Por Efrén Flores.
Las
pruebas de laboratorio son más accesibles que nunca. Muchas de ellas no
requieren receta o indicación médica. Basta con que una persona se presente en
condiciones adecuadas y pague. Pero en situaciones de emergencia sanitaria, en
que las pruebas sirven para generar información epidemiológica de calidad, la
discrecionalidad de los laboratorios puede suponer gastos innecesarios, además
de fallas en los procedimientos avalados por las autoridades de salud pública.
“Hay una
gran discusión sobre las pruebas, en general, de los laboratorios clínicos. De
haber sido una herramienta para la práctica de la medicina, se han convertido
en un instrumento comercial porque se abrió el acceso para que la gente vaya
directamente a hacerse pruebas de lo que quiera sin requisitos médicos”, dijo a SinEmbargo el doctor Mauricio
Rodríguez Álvarez.
Para el
especialista en microbiología y parasitología de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), lo anterior tiene “implicaciones importantes” que
van desde el costo, hasta la falta de procedimientos homologados entre los
sectores público y privado, que pudiera dificultar la obtención de resultados
clínicos confiables.
“¿Quién
pide esas pruebas? ¿Por qué las pide y qué hará con los resultados? Ese es el
tema de fondo en este asunto. Cuando tú pides una prueba de COVID-19, más allá
de saber exactamente si tu paciente tiene eso o no, el resultado de la prueba
debe de incluir varias acciones de salud pública”.
De acuerdo
con el Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por
Laboratorio de la Enfermedad Respiratoria Viral actualizado a mayo de 2020, el
proceso de detección y seguimiento de casos sospechosos inicia con un
procedimiento de identificación; es decir, que la persona tenga signos y
síntomas relacionados con la enfermedad.
En términos
técnicos, una persona que podría portar COVID-19 es aquella que en los
últimos siete días presentó dos de tres síntomas principales (tos, fiebre y
cefalea) acompañados de al menos uno de los siguientes signos: disnea (dato de
gravedad), artralgias, mialgias, odinofagia o ardor faríngeo, rinorrea,
conjuntivitis y dolor torácico.
Cuando un
paciente está bajo sospecha, las autoridades públicas sugieren “establecer
diagnóstico a través de consulta médica rutinaria”; y una vez hecho el
diagnóstico, “elaborar el estudio epidemiológico de caso sospechoso para
Enfermedad Respiratoria Viral”, que incluye la toma de muestra por parte de
personal capacitado.
Muchos
laboratorios privados cumplen con este proceso de diagnóstico previo, ya sea
solicitando receta o indicación médica, o haciendo valoraciones antes de tomar
la prueba. Empero,
existen casos en que no exigen indicaciones médicas y en que no hay un proceso
de valoración.
SinEmbargo llamó
a 10 laboratorios que están o dicen estar avalados por el Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE). Sólo dos de ellos solicitaron
llevar receta médica. Del resto, dos mencionaron la realización de una
valoración clínica previa, dos más refirieron la aplicación de un cuestionario,
uno solicitó la presencia de síntomas, además de tres que sólo pidieron
concertar una cita y el pago de la prueba de coronavirus.
“Hay dos
maneras para poder solicitar una muestra COVID-19. Una es de manera
institucional y otra es de manera particular”, dijo a este medio digital una
doctora de la Secretaría de Salud capitalina que solicitó mantener su
anonimato.
Para la
especialista en gestión de hospitales y salud pública, mientras que las
instituciones de gobierno solicitan “forzosamente” la existencia de
sintomatología para realizar las pruebas de laboratorio, en el sector privado
no siempre sucede así.
Al igual que
el doctor Rodríguez Álvarez de la UNAM, la médica explicó que la falta de
aplicación de requisitos previos, aunque no es grave y responde a la
disponibilidad de recursos, pudiera indicar que no se están tomando en
consideración todas las disposiciones legales y/o avaladas por las autoridades
sanitarias y que, como consecuencia, no existe garantía de cumplimiento de
procedimientos en toda la cadena de detección de casos.
FALLAS Y
RIESGOS
La
especificidad del diagnóstico clínico está determinada por los resultados de
laboratorio. Por eso, cuando uno solicita una prueba de COVID-19 en instituciones
privadas, lo más importante es revisar que éstas estén avaladas por el InDRE,
ya que dicho aval “hace que la muestra sea, para fines médico-legales,
confiable según los criterios de calidad de la Dirección General de
Epidemiología”, explicaron los doctores consultados.
Los
lineamientos de dicha Dirección indican que “la vigilancia epidemiológica de
la Enfermedad Respiratoria Viral debe enfocarse principalmente en la detección
inmediata de casos importados o autóctonos, con la finalidad de prevenir la
propagación del virus en la población mexicana”.
Para
lograr éste objetivo “es necesario establecer un sistema altamente sensible que
detecte los casos sospechosos de Enfermedad Respiratoria Viral que cumplan con
la definición operacional en cualquier unidad de salud (pública o privada), con
la finalidad de detonar las acciones de vigilancia epidemiológica y por
laboratorio, atención, prevención y control correspondientes, dirigidas a
eliminar los riesgos de transmisión del padecimiento”.
Con falta de
sintomatología o diagnóstico previo a las pruebas de laboratorio, hay gente
que asume gastos que van de 3 a 8 mil pesos en instituciones privadas. Pruebas
que consumen tiempo y que en muchos lugares, implica romper con la sana
distancia y el aislamiento, ya que algunos de los laboratorios no cuentan con
servicio a domicilio u otras formas de tomar muestras sin hacer que la gente
vaya a sentarse en salas de espera, sea con cita previa o sin ella.
“Nosotros
solamente se realiza la prueba, y hay que llenar un formato otorgando un
consentimiento para informar al InDRE en caso de que sea positivo”, dijo una de las operadoras de un
laboratorio al que llamó SinEmbargo, cuando fue increpada sobre los requisitos
para solicitar una prueba de COVID-19.
Además
del gasto y el riesgo de contagio en una sala de espera, la falta de requisitos
previos a la prueba de laboratorio implica que no se están cumpliendo los
mismos protocolos en los sectores público y privado. Esto supone la posibilidad
de fallas de rigor en el cumplimiento de procedimientos avalados por las
autoridades de salud pública en tiempos de emergencia sanitaria, y genera dudas
con respecto a la cadena de valoración para detectar casos y evitar la
propagación de la enfermedad.
En ese
sentido, los médicos consultados dijeron que la falta de aplicación de
protocolos técnicos y administrativos del InDRE podría generar errores que
resulten, en última instancia, en diagnósticos equivocados.
“Hay
muchos falsos positivos y hay muchos falsos negativos. Entonces, por eso es muy
importante que te cerciores, primero, que el lugar donde te tomes la muestra
esté avalado por el InDRE. Segundo, que te tomen bien la muestra. Y tercero,
que los resultados salgan en tiempo y forma; o sea, de tres a cinco días,
porque a veces en las instituciones, por ejemplo, ahorita en el Seguro Social, […] se están
tardando hasta dos semanas en entregarte el resultado”, explicó la médica
anónima de la Secretaría de Salud capitalina.
Un riesgo
coligado a esta situación es que los laboratorios, sin querer por no aplicar
los parámetros avalados, “podrían estar dando resultados que hagan que la gente
tome decisiones equivocadas. Porque si a ti te dicen que eres negativo, pero en
realidad eres positivo, te vas a comportar de una manera distinta”, explicó el doctor Mauricio Rodríguez
Álvarez, vocero de la Comisión UNAM para la Atención de la Emergencia de
Coronavirus.
SEGUIMIENTO
DE PRUEBAS
Existe otra
situación ligada a la falta de controles más estrictos por parte de las
autoridades sanitarias, a los laboratorios privados. Aunque cualquiera que
pueda pagar debería poder hacerse las pruebas que quiera, en situaciones de
pandemia, el proceso no inicia y termina con las pruebas, sino que involucra a
todo un sistema de medidas para confirmar y asilar casos.
En tres de
los 10 laboratorios contactados por SinEmbargo, los operadores dijeron que
la institución no reportaba los casos positivos al InDRE; y en un caso más, la
asesora telefónica mencionó no tener información al respecto.
Los
laboratorios privados están obligados a reportar las pruebas positivas de
COVID-19. De acuerdo con los lineamientos de la Dirección General de
Epidemiología, “los resultados emitidos por laboratorios con reconocimiento a
la competencia técnica por parte del InDRE, podrán ser registrados a la
plataforma del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria
Viral (SISVER), siempre y cuando estén incluidos como casos sospechosos en
dicha plataforma”.
Los
doctores consultados por este medio indicaron que cuando hay pruebas positivas,
se tiene que hacer un estudio de caso que incluye buscar, contactar y advertir
a las personas que estuvieron en contacto con el paciente infectado.
Bajo
circunstancias ordinarias, el médico tratante debe de dar seguimiento al caso y
hacer la búsqueda de contactos. Pero en una situación como la actual, los
especialistas dijeron que además de haber seguimiento por parte de quien haya
pedido la prueba, y además de los reportes de los laboratorios a las
autoridades sanitarias, tendría que haber un acuerdo de cooperación más amplio
entre los sectores público y privado, para dar acompañamiento a la gente y
evitar que la pandemia se salga de control.
Hoy en día, si
las autoridades sanitarias refieren a un paciente con alguna institución de salud
privada, ésta última tiene el deber de atender el caso, si y sólo si
previamente, avaló un acuerdo con el Gobierno federal para aumentar la capacidad
de atención del Sistema de Salud Pública.
Más allá de
esta situación, por lo general, los pacientes están por su cuenta. Todos los
laboratorios contactados por SinEmbargo explicaron que en caso de resultar
positivo, la atención de la salud queda a cuenta del paciente y de su médico
tratante, además de mencionar que no existe un proceso de enlace directo con
las autoridades sanitarias.
“Nosotros
lo reportamos [al InDRE] y ya el seguimiento del paciente es por su cuenta. […]
La hospitalización se requiere en caso de una enfermedad avanzada. Lo primero
es que usted tenga un médico con el que esté llevando esta situación. […] Una
vez que reciba su resultado, su médico será el indicado [para decir] si le va a
dar un tratamiento en casa, si necesita estudios adicionales o si tiene que ser
hospitalizado o no”,
dijo una de las operadoras.
“Ellos
[las autoridades sanitarias] no se ponen en contacto con uno, sino que el
reporte nada más es informativo”, dijo otro telefonista.
“Nosotros,
en caso de que saliera positivo, allí el médico tendría que ver si el
tratamiento lo puede seguir en casa, o si se tendría que hospitalizar. Si se
tiene que hospitalizar, nosotros aquí le asignaríamos una habitación, pero los
gastos los tendrían que liquidar ustedes, a menos de que tuvieran seguro de
gastos médicos y tuviéramos convenio con ese seguro”, afirmó un representante más de los
laboratorios consultados.
“Los
resultados de la prueba están en 2 a 3 días. Entonces, de acuerdo a sus
condiciones en esta valoración, los médicos le van a indicar si se puede ir a
casa y allí esperar el resultado con sus respectivas indicaciones; o si fuera
necesario su hospitalización, con nosotros ya no hay lugar. Tendría que buscar
otro hospital”,
explicó un integrante de uno de los servicios de laboratorio hospitalario.
Para el
doctor Rodríguez Álvarez, “no es correcto” que una vez detectado un caso
positivo, el seguimiento práctico del caso quede a cuenta del paciente y de su
médico tratante, sin que las autoridades estén al tanto.
“¿Cómo
vamos a detectar las acciones [de vigilancia epidemiológica], si lo único que
te van a mandar es un resultado por correo electrónico?”, cuestionó. “El riesgo más alto
[para la salud de los mexicanos] es que se involucren intereses económicos”
en momentos de pandemia. Lamentablemente, reconoció el médico, las pruebas
no solucionan todo, hay deficiencias en el sistema de salud y los
laboratorios privados terminan siendo, al fin y al cabo, un negocio que no
embona y que no está coordinado con el Sistema de Salud Pública.
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