Por
Redacción / Sin Embargo.
El
Gobierno federal utilizará desde la figura de testigos protegidos hasta la
intervención en telecomunicaciones para combatir la compra y venta de facturas
falsas.
“Para
poder llegar a las cabezas de las organizaciones criminales de facturas se
busca, precisamente, los beneficios que da el Estado en la excepción del
régimen de delincuencia organizada. Esto es criterio de oportunidad, es decir,
usar la figura de los testigos protegidos para ir a las cabezas”, señaló a medios el Procurador Fiscal
de la Federación, Carlos Romero Aranda.
En este
sentido, detalló que cualquier persona involucrada en el ilícito puede ser
un testigo protegido.
“En el
caso de los factureros, los testigos protegidos podrían ser aquellos
prestanombres o testaferros, que digan quién los puso y quién los contrató y
quién es el beneficiario final”, ejemplificó durante el Conservatorio: “México,
integración económica mundial y política comercial del gobierno de la 4T y su
impacto en la hacienda pública en el Senado de la República”.
Romero
Aranda detalló que el empleo de facturas falsas implica la pérdida de hasta
500 mil millones de pesos para el erario.
Por lo que, aseguró,
se emplearán todas las medidas que la ley contiene, como el uso de personas
infiltradas o la intervención telefónica, a fin de combatir este delito.
“Estos es
un criterio de oportunidad que es precisamente los testigos protegidos para ir
a las cabezas, es la intervención telefónica con autorización judicial, también
los infiltrados, y todo esto da lugar a la prisión preventiva oficiosa, son los
temas que se están discutiendo y que con estas herramientas podemos dar frente
a la batalla contra los factureros”, añadió.
El
Procurador indicó que si la propuesta de reforma al Código Fiscal de la
Federación es aprobada en el Congreso de la Unión, quienes cometan evasión
fiscal podrán ser objeto de prisión preventiva oficiosa.
Por otro
lado, Romero Aranda dijo que la propuesta cuenta con filtros de seguridad, a
fin de evitar que quienes incurran en este hecho puedan solicitar amparos.
“Primero
está el SAT, luego la procuraduría fiscal, luego las fiscalías y después el
juez de control. Entonces, sí todos los actos están emitidos conforme a
derecho, podrán presentar amparo, pero de eso a que procedan…”, apuntó.
El pasado
14 de agosto, las comisiones de Justicia y Hacienda del Senado de la República
aprobaron el dictamen que reforma el Código Fiscal de la Federación.
La
iniciativa será discutida en el Pleno del Senado, luego que los representantes
del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) la aprobaran en comisiones.
La
reforma busca sanciones de cinco a ocho años de prisión preventiva oficiosa
para quien compre y venda facturas falsas; además, cataloga a este delito como
un atentado a la seguridad nacional.
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