miércoles, 31 de octubre de 2018
Juez ordena liberar en 24 horas a Fiscal de Duarte: la desaparición forzada “no es delito grave”, dice
Un juez de distrito otorgó un amparo
a Luis Ángel Bravo Contreras, ex Fiscal General del Estado de Veracruz, quien
se encuentra preso por el presunto delito de desaparición de personas en la
modalidad de entorpecer la investigación.
El impartidor de justicia determinó
darle protección debido a que se trata de un delito no considerado como no
grave.
Jorge Holder Gómez, juez decimoquinto
de Distrito, dio un plazo de 24 horas a la Juez de Control, Alma Aleida Sosa
Jiménez, para que cumpla la sentencia de amparo. La audiencia tendrá lugar este día
a las 10:00 de la mañana en los juzgados de juicio oral del penal de Pacho
Viejo, en Veracruz.
El
impartidor de justicia determinó que el
deleito que se le imputa no amerita medida cautelar de prisión preventiva
oficiosa. Además, resolvió que la
detención de Luis Ángel Bravo fue ilegal, pues contaba con un amparo cuando se
ejecutó la orden de aprehensión en su contra.
Luis Ángel Bravo Contreras, fue
detenido el 17 de junio del presente año en la Ciudad de México por policías
ministeriales. El ex funcionario estaba prófugo. Se le acusa de haber
participado en desapariciones forzadas durante el sexenio del ex Gobernador
priista Javier Duarte de Ochoa.
Al menos 2 mil 750 personas
desaparecieron en el estado de Veracruz en el periodo en el que Bravo Contreras
fue Fiscal de Veracruz, de acuerdo con la organización I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos
Humanos.
El pasado 13
de mayo, el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó que “la Fiscalía General del Estado obtuvo orden de aprehensión
contra el ex Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo, por su probable
intervención en el delito de desaparición forzada de personas, en su modalidad
de entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables de su comisión
eludieran la acción de la justicia”.
En ese
momento, el Gobernador Yunes informó que se ofrecería una recompensa de 5
millones de pesos para quienes contribuyeran a la detención de Bravo. Yunes
agregó que la Fiscalía General del Estado tenía pruebas contundentes para
acreditar la implicación del ex Fiscal en delitos de desaparición forzada. Finalmente
fue detenido el 17 junio pasado en un restaurante de la Ciudad de México.
Luis Ángel Bravo Contreras renunció
el 28 de noviembre de 2016 al cargo de Fiscal.
Las detenciones de ex funcionarios
del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, quien está preso y sentenciado, se han
acumulado pero también los amparos que han ganado varios de ellos.
El propio ex Gobernador, quien antes
de finalizar su mandato pidió licencia, se dio a la fuga, fue detenido en
Guatemala y extraditado a México, fue sentenciado el pasado mes de septiembre a
nueve años de prisión –pero podría estar libre en tres–, a una multa de 58 mil
890 pesos y a entregar 21 terrenos y 20 propiedades, luego de que se declaró
culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Muchos,
incluido el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, calificaron de mínima la pena contra el ex mandatario. Yunes asegura
que de quedar libre, Duarte aún tiene que rendir cuentas ante la Fiscalía de
Veracruz y ha solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que
pida al Gobierno de Guatemala que incluya en los delitos contra Javier Duarte
el de desaparición forzada.
Además, los dos ex secretarios de Seguridad Pública
de Duarte también han logrado ampararse. Uno de ellos es Nabor Nava Holguín
quien el pasado 8 de octubre ganó un amparo que cancela la orden de captura en
su contra.
A Nava Holguín se le busca por el
delito de desaparición forzada, incluso el Gobierno de Veracruz ofrece una
recompensa de un millón de pesos por información sobre su paradero.
Sin embargo,
un juez federal ordenó cancelar la orden
de aprehensión en su contra por considerar que existieron inconsistencias en el
actuar del juez de control en relación con el actuar del Fiscal solicitante.
Nava junto con su ex mando superior
Arturo Bermúdez Zurita en la SSP y veinte funcionarios de esa corporación más
fueron acusados del delito de desaparición forzada de personas, muchos de ellos
fueron arrestados y encarcelados para su proceso judicial.
Arturo Bermúdez está preso también en
Pancho Viejo. El ex titular de la SSP de Veracruz fue detenido por los delitos
de enriquecimiento ilícito y de desaparición forzada.
El pasado 28
de agosto, un juez determinó que se le
modificará la prisión preventiva a vigilancia total por el delito de
enriquecimiento ilícito, pero Bermúdez se quedó en la cárcel por el delito de
desaparición.
Días antes, el 15 de agosto, Bermúdez había librado una
acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) por el supuesto
nombramiento de policías que no habían aprobado los exámenes de control.
De acuerdo
con Reforma, los policías que habría nombrado Bermúdez sin los debidos
controles de confianza fueron los que estuvieron involucrados en la
desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca en enero de 2016.
No voy a permitir corrupción ni impunidad de mis compañeros, amigos y familiares: AMLO
Andrés Manuel López Obrador, aseguró
que en su gobierno no permitirá la corrupción ni la impunidad de nadie,
incluyendo a sus compañeros, amigos y familiares.
“Estoy confiado porque sé que arriba
no va a haber corrupción, no va a haber influyentismo. No voy a permitir la
corrupción de nadie, ni de mis compañeros ni de mis amigos ni de mis
familiares, cero corrupción, cero impunidad”, dijo.
Comentó que los contratistas e
inversionistas a cargo de la construcción del aeropuerto en Texcoco han pedido
hablar con él y confío en que habrá un entendimiento.
“Nos vamos a entender sobre la base
de que estamos iniciando una etapa nueva sin corrupción, se acaba la corrupción
y la impunidad porque considero que ese es el parecer de millones de mexicanos,
que ese es el cáncer que está destruyendo el país “, subrayó.
Aseguró que a partir de su gobierno,
México va a renacer, “se va a convertir en una potencia”, con crecimiento
económico y generación de empleo.
Acompañado
de Julio Scherer, quien será el próximo consejero Jurídico de la Presidencia, destacó que propondrá una Ley de
Responsabilidad Ciudadana que consiste en suspender la vigilancia y la
fiscalización a establecimientos comerciales, mercantiles y de servicios.
“Ya no va a haber inspectores del
gobierno federal, inspectores de salud, de economía, de medio ambiente”, dijo.
Asimismo, apuntó, que los dueños de los
establecimientos sólo tendrán como obligación inscribirse en un padrón.
“Se va a crear una plataforma de
Internet muy sencilla y cada dueño del establecimiento comercial o la empresa
va a manifestar, bajo protesta de decir verdad, que conoce las leyes, los
reglamentos, sus obligaciones y va a actuar de manera responsable. Firma esa
manifestación que ha escrito, de manera muy sencilla, no se va necesitar
abogado, ningún contador público “, indicó.
Sin embargo,
anticipó que cada seis meses se
realizará un sorteo para hacer una revisión parcial de los establecimientos.
Añadió que su gobierno no correrá a
los inspectores, sino que se les asignarán otras tareas. “No se les va a quitar
su trabajo, no se va a correr a ningún trabajador de base o sindicalizado”.
Gobierno Federal sí planeó Nuevo Santa Fe en terrenos del AICM.
Sebastián
Barragán informa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pagó
un estudio para analizar posibles usos de los terrenos del aeropuerto
"Benito Juárez". El proyecto mejor calificado era un nuevo Santa Fe.
Falta auditar fideicomiso del NAIM que maneja Nafin.
El analista
de negocios, Enrique Galván Ochoa, comenta la cotización del peso frente al
dólar y los movimientos de indicadores financieros tras la cancelación del
Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.
Diputados ponen la lupa en irregularidades durante 4o año de gobierno de EPN.
Alfonso
Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de
Diputados, informa las irregularidades encontradas en la Cuenta Pública 2016 y
las acciones para determinar responsabilidades.
Uso lúdico de la mariguana en México, a dos amparos de crear jurisprudencia.
La resolución que tome hoy la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a dos solicitudes de amparo para
consumo personal de mariguana, podría considerarse para integrar jurisprudencia
en la materia, si los aprueba.
El primer amparo otorgado por la
Corte para uso personal de mariguana data de noviembre de 2015.
Se conoció
como “caso SMART” y fue la primera vez que la SCJN resolvió la
inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas en relación
con la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, y
transporte de cannabis, contenido en la Ley General de Salud.
Con ello, se
previno a los poderes ejecutivo y legislativo sobre la necesidad de reformar la
política de drogas en México.
El segundo
amparo fue otorgado por la Primera Sala al penalista Ulrich Richter, cuyo
recurso no incluyó la petición de comercializarla.
En junio
pasado la SCJN otorgó el tercer amparo para el uso lúdico de la mariguana.
El
beneficiado en esa ocasión fue el frustrado aspirante a candidato presidencial
independiente, el experredista Armando Ríos Piter y tras ese caso sólo faltaban
dos recursos para que ese criterio sea aplicado por todos los jueces en México.
En un
comunicado, México Unido contra la
Delincuencia (MCDU) indicó que desde ese caso y hasta esta semana la Corte ha
visto tres casos adicionales, entre ellos uno en la Segunda Sala que no se
considera para sumar la jurisprudencia.
Sin embargo,
de resolver los otros dos casos a favor
de los solicitantes, se cumplirían las condiciones constitucionales para
integrar una jurisprudencia que obligue a todos los jueces y magistrados del
país a juzgar en el mismo sentido.
Enfila Corte mantener atribuciones de Fuerzas Armadas en Ley de Seguridad Interior.
Catalina
Pérez Correa, integrante del colectivo #SeguridadsinGuerra, comenta el proyecto
de sentencia del ministro de la SCJN, Jorge Mario Pardo Rebolledo, sobre la Ley
de Seguridad Interior.
Tribunal Electoral pide documentar la custodia de paquetes electorales en Puebla.
El Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solicitó al Instituto Electoral del Estado de Puebla que envíe,
en un plazo de 48 horas, documentos y pruebas de la cadena de custodia y
resguardo de los paquetes electorales de la elección por la gubernatura del
pasado 1 de julio.
Como parte
del juicio SUP-JRC-204/2018, con el que la coalición Juntos Haremos Historia
solicitó la anulación de la elección, el
magistrado José Luis Vargas Valdez pide videos de cámaras de seguridad, actas y
fotografías sobre el trato que se le dio a la paquetería electoral.
En los
oficios enviados al Instituto Electoral poblano, el magistrado solicita las actas circunstanciadas levantadas cuando se
resguardaron los paquetes electorales y cuando se sellaron las bodegas donde
fueron almacenados en cada uno de los consejos distritales luego del cómputo.
También pide las actas emitidas cuando se abrieron
dichas bodegas para que los paquetes fueran llevados a la sede central del
IEEP; además, pide documentación sobre la lista de personas autorizadas para
acceder a los paquetes, y la bitácora de acceso a la bodega donde se
encontraban.
Vargas
Valdez solicitó además videos y
fotografías de las cámaras de seguridad instaladas en dichas bodegas tomados
desde la recepción hasta el traslado de los paquetes, y el acta de la Notaría
Pública 3 de Cholula en la que consta el sellado de las bodegas.
En el oficio también requiere las
actas de escrutinio y cómputo, y constancias individuales de los resultados
electorales que elaboraron los consejos distritales correspondientes a 31
casillas.
El
excandidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, Luis
Miguel Barbosa, sostiene que fue víctima de un fraude electoral y pidió la
anulación de los comicios del 1 de julio, en los que resultó ganadora la
candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Martha Erika Alonso Hidalgo.
Solicita México extradición de Karime Macías, esposa de Javier Duarte.
La
Procuraduría General de la República (PGR),
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicitó formalmente
al gobierno de Reino Unido, la extradición de Karime Macías, esposa del
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra preso por los
delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Durante una
comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el encargado de despacho de la PGR, Alberto
Elías Beltrán, informó que el gobierno mexicano solicitó al inglés librar una
orden de detención provisional con fines de extradición, contra Karime Macías,
por el delito de fraude específico.
En respuesta
a @GPPRIDiputados
#EnComparecencia
la Diputada @marianarmyt cuestiona al titular de la @PGR_mx, @AlbertoEBeltran,
sobre las acciones emprendidas en el caso de Karime Macías.
http://www.canaldelcongreso.gob.mx/EnVivo/5bd9c200ac5dc013e4dafb54 …
canaldelcongreso.gob.mx
#EnComparecencia
@AlbertoEBeltran responde que se tiene un proceso de extradición contra Karime
Macías. http://www.canaldelcongreso.gob.mx/EnVivo/5bd9c200ac5dc013e4dafb54 …
Pide diputada de Morena investigar a PGJ por caso Cuauhtémoc Gutierrez.
La diputada
de Morena Lorena Villavicencio Ayala
pidió que se investigue a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México (PGJ), por su indagación sobre las denuncias contra Cuauhtémoc Gutiérrez
de la Torre, ex presidente local del PRI, quien fue señalado de operar una red
de prostitución al interior del partido.
En abril del 2014, tres mujeres
denunciaron a Gutiérrez de la Torre por el delito de trata de personas, pero la
PGJ determino en julio del 2015 no ejercer la acción penal, indicó Villavicencio Ayala en rueda
de prensa.
La
legisladora de Morena precisó que la PGJ
señaló que no había elementos suficientes en contra de Gutiérrez de la Torre.
También dijo que ese tema fue conocido por la
Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y
Electorales y no por la Fiscalía para la Atención de Delito de Trata de
Personas.
Villavicencio
Ayala aseguró que presentó un punto de
acuerdo en la Cámara de Diputados para solicitar que, por ese caso, se
investigue la actuación del ex procurador, Rodolfo Ríos Garza, y de los agentes
del Ministerio Público involucrados.
Comentó que el Juez Décimo Cuarto de
Distrito en Materia Penal del Primer Circuito, Erik Zabalgotia Novales, expuso
la semana pasada que hubo irregularidades en la carpeta de averiguación.
Por esa
razón, agregó la diputada, “ordenó a la
Procuraduría capitalina reabrir la investigación contra Cuauhtémoc Gutiérrez de
la Torre, por su probable participación en la operatividad y control de una red
de prostitución y lenocinio”.
Explicó que la reciente resolución
del juez federal refiere que los principios de legalidad y seguridad jurídica
fueron transgredidos en agravio de las víctimas y precisó que existen al menos
ocho irregularidades que impulsaron “el carpetazo” de las acusaciones contra
Gutiérrez de la Torre.
“Seguiremos muy atentas a la
evolución de esta nueva investigación ordenada por el juez federal y si se
comprueba la responsabilidad de Gutiérrez de la Torre y demás involucrados,
exigimos que (les) recaiga todo el peso de la ley”, finalizó la diputada.
EPN y el Grupo Atlacomulco, los grandes beneficiarios del Tren México-Toluca: Reyes Orona
En México, la obra pública es
utilizada como motor de grandes desarrollos privados; muestra de ello es lo que
ha sucedido en Santa Fe, en Metepec y recientemente en Texcoco, afirmó el ex
procurador Fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona.
En
entrevista para #AristeguiEnvivo, recordó
que en 1987 hubo enormes pérdidas del sistema financiero, pero a su vez
surgieron las grandes fortunas que hoy vemos, como la de Carlos Slim Helú.
“Dentro de la gente que perdió fueron
los propietarios de aquella hondonada donde había basureros, de lo que hoy se
llama Santa Fe. En aquél momento, el Gobierno Federal se quedó con todos esos
terrenos a través del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (Fameval), que a
finales de los 80’s era el hermano del Fobaproa “, explicó.
De esta
manera, apuntó, “a partir de inmuebles
que valían centavos y que el gobierno remató, se creó aquél gran corporativo
que hoy todos conocemos alrededor del cual se ha construido un desarrollo
inmobiliario residencial muy importante; es quizá una ciudad paralela a la
Ciudad de México… Esos edificios enormes que hoy vemos en Santa Fe partieron
prácticamente de terrenos regalados “.
Comentó que fue entonces cuando “muchos grupos
empresariales importantes vieron la oportunidad de que la obra pública se
convirtiera en promotora del desarrollo de zonas en las cuales se generaban
fortunas importantes”.
A finales de los 90’s, añadió, es
cuando algunos bancos comienzan a hacer compras muy importantes, “incluso
algunos de los fideicomisos de cartera del Fobaproa comenzaron a comprar
terrenos en zonas aledañas a lo que hoy en día se conoce como Aeropuerto de
Texcoco y a partir de entonces empezó la especulación. Concluyen los 90’s con
una idea de generar lo mismo que en Santa Fe, pero ahora en Texcoco “.
Además, afirmó que el Grupo Atlacomulco y gente
cercana a Enrique Peña Nieto compró extensiones importantes y desarrolló casas
en lo que hoy se conoce como Metepec, donde pasará el Tren Interurbano
México-Toluca.
“La plusvalía se va a ir al cielo en
toda el área de Metepec donde este grupo Atlacomulco invirtió… Todos los
mexicanos contribuimos para que suban sus terrenos, a través de infraestructura
tan importante, como la de este tren que se va a construir”, sostuvo.
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