El
extractivismo es el proceso de extracción de recursos naturales de la Tierra
para vender en el mercado mundial.
Los riesgos
de la minería en México; “no todo lo que brilla es desarrollo”: Fundar.
Por Luis
Alonso Pérez.
La
llegada de una nueva administración federal abre una posibilidad para corregir
los riesgos e impactos negativos que la industria extractivista genera en la
sociedad, el medio ambiente y los recursos naturales en México.
El anuario
2018 de las actividades extractivas en México publicado por el centro de
análisis e investigación Fundar, titulado “Los desafíos para la Cuarta
Transformación”, revelan las consecuencias que ha traído la Reforma
Energética de Enrique Peña Nieto.
También hace
un llamado a la reflexión al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para dar
un viraje y lograr prácticas más limpias, justas y seguras en la industria de
la extracción de minerales e hidrocarburos.
“El gran
reto para este nuevo gobierno será promover una industria extractiva garante de
derechos, que proteja efectivamente el ambiente, y que fomente un desarrollo
participativo de las comunidades para que ellas puedan gestionar su
territorio”.
En
entrevista para Aristegui en Vivo, la directora ejecutiva de Fundar, Haydeé
Pérez Garrido, sostuvo que “para nadie es un secreto que estas actividades, que
se llevan a cabo a partir de megaproyectos, dejan muchos impactos sociales,
culturales, ambientales, y no necesariamente para pueblos y comunidades a nivel
local, sino que es riqueza que se va hacia las grandes empresas mexicanas y, en
muchas ocasiones, extranjeras”.
Veneno para
humanos y medio ambiente.
El reporte
de Fundar establece que los impactos sobre el medio ambiente, así como a los
derechos humanos de las comunidades y pueblos originarios situados alrededor de
proyectos extractivos, tanto de minerales como de hidrocarburos, siempre han
quedado al margen de las prioridades del gobierno.
“Es un
desafío para el nuevo gobierno entender cómo se puede contribuir de alguna
manera a que la sociedad mexicana encuentre en este sector una oportunidad para
obtener beneficios económicos y sociales, así, ampliar el desarrollo de su
propia felicidad y dignidad, en un ambiente garante de derechos”.
Sonora,
Durango y Zacatecas son estados donde se han establecido la mitad de los
proyectos mineros del país, muchos de ellos a cielo abierto. Durante esta
actividad se generan contaminantes que son absorbidos por animales y seres
humanos, generando impactos para su salud.
Estos van
desde los polvos tóxicos que contienen metales pesados, hasta los residuos
químicos que contienen cianuro, mercurio o ácido sulfúrico y que pueden
filtrarse y contaminar fuentes de agua superficiales y pozos.
El anuario también
destaca la devastación que generan los procesos de excavación, que cuentan con
un tiempo de vida útil de entre cinco y 12 años, y que una vez agotados dejan
“el territorio completamente destruido y contaminado”.
“Es
necesario reconocer esta problemática y comenzar a sistematizar todos los
impactos para entender que la extracción minera a cielo abierto es por demás
lesiva al desarrollo humano, no sustentable e injusta socialmente, por la
desigualdad entre costos y beneficios”, propone Fundar.
Fracking, el
riesgo que ya está aquí.
A pesar de
que en campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió que, de llegar a la
Presidencia, prohibiría la técnica de extracción de combustible a través de la
técnica de fractura hidráulica, o fracking, por los riesgos y la contaminación
que genera, y que lo ha corroborado en varios discursos posteriores a su
triunfo, esta práctica de extracción no solo continúa la inercia establecida
por Enrique Peña Nieto, sino que recibe miles de millones de pesos del
presupuesto federal.
“Esta
asignación de presupuesto para fracking es responsabilidad del nuevo gobierno
que presentó su Paquete Económico 2019 a la Cámara de Diputados, diseñado de
manera concurrente entre un equipo del gobierno de Peña Nieto y un equipo del
entonces gobierno de transición de Andrés Manuel López Obrador”, denuncia el anuario de Fundar.
El documento
destaca los efectos negativos que genera el fracking sobre “el agua, aire,
suelo, subsuelo, tierras de cultivo y pastura, biodiversidad, salud y
condiciones de vida de las personas”, además de que “ocasiona impactos
ambientales irremediables y severas afectaciones sociales que conducen a
violaciones de derechos humanos de las generaciones presentes y futuras”.
El informe documenta
cómo durante la Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH), celebrada el pasado 11 de febrero de 2019, fue aprobada
una resolución para la modificación de cuatro Planes de Exploración presentados
por Pemex Exploración y Producción, que incluye autorizar el uso de fractura
hidráulica.
Durante la
sesión el Comisionado de la CNH, Gaspar Franco Hernández aclaró que el marco
legal vigente permite que se otorguen autorizaciones para el fracking, por lo
que Fundar recomienda una revisión de las leyes aprobadas durante la Reforma
Energética de Peña Nieto.
“El
fracking no es un temor que tenemos que tener a futuro, se realiza actualmente
y se le ponen recursos del Presupuesto de la Federación a la exploración en
aguas profundas y vemos también la posibilidad de que esto avance a partir de
revisar el plan de negocios de Pemex”, advirtió Haydeé Pérez Garrido.
Industria en
la opacidad.
Una
práctica negativa detectada por Fundar en prácticamente todos los ámbitos de la
industria extractiva es la opacidad. Desde la falta de acceso público a los
contratos, concesiones y permisos concedidos por el Gobierno Federal, y a los
reportes sobre los daños al medio ambiente, hasta la escasa transparencia en la
aplicación de recursos federales destinados para el desarrollo de las
comunidades donde se realizan estas actividades como el Fondo para las
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos y el Fondo
Minero.
“Lo que
nosotros vemos es que no se han utilizado de manera adecuada, no están llegando
a donde tienen que llegar, y las comunidades no están participando para decidir
exactamente qué hacer con esos recursos”, sostuvo Pérez Garrido.
Tampoco
existe suficiente información sobre resultados de la Reforma Energética que
permitan constatar en qué medida se han logrado -si es que se han logrado- los
beneficios sociales y económicos prometidos por la pasada administración.
Reforma
Energética, los beneficios que no llegaron.
El reporte destaca
que, aunque la explotación del petróleo representa el 19 por ciento de los
ingresos del sector público, la producción cayó un 30 por ciento durante el
sexenio de Peña Nieto, siendo que la Reforma Energética prometía aumentar la
producción a través de alianzas y concesiones con empresas privadas.
“Esto,
pese a la importante cantidad de nuevos contratos de exploración y extracción
de hidrocarburos otorgada por el gobierno a empresas privadas, que contribuyen
con una ínfima parte de la producción y los ingresos a nivel nacional”.
También recalca
cómo el gobierno de López Obrador ha incrementado los presupuestos de Pemex y
de la Secretaría de Energía, con el fin de regresar los niveles de producción a
los de 2013, y apuesta a proyectos como la refinería de Dos Bocas, Tabasco,
basándose en la explotación de yacimientos cada vez más escasos.
Fundar también
argumenta que el discurso de que la minería es una gran generadora de empleos y
motor de desarrollo local es un mito, pues contribuyen “con aportes mínimos a
las cifras de empleo nacional y son superadas, por mucho, por otros sectores
económicos”.
Es
también un sector con un alto porcentaje de empleos que operan bajo la figura
de outsourcing, “estos trabajos son de alto riesgo y es frecuente que el
personal carezca de seguridad social y prestaciones básicas otorgadas por las
empresas mineras”,
señala el informe.
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