Por Mathieu
Tourliere.
El penal
de Papantla estaba contemplado como el de “supermáxima seguridad”. Sería la
obra cumbre del proyecto carcelario que ideó el exsecretario de Seguridad
Pública Genaro García Luna, y que tuvo luego el aval del gobierno de Peña
Nieto; un modelo
de asociación pública-privada en el que se entretejen intereses de
exfuncionarios y empresarios y en el que hay demoras en los plazos de entrega y
sobreprecios millonarios.
El 22 de junio de 2018, mientras toda la atención, energía y
pasión de la sociedad mexicana estaban enfocadas en el inminente “día D” de las
elecciones presidenciales, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó un
contrato por un monto estimado de 3 mil 959 millones de pesos para concluir la
construcción de la cárcel de “supermáxima seguridad” de Papantla, Veracruz, y
operarla hasta 2042.
La
beneficiaria es Grupo Lauman, dirigida por Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez,
también dueño del periódico El Financiero.
En el
consejo de administración de la empresa contratista figura Jaime Domingo
López Buitrón, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen) en el último año del gobierno de Vicente Fox, y quien repitió en el
cargo entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012, al final de la
administración de Felipe Calderón.
Con esta
asignación otorgada por adjudicación directa –es decir, sin pasar por un proceso de licitación
pública–, el gobierno de Peña Nieto dio luz verde al proyecto carcelario de
Genaro García Luna, el inamovible titular de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) de Calderón, que convirtió el sistema carcelario en un gran negocio
privado.
El proyecto,
copiado del modelo estadunidense y aterrizado por Protego Asesores –empresa
del exsecretario de Hacienda de Carlos Salinas, Pedro Aspe Armella–, consistió
en construir nuevos Centros Federales de Readaptación Social y concesionar
aspectos de su gestión a empresas durante 20 años, por un costo final que
rebasará los 219 mil millones de pesos.
En el
esquema de renovación del sistema penitenciario ideado por el “superpolicía” de
Calderón, el penal
de Papantla tenía un lugar especial, pues a diferencia de los otros ocho
ceferesos, cuya construcción se subrogó a privados mediante contratos de prestación
de servicios, este complejo de 28.1 hectáreas, que prevé 2 mil 160 celdas de
niveles de mediana, máxima y “súper máxima” seguridad, se gestiona bajo un
esquema de asociación público-privada (APP).
El
mencionado contrato de APP, con duración de 22 años, fue adjudicado por la
extinta Comisión Nacional de Seguridad, que dependía de la Secretaría de
Gobernación, entonces encabezada por Alfonso Navarrete Prida, a una empresa ad hoc llamada
Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, SA de CV, cuyos socios son
Comtelsat y Grupo Lauman Holdings, ambas propiedades de Arroyo Rodríguez.
El acta
constitutiva de Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, cuya copia
tiene Proceso, muestra que fue incorporada el 11 de junio de 2018 y tiene
como presidente al abogado José Enrique Uruñuela López, quien antes de entrar a
Grupo Lauman trabajó con el despacho Ramos, Ripoll & Schulster y previo a
ello fue director jurídico de Grupo Dragón, la empresa energética de Grupo
Salinas, de Ricardo Salinas Pliego.
El
contrato plantea el inicio de las obras en julio de 2019 para que el penal esté
terminado en noviembre de 2020. Además de la construcción, la empresa equipará
el recinto carcelario con “tecnologías de última generación”, así como con
“vehículos, equipo y mobiliario”, y proveerá diversos servicios, como el
mantenimiento del centro de control, la alimentación y la salud. También
prestará un “Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria de acuerdo a los estándares
pactados”, cuyos
detalles son confidenciales.
Consultado
por Proceso, Navarrete Prida –quien encabezó la Segob entre enero y diciembre
de 2018– dice que no tiene claro este contrato, “porque los temas de penales se
manejaban en un órgano desconcentrado”, en referencia al Órgano Administrativo
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
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