimbert, y José de Jesús Orozco, ex magistrado electoral que avaló la elección
fraudulenta de Felipe Calderón.
¿Subirán los
cigarros?
El
Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conaita) advierte que podrían
subir de precio los cigarros, como resultado de la actualización del impuesto
(IEPS). El presidente de la organización, Édgar Martínez, estima que se está
pasando de pagar 35 centavos por cada cigarro a casi 50 centavos. Es decir que
una cajetilla de 20 terminará pagando sólo por ese impuesto específico 10
pesos. Dice además que redes internacionales del crimen organizado están detrás
del tráfico de 3 mil millones de cigarros ilegales que se venden anualmente en
México. Se producen en países como China, Vietnam y Paraguay; para
introducirlos se requiere de redes criminales. Martínez precisó que anualmente
el SAT deja de recibir aproximadamente 5 mil millones de pesos por el
contrabando, que no paga ningún tipo de impuesto, ya que los cigarros se
comercializan irregularmente, principalmente en mercados y puestos ambulantes,
en precios que oscilan entre 10 y 15 pesos la cajetilla.
División en
Coparmex.
Su
defensa a ultranza de los factureros le mereció un cartón de Toño Helguera
titulado Gustavo de Hoyos fiscales. Ahora el activismo político del presidente
nacional de Coparmex está provocando una división interna. Ha sido relecto
cuatro veces. De acuerdo con Carlos Chavira Rodríguez, líder de la Coparmex de
Ciudad Juárez, socios de la organización están inconformes con el proyecto
político-electoral de Gustavo de Hoyos rumbo a los comicios presidenciales de
2024, porque no está respondiendo a las necesidades de los 36 mil medianos y
pequeños empresarios asociados. Chavira Rodríguez impulsa un organismo
alternativo. La historia completa es la siguiente: el prianismo premiaba con
posiciones en el gobierno el apoyo de las cúpulas. La 4T abandonó esa práctica.
El último premiado fue Gerardo Gutiérrez Candiani; lo designó Peña Nieto como
vocal ejecutivo de las Zonas Económicas Especiales con un presupuestazo. Ahora
anda sin chamba.
Marihuana congelada.
Jorge Javier
Romero Vadillo.
En lo que
ya parece una tradición, el Congreso de la Unión volverá a incumplir un plazo
fijado para legislar en alguna materia. No ha sido infrecuente que los tiempos
determinados en los transitorios de las reformas constitucionales que el mismo
Congreso aprueba acaben siendo violados por los propios diputados y senadores
que los establecieron. Ahora le ha tocado el turno a un plazo fijado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual en febrero de este año le
comunicó a la legislatura que tenía hasta el 31 de octubre –hoy– para modificar
o derogar las normas que vía jurisprudencia por reiteración han sido declaradas
inconstitucionales por el tribunal de constitucionalidad en lo que se refiere a
la prohibición absoluta del uso personal del cannabis.
El Congreso simplemente
no fue capaz de cumplir con lo ordenado por la Corte y ha pedido una prórroga,
pero existe la posibilidad de que lo que obtenga sea la declaratoria general de
inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud que ya, a
través de amparos automáticos, pueden ser reclamados como inválidos. Meses de
foros, parlamento abierto, cafés temáticos, consulta con expertos y
deliberación en comisiones no han sido suficientes para que los senadores
lograran un acuerdo capaz de concitar el apoyo mayoritario y, finalmente, el
líder de la mayoría, Ricardo Monreal, ha anunciado que el tema se enfriará.
Pésima noticia cuando se suponía que estábamos a punto de un paso realmente
histórico, con el cual se comenzaría a desmontar en los hechos, y no solo en la
retórica presidencial, la guerra contra las drogas, de tan funestas
consecuencias.
Una y otra
vez el Presidente López Obrador se ha llenado la boca diciendo que la guerra
contra las drogas se acabó, que ha quedado en el pasado, pero ni su estrategia
de seguridad –tan fallida como la de sus antecesores, tal como ha quedado en
evidencia con los hechos de Culiacán o con la matanza de Palmarito– ni en su
confusa política de drogas –sustentada en una campaña que estigmatiza a las
drogas y a sus consumidores, supuestamente orientada a una prevención de nuevo
tipo pero que reproduce las campañas del miedo de toda la vida– se nota un
cambio verdadero. De hecho, la declaración de López Obrador de que se
perseguirán las adicciones con toda la fuerza del Estado recuerda a la
declaración de Richard Nixon de 1971, precisamente al declarar la guerra contra
las drogas, de que el consumo de drogas ilegales era el enemigo público número
uno de los Estados Unidos.
A las
adicciones no hay que perseguirlas ni atacarlas: hay que atenderlas desde el
sistema de salud. No se requiere de “toda la fuerza del Estado”; tan solo se
necesita que existan centros de atención médicos y psicológicos, camas de
hospital para los casos más graves y personal bien calificado. Y la prevención
se debe basar en información basada en evidencia, pero sin estridencias
alarmistas, mientras que los derechos de las personas que consumen drogas deben
ser respetados, como ya determinó la corte en su jurisprudencia sobre cannabis.
El discurso contradictorio del actual gobierno en materia de política de drogas
es reflejo de la falta de un proyecto claro, de la ignorancia y los muchos
prejuicios que siguen imperando en el tema. De ahí que el propio Presidente
diga un día que es posible que se legalicen “algunas drogas” y al poco tiempo
deje claro que la regulación de la marihuana no está en su agenda.
Los
titubeos gubernamentales en materia de drogas se reflejan en la actitud de los
legisladores que andan como los cangrejos, con un paso adelante y dos atrás y
rizan y rizan el rizo sin acabar de legislar. Ahora están anunciando un foro
más sobre el tema del cannabis, el enésimo, como si no hubieran escuchado ya
todos los argumentos posibles sobre la cuestión. Timoratos, los senadores de la
mayoría, que podrían contar con el apoyo en esta materia de otros grupos
parlamentarios, como el de Movimiento Ciudadano o el del agonizante PRD, con lo
que les bastaría para sacar adelante una minuta para enviar a la Cámara de
Diputados, han decidido darle de nuevo largas a la cuestión.
Bien
haría la Suprema Corte en enmendarles la plana, usando por segunda vez su nueva
facultad de hacer declaratorias generales de inconstitucionalidad, derivadas de
las reformas al amparo. Ya lo hicieron con parte de la Ley Federal de
Telecomunicaciones; ahora debería ser el turno de la Ley General de Salud,
porque, de otra manera, los plazos perentorios que establezca al Congreso
acabaran siendo meros llamados a misa, que pueden ser atendidos o no. Es
indispensable que el Congreso asuma que, en materia de marihuana, lo que toca
es regular, por la paz y la seguridad de todos y por la salud y los derechos de
los consumidores.
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