La violencia requiere respuesta política.

Arnoldo Cuellar.

Nos hemos acostumbrado a desacreditar a la política como la causante de todos los males. Los propios políticos contribuyen a ello cuando piden que las cosas, los temas o las reacciones a los temas “no se politicen”. En realidad, se refieren a que no se partidicen, lo que es completamente diferente.

En realidad, la política como concepto de organización social bajo la fórmula de una representación que conduce los esfuerzos de una comunidad, constituyó un avance cultural: fue la sustitución del conflicto y de la guerra como única vía para dirimir diferencias entre grupos humanos, llámense tribus, pueblos, razas o naciones.

Cuando las diferencias en un conglomerado social hacen estallar la convivencia pacífica y nos regresan a la confrontación, lo que está fallando es la política, bien por insuficiencia de quienes formalmente ejercen la representación, bien por una crisis que evidencia el agotamiento de las fórmulas de consenso y la necesidad de replantear los acuerdos de convivencia.

En México ese desacuerdo fundamental, por diferencias económicas, por el surgimiento de un poderoso crimen organizado que nutre sus activos en las mismas raíces de la desigualdad y la miseria que produce, es en definitiva una crisis de la política, de la que se hizo hace muchos años y de la que se sigue haciendo hasta la fecha.

Por eso, quienes se postulan para un cargo público tienen que tener una conciencia clara de que el trabajo que desempeñen, si reciben la responsabilidad que buscan, incide de forma directa en la continuidad, el empeoramiento o, eventualmente, en el freno de las condiciones que nos han conducido a la quiebra de las normas de convivencia relativamente pacífica en las que vivíamos hace no muchos años.

Si los políticos no quieren hablar de la inseguridad, mandar los mensajes oportunos para orientar y darle a la población esperanza, están fallando a una de sus responsabilidades fundamentales: la de ejercer un liderazgo moral.

Pero puede resultar aún peor: un político que sencillamente elija la actitud del avestruz en el tema de la violencia y la inseguridad, estaría mandando la señal de que no está atendiendo el tema, que lo está delegando, que no se mete a la cocina para “no quemarse”, como dijo en forma por demás desafortunada una de sus voceras para aludir a los casos de tortura que involucran a elementos policiales.

Hoy, en Guanajuato, la crisis de seguridad rebasa cualquiera otra situación de tensión social que hayamos vivido por lo menos desde la matanza del 2 de enero de 1946, que tuvo razones políticas e ideológicas y fue detonada por un descarado fraude electoral.

En circunstancias muy distintas, porque no parece haber conflictividad de ideas o de posiciones políticas, el baño de sangre que vive hoy Guanajuato, que no cede al paso de los meses y que muestra cada vez afectaciones mayores a la población civil con sus secuelas de terror y de vulneración de la tranquilidad y la paz a todos los niveles, nos está colocando en una situación de excepción.

Es el momento para que, desde la titularidad de los gobiernos, el del estado y los de los municipios, se muestra altura frente la complicada circunstancia. El reto de organizar las fuerzas del estado, de disponer de presupuesto suficiente, de evaluar la actitud y la eficiencia de los funcionarios a los que toca atender el conflicto, de hacer las negociaciones pertinentes con el Gobierno federal para unir fuerzas, es una asignatura totalmente política.

Reunir a los representantes de las distintas fuerzas partidistas para hablares de frente y con la verdad, establecer políticas de comunicación que apelen a la inteligencia y no a la propaganda simplona, tratar a los ciudadanos como adultos y no como menores de edad, serían respuestas elementales frente a la crisis.

Leo los trabajos de investigación de Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano en la revista y la Web de México Social, y me queda claro que estamos muy lejos de un Gobierno hablando con la verdad. Manipular las cifras de la inseguridad, sobre todo las de homicidios, con tan escasa técnica que surgen al instante todas las sospechas, no manda el mensaje de que se quiere afrontar un problema sino eludirlo.

Hace unas semanas pensábamos que la crisis no podía ser peor. Hoy vemos que nos equivocamos. Celaya se queda sin tortillas, el alimento básico de nuestra población, por las extorsiones desatadas; se suspenden misas por la inseguridad; las mujeres empresarias que normalmente no se confrontan con las autoridades, claman por el exceso de robos a negocios. Una ciudad mediana como San Francisco del Rincón vive una tarde de pesadilla con sicarios desplazándose y disparando arsenales completos contra policías y civiles.

Nadie puede y nadie quiere hacer leña con el árbol caído de nuestra tranquilidad. Pero hace falta que, desde la cúpula del estado, donde suponemos que tienen información confiable y donde se concentran los recursos públicos para hacer frente a esta amenaza, se actúe con una racionalidad incluyente y democrática.

Al final del día, la violencia y la inseguridad que nos han caído encima no afectan nada más la buena imagen y la marcha de los asuntos oficiales, afectan sobre todo a la gente de a pie, a los que no tienen círculos de protección ni autos blindados y que, pese al riesgo, necesitan salir diario a la calle por su sustento.