32 quebraderos de cabeza.

Salvador Camarena.

En términos de violencia e impunidad, México es 32 quebraderos de cabeza. Cada entidad federativa, a cuál más, acusa graves pendientes.

Para quienes crean que Yucatán se salva de esa condición, basta revisar un reporte de México Evalúa que lo sitúa igual que a todos: puede que allá en la península haya menos delitos, pero 99% de esos crímenes no se castiga.

Reconstruir México en términos de seguridad supone, sin lugar a dudas, una estrategia nacional, pero ésta no debería suponer que en cada uno de los estados no se deban hacer esfuerzos particulares, específicos. Por ejemplo, en Nayarit.

La falta de Estado de derecho en Nayarit llegó a niveles dramáticos durante el sexenio del gobernador (es un decir) Roberto Sandoval, 2011-2017.

Dos trabajos periodísticos publicados esta semana le recordaron a los mexicanos que Nayarit ha sido un estado donde los criminales ocuparon los más altos espacios de poder.

El diario El País y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por separado, publicaron el lunes sendos reportajes sobre el esquema de despojo que establecieron, mediante detenciones ilegales, secuestros, tortura, desapariciones y asesinatos, el exfiscal Édgar Veytia y el exgobernador Roberto Sandoval.

MCCI y el diario español publicaron relatos de víctimas de Veytia y Sandoval. Los testimonios muestran la crudeza de un expolio sistémico operado por las autoridades estatales. Los casos se cuentan por centenares, centenares de familias que vieron a sus hijos o padres desaparecer a manos de policías que cotidianamente levantaban ciudadanos a fin de quitarles su patrimonio, ya fuera mediante amenazas o detenciones arbitrarias.

“El recuento de las desapariciones que llevan las organizaciones locales alcanza las 1,200 y la mayoría de los testimonios señalan hacia un mismo responsable: las autoridades del Estado en conjunto con el crimen organizado”, publicó El País. “La Fiscalía hacía supuestas detenciones, pero cuando las familias iban a la policía a preguntar, les respondían que allí no estaban (…) esas personas que habían sido detenidas aparecían dos o tres días después muertas en caminos o cosechas”.

Petronilo Díaz, actual fiscal de Nayarit y que hasta hace una semana no había querido hablar con la prensa, informó finalmente que hay once expedientes en contra del exgobernador Roberto Sandoval y 17 contra Veytia.

Esa cifra contrasta con los cientos de testimonios que a partir de que Veytia fuera detenido (marzo 2017) en Estados Unidos, y una vez que Sandoval saliera de la gubernatura, han sido recolectados por la Comisión de la Verdad que para este caso se constituyó en Nayarit.

MCCI pudo constatar que en “21 de los 25 casos llevados (por la Comisión de la Verdad) ante la Fiscalía, el exgobernador Sandoval figura como el principal señalado por despojos. Algo similar sucede con Veytia: su nombre junto al de los policías sin rostro fueron acusados en 18 de esos expedientes, aunque a ellos también los responsabilizaron de torturas”.

El horror en que hemos vivido prácticamente todo el siglo XXI en México ha provocado, entre otras cosas, que la temática de reportajes como los aquí reseñados suenen ordinarios, normales: un gobernador y un exfiscal coludidos, según las denuncias, para robar, desaparecer, matar a quienes debían cuidar y proteger. Una historia “común”, tan macabra como repugnante en términos humanos y democráticos.

La inseguridad en México es un quebradero de cabeza compuesto, a su vez, por 32 quebraderos de cabeza.

Para construir la paz debemos reparar el sufrimiento y el daño que autoridades como las de Nayarit han infligido. Uno de los caminos es con comisiones de la verdad, espacios para que las víctimas de cada comunidad encuentren las condiciones de confianza para denunciar que, por obvias razones, las instituciones hoy no inspiran.

Porque si no se repara de fondo la justicia, ocurrirá como en Nayarit, donde a pesar de que se fueron unos delincuentes, “el mecanismo de extorsiones y despojos impuesto por Veytia no ha dejado de funcionar”, según denuncia El País, quien al citar a Santiago Pérez, presidente del colectivo Familias Unidas, advierte: “se calmaron las balaceras pero sigue habiendo ejecuciones y levantones, y se lo siguen atribuyendo a gente armada en vehículos de la Fiscalía”.

32 quebraderos de cabeza, huesos, patrimonio, de felicidad, de futuro.