Por Pedro
Matías.
Para garantizar la participación de las
mujeres en procesos electorales y, en su caso, sancionar actos de violencia
política por razón de género, el Congreso local aprobó este jueves un paquete
de reformas constitucionales.
Por mayoría
de votos, el pleno de la 64 Legislatura dio luz verde a reformas y adiciones
al artículo 114 Bis de la Constitución Política del Estado de Oaxaca y al
artículo 9 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, con lo que
quedó establecida como causal, para decretar la nulidad de una elección, cuando
se acredite violencia política en razón de género y el candidato que cometió el
acto resulta ganador.
Al iniciar
el periodo extraordinario de sesiones, el presidente de la Mesa Directiva,
Jorge Octavio Villacaña Jiménez, solicitó guardar un minuto de silencio por las
víctimas de covid-19 en la entidad, y luego entonces se aprobaron las
modificaciones relacionadas con la violencia hacia las mujeres.
También
se reformó la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, con el objetivo de regular hechos y conductas que tradicionalmente
no han sido contempladas o sancionadas.
De igual
manera, se otorgaron facultades adicionales a la Fiscalía General del Estado
(FGE), al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) y
al Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), con el objetivo de prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género.
El
Instituto y el Tribunal electoral podrán solicitar a las autoridades
competentes órdenes o medidas de protección y reparación para las mujeres
víctimas de violencia política.
Y la
Fiscalía tendrá la responsabilidad de investigar, con perspectiva de género,
los casos de violencia política en razón de género. Además, creará, actualizará
y administrará el Registro de Casos de Violencia Política contra las mujeres.
Otra
reforma a la misma legislación permitió la creación del Banco Estatal de Datos
e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, tomando en cuenta
que el análisis de datos recopilados es un factor indispensable para la
transversalización de las políticas públicas que atiendan y prevengan factores
de riesgo para las mujeres.
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