A fines
de 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una línea de
crédito de 200 millones de dólares a la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
con el objetivo de financiar el Programa para el Desarrollo Integral de
Organismos Operadores de Agua Potable y Saneamiento (PRODI)-
Sin embargo,
parte de ese dinero terminó involucrado en un presunto esquema de desvío de
fondos operado por A Moot Point, S.A. de C.V., en contubernio con funcionarios
de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), según se puede
comprobar en QuiénEsQuién.Wiki, de PODER.
Fundada de
la noche a la mañana en 2014, A Moot Point fue una de las empresas más
favorecidas con la adjudicación de licitaciones. Con JAPAY amarró dos
contratos, el 28 y 29 de noviembre de 2016, por casi siete millones de pesos,
para la actualización del padrón de usuarios y para la adquisición de equipo de
cómputo y escáneres para el área de atención social y supervisión técnica de la
dependencia. Ambos contratos fueron bajo el opaco procedimiento de invitación a
cuando menos tres personas.
En junio de
2018, militantes del partido Movimiento Ciudadano (MC) en Yucatán exhibieron
a A Moot Point: dijeron que la empresa era una estafa, que estaba involucrada
en presunto desvío de dinero de más de 100 millones de pesos y que no era una
firma en emprendimiento como presumía.
En
respuesta, la empresa cerró sus redes sociales y demandó a los militantes de MC
que hicieron tales los señalamientos.
Reyes
Alfredo Can Pool es socio mayoritario de A Moot Point y en 2005 apareció como
beneficiario de un programa social yucateco para mejorar la producción del
campo, por ser un “productor de bajo ingreso en transición”.
Asimismo, según
dieron cuenta los diarios locales, la empresa fue representada legalmente por
Carlos Amaro Quiroz, cuñado de Sergio Vadillo Lora, exjefe del despacho del
gobernador y excoordinador de la campaña priista por la alcaldía de Mérida.
Según la
denuncia, la firma A Moot Point habría sostenido en nómina a algunos
trabajadores del gobierno estatal a cambio de contrataciones por adjudicación
directa.
Según el
BID, el objetivo del Programa para el Desarrollo Integral de Organismos
Operadores de Agua Potable y Saneamiento era “mejorar la calidad del servicio
de agua y saneamiento en poblaciones, preferentemente de 50 mil a 900 mil
habitantes, mediante la ejecución de proyectos integrales de corto y mediano
plazo por parte de los Organismos Operadores (OO), responsables de la
prestación del servicio, con el fin de impulsar su sostenibilidad operativa y
financiera”. En el caso de Yucatán fue usado en todo el estado, con dos
millones de habitantes, sin determinar cuáles poblaciones cumplían con el
tamaño objetivo del Banco.
El BID
financió entre 2011 y 2018 un mínimo mil 147 contratos por dos mil 260 millones
de pesos, según las bases de datos descargables de Compranet. La mayoría de
ellos fueron dados por órganos estatales de agua, tal como la JAPAY.
(Con
información de Ricardo Balderas; edición, Eduard Martín-Borregón)
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