Por
Redacción / Sin Embargo.
En la
gestión de Luis Raúl González Pérez, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) adjudicó de manera directa más de MIL CONTRATOS, que lo mismo
sirvieron para adquirir gorras y camisetas que pagar diplomados, congresos o
servicios de remodelación de oficinas. Además, retribuir a “asesores” con
cientos de miles de pesos –entre ellos, periodistas, analistas y abogados, como
Rafael Cardona, José Luis Trujillo y Pedro Arturo Aguirre Ramírez–, por
actividades que ya cubría el personal del servicio profesional de carrera.
Fueron 5 años
también de contratos discrecionales a empresas que no cuentan con páginas de
Internet ni tienen registro de trabajos anteriores o posteriores a los
realizados para la CNDH. Además, de sueldos mensuales de los funcionarios por
cientos de miles que, en algunos casos, llegaron casi a los 400 mil pesos.
De 2016 a
2019, los últimos 4 años que estuvo encabezada por Luis Raúl González Pérez,
la CNDH adjudicó de manera directa 1 mil 128 contratos por 302 millones 439 mil
872.11 pesos, de acuerdo con información obtenida de la Plataforma Nacional de
Transparencia. Es decir, adquirió bienes y servicios que no pasaron por
licitaciones públicas ni concursos con al menos tres participantes. Se
otorgaron de manera discrecional, aunque la mayoría no cumpliera con los requisitos
establecidos por la ley.
Desde el 9
de enero pasado, González Pérez coordinada el Programa Universitario de
Derechos Humanos, por designación directa del rector de la UNAM, Enrique Graue
Wiechers.
Gran parte de
las 1 mil 128 adjudicaciones directas fueron solicitadas por el área de
comunicación social: la Coordinación General de Comunicación y Proyectos, de
2014 a 2016, renombrada Dirección General de Comunicación de 2016 a la fecha.
De manera
discrecional, la CNDH contrató incluso a columnistas, articulistas y
académicos como “asesores” y personal “de apoyo”.
Luis Raúl
González Pérez llegó al cargo el 15 de noviembre de 2014. Para diciembre de ese
año, la entonces Coordinación General de Comunicación y Proyectos ya se
despachaba con altos sueldos y contratos millonarios a discreción.
El primer
responsable de comunicación de la gestión de González Pérez fue Néstor Enrique
Martínez Cristo, quien había sido jefe de prensa del Senado de la República, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), el entonces Instituto Federal Electoral, la Secretaría de
Turismo y el Banco Nacional de Comercio Exterior. Actualmente funge, desde el
15 de enero de 2016, en una segunda época, como director general de
Comunicación Social de la UNAM.
Oficialmente,
Néstor Martínez Cristo fue designado coordinador general de Comunicación y
Proyectos por González Pérez el 7 de enero de 2015. De acuerdo con un documento
de la Oficialía Mayor de la CNDH, elaborado como respuesta a la solicitud de
información 3510000096619, las percepciones brutas de Martínez Cristo entre
enero y marzo de ese año sumaron 583 mil 580.96 pesos.
Además, recibió
por concepto de “gastos de alimentación” 17 mil 14 pesos entre enero y abril de
2015. La información se desprende del oficio 544/CNDH/OM/DGF/2019,
elaborado por la Oficialía Mayor para integrar la respuesta a la solicitud de
información señalada.
Las
percepciones brutas de los integrantes de ese primer equipo encabezado por el
hoy funcionario de la UNAM no se quedaron atrás. Incluso Saúl Alberto López
Lavín, hijo del académico Froylán López Narváez, cobró 393 mil 443.58 pesos
sólo por el mes de diciembre de 2014. Ya antes se había desempañado como
encargado de la Coordinación y en ese momento fungía director general adjunto.
El entonces director adjunto de Información, Miguel Ángel Paredes Ramos,
percibió 356 mil 190.23 entre enero y marzo de 2015.
Se
contrataron los servicios de otras personas externas a la institución, cuando
la oficina de Comunicación Social contaba con una estructura del servicio
profesional de carrera para los trabajos requeridos.
Por el
desarrollo de una “campaña institucional para medios masivos de comunicación”
se pagaron 348 mil 840 pesos a Juan Eduardo Báez González, de acuerdo con la orden de servicio
032.
Ese mismo
año, a solicitud de la misma oficina de comunicación, se le pagaron 885 mil
333.33 pesos al articulista Pedro Arturo Aguirre Ramírez por “apoyo, análisis y
seguimiento a entrevistas y comunicados de prensa”. Para ello se celebró el
contrato CNDH-CONT-HON004-2015.
Aguirre
Ramírez es impulsor, junto con el exrector de la UNAM José Narro y el
excandidato a la Presidencia de la República Gabriel Quadri, del partido
político Futuro 21.
En uno de sus artículos propone la organización política que se gesta debe
“defender vigorosamente el principio de que los derechos son de las personas,
de los individuos y no de los colectivos o las comunidades” (sic).
Marco
Antonio Ponce de León Aguilar cobró 460 mil 697.44 pesos, de acuerdo con el
contrato CNDH-CONT-HON-014-2015, por “apoyo en entrevistas, así como en su
transcripción para la preparación de boletines de prensa que realiza la
Dirección Adjunta de Información”.
María
Fernanda González Montiel recibió, por “apoyo en la atención informativa de fin
de semana, días festivos y cobertura de vacaciones”, 146 mil 953.20 pesos (contrato CNDH-CONT-HON-008-2015).
A Gabriel
Méndez Ramírez se le pagaron 100 mil pesos por concepto de “apoyo en la
preparación de la carpeta informativa y en entrega de la mensajería interna y
externa”, según el
contrato CNDH-CONT-HON-012-2015.
Tan sólo
a estas últimas cuatro personas la Dirección General de Comunicación les pagó un monto
conjunto de 1 millón 492 mil 983.53 pesos.
Pero los
pagos para “comunicación” y “asesorías” externas también salieron de los
recursos que ejerció directamente la presidencia de la CNDH. En ese mismo año,
se le pagó a José Luis Trujillo Sotelo 702 mil 666.67 pesos por concepto de
“apoyo en la recopilación de información de casos sensibles sobre violación a
los derechos humanos-asunto caso Iguala” (sic), de acuerdo con el contrato
CNDH-CONT-HON-019-2015.
José Luis
Trujillo Sotelo es académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales
(Inacipe) y exfuncionario de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno de
Guerrero.
Además, se
le pagaron 693 mil 333.33 pesos al académico de la Universidad de Guadalajara
Arturo Villarreal Palos, por “apoyo a los asuntos jurídicos de la Presidencia”,
según el contrato CNDH-CONT-HON-020-2015.
Al
columnista Rafael María de la Cruz Cardona Sandoval, conocido como Rafael
Cardona, se le pagaron 419 mil 141.37 pesos bajo el contrato CNDH-CONT-HON-016-2015. El
motivo: “apoyo al presidente [González Pérez] en temas periodísticos y de
comunicación social”.
Este
mismo pago a Rafael Cardona se le hizo año con año mientras González Pérez estuvo
al frente de la CNDH. Cardona acumuló 2 millones 613 mil 424.11 pesos. En su columna “El Cristalazo”, el
periodista defiende de manera recurrente a sus antiguos empleadores y critica a
la nueva gestión de la CNDH que le parece “incompetente”.
Por
“apoyo informático en los temas relacionados con el Asunto Caso Iguala”, se le
pagaron 240 mil 725.48 pesos a Carlos Antonio Gutiérrez Sánchez, bajo el contrato
CNDH-CONT-HON-009-2015.
Y Carlos
María Felipe Bustamante y Villanueva recibió, según el contrato
CNDH-CONT-HON-003-2015, 236 mil pesos por concepto de “apoyo en la
elaboración de documentos e informes para la Presidencia” (a cargo de Luis
Raúl González Pérez).
En ese
primer año de González Pérez al frente de la CNDH, y con Néstor Martínez en la
Coordinación General de Comunicación y Proyectos, se adjudicaron de manera
directa 3 millones 635 mil 896.09 pesos sólo a nueve personas morales y tres
personas físicas.
Desde
2015, el área de comunicación social tuvo total libertad para asignar de manera
directa contratos sin que pasaran por proceso de licitación alguna. Destaca en
ese año el pago de 728 mil 448.39 pesos a la agencia Viajes México Amigo, SA de
CV, por “servicios de escenografía y el equipo necesario para la proyección de
un video para el informe de actividades 2014, así como también circuito
cerrado, transmisión web en la página de la CNDH y grabación del evento” (sic, contrato 026-15).
Además, la
contratación de Cinco M Dos, SA de CV, por 826 mil 622.96 pesos, por el
“servicio de espacios publicitarios para la exhibición de mensajes en medios
complementarios de comunicación”. Se trata del contrato 040-15 y la orden
de servicio modificatoria 004.
Asimismo, el
pago de 300 mil pesos a Comercializadora de Medios Impresos Aguilar, SA de CV,
para el “servicio de suministro y consulta de periódicos y/o revistas, Diario
Oficial de la Federación para la elaboración de síntesis informativa” (sic,
orden de servicio 007 y orden de trabajo modificatoria 001).
Pagó también
13 mil 807.94 pesos a Latin Stock de México, SA de CV. Según la orden de
trabajo 040, adquirió el “servicio para descargar imágenes de alta resolución”.
A la agencia
Cocomkt Digistal, SA de CV, se la pagaron 194 mil 880 para el desarrollo de
estrategia, diseño e implementación de una campaña digital, según la orden
de servicio 015.
También por
adjudicación directa, la CNDH contrató –a petición de su Coordinación General
de Comunicaciones y Proyectos– a Linterna de Hidrógeno, SA de CV, del
empresario cultural Luis Cabrera. Le pagó 348 mil pesos por un spot de 30
segundos. La empresa sería beneficiada con otra asignación directa en años
posteriores y ganaría procesos de licitación pública y concursos de invitación
a cuando menos tres personas.
A Versión
Final, SA de CV, se le pagaron 70 mil pesos, según la orden de trabajo 073, por
la producción de cápsulas informativas de audio.
Fluxus,
SA de CV, recibió 290 mil pesos por el desarrollo de cápsulas informativas de
audio, de acuerdo
con la orden de trabajo 043.
Según la
orden de servicio 044, se contrató al escritor Héctor Avélica Leyva por 237
mil 800 pesos para la producción de una radionovela.
Asimismo, se
pagó un monto por 54 mil 498.80 pesos a Miguel Ángel Solís Yáñez por el
servicio de impresión de 20 fotografías en papel Gligee (orden de trabajo
103).
JESÚS
RAMÍREZ, MÁS GASTOS DISCRECIONALES.
El 26 de
enero de 2016, Jesús Ramírez López tomó posesión de la Coordinación General de
Comunicación y Proyectos, en sustitución de Néstor Martínez, quien se fue a la
UNAM como director general de Comunicación Social. Los contratos discrecionales se
multiplicaron, tanto las adjudicaciones directas a empresas como los servicios
profesionales que podría haber realizado la estructura de la CNDH.
Él mismo fue
beneficiario de un contrato de prestación de servicios profesionales por
honorarios asimilables a salarios, con lo que vio incrementado su sueldo
formal. De manera oficial, Jesús Ramírez López percibió en 2016 un sueldo
mensual bruto de 167 mil 751.95 pesos. Pero a principios de año firmó el
contrato CNDH-CONT-HON-014-2016 por “servicios profesionales”. La Comisión se
comprometió a pagarle 45 mil 900 pesos de manera adicional cada mes. Es decir,
las percepciones reales de Ramírez López (sin contar bonos, seguros y dietas)
ascendieron a 213 mil 651.95 pesos mensuales.
Jesús
Ramírez López se había desempeñado ya como director de Información de la CNDH
en 1996. Después fue director general Información, Documentación y Relaciones
Públicas en la Subprocuraduría Especial para la Investigación del
Esclarecimiento del Asesinato de Luis Donaldo Colosio de la Procuraduría
General de la República. Desempeñó ese cargo entre 1996 y el año 2000. Pasó
después a la Dirección de Comunicación Social del Gobierno de Hidalgo. Fue el
titular de esta oficina de 2007 a 2008.
Finalmente,
antes de regresar a la CNDH, estuvo al frente de la Dirección Nacional de
Comunicación Social de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(2010-2015). Cumplía 20 años en oficinas de comunicación social al sustituir a
Néstor Martínez en la CNDH.
La
Coordinación General de Comunicación y Proyectos solicitó la contratación de
“servicios para la realización de un paquete de materiales de difusión para
redes sociales”. Entregó 174 mil pesos a Aidee Isabel Reyes Martínez por un mes
de trabajo, según el contrato OS 73, adjudicado de manera directa y firmado el
6 de septiembre de 2016. Lo anterior a pesar de que Ramírez López había creado
en ese año una Subdirección de Redes que contaba con cuatro personas.
Pagó a
Publicidad Ferrer y Asociados, SA de CV, 344 mil 997.60 pesos por un
“diagnóstico, análisis, propuesta e implementación de estrategia para el
posicionamiento de las plataformas digitales Facebook, Youtube e Instagram de
la CNDH entre los cibernautas”, según la orden de servicio OS 92.
Por
requerimiento de la Dirección General de Comunicación, la CNDH asignó a ISA
Corporativo, SA de CV, un contrato por 420 mil 129.55 pesos más el impuesto al
valor agregado (IVA). Es decir, 487 mil 350.27 pesos. El objeto del contrato
fue el “servicio de 13 espacios publicitarios en el sistema de transporte
colectivo Metro de la Ciudad de México […] para la exhibición de carteles de
gran formato” (sic).
El contrato
se firmó el 16 de diciembre de 2016, aunque los “servicios” iniciaron el 1 de
diciembre y se extendieron por los siguientes 30 días. Al final del documento
CNDH-CONT-061-16 aparecen las firmas de los entonces funcionarios de la CNDH
Manuel Martínez Beltrán, oficial mayor; Fernando Mendoza Elvira, drector
general de Recursos Materiales y Servicios Generales; Carolina Nava, directora
de Difusión (y administradora del contrato), y Rubén Francisco Pérez Sánchez,
coordinador general de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos. Por
la empresa firma su apoderado legal (y presidente del corporativo), Hugo Rafael
Camou Rodríguez.
Para 2017, celebró
un contrato con Ideas que Despegan, SRL de CV, por 1 millón 644 mil 500 pesos.
El objeto: “la elaboración de un análisis y diseño de estrategia de
comunicación de la CNDH”. La empresa no figura ni antes ni después de la
obtención de este contrato en algún otro proyecto o trabajo ni cuenta con
página de Internet.
En el
contrato CNDH-CONT-045-17 aparecen las firmas de los entonces funcionarios de
la CNDH Manuel Martínez Beltrán, oficial mayor; Jesús Ramírez López, director
general de Comunicación, y, entre otros, Carolina Nava Nava, directora de
Difusión. Por la empresa contratada, la del presidente de su Consejo de
Administración, Marco Antonio Colín Lamas.
También
celebró con Congresos, Convenciones & Eventos, SA de CV, un convenio
modificatorio (005-17) del contrato CNDH-CONT-013-17. Mediante este instrumento
la CNDH se obliga a pagarle a esta empresa un monto mínimo de 7 millones 241
mil 379.31 pesos y hasta un monto máximo de 18 millones 103 mil 448.30 pesos,
“cantidades a las que se les deberá agregar el impuesto al valor agregado”. Lo
que contrató la Comisión fue un “servicio integral para la organización de
eventos oficiales”.
La CNDH, a
petición de la Dirección General de Comunicación, contrató a Claudia Aurora
Vega Murrieta para el “mantenimiento preventivo y correctivo de chapas electromagnéticas,
puertas de acceso y sistema electrónico”. Le pagó 187 mil 920 pesos. La
orden de servicio OS 49 se firmó el 4 de abril de 2017.
José Luis
Ramos Rivera, exsubprocurador
en la Procuraduría General de la República y ex investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recibió 168 mil 200 pesos por “brindar
apoyo en la revisión de proyectos de recomendaciones y emisión de opiniones
sobre estudios legislativos en materia de derechos humanos”, según la orden
de servicio OS 73 firmada el 14 de julio de 2017.
De acuerdo
con el documento, los trabajos se realizaron entre el 17 de julio y el 15 de
diciembre de ese año. Por ellos, Ramos Rivera debió de entregar un informe cada
mes. De destacarse que la contratación por asignación directa se realizó a
petición de la Dirección General de Comunicación, que contaba con atribuciones
distintas a las de los servicios contratados.
José Luis
Ramos Rivera era viejo conocido de la CNDH, pues fungió como director interino
de la misma del 27 de noviembre de 1996 al 7 de enero de 1997. Su interinato
sirvió de puente entre las administraciones de Jorge Madrazo (14 de enero de
1993-26 de noviembre de 1996) y Mireille Roccatti (8 de enero de 1997-13 de
noviembre de 1999).
También la
CNDH pagó un diplomado por 22 mil pesos a la Secretaría Ejecutiva y a la Primera
Visitaduría. Según el contrato OT 51, el diplomado Políticas de Drogas,
Cooperación Internacional y Derechos Humanos tuvo lugar en el Instituto de
Investigaciones Doctor José María Luis Mora entre el 18 de agosto y el 28 de
octubre de 2017.
Asimismo, contrató
al columnista y abogado José Augusto Isla Estrada, quien por 40 mil pesos
impartió un “curso de análisis y elaboración de discursos” de 20 horas, del 21
al 25 de agosto. Se realizó en las instalaciones de la CNDH, según la orden
de trabajo 52.
Se
compraron 1 mil 500 playeras y 1 mil 500 gorras bordadas con el logotipo de la
CNDH por 191 mil 400 pesos. La adjudicación directa fue para Concepto
Empresarial V E&V Consultores, SC. Tales bienes fueron requeridos por la
Quinta Visitaduría,
según la orden de servicio 87 de ese 2017.
Pagó por
la traducción de un libro 149 mil 25 pesos, trabajo que se realizó en 15 días.
El contrato OS92 se firmó el 17 de noviembre de 2017. La obra a traducir del
inglés al español fue: Robin Hoover Ph.d, Creating Human Borders, editorial
Migrant Status, Inc.
Además, se
contrató de manera directa al abogado Manuel Generoso Becerra Ramírez, para
“apoyar en la elaboración de dictámenes de los trabajos que sean sometidos a
comité editorial para ser publicados”. Se le pagaron 27 mil 840 pesos.
La CNDH ejerció
sólo en 2018 un presupuesto de 28 millones de pesos en la oficina de
“comunicación social”. Contó con una plantilla de 70 personas, entre ellas
cinco reporteros y un motociclista como ayudante general. Jesús Ramírez López
percibió un sueldo bruto formal de 167 mil 751.95 pesos.
La CNDH pagó
22 mil pesos por un diplomado que se impartió del 18 de agosto al 28 de octubre
de 2018, según el contrato OT51. Los documentos suprimen los datos de la
persona moral que los otorgó y del funcionario beneficiado.
La CNDH aumentó
el pago al columnista Rafael Cardona por sus “servicios profesionales” a 452
mil 400 pesos. Según el contrato CNDH-CONT-HON-007-2018, el periodista
recibió los recursos a cambio de “apoyar al presidente [de la CNDH] en temas
periodísticos y de comunicación social”.
Las
adjudicaciones millonarias de manera directa continuaron hasta el año pasado.
Sólo entre el 1 de julio y el 27 de agosto, es decir, menos de 2 meses, se
asignaron directamente cinco contratos a cuatro personas morales y una física
por, en conjunto, 2 millones 272 mil 997.96 pesos.
Los
beneficiarios de estas adjudicaciones directas fueron ISA Corporativo, SA de
CV, con 754 mil pesos, por “servicios de espacios publicitarios” en estaciones
de los sistemas de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México,
Guadalajara y Monterrey (contrato CNDH-CONT-036-19); Agencia Digital, SA de CV,
con 467 mil 475.36 pesos, por difusión de un spot de 30 segundos en televisión
durante 2 meses (orden de servicio 068); Infraestructura Omega & Zion, SA
de CV, con 458 mil 256.84 pesos, por “producción de contenido audiovisual en
formato de cine digital” (orden de servicio 058).
También, a
Bertha María Carrasco Mahr, 245 mil 265.76 pesos por “servicio de impresión que
incluya montaje de materiales para el posicionamiento de la institución en
punto de contacto con la población, principalmente en áreas de atención al
público con son las sedes Jorge Carpizo, Héctor Fix Zamudio, Cenadeh, Picacho y
República de Cuba” (sic, orden de servicio 052).
La
Comercializadora de Medios Impresos Aguilar, como cada año, fue contratada por
proveer del “servicio de suministro y consulta de periódicos y/o revistas”.
Este último contrato directo obtenido por el favor de la oficina de Jesús
Ramírez López fue de 360 mil pesos.
Todos los
contratos fueron avalados por el entonces titular del Órgano Interno de Control
(OIC), Eduardo López Figueroa. Este abogado se mantuvo al frente del OIC mientras González
Pérez presidió la CNDH. No fue la primera ocasión en que ambos funcionarios
trabajaron juntos.
López
Figueroa ya había sido subordinado de González Pérez de 2008 a 2010. Ambos
laboraron en la Oficina del Abogado General de la UNAM. Mientras Luis Raúl González Pérez
era el titular de esa oficina, Eduardo López Figueroa fungía como jefe de
Unidad Jurídica.
Contralínea
solicitó entrevista con Luis Raúl González Pérez a través de la Dirección General de
Comunicación Social de la UNAM, institución a la que regresó como coordinador
del Programa Universitario de Derechos Humanos. El exombudsman nacional se
disculpó porque “por ahora no puede dar entrevistas sobre su gestión en la
CNDH”, pero que “ahí están sus informes”.
Este medio
de comunicación también solicitó entrevista con Néstor Martínez, actual
director general de Comunicación Social de la UNAM y quien se desempeñara como
coordinador de Comunicación y Proyectos de la CNDH de enero de 2015 a enero de
2016. El funcionario no aceptó la entrevista bajo el argumento de que “hoy ando
en otras tareas; le agradezco mucho”.
Por su parte,
Jesús Ramírez López, director general de Comunicación de la CNDH de enero 2016
a noviembre de 2019, no concedió la entrevista solicitada, pero envió a
Contralínea un escrito en el que asegura: “[…] toda la información relativa a
mi gestión se encuentra a detalle en los informes anuales y en el Informe de
Gestión de la CNDH, dichos documentos están en la página oficial del organismo
autónomo, así como en las auditorías internas y externas realizadas durante mi
periodo” (sic).
Contralínea
le especificó al exfuncionario que publicaría los contratos adjudicados de
manera directa que fueron solicitados por la Dirección de General de
Comunicación, a su cargo entre 2016 y 2019. Al respecto, Ramírez López
responsabilizó al Comité de Adquisiciones y Arrendamiento, principalmente a la
Oficialía Mayor, la Dirección de Recursos Materiales, al Órgano Interno de
Control y la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos
Jurídicos de haber aprobado lo que su oficina solicitó.
Señaló: “[…]
los contratos adjudicados y las adquisiciones por otras modalidades que
solicito? la Dirección General de Comunicación a mi cargo, fueron analizadas y
autorizadas por el Comité de Adquisiciones y Arrendamientos de la CNDH, que
integran, entre otras unidades administrativas, la persona titular de la
Oficialía Mayor y de la Dirección General de Recursos Materiales, así como
representantes del Órgano Interno del Control y de la Coordinación General de
Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos”.
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