Baja California: el principio y el fin.

Francisco Ortiz Pinchetti

El atraco de Baja California, como llamó José Woldemberg a la ilegal reforma constitucional local para ampliar de dos a cinco años el mandato del Gobernador electo morenista Jaime Bonilla Valdez, tiene connotaciones especialmente graves para la frágil democracia de este país: puede significar su asesinato, sin más.

La tercera más joven entidad de la República –erigida como estado soberano apenas en 1952— ha sido escenario emblemático de la transición mexicana, hoy en inminente peligro. Y no solo por haber ocurrido en ella, en 1989, el primer triunfo reconocido de un candidato a Gobernador no priista en más de 70 años, el panista Ernesto Ruffo Appel, sino porque ello se dio después de que Baja California fue escenario por décadas de luchas ciudadanas verdaderamente icónicas.

Hace 51 años, en 1968, tuve como periodista mi primera experiencia electoral precisamente en esas tierras fronterizas. Ese año hubo elecciones de ayuntamientos en los entonces sólo cuatro municipios de la entidad. Como enviado de la revista Gente, una publicación quincenal de reciente aparición entonces, cubrí el proceso electoral de Mexicali, la capital, y Tijuana, la ciudad más grande y rica. En ambas fue muy cerrada la contienda entre los candidatos del PAN y del PRI, partido éste ultimo que había detentado ininterrumpidamente el poder absoluto en Baja California, desde que el nefasto Braulio Maldonado Sández fue electo Gobernador en los primeros comicios celebrados en ese estado tras su elección constitucional promovida por el Presidente Miguel Alemán Valdez, en 1953.

Acción Nacional, que había adquirido creciente presencia electoral a partir de las luchas encabezadas por el abogado Salvador Rosas Magallón –despojado con apoyo del Ejército de su triunfo en la contienda por la gubernatura del estado en 1959— postuló a Norberto Corella Gil Samaniego para la Presidencia municipal de Mexicali, y a Luis Enrique Enciso Clark Flores para la de Tijuana. La cobertura informativa de sus respectivas, sorprendentes campañas me permitieron constatar una abundante, entusiasta participación ciudadana, sobre todo de mujeres.

Antes, durante y después de la jornada del 2 de junio de ese año, el Gobierno y su partido echaron mano de todas sus argucias fraudulentas, entonces usuales, para impedir que esos dos ayuntamientos cayeran en manos de los panistas. Hubo adulteración del padrón, expulsión de representantes, acarreos y carruseles de votantes y hasta robo de urnas, tan abierto y descarado que pude fotografiarlo. Las trampas fueron más evidentes en Tijuana, donde incluso el PRI intentó la intervención de expertos calígrafos para adulterar las actas de escrutinio, lo que fue impedido por cientos de ciudadanos que desfilaron con pancartas en torno a la escuela “Sindicato Alba Roja”, en la que se guardaban los paquetes electorales, y que mantuvieron un cerco humano durante varias semanas, de día y de noche. La crónica documentada de esos sucesos publicados por Gente tuvo tal demanda que la revista hizo un sobretiro especial de 50 mil ejemplares, que se agotaron en horas.

Las protestas contra el fraude electoral no cesaron en ambos municipios. Hubo marchas, plantones, concentraciones multitudinarias. Y una histórica Caravana integrada por 45 mujeres, que viajaron durante más de 48 horas en un autobús para llegar al zócalo de la Ciudad de México, en plena efervescencia por el Movimiento Estudiantil de ese año, con intenciones de entrevistarse con el entonces Presidente Gustavo Díaz Ordaz. No lo lograron, por supuesto, pero pudieron llamar la atención nacional sobre el caso de su entidad, virtualmente ignorado por la mayoría de los medios de comunicación que estaban severamente controlados por el Gobierno.

Ante la resistencia ejemplar de los bajacalifornianos, sin precedentes en la historia electoral mexicana, se optó finalmente por la anulación de los comicios en los dos municipios. Fue indudablemente un triunfo de la causa ciudadana. Se evitó sin embargo de manera ilegal la convocatoria a una nueva elección y en cambio se nombraron sendos concejos municipales… encabezados los dos por priistas. Ese fue el principio.

En 1986, cuando se consolidó un incipiente despertar democrático en diversas zonas del país, particularmente en estados norteños como Chihuahua, Nuevo León y el propio Baja California, el empresario Ruffo Appel conquistó el ayuntamiento de Ensenada como candidato del PAN. Tres años después, en 1989 se convirtió en el primer Gobernador no priista de la historia en el país. Desde entonces, los panistas detentaron la gubernatura a los largo de 30 años –aunque a nivel municipal hubo numerosas alternancias– hasta que en junio pasado ganó la elección Jaime Bonilla Valdez, como candidato de la coalición Juntos haremos historia, conformada por Morena, el PT, PVEM y Transformemos.

Más grave y preocupante que dar la espalda a esa emblemática historia es la actitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se resiste a deslindarse ante la reforma constitucional urdida para burlar a la ciudadanía bajacaliforniana, que eligió un Gobernador para dos años –a fin de “empatar” las elecciones estatales con las federales–, no para cinco.

Bonilla Valdez, un empresario tijuanense de los medios de comunicación de 69 años de edad y oscuros antecedentes, que detenta las nacionalidades mexicana y estadounidense, es amigo muy cercano del actual Presidente de la República. Los une no sólo su mutua afición por el beisbol, sino un compromiso político de tiempo atrás, cuando menos desde que el bajacaliforniano fue Diputado federal por el PRD (2012-2015).

El tabasqueño puso primero a Bonilla Valdez como dirigente estatal de Morena y luego lo nombró coordinador de su campaña en la región. Lo impuso también como candidato a Senador en la elección federal de 2018, cargo que alcanzó, aunque a poco tiempo después pidió licencia para convertirse en “superdelegado” del Gobierno de AMLO en la entidad fronteriza y dos meses más tarde candidato a Gobernador. La identidad entre ambos es plena, obvia.

El escándalo por la llamada “Ley Bonilla”, que ha involucrado a los diputados panistas y priistas que apoyaron la iniciativa de Morena en el Congreso estatal, y que ha incluído versiones sobre millonarios sobornos y complicidades deleznables incluso a nivel nacional, ha dado lugar a la fundamentada sospecha de que con esa reforma se pretende abrir el camino a una suerte de “reelección legal” del propio López Obrador en la Presidencia. El ominoso silencio del Peje –en cuyo Gobierno y partido no se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad– parece confirmarlo. Ese sería el fin.