Por Claudia
Villegas.
Sin una reforma fiscal de fondo y frente a la
advertencia del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de incrementar la
fiscalización de impuestos no pagados, la respuesta de los grandes empresarios,
además de buscar apoyos tributarios, fue pedir a la autoridad que los
micronegocios paguen impuestos en tiempo y forma.
A principios
de marzo llegó a las oficinas del SAT una propuesta para fiscalizar y
regularizar a las tiendas de abarrotes de todo el país, a casi 1 millón de
micronegocios que pertenecen al subsector del comercio al menudeo dedicado a la
venta de alimentos y bebidas.
La idea provino
de uno de los representantes de las grandes empresas que venden a estos
negocios bebidas carbonatadas a gran escala. A principios de marzo, en la
oficina del SAT, el ejecutivo y representante de uno de los organismos cúpula
más importante del sector privado fue notificado, por primera vez, sobre la
decisión del gobierno federal de ejercer la fiscalización efectiva entre grandes
contribuyentes, para recuperar deudas fiscales por al menos 50 mil millones de
pesos.
Como
respuesta a la advertencia del SAT, el representante de la iniciativa
privada decidió exponer otra propuesta: el plan para cobrar impuestos a las
pequeñas tiendas de abarrotes que operan en el país. El ejecutivo explicó que
aumentar la base de recaudación fiscalizando de manera efectiva a estos
pequeños negocios significaría “un logro y un buen resultado para la autoridad
tributaria del país, porque se aumentaría la base de contribuyentes de una
manera muy rápida”, de acuerdo con la información a la que este semanario tuvo
acceso. Dos ejecutivos que estuvieron al tanto del encuentro confirmaron la
propuesta al SAT.
El
representante del sector privado buscó, además, fortalecer su oferta ante
los funcionarios del SAT al asegurar que, como proveedores de estos
micronegocios, los grandes empresarios podrían proporcionar bases de datos de
sus clientes y hasta utilizar su fuerza logística para entregar comunicados y avisos
de la autoridad tributaria.
El sector
de tiendas de abarrotes –en el que no se incluyen las cadenas de minisupermercados, como OXXO,
del Grupo Femsa– reporta una producción bruta de 60 mil 600 millones de
pesos, de acuerdo con los datos más recientes del Inegi. Las tiendas de abarrotes
emplean a más de 1.9 millones de personas, 26.1% del total de los trabajos que
ofrece el sector comercio del país, y sólo 10% se consideran negocios formales.
Así compiten
con el negocio de las tiendas de conveniencia. Un estudio del Inegi
establece que mientras las tiendas de abarrotes sólo crecieron 1.5% en el
periodo 2008-2013, los minisu-permercados, con OXXO a la cabeza, tuvieron un
incremento de 84% y casi alcanzan los 52 mil millones de pesos para su
producción bruta total, el valor de todos sus bienes y servicios hasta 2013.
La
propuesta del sector privado para fiscalizar a las tiendas de abarrotes NO
prosperó, de acuerdo con información de un alto funcionario hacendario. En la
jefatura del SAT sólo se agradeció la propuesta a los empresarios. Para
entonces, la ruta de la recaudación para grandes deudores ya estaba marcada.
El SAT
buscaba cobrar 50 mil millones de pesos a un grupo de 15 empresarios y sus
compañías con deudas ante la autoridad tributaria desde hace cinco años, aunque
los registros de la autoridad dan cuenta de irregularidades desde 2010. Algunos
de esos deudores, confirmó Proceso, provienen precisamente del sector de
autoservicios.
Eduardo
Daniel Contreras, presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño,
reconoció que si bien el sector de las tiendas de abarrotes se caracteriza por
su economía de subsistencia, por lo cual muchas de ellas no logran pagar el
monto de impuestos que deberían, se trata de uno los rubros que más empleos
genera en la Ciudad de México.
“Sabemos
que algunas no pagan impuestos, pero no es porque se nieguen, sino porque no
pueden. Van al día con generación de flujo que muchas veces no supera los 20
mil pesos mensuales”,
dice Contreras.
En la
Ciudad de México operaban, antes de la pandemia, al menos 15 mil pequeñas
tiendas que son, sin embargo, grandes clientes de firmas como Coca-Cola, Bimbo
o las empresas cerveceras. A través del Régimen de Incorporación Fiscal, un
esquema simplificado para el pago de impuestos, se buscó incrementar el cobro en
este sector, pero los costos y la necesidad de sostener el empleo les ha
impedido continuar con su proceso de formalidad.
Ahora,
frente a las críticas del Consejo Coordinador Empresarial al gobierno federal y
a la Secretaría de Hacienda –ante la decisión de no decretar un rescate de
mayores dimensiones vía estímulos fiscales o contratación de deuda pública–, el
presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya tienen promesas de pago
de ese grupo de deudores que detectó el SAT, por 15 mil millones de pesos, que
formarán parte de los recursos para hacer frente a la contingencia sanitaria.
No son los impuestos de los pequeños negocios los que le interesan al SAT.
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