Por Arturo Ángel.
De acuerdo
con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), entre
2012 y 2014 el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, presuntamente recibió
sobornos de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA) por un
monto que superaría los 12.5 millones de dólares. Ello a cambio de favorecerlas
con contratos.
Con dicho
dinero Lozoya habría comprado, al menos, dos residencias en zonas exclusivas de
Ciudad de México e Ixtapa, Guerrero, que además de representar una inversión le
permitieron ocultar el presunto origen ilícito de ese dinero.
¿Pero
cómo es que se dieron estos supuestos pagos, por los que hoy ya hay dos órdenes
de aprehensión giradas en contra de Lozoya y de su esposa, su madre, su
hermana, un empresario y una corredora de bienes raíces?
Animal
Político tuvo acceso a los documentos que resumen las investigaciones del caso
Odebrecht y AHMSA,
enviados a jueces federales para que otorgaran las órdenes de aprehensión ya
giradas, y en las que se explica un complejo entramado de triangulaciones que
involucra a empresas fachada en el extranjero y a presuntos prestanombres.
Dichos
documentos muestran múltiples datos que ya se conocían en trabajos periodísticos
publicados en los últimos dos años, pero que los fiscales ordenaron y
resumieron para contar dos historias, con las que convencieron a los jueces de
que hay sospechas fundadas de actividades ilícitas en las que estaría implicado
el exdirector de Pemex.
Estas
versiones oficiales confirman, como han insistido los abogados de Lozoya,
que más de la mitad de los pagos que se denuncian ocurrieron cuando Lozoya no
era funcionario y por ende no dirigía a Pemex.
Sin embargo,
los fiscales aseguran que el dinero fue una especie de “aliciente” para que
Lozoya se comprometiera a beneficiar a las empresas a la postre, situación que
aún tendrá que ser probada por las autoridades si los casos llegan a juicio.
A
continuación Animal Político presenta una síntesis de los pagos que paso a
paso se relatan en los oficios enviados a los jueces, así como en la
argumentación que dan las autoridades. Aunque se trata de casos distintos, hay
empresas y nombres que los relacionan.
Caso Altos
Hornos
Carpeta de
investigación: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019
Causa penal:
211/2019
Delitos:
Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)
Imputados: Emilio
Lozoya Austin, Gilda Susana Lozoya Austin (hermana), Alonso Ancira Elizondo
(cabeza de AHMSA).
Monto de
los supuestos sobornos: 3.4 millones de dólares
La carpeta
de investigación se inició tras la denuncia que Pemex presentó el 5 de marzo
de 2019, por las irregularidades en la adquisición de la planta Fertinal (un
caso distinto), pero en la que también se mencionó – aunque marginalmente – a
la planta Agro Nitrogenados (vendida por AHMSA a Pemex).
La
indagatoria se vio reforzada por la denuncia de Santiago Nieto, titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentada el 23 de mayo.
Lo que la
FGR y la UIF sostienen, en síntesis, es que durante el periodo de transición
del gobierno del presidente Felipe Calderón al del presidente Enrique Peña
Nieto, AHMSA pagó 3.4 millones de dólares en sobornos a Lozoya a cambio de que
este los favoreciera – en el futuro – con contratos en el ramo de
fertilizantes.
Para
ocultar dichos pagos, AHMSA no los mandó a Lozoya directamente, sino a una
presunta empresa fachada constituida en Islas Vírgenes Británicas denominada
Tochos Holding Limited, cuya cuenta se abrió en un banco suizo.
Meses
antes de recibir los depósitos Lozoya transfirió todos sus derechos como
beneficiario de esa cuenta a su hermana Gilda Susana.
Las
transferencias de AHMSA a Tochos se materializaron en cinco movimientos en
dólares, de la siguiente forma:
12 junio
de 2012: 500,000 USD
1
noviembre 2012: 1,000,000 USD
9
noviembre 2012: 1,000,000 USD
16
noviembre 2012: 100,000 USD
28
noviembre 2012: 800,000 USD
De acuerdo
con la UIF no hay relación comercial o profesional entre la hermana de
Lozoya (identificada como estudiante ante el banco) y la empresa Altos Hornos,
que justifique la realización de estos pagos y ni el monto.
De forma
paralela a la recepción de esos pagos, la indagatoria de la UIF reportó dos
transferencias desde la cuenta de Tochos a una empresaria de nombre María de
Carmen Ampudia Cárdenas, quien le vendió una casa a Lozoya ubicada en el
Fraccionamiento Lomas de Bezares en Ciudad de México, en noviembre de 2012.
Pero los
pagos por dicha casa no los hizo Lozoya sino Tochos (o sea su hermana) en dos
transferencias a Ampudia: una de 1 millón 500 mil dólares el 1 de noviembre de
2012, y otra de 1 millón 80 mil dólares el 13 noviembre d 2012.
El monto
total fue de 2 millones 580 mil dólares por dicha propiedad.
“Si no se
hubiesen hecho los depósitos de Alonso Ancira (dueño de AHMSA) a favor de Gilda
Susana (cuenta de Tochos) ésta no hubiera podido realizar los pagos a favor de
María del Carmen Ampudia, y en consecuencia Emilio Lozoya no hubiera podido
adquirir el bien inmueble referido, y en consiguiente, ocultar el origen
ilícito del mismo, al convertir dicho dinero en un bien inmueble”, señala el documento del caso.
La
investigación añade que la compra de la casa funcionó como un “aliciente”
para Lozoya quien, a la postre, ya siendo director de Pemex, promovió en el
Consejo de Administración de dicha empresa la adquisición de la planta Agro
Nitrogenados vía adjudicación directa a favor de AHMSA. Operación que además
representó un grave daño al erario, ya que la planta fue adquirida en condición
de “chatarra”, con 14 años de no ser utilizada, y cuyo avaluó real se infló de
los 50 millones a los 240 millones de dólares.
“Al
promover la compra de la planta chatarra es lógico establecer que la operación
representó una retribución de Emilio Lozoya al coimputado Alonso Ancira, por
contribuir con el dinero que sirvió para la compra de su casa, es decir, le
devolvió el favor Emilio a Alonso una vez que asumió el cargo de director de
Pemex”, concluye la
indagatoria.
Caso
Odebrecht
Carpeta de
investigación: FED/SEIDF/IGI-CDMX/0000117/2017
Causa penal:
261/2019
Delitos: Operaciones
con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), Asociación delictuosa y
cohecho (este último solo Lozoya)
Imputados: Emilio
Lozoya Austin, Gilda Susana Lozoya Austin (hermana), Gilda Margarita Austin
Solís (madre), Marielle Helene Eckes (esposa), Nelly Maritza Aguilera Concha
(corredora bienes raíces)
Monto de
los supuestos sobornos: 9.15 millones de dólares
Esta carpeta
de investigación se inició desde el 27 de enero de 2017 tras la denuncia
presentada por Pemex, luego de que directivos de la empresa Odebrecht
confesaron ante cortes en Estados Unidos y en Brasil que habían sobornado a
funcionarios de diversos países (entre ellos México), para obtener contratos en
el ramo petrolero.
A ello se
sumó la denuncia de Santiago Nieto, titular de la UIF, interpuesta el pasado 28
de junio, como requisito obligatorio para poder proceder por el delito de
lavado de dinero.
Lo que
FGR concluye en este caso es que Odebrecht pagó al menos 9.15 millones de
dólares en supuestos sobornos a Lozoya a cambio de que los favoreciera con
diversas contratos, entre ellos el de trabajos relacionados con una refinería
en Hidalgo.
Con dichos
recursos Lozoya supuestamente adquirió, a través de su esposa, una residencia
en Ixtapa, Guerrero valuada en 1.9 millones de dólares.
La
indagatoria documenta siete pagos iniciales en 2012 a Lozoya durante la
campaña presidencial de Peña Nieto. Las transferencias se hicieron a través de
una compañía de la red de empresas fachada de Odebrecht, denominada Innovation
Research, y tuvieron como destino otra empresa fachada de nombre Latin America
Asia Capital Holding, esta última constituida en Islas Vírgenes y con cuenta en
un banco suizo, donde los beneficiarios eran Emilio y su hermana.
Las
transferencias entre las referidas empresas fueron así:
20 abril
2012: 250,000 USD
25 abril
2012: 495,000 USD
26 abril
2012: 505,000 USD
23 mayo
2012: 500,000 USD
30 mayo
2012: 490,000 USD
08 junio
2012: 510,000 USD
18 junio
2012: 400,000 USD
La
indagatoria revela que dichos pagos despertaron sospechas en el banco suizo que
administraba la cuenta de Latin America Asia Capital, debido a la frecuencia y
los montos. Por este motivo el banco inició una investigación y resolvió que
eran operaciones de riesgo, debido a que el perfil de la propietaria, la
hermana de Lozoya no tenía coherencia con el dinero que estaba manejando.
En este
contexto los Lozoya decidieron transferir los recursos de la cuenta de Latin
America a la cuenta la empresa Tochos Holdings Limited, la misma implicada en
los supuestos sobornos de AHMSA, situación que conecta ambos casos.
La
indagatoria además documenta, a través de depósitos bancarios, otros siete
pagos que había realizado Odebrecht a Lozoya por un monto aproximado de seis
millones de dólares, pero a otra empresa fachada de nombre Zecapan. Tres de
estos pagos se realizaron un mes antes de que arrancara el sexenio de Peña de
la siguiente forma:
7
noviembre 2012: 137,451.15 USD
21
noviembre 2012: 386,725.00 USD
30
noviembre 2012: 427,175.59 USD
Posteriormente,
el oficio entregado al juez sostiene que se hicieron cuatro transferencias
más, dos en 2013 y dos más en 2014, a través de otra empresa fantasma ligada a
Odebrecht (Grangemouth Trading), con destino Zecapan S.A. La suma de estos
cuatro depósitos alcanzaría los 5 millones de dólares y ellos ya
corresponderían al periodo en que Lozoya se desmepeñaba como director de Pemex.
En el
expediente se encuentran las declaraciones de dos altos exfuncionarios de
Odebrecht, Luis Alberto de Meneses Weyll y Luiz Antonio Mameri, obtenidas por
la FGR vía asistencia jurídica con Brasil. Ambos funcionarios sostienen que los
pagos que se hicieron en 2012 a Lozoya corresponden a una “retribución” por los
contactos que les facilitaron contratos a nivel estatal, y para consolidar la
relación con él ante la expectativa de que este ocupara un cargo importante en
Pemex.
Los pagos
realizados entre 2013 y 2014, sostienen los exdirectivos de Odebrecht,
corresponden a supuestos sobornos para que la empresa brasileña obtuviera
contratos de trabajos relacionados con la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.
Hidalgo.
Sostienen
que se le dieron a Lozoya 2 millones de dólares por adelantado y el resto se
transfirió posterior a que se obtuvo el contrato.
Según la
declaración de estos exfuncionarios, las empresas fachada de Odebrecht
involucradas en las transferencias pertenecen a lo que se denominó
“Departamento de Operaciones Estructuradas” de la compañía brasileña, que en
realidad era el brazo de la constructora responsable del pago de sobornos en
múltiples países.
En los
oficios entregados por este caso al juez la FGR y la UIF también destacan
una transferencia con fecha de 6 de agosto de 2013 hecha desde Tochos (la
presunta empresa de papel de cuya cuenta era beneficiaria la hermana de Lozoya)
a Nelly Maritza Aguilera Concha, la administradora de inmuebles que vendió una
residencia a Lozoya en Ixtapa, Guerrero. El monto fue de por 1 millón 200 mil
dólares.
Dicha
casa no fue comprada directamente por Lozoya, sino a través de un fideicomiso
que se creó exprofeso para ello, y en donde la residencia fue traspasada a
Helene Eckes, esposa del exdirector de Pemex.
En dicha
operación Eckes nombró como apoderado al abogado Juan Carlos Quintana, quien
por revelaciones en la prensa se sabe que también colaboraba con Altos Hornos.
Aunque en la
información que se había hecho pública se ha señalado la posible relación de la
compra de la casa en Ixtapa con el contrato que Pemex dio a Altos Hornos, la
FGR decidió incluir este hecho en el expediente de Odebrecht y referirlo como
un posible destino del dinero de origen ilícito, transferido por la
constructora brasileña a Lozoya.
En
cualquier caso y más allá de la coincidencia de empresas y de fechas, la FGR
tendrá que acreditar aun ante el juez si esta propiedad es resultado de
presuntos sobornos de Odebrecht a Lozoya como se presentó inicialmente, o si
tiene que ver con el otro caso.
Los
abogados del exdirector de Petróleos Mexicanos han sostenido que, tanto en el
caso de Altos Hornos como el de Odebrecht, las operaciones que se señalan entre
las empresas ya mencionadas sí tienen una justificación al amparo de
actividades o trabajos legales, y no corresponden a soborno alguno.
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