Ricardo
Ravelo.
En amplias
entrevistas, concedidas primero al diario El País y luego a El Universal, el
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
Hacienda, Santiago Nieto, habló con variados detalles respecto del combate a
la corrupción, al crimen organizado y al lavado de dinero, tres flagelos que
han trastocado la vida del país.
El
funcionario dio pormenores de cómo han congelado miles de millones de pesos de
empresas que, por ejemplo, operan para los cárteles de Sinaloa y de Jalisco
Nueva Generación y que, directa o indirectamente, están relacionadas con las
operaciones financieras de Genaro García Luna y sus empresas.
De ahí
que haya surgido la necesidad –explicó– de que la UIF a su cargo proceda al
congelamiento de los bienes de quien fuera Secretario de Seguridad Pública en
el Gobierno de Felipe Calderón.
También le
congelaron cuentas a Ovidio Guzmán, el personaje de la trama de octubre de
2019, quien tiene una orden de captura pendiente con fines de extradición que
el Gobierno de México debe cumplimentar.
La
actividad de lavado de dinero, como lo explicó Santiago Nieto, no se había
combatido de manera tan frontal como ahora se hace. El funcionario expuso que
algunos grupos criminales, entre ellos el cártel Santa Rosa de Lima, que encabeza
José Antonio Yépez Ortiz –mejor conocido en el mundo del hampa como “El Marro”–
ha diversificado sus actividades criminales y el esquema de lavar sus
ganancias.
Comenzó
como amo y señor del “huachicol” –el robo de combustibles a Pemex en el Bajío–
y ahora, según Santiago Nieto, opera con una amplia red los secuestros y las
extorsiones, lo que le genera cuantiosas ganancias, cuyas pistas se siguen
puntualmente.
Alrededor
de “El Marro” hay muchas empresas relacionadas, de diversos giros, que lavan
esas ganancias ilegales.
Se trata
de la compañía “Nunvav, Inc”, propiedad de García Luna, la cual está ubicada en
Panamá –uno de los paraísos del lavado de dinero– y que recibió un pago de poco
más de 2 mil millones de pesos que, posteriormente, terminaron sosteniendo la
vida de lujo que García Luna se daba en Miami, a donde se fue a radicar al
concluir el Gobierno de Felipe Calderón.
De acuerdo
con las hipótesis de la UIF, esta empresa y otras que se investigan operó
como instrumento del desvío de recursos públicos y, también, como posible
receptora de los pagos que hacían los cárteles de la droga al propio García
Luna por los favores que recibían de parte del entonces poderoso funcionario
federal.
García Luna
fue capturado en el estado de Texas en diciembre de 2019. Desde entonces está
preso en Estados Unidos y se le acusa de haber dado protección al cártel de
Sinaloa a cambio de pagos multimillonarios. Según su exjefe, el expresidente
Felipe Calderón, él no sabía nada de los nexos de García Luna con el cártel de
Sinaloa. La postura de Calderón raya en el cinismo porque los órganos de
inteligencia del Gobierno –militares y fiscales –debieron conocer las
triangulaciones de dinero que, desde entonces, implicaban a García Luna y que,
por ser relevantes, resultaban inusuales.
En este
caso cabe cuestionar si todos los funcionarios estaban coludidos en un
propósito o en verdad no se daban cuenta. Es más lógico lo primero que lo
segundo. Como se afirma comúnmente, se les puede calificar de “corruptos”, pero
no de pendejos. O quizá también.
En una mesa
de discusión que sostuve con los periodistas Oswaldo Zavala, Víctor Ronquillo y
Julio Hernández, Zavala planteaba la tesis respecto de por qué ver a García
Luna como el funcionario que fue cooptado por el cártel de Sinaloa. Por qué no
verlo –añadió –desde otra perspectiva: que García Luna ya formaba parte del
cártel de Sinaloa desde tiempo atrás y simplemente es el mismo Gobierno la
entidad que forma parte del crimen organizado o es el crimen organizado.
Me
pareció buena la observación porque, desde esa perspectiva, el cártel de
Sinaloa directamente operó seis años la Secretaría de Seguridad Pública. De
esta forma –dijo Zavala– acabamos con el viejo cuento de que es el narcotráfico
el que se infiltra, coopta y corrompe a los funcionarios. Según él, esta es una
vieja película que contiene la narrativa que la DEA ha impuesto por años en
materia de crimen organizado y que no ha servido más que para justificar la
militarización contra el problema de la corrupción criminal y el narcotráfico.
Sin embargo,
el titular de la UIF, Santiago Nieto, sigue hablando de cárteles al
referirse, en el caso de las investigaciones sobre las que habló, a Sinaloa y
al de Jalisco, dos de los grupos criminales más fuertes que operan en México. Y
no sólo eso: el funcionario habló de la existencia de ocho cárteles que son
investigados por la UIF junto con toda la red de empresas que, dice, han
operado con miles de millones de pesos.
Recientemente,
Nieto también se refirió a la corrupción criminal en las 49 aduanas. Por
ello, fueron procesados los titulares de las aduanas de Tuxpan, Veracruz, y
Progreso, Yucatán. Estaban moviendo cientos de productos con droga, precursores
químicos, entre otros productos, para organizaciones delictivas que operan
desde Costa Rica.
En este
caso, se trata de una gran red criminal cuyos tentáculos llegan hasta Japón, de
acuerdo con las pesquisas.
Si la UIF
ya tiene estos expedientes integrados ahora le toca a la Fiscalía General de la
República (FGR) actuar, pero todo indica que Santiago Nieto tiene un verdadero
obstáculo en Alejandro Gertz Manero, quien no actúa con la misma velocidad como
lo está haciendo el propio Santiago Nieto.
¿Qué
intereses protege Gertz Manero? Cabe recordar que estuvo al frente de la
Secretaría de Seguridad Pública en el Gobierno de Vicente Fox, formaba parte
del equipo de seguridad del que también era una pieza central Genaro García
Luna. ¿Este es el vínculo que ahora se traduce en obstáculo?
Lo cierto
es que si Gertz Manero no actúa, el tiempo transcurre, el sexenio sigue su
marcha y los casos relevantes podrían quedar como simples amagos oficiales sin
resultados, investigaciones que tuvieron la buena intención de llegar a ser
verdaderos casos, pero que al final del día pueden terminar en el archivo.
Parece que
a Gertz Manero no le gusta mucho la estrategia de golpear el nervio financiero
del crimen ni a los protagonistas de estos posibles delitos. Hasta donde se
puede observar, Santiago Nieto cumple las instrucciones del Presidente Andrés
Manuel López Obrador de combatir con todo la corrupción y la impunidad, pero a
la hora del siguiente paso, el que debe dar la Fiscalía, simplemente las cosas
se detienen o avanzan a paso de tortuga.
Esta es
vieja estrategia de tomarse todo su tiempo, con calma y paciencia hasta el
tiempo pase y no haya oportunidad de concluir las indagatorias. En otro
sentido, es otra forma de desgastar a Santiago Nieto, quien parece que no
reposa si se trata de investigar, golpear la corrupción y congelar cuentas de
criminales.
Veracruz: La
Fiscal del narco.
Verónica
Hernández Giadans fue electa por el Congreso de Veracruz para ocupar la
titularidad de la Fiscalía General del Estado por nueve años. El caso ha
generado polémica por el apoyo que le otorgó el Gobernador Cuitláhuac García
Jiménez, quien metió las manos en el Congreso para que fuera electa su
candidata favorita.
Pero el
caso más polémico es que Hernández Giadans es prima de Guadalupe Hernández
Hervis, alias “la Jefa”, quien encabeza una célula criminal en Veracruz ligada
al cártel de Los Zetas y que, con apoyo oficial, lo mismo trafican con drogas
que realizan secuestros, extorsiones, entre otras actividades delictivas.
Cuando
Verónica Hernández llegó a la Fiscalía como encargada del despacho se le
cuestionó su parentesco con Hernández Hervis. Lo aceptó, aunque adujo que no
por el hecho que ella estuviera en un grupo criminal implicaba que la familia
completa se dedicara a esas actividades. De alguna forma se deslindó.
Sin embargo,
al poco tiempo de que asumió el cargo, en calidad de interina, la prima
narca salió de prisión. Todo indica que movió sus influencias en el Poder
Judicial, ahí donde está el señor Edel Álvarez Peña, donde por cierto llevan
muy tatuado el escudo Zeta –el de la organización criminal–, pues mantiene muy
firma a su ahijado, Manuel Fernández Olivares, “El Pámpano”, señalado en
diversas investigaciones criminales como pieza de ese cártel. Pese a los
señalamientos, ahí sigue protegido por el político priista que desde hace
algunos años imparte justicia en Veracruz.
Hernández
Giandans llegó a la Fiscalía en septiembre de 2019, luego de que Jorge Wilckler
–el llamado Fiscal carnal, empleado de Miguel Ángel Yunes– fue destituido del
cargo por servir a los intereses de la corrupción y del crimen organizado. Eso
lo convirtió en un funcionario nada confiable. Fue acusado de varios delitos y
desde entonces es prófugo de la justicia.
Después de
este escándalo, pues la Fiscalía ahora enfrenta el señalamiento de servir a
intereses sucios. En fin, todo indica que lo que ocurre en la Fiscalía no es
más que un reflejo claro de lo que está pasando en la oficina del Gobernador
Cuitláhuac García, cuyos días parecen estar contados.
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