Jorge
Carrasco Araizaga.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador llegó a un arreglo con las constructoras de los siete gasoductos que,
anteriormente, calificó de “leoninos”.
De
acuerdo con fuentes extraoficiales, el presunto acuerdo permitirá a México, en
lo inmediato, ahorrar cerca de 100 millones de dólares, pero a la larga tendrá
un costo mayor que lo previsto en los contratos originales.
El
acuerdo, que se daría a conocer esta semana, establece la nivelación de los
precios de transporte del gas natural para pagar una tarifa promedio anual, así
como una extensión de cinco años de los contratos.
Con ambos
compromisos, el gobierno federal daría por superado el conflicto que comenzó
a inicios del año cuando el presidente López Obrador y el director de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, anunciaron que
buscarían renegociar los “contratos leoninos” firmados durante la
administración pasada para la construcción de siete gasoductos.
El
conflicto implicó a las empresas IEnova, TransCanada, Grupo Carso y Fermaca que
en conjunto contrataron con la CFE la construcción de más de tres mil 300
kilómetros de gasoductos para transportar gas de Estados Unidos a México.
El
argumento del gobierno federal para la renegociación fue que los contratos
obligaban al pago del servicio aun cuando el gas no se suministrara por causas
de fuerza mayor.
La
controversia se elevó al arbitraje internacional, al tiempo que se mantenía la
negociación en México.
En semanas
recientes, Carlos Slim, presidente del Grupo Carso, se reunió con López
Obrador en Palacio Nacional. La información indica que el propio presidente de
la República participó en las negociaciones.
Según la
versión extraoficial, el resultado del supuesto acuerdo significará el pago de
una mayor renta por los gasoductos al cabo de los contratos, que se prevé se
extiendan de 30 a 35 años.
Las
nuevas tarifas se fijarán en un promedio anual durante toda la duración del
contrato, con el compromiso de las empresas de descontar entre un cinco y un
diez por ciento de ese promedio. En el contrato original se establecía un
aumento consecutivo anual de las tarifas.
Una
estimación que se hizo durante las negociaciones fue con el gasoducto
Guaymas-El Oro, construido por IEnova. En ese caso, el promedio de la tarifa
anual es de 30 centavos por transporte de metro cúbico de gas. Con la
renegociación, al aplicarle un descuento de entre el cinco y el 10 por ciento,
llegaría a una tarifa nivelada de alrededor de 28 centavos para todos los años
del contrato.
Para el
gobierno, la renegociación implicaría un ahorro de 93 millones de dólares en
valor nominal, pero compromete un mayor pago para los siguientes gobiernos,
dijeron las fuentes consultadas.
Bajo esta
fórmula, el gobierno mexicano tendría que pagar 102 millones de dólares
adicionales de lo originalmente acordado. En una estimación a valor presente,
el pago adicional sería de 43 millones de dólares adicionales.
La cifra
se eleva a casi 700 millones de dólares cuando se consideran los siete
gasoductos en los primeros 10 años y a 249 millones a valor presente,
precisaron.
La
ampliación de los contratos en cinco años prevista en el supuesto acuerdo
desestima que al menos a mediano plazo no se prevé la construcción de nuevas
centrales eléctricas para utilizar los gasoductos, ahora de por sí
subutilizados,
dijeron.
Durante una
conferencia de prensa en julio pasado, Bartlett aseguró que cuando asumió la CFE,
“se habían pagado ya 600 millones de dólares sin haber recibido una molécula de
gas”.
Las causas
de fuerza mayor establecidas en los contratos originales para no transportar
gas refieren a huelgas laborales ajenas a la empresa, guerras, conflictos
civiles y medidas u omisiones gubernamentales.
En el caso
del gasoducto Guaymas-El Oro, una comunidad yaqui que se sintió afectada
desenterró parte de la infraestructura, recordaron las fuentes.
Los otros
seis ductos son Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes, construidos por TransCanada;
Samalayuca-Sásabe, de Carso, que es la ampliación de un gasoducto que en el
tramo estadounidense participó como inversionista el presidente de Estados
Unidos (Proceso 2100); La Laguna-Aguascalientes y Villa de
Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, ambos de Fermaca Pipeline, y Sur de
Texas-Tuxpan, de IEnova.
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