Por Efrén
Flores.
Uno de
cada 100 delitos cometidos por servidores públicos entre enero de 2015 y julio
de 2019, fue sancionado con la inhabilitación del funcionario a nivel estatal, según datos de la Secretaría de la
Función Pública (SFP) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP).
En ese
periodo, la SFP registró 672 resoluciones de inhabilitación de servidores
públicos por los gobiernos de los estados, mientras que el SESNSP reconoció 69
mil 736 delitos (de funcionarios) del fuero común, que son aquellos registrados
por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades
federativas.
Lo anterior implica
que el 0.96 por ciento de los ilícitos cometidos por servidores públicos a
nivel local mereció una sanción administrativa y/o penal por parte de las
autoridades estatales. Esto sin considerar las medidas “resarcitorias” (o
multas) impuestas por las autoridades de los estados de la República Mexicana.
Sin embargo,
en los últimos 19 años hubo 1 mil 074 conductas sancionadas por los
gobiernos estatales, que resultaron en la inhabilitación de 850 funcionarios
públicos. Puebla y la Ciudad de México encabezan la lista con 298 y 152
registros de inhabilitación, respectivamente.
Entre enero
de 2000 y agosto de 2019, las conductas sancionadas más comunes fueron la de
“negligencia administrativa” (684 casos), “violación a leyes y normatividad
presupuestal” (183 casos), “abuso de autoridad” (87 casos) e “incumplimiento en
la declaración de situación patrimonial” (71 casos).
Los
funcionarios públicos también fueron inhabilitados –a nivel estatal– por
incurrir en “violaciones de procedimientos de contratación” (24 casos),
“cohecho o extorsión” (18 casos) y otros “delitos cometidos por servidores
públicos” (siete casos).
Uno de los
casos más conocidos de negligencia administrativa es el de Antonio Tarek Abdalá
Saad, ex tesorero de Veracruz (2012-2015) durante el Gobierno de Javier Duarte
de Ochoa (2010-2016).
Abdalá,
quien fue investigado por presuntos desvíos de recursos por casi 55 mil
millones de pesos y quien ha sido vinculado con el crimen organizado de Tierra
Blanca, en Veracruz, no podrá trabajar en el estado hasta el año 2029, de
acuerdo con el registro de la SFP.
El también
ex Diputado federal priista (2015-2018) fue sancionado dos veces en 2016,
primero por cinco años y luego por siete años más, producto de una denuncia
ciudadana y de una denuncia de servidor público, respectivamente.
EL DELITO EN
LOS ESTADOS.
“La
inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público será impuesta por la [SFP], el contralor interno o el titular del área
de responsabilidades”, según el Artículo 16 (fracción III) de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP).
De 2000 a la
fecha, la mayor parte (91.5 por ciento) de las inhabilitaciones de
funcionarios públicos en las entidades federativas fueron emitidas por las
contralorías estatales (624 casos), municipales (245 casos) y/o generales (114
casos). Pero también fueron imputadas por los congresos estatales (70 casos),
los tribunales superiores de justicia de los estados (nueve), el Poder Judicial
estatal (cinco), los tribunales unitarios de circuito (tres) y de lo
contencioso administrativo (dos), así como por las contralorías internas y los
juzgados del fuero común de los estados (un caso cada uno).
La
mayoría (93.8 por ciento) de las imputaciones durante el periodo inició por
denuncias de servidores públicos (522 casos), quejas o denuncias ciudadanas
(274 casos) y auditorías de las autoridades estatales (211 casos), aunque
también hubo sanciones causadas por investigaciones internas (24 casos),
observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (22 casos),
incumplimientos detectados en las declaraciones patrimoniales de los
funcionarios públicos (16 casos) y denuncias penales (cinco casos).
Cuando un
funcionario público es inhabilitado, puede volver a trabajar en las instancias
gubernamentales, una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta. Sin embargo, cuando la sanción es
mayor a 10 años de inhabilitación, “se requerirá que el titular de la
dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la [SFP], en forma
razonada y justificada, de tal circunstancia”, se lee en el Artículo 13
(fracción V párrafo sexto) de la LFRASP.
Entre
2000 y 2019, cada una de las sanciones de inhabilitación en contra de 850
servidores públicos a nivel estatal implicaron la imposibilidad para desempeñar
un empleo, cargo o comisión gubernamental por un periodo mínimo de dos meses y
por un máximo de 33 años. En promedio, las inhabilitaciones fueron por 6.8 años.
La LFRASP establece
penas de suspensión de funciones de tres días a tres meses, así como la
posibilidad de ser inhabilitado de uno a cinco años, para todo aquel
funcionario público que mienta “deliberadamente” en su declaración patrimonial
(Artículo 37, fracción III, noveno párrafo). Asimismo, las omisiones “sin causa
justificada” en las declaraciones patrimoniales conllevan inhabilitaciones de
seis meses a un año (Artículo 37, fracción III, sexto párrafo).
En el
caso de los servidores públicos que incurran en actos u omisiones que impliquen
“beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios”, la inhabilitación será de uno
a 10 años si el monto defraudado es inferior a 200 veces el salario mínimo
general mensual vigente (616 mil 080 pesos), y de 10 a 20 años si excede dicho
límite o incurre en “conductas graves” (Artículo 13, fracción V, párrafo tercero).
Las
entidades federativas con mayor número de inhabilitaciones promedio por año
(2000-2019) fueron Puebla (22.9 casos), Jalisco (13 casos), Guanajuato (11
casos), Ciudad de México (9.5 casos), Morelos (7.3 casos), Baja California (6.7
casos) y Sonora (6.2 casos).
En cambio,
Baja California Sur, Colima, Nayarit y Querétaro (un caso cada uno) tuvieron
las incidencias más bajas, junto con Campeche (1.3 casos), Veracruz (1.5
casos), Coahuila (1.6 casos) y Chiapas (1.7 casos).
Los
estados de Durango, Estado de México, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas no tuvieron
registros durante el periodo, ante la SFP.
El bajo
nivel o la falta de inhabilitaciones no implica la reducida o inexistente
comisión de ilícitos por parte de los servidores públicos.
Ejemplo
de ello son las cifras del Secretariado Ejecutivo que indican que, entre enero
de 2015 y julio de 2019, hubo 2 mil 046 delitos del fuero común de funcionarios
públicos que fueron cometidos en Durango, Estado de México, Sinaloa, Yucatán y
Zacatecas.
Asimismo, los
datos del SESNSP refieren que la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo
León fueron las entidades con más incidencia promedio anual de delitos del
fuero común por parte de funcionarios públicos, en 2015-2019.
Durante ese
periodo, en la capital del país hubo registro de 3 mil 621 casos en promedio
por año, mientras que en el Edomex hubo 2 mil 445 casos y en Nuevo León 1 mil
700 casos.
LOS
FUNCIONARIOS MÁS SANCIONADOS.
Entre enero
de 2000 y agosto de 2019, el número de inhabilitaciones impuestas por los
gobiernos estatales fue 13 veces mayor (variación real), aunque el número de
inhabilitaciones en lo que va de este año es 62 veces superior (variación
relativa) a las acumuladas durante el año 2000.
Lo
anterior quiere decir que el número de inhabilitaciones –y de funcionarios
inhabilitados– ha ido al alza en los últimos 19 años. Inclusive, el índice de
inhabilitaciones por cantidad de ilícitos (de funcionarios) del fuero común
aumentó en 20 por ciento entre los cierres de 2015 y 2018, al pasar de uno a
1.2 de cada 100 casos.
Hoy en
día hay 850 servidores públicos inhabilitados a nivel estatal, de acuerdo con
la Secretaría de la Función Pública. Pero este año, 126 inhabilitaciones
expirarán; y en el transcurso de los próximos cinco años (2020-2024) 676
inhabilitaciones adicionales vencerán, y cientos de ex funcionarios sancionados
podrían volver a trabajar para los gobiernos de las entidades federativas.
Tal es el
caso del ex tesorero (2012-2015) de la Alcaldía de San Miguel de Allende
(Guanajuato) Jaime Cirilo Labrada Araiza, quien además de haber sido
inhabilitado en 19 ocasiones y vinculado a proceso por el delito de peculado,
fue investigado por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de
la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato por el supuesto desvío –como
tesorero– de más de 400 mil pesos del erario público local.
De acuerdo
con los registros de la SFP, Labrada es el ex funcionario público con más
inhabilitaciones en los últimos 19 años y estará inhabilitado hasta el año
2021, por cometer negligencia administrativa y violar la normatividad
presupuestal.
A diferencia
del ex tesorero de San Miguel de Allende y de los ex servidores públicos cuya
sanción expirará en los próximos cinco años, hay ex servidores públicos cuyas
inhabilitaciones (acumuladas) expirarán en un periodo de seis a 88 años más, a
partir de 2019. Entre ellos están los cinco ex funcionarios –además de Labrada–
con más inhabilitaciones en 2000-2019.
Brigido
Enrique Tapia Avilés, Geovanny Julián Martínez Jasso y Germán de Jesús Tenorio
Vasconcelos fueron inhabilitados en nueve ocasiones cada uno, entre 2016 y
2018, por delitos de negligencia administrativa y por violar la normatividad
presupuestal.
El
primero, un ex funcionario capitalino que hasta el año pasado laboró para la
contratista gubernamental Constructora e Ingeniería Herayax, fue acusado por
soliviar irregularidades en el manejo de trámites y servicios gubernamentales,
e inhabilitado por ello hasta el año 2107.
Martínez
Jasso, por su parte, estará inhabilitado hasta el año 2059 por realizar cobros
en ventanilla sin reportar los ingresos monetarios, cuando fungía como cajero
adscrito de la subdelegación Otay del Ayuntamiento de Tijuana, en Baja
California. Uno de estos delitos fue asentado en el expediente RES/149/2017 de
la Dirección de Responsabilidades de la Sindicatura Procuradora del
Ayuntamiento de Tijuana, en que Martínez es acusado del robo de 1 mil 682 pesos
correspondientes al pago del impuesto predial de un ciudadano, durante el
ejercicio fiscal 2017.
En el caso
de Tenorio Vasconcelos, ex secretario de salud de Oaxaca y cercano
colaborador del ex Gobernador Gabino Cué Monteagudo (2010-2016), existen varios
juicios penales en su contra por uso indebido de recursos públicos,
enriquecimiento ilícito y conflictos de interés (causas penales 54/2017 y
610/2017). Por violar la normatividad presupuestal, el Gobierno de Oaxaca lo
inhabilitó en 2016, por un periodo de 83 años (hasta el año 2099).
Entre los
funcionarios más sancionados, también están la ex subdirectora adscrita al Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de
Sonora, Marla María Ruiz Figueroa, y el otrora jefe de la Unidad Departamental
de Infraestructura de la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, Alfonso
Rivera Granados.
Ruiz
Figueroa, quien fuera sancionada entre 2013 y 2014 (determinación de
responsabilidad número SPS/201/14 BIS) por irregularidades en sus declaraciones
patrimoniales, fue inhabilitada en ocho ocasiones por cometer negligencia
administrativa y violar la normatividad presupuestal. Por estas violaciones,
estará fuera del servicio público hasta el año 2032.
Sobre
Rivera Granados, quien fue inhabilitado siete veces y no podrá asumir cargos
públicos hasta el año 2071, asimismo pesan varios cargos de negligencia
administrativa. Entre 2001 y 2006, por ejemplo, fue destituido e inhabilitado
en seis ocasiones, por irregularidades en contratos de obra pública que,
asimismo, le supusieron sanciones económicas por un total de 26 millones 906
mil 649.72 pesos, de acuerdo con el Diario de los Debates de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, año 3, número 02.
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