La violencia imparable.

Adela Navarro Bello.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tuvo un lapsus durante una entrevista en la vía pública. Al menos así justificaron desde el Gobierno federal. Que no escuchó bien la pregunta que se refería al crimen organizado, cuando dio como respuesta que han estado dialogando con grupos “que quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz”.

En el video que circuló por la red de la entrevista en cuestión, efectivamente el reportero le pregunta sobre el crimen organizado en Guerrero y si están buscando alguna tregua, además una pregunta que quizá estaba relacionada a una respuesta anterior, al instigar a la Secretaría a declarar a “¿qué grupos se refirió?”. La respuesta de Sánchez Cordero dejó a muchos sorprendidos. Dijo textualmente:

“No; estamos dialogando, estamos dialogando con muchos grupos están… de verdad, nos han manifestado que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz”. El reportero insistió, “¿qué grupos?”, y ella asentó: “Varios grupos, no puedo especificar”.

Más tarde, después del fervor causado por la respuesta de Sánchez Cordero y la probabilidad que implicaba que el Gobierno de la República estuviese dialogando con grupos del crimen organizado, desde la Secretaría de Gobernación habrían de aclarar a través del periodista Carlos Loret de Mola, haciendo énfasis en que ella no dijo “grupos delictivos”.

Ciertamente no lo dijo, pero sí refirió armas. “Ellos quieren deponer las armas”, expresó literalmente la Secretaria de Gobernación. Y cuando se trata de grupos armados en México en la clandestinidad, son dos. O del crimen organizado, los brazos armados de los cárteles, y las autodefensas. Ambos grupos comparten raíz, la impunidad y la corrupción. Los primeros porque ningún cártel o célula de la criminalidad organizada puede subsistir y desarrollarse en el ámbito delincuencial sin el apoyo de distintas fuerzas, corporaciones y dependencias del Estado Mexicano. Los segundos aparecen entre ciudadanos cansados, hartos de la violencia y la inseguridad que los afecta directamente ante la impunidad que gozan los criminales a partir de la corrupción de los oficiales.

Si el Gobierno federal está dialogando con las autodefensas para que depongan las armas, como lo declaró aun cuando no directamente la Secretaria de Gobernación, el problema de la inseguridad y la violencia que se vive en México no va a disminuir. Para eso se requeriría de una estrategia integral, de resultados, de hampones tras las rejas y asesinos en prisión. De la desarticulación de las redes financieras de los cárteles, el aseguramiento de los bienes producto del crimen y la erradicación de las rutas de trasiego de droga, por mencionar algunas acciones operativas que, por supuesto, deberían estar acompañadas de políticas públicas que beneficien el desarrollo de las personas.

Guerrero es uno de los estados más violentos de México, también en la lista corta está Baja California y Guanajuato. En los primeros 19 días de agosto de 2019, el Secretariado de Seguridad del Sistema Nacional Anticorrupción, informó que en el país se cometieron mil 506 homicidios dolosos. Terribles escenas del crimen con multihomicidos, o en el caso de Michoacán, 19 cuerpos colgados o esparcidos por sus calles en una sola mañana.

Guerrero, el estado al que hizo referencia el reportero que entrevistó a la Secretaria de Gobernación, en esos 19 días registró 90 asesinos. Guanajuato 195 y Baja California 128. El común denominador entre los tres estados, aparte de la corrupción y la impunidad que prevalece en todo el país, lo es la presencia de varios cárteles en la zona, entre ellos y en los tres estados, el Cártel Jalisco Nueva Generación, hasta ahora uno de los más impunes en el país, además de violento.

Pero no se conoce del Gobierno de la República una estrategia integral de combate a la violencia producto de los cárteles de la droga, del narcomenudeo o de la criminalidad organizada. Sí es conocido, porque así lo han declarado, que la Guardia Nacional no está para disminuir los índices delictivos, sino para acompañar al ciudadano en lo que llaman una policía de proximidad. De la FGR tampoco se sabe de estrategias.

Entablar diálogos con las autodefensas para que depongan las armas es una acción a la que el Gobierno federal debe llegar, pero acompañada de una estrategia de combate a la criminalidad organizada que todos los días deja un promedio de 79 asesinatos en el país.

La Secretaria de Gobernación, en la cuenta de Twitter de la institución que titula, aclaró “la voluntad de dialogo con auténticas organizaciones de autodefensa, para alcanzar la pacificación de algunas zonas del país, el desarme de esas organizaciones y de quienes las integran, para beneficio de sus comunidades y municipios. El Gobierno Federal no tiene ni tendrá diálogo con ningún grupo del crimen organizado”.

Y pues enhorabuena, pero lo que sería ideal escuchar es el plan de combate al crimen organizado para el desmantelamiento de los cárteles, la aprehensión de los asesinos y los secuestradores, el desarme de los criminales, para que en este país los ciudadanos no sientan la necesidad de armarse para autodefenderse cuando sus gobiernos los han dejado solos frente al crimen del cual son víctimas, en esta época de violencia imparable.