Por Efrén
Flores.
Interjet fue señalada por no pagarle al
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 549.3 millones de pesos en adeudos
fiscales, en un momento en que la aerolínea estaba en “quiebra técnica” por la
mala situación económica del país y factores como la cancelación del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), alegó la empresa en la demanda de
juicio de amparo indirecto (registro número 016612/2019) que frenó el embargo
de la compañía.
La empresa
de Miguel Alemán Magnani –nieto del ex Presidente Miguel Alemán Valdés e hijo
de Miguel Alemán Velasco, ex Gobernador de Veracruz– fue intervenida por las
autoridades fiscales el 27 de junio de este año, y el 7 de agosto, un mes y 10
días más tarde, el SAT embargó a Interjet. Pero el 12 de agosto de 2019, la
aerolínea obtuvo una suspensión definitiva en contra del embargo y de los
adeudos fiscales correspondientes a los años 2013, 2014, 2015 y 2017.
Aunque en
la actualidad existe un proceso legal para determinar la validez de los adeudos
reconocidos por el SAT, la aerolínea aseguró que nunca fue embargada –porque
detuvieron el proceso con un juicio de amparo– y que “desconoce” la validez y
el monto de la deuda que le fue achacada.
Un vocero
de la empresa dijo a
SinEmbargo que “de ninguna manera se están negando a pagarle al SAT”, sino
que más bien, están aclarando con la autoridad las diferencias de impuestos que
consideran “erróneas”. Además, en un comunicado Interjet manifestó que el
amparo promovido para suspender las medidas del SAT es algo que otras empresas
han hecho “comúnmente” y que esta situación “de ninguna manera afecta a los
pasajeros, ni las operaciones regulares de la aerolínea”.
En la
demanda de amparo, turnada el 10 de junio de 2019 al Juzgado Décimo Quinto de
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Interjet aseguró
haberse encontrado en “total estado de indefensión” por las medidas empleadas
en su contra, por parte de las autoridades fiscales.
Como
parte de la justificación para exigir que “las cosas” se mantuvieran en el
estado que guardaban “hasta antes de la notificación del acto [o el adeudo]
impugnado”, la compañía manifestó que su situación financiera se complicó
“significativamente” durante 2013-2019, lo que generó “importantes niveles” de
“endeudamiento” y “apalancamiento” de Interjet, “para continuar compitiendo en
un entorno en el que […] el acceso al financiamiento ha sido por demás escaso”.
Además de
las “pérdidas acumuladas” de Interjet entre 2013 y 2018, hubo factores que
impactaron “negativamente” al sector aeronáutico, mismos que aumentaron la
presión sobre sus accionistas y por ende, sus esfuerzos para mantener a la
empresa en operación y saldar las deudas de la compañía, dice el documento en poder de
SinEmbargo.
Entre
dichos factores estuvieron la cancelación del NAIM, las políticas restrictivas
en materia de migración del Presidente de Estados Unidos Donald Trump, la caída
de los precios internacionales del petróleo y las bajas perspectivas de
crecimiento económico para México que, entre otras cuestiones, inhibieron “la
inversión y la realización de viajes”.
Por éstas
y otras razones, Interjet argumentó que los actos del SAT –incluidos los
mandamientos de ejecución por 549.3 millones de pesos en adeudos fiscales–
fueron “violatorios de los derechos humanos de la quejosa”, de acuerdo con los artículos 1,5, 8,
13, 14, 16, 25, 27, 28, 31 fracción IV, 39, 40, 41 y 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
LAS
“VIOLACIONES” DEL SAT.
La demanda
de juicio de amparo indirecto (registro número 016612/2019) de Interjet refiere
siete principales motivos de violación a los derechos humanos de la empresa.
El
primero está relacionado con “las diversas presiones” ejercidas por la
depositaria e interventora del SAT con cargo a la caja, Serafina América
González Ávalos, quien revisó la información financiera de Interjet y que,
asimismo, determinó que la empresa cubriera 30 millones 837 mil 672 pesos para
cubrir parte del supuesto adeudo fiscal, sin considerar que dicha cantidad
podría haber sido utilizada para “otros fines”, cuando la empresa estaba técnicamente
en quiebra.
González,
en su calidad de “interventor” fiscal, fue designada para inspeccionar y
valorar los fondos y bienes de Interjet con las “mismas facultades que tiene el
administrador de la empresa”.
Con el
argumento de que la interventora no conocía las necesidades de Interjet, la
aerolínea manifestó que el libre nombramiento y remoción de interventores, que
actúan “a su libre albedrío” y “por capricho”, genera riesgos para el capital
de la empresa e incertidumbre jurídica sobre las decisiones que afectan a la
compañía.
Otras de
las violaciones estuvieron relacionadas con el pago provisional para cubrir los
adeudos y la determinación de embargo por parte de las autoridades fiscales.
Para
resarcir la deuda, el SAT impuso retirar el 10 por ciento de los ingresos
diarios de Interjet. Debido a que la dependencia federal determinó el monto
máximo establecido en el Código Fiscal de la Federación sin justificar las
razones, la empresa de Alemán Magnani aseveró que se trató de un acto
“arbitrario” que no consideró las necesidades de Interjet para mantenerse
competitiva.
Asimismo, la
compañía rechazó el embargo de sus bienes y cuentas bancarias, ya que además de
no estar bien fundado, el acto privativo no precisaba “las medidas que se van a
tomar para el cobro de los créditos fiscales y sus accesorios legales”, dejando
a la compañía “en un estado de incertidumbre jurídica” por no saber “el
procedimiento conforme al cual los responsables determinaron las sumas que
arrojan los mandamientos de ejecución reclamados”.
Interjet también
aseguró que las autoridades violaron su garantía de audiencia, ya que no les
notificaron con suficiente antelación sobre los hechos, por lo que “simplemente
[el SAT] se limitó a señalar el monto adeudado y proceder al embargo de la
negociación”.
No obstante,
las resoluciones de adeudo de la dependencia federal, según los registros
del SAT, datan de junio de 2018, además de que los procesos de privación fueron
advertidos meses antes del ejercicio de medidas de restitución de créditos
fiscales.
La
compañía consideró que sus derechos humanos asimismo fueron violentados, ya que
las autoridades le solicitaron información confidencial sin que aclararan la
causa de la petición; porque el embargo lesionó su imagen comercial y su
prestigio ante el público consumidor; y debido a que las autoridades se negaron
a aceptar, como garantía de interés fiscal, el predio denominado “San Lorenzo o
Puerto Balandro”, ubicado en La Paz, Baja California Sur, con un valor de 999
millones 193 mil 170 pesos.
COMPRAS PESE
A LA QUIEBRA.
El 17 de
julio, 10 días antes de la primera intervención del SAT, Grupo Alemán
–propietaria de Interjet– anunció la adquisición de las acciones de Grupo
Televisa en Radiópolis, con lo que se hizo del 50 por ciento de participación
en la radiodifusora.
Lo
anterior sucedió en un contexto en que una de las más importantes marcas
(Interjet) de Grupo Alemán atravesaba por una quiebra técnica financiera,
impulsada por las pérdidas acumuladas que registró entre 2013 y 2018, además
del difícil entorno económico a nivel nacional e internacional que afectaron su
balance económico.
La
transacción del grupo fue realizada a través del Corporativo Coral, una empresa
de la familia Alemán en alianza con el grupo multimedios Gato Grande
Productions.
Con dicha
compra, valuada en casi 1.3 mil millones de pesos, Miguel Alemán Magnani se
convirtió en socio del consorcio internacional de medios Grupo Prisa, con
presencia en 22 naciones.
“La venta de la participación accionaria de
Televisa en Radiopolis es parte de los planes previamente anunciados por la
compañía para deshacerse de ciertas operaciones no estratégicas a efectos de
concentrar sus recursos en sus activos de contenido y distribución”, destacó Grupo Alemán por medio de un
comunicado de prensa.
De esa
forma, Alemán Magnani se volvió propietario de 17 estaciones de radio, entre
las que se cuentan La Ke Buena 92.9 FM, Ke Buena 940 AM, W Radio, W Deportes y
Los 40 Principales, así como seis emisoras en la Ciudad de México y una cadena
de alcance nacional, entre otros.
Dos semanas
después de la compra de las acciones de Televisa en Radiópolis, se supo que
Interjet, además de una crisis económica, atravesaba por una crisis en sus
operaciones por el retraso y la cancelación de vuelos, ocurridos entre el 29 y
el 31 de julio de este año, que de acuerdo con la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) afectó a 21 mil 245 pasajeros.
“En
total, fueron 155 vuelos y 21 mil 245 consumidores”, indicó en un comunicado la
Profeco. Representantes de la Procuraduría y la Dirección General de
Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como
personal de la aerolínea se reunieron y acordaron compensar al 100 por ciento
de las y los pasajeros afectados. Además, Interjet se comprometió a contratar a
63 pilotos y los sobrecargos que resultaran necesarios “para garantizar la
operación de sus vuelos”, indicó la dependencia federal.
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