Por Nayeli
Roldán.
Desde
2015, la Secretaría de la Función Pública investigó las irregularidades
señaladas por la Auditoría Superior de la Federación sobre los convenios que la
Sedesol hacía con universidades públicas, y que terminaron en presuntos
desvíos.
Sin embargo,
archivó el caso al considerar que todo había sido legal, y con ello exoneró
a Emilio Zebadúa, entonces Oficial Mayor de la dependencia y encargado de la
administración de recursos, mano derecha de Rosario Robles.
Ahora, la
Fiscalía tiene abiertas más de una decena de carpetas de investigación donde
incluye a Zebadúa y sus subalternos por la simulación de servicios y la
“dispersión” de recursos públicos, entregados a través de convenios realizados
entre la Sedesol y la Sedatu con universidades públicas, entre 2013 y 2018,
incluidos los que investigó y descartó Función Pública en 2015.
De hecho, después
se comprobó la mala actuación del funcionario público que realizó la
investigación, Mauricio Razo, y fue inhabilitado del servicio público en 2018
por la Secretaría de la Función Pública, al considerar que no tuvo elementos
legales para archivar el expediente en la Sedesol.
La
investigación de Mauricio Razo, incluso, ha sido ocupada por la defensa de
Rosario Robles en el proceso penal que enfrenta por el delito de ejercicio
indebido de la función pública, como un elemento probatorio de su inocencia, y
de que no existieron irregularidades en su gestión en la Sedesol.
Zebadúa, en
la mira de la Fiscalía.
La
Fiscalía General de la República mantiene más de una decena de carpetas de
investigación en las cuales señala a Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de la
Sedatu y Sedesol, y su subalterno, Francisco Báez, exdirector general de
Programación y Presupuesto, como los funcionarios encargados de liberar los
recursos de las dependencias.
En la
primera audiencia que enfrentó Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu,
el pasado 8 de agosto, la Fiscalía enumeró los 25 convenios que investiga
por posibles irregularidades, y en al menos 11 de ellos, además de mencionar a
los funcionarios que firmaron, también aluden a Zebadúa y Báez.
Los
convenios significaron el mecanismo para “simular servicios”, y por los cuales
proveedores “irregulares” recibieron recursos públicos que posteriormente
“dispersaron”, para “distraerlos a usos ajenos” a lo que estaban previstos, explicaron los fiscales.
La Fiscalía acusó
a Zebadúa y otros funcionarios de trabajar “unidos por el único fin de
simulación de actos”. Entre los implicados también están Ramón Sosamontes,
exjefe de Rosario Robles. Los subalternos de Zebadúa: René Islas, exdirector de
Recursos Materiales, y Claudia Mornes, subalterna de éste, como directora de
área, y Enrique Prado Ordoñez, director de Adquisiciones. También Marcos
Salvador Ibarra, director general que dependía de la Coordinación de
Delegaciones.
José
Antolino Orozco, exdirector de Geoestadística y Padrones; Enrique González
Tiburcio, exsubsecretario de Ordenamiento Territorial en la Sedatu, y Armando
Saldaña, exdirector general de Ordenamiento Territorial, quienes han denunciado
penalmente la falsificación de sus firmas en los convenios fraudulentos.
La
exoneración.
En 2015, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en sus informes sobre cómo se
gastaron los recursos de la Sedesol presuntas irregularidades en los convenios
que la dependencia había hecho con las Universidades Autónomas del Estado de
Morelos y del Estado de México, para hacer supuestos servicios que en realidad
se simularon y, por tanto, hubo un presunto desvío de recursos públicos.
Por ello, pidió
al Órgano Interno de Control de la Sedesol (el área que vigila la correcta
actuación de los funcionarios públicos y depende de la Secretaría de la Función
Pública), que investigara los procedimientos para deslindar responsabilidades.
El
encargado de hacerlo fue Mauricio Razo, extitular del área de quejas del Órgano
Interno de Control de la Sedesol. La investigación se concentró en Emilio
Zebadúa, Humberto René Islas, Sonia Angélica Zaragoza y Enrique Prado Ordoñez,
que firmaron los convenios y que, según la Auditoría, significaron el presunto
desvío de 865 millones de pesos.
Sin embargo,
poco más de un mes después de iniciar la investigación, el 1 de octubre de
2015, Mauricio Razo determinó el cierre de la misma “por falta de elementos”.
Aseguró que los funcionarios cumplieron con sus funciones y los exoneró de
cualquier responsabilidad. Tan solo quince días después, el 16 de octubre, Razo
pasó con el mismo cargo a la Sedatu, donde ya era titular Rosario Robles.
En 2017,
Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción publicaron La Estafa Maestra, una
investigación periodística que reveló que las empresas contratadas para hacer
los supuestos servicios eran irregulares o fantasma y, por lo tanto, los
recursos públicos desaparecieron.
Incluso, antes
de publicar, Rosario Robles entregó el expediente de la investigación de
Mauricio Razo como prueba de que todo se había hecho bien.
Sin embargo,
en octubre de 2018, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a
Mauricio Razo por dos años del servicio público por la exoneración de los
funcionarios, al considerar que no tuvo elementos jurídicos para cerrar la
investigación. La sanción llegó un año después de que dejara su encargo en
Sedesol, en 2017, pero aún podría recurrir ante un tribunal federal para tratar
de revocar, o para que se decida si el castigo queda firme.
El
criterio de la Función Pública también coincidió con el expuesto por
especialistas de Fundar y México Evalúa, a quien Animal Político entregó el
expediente para que evaluaran los argumentos legales expuestos por Razo.
Concluyeron que se trató de una investigación “imparcial”, “limitada”, “sin
sustento” y “carente de certeza jurídica”.
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