viernes, 29 de mayo de 2020

El INE aplaza fecha para determinar la formación de nuevos partidos.


El INE aplaza fecha para determinar la formación de nuevos ...

Por Rodrigo Vera.

 Debido a la actual emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus, se aplazó la fecha para determinar la formación de los nuevos partidos políticos nacionales, que estaba programada para el próximo 1 de julio, informó hoy el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

“El próximo primero de julio no estará en condiciones este Consejo General (del INE) para determinar si habrá nuevos partidos políticos en el sistema de partidos mexicanos”, anunció Córdova.

Y aclaró que todavía no están constituidas como partido político ninguna de las siete organizaciones que actualmente piden su registro como partido, por lo que, consecuentemente, no pueden “tener acceso a las prerrogativas que la ley otorga a los partidos políticos nacionales”.

La ampliación del plazo, dijo, es justamente para revisar minuciosamente los requisitos que entregaron estas siete organizaciones, revisión que se ha visto entorpecida por el covid-19.

El aplazamiento, para garantizar el proceso.

“Este aplazamiento del proceso de registro tiene la finalidad de garantizar, tanto la revisión pormenorizada de cada requisito y peso ejercido en el proceso de conformación de estos partidos, como los derechos de quienes aspiran a integrar el sistema de partidos mexicanos”, agregó.

Y recalcó que el INE tiene que realizar, “con todo detalle y exhaustividad, la revisión de los requisitos establecidos en la legislación, para que las organizaciones que se incorporen a la vida democrática nacional lo hayan hecho y lo hagan con estricto apego a la ley”.

Detalló que hay “tres grandes procedimientos que todavía no han podido concluirse y que se han visto interrumpidos por la emergencia sanitaria”.

El primero, dijo, es la verificación de validez de los registros de afiliados de estas organizaciones; el segundo, comprobar que ninguna de ellas haya cometido actos prohibidos en sus asambleas; y el tercero, la fiscalización de sus ingresos y egresos, para determinar si no han recurrido a “fuentes ilegales de financiamiento”.

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