Chistoretes y presiones presidenciales.

Raymundo Riva Palacio.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador es un bromista involuntario, aunque en abono a él, cree lo que dice. Ahora se le ocurrió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se convierta en un call center para que, en lugar de deliberar con la ley en la mano, haga una encuesta telefónica para decidir las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. Para qué la ley, si hay un camino más corto. Y sobre todo, porque tiene en José Luis Vargas, presidente del Tribunal, un magistrado a modo. No llegará Vargas al absurdo de erigir al Tribunal en un call center como le sugirió el Presidente, pero tendrá que volver a nacer para apoyar la decisión del Instituto Nacional Electoral. El magistrado, por si a alguien se le ha olvidado, está de rodillas ante Palacio Nacional.

 

La suerte de Morón no le importa al Presidente, quien en las últimas dos semanas sólo ha mostrado preocupación por las candidaturas en Guerrero y Nuevo León. Clara Luz Flores, su candidata norteña, no atraviesa por los problemas de Salgado Macedonio, al haber cumplido en tiempo y formas legales la presentación de sus gastos de precampaña. Salgado Macedonio es un delincuente confeso –no entregó cuentas porque decía que, aunque se había registrado como precandidato, no lo era–, a diferencia de Morón, quien sí entregó sus gastos, pero su partido no los presentó a tiempo.

 

Aunque hay de ilegalidades a ilegalidades, el INE aplicó la norma vigente a rajatabla, impulsada por cierto por López Obrador y la izquierda, para evitar que acciones que violaban las reglas, como lo fueron el Pemexgate y los Amigos de Fox, se quedaran en la impunidad porque las sanciones eran posteriores a las elecciones. La decisión fue impugnada ante el Tribunal, como lo establece la ley, donde Vargas elaboró un proyecto –que logró que se aprobara– para regresar la decisión final al INE, mediante argucias como la invención de que Salgado Macedonio había presentado sus gastos de campaña extemporáneamente, en clara omisión de su responsabilidad.

 

Esa ponciopiloteada fue el banderazo de salida de la cruzada pública contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, cuyo combustible lo inyectaron los ataques de López Obrador contra él, desde la impunidad del atril presidencial. En paralelo, consejeras y consejeros del INE fueron sometidos a enormes presiones de emisarios de Palacio Nacional para que cambiaran su voto y repusieran la candidatura a Salgado Macedonio. En los últimos días se les hostigó políticamente e incluso amenazaron con abrirles causas penales, acompañadas –no hacía falta recordárselo– de denuncias mediáticas, la principal herramienta de chantaje del Presidente, porque conducen al linchamiento y provocan un daño irreparable al honor.

 

La mano dura de Palacio Nacional, donde los recursos políticos de la Presidencia se utilizan como si viviéramos una autocracia –lo que, cuando menos hasta ahora, no es–, fue utilizada para tratar de revertir una candidatura que hasta el último momento López Obrador se dio cuenta que, en efecto, estaba en riesgo. Su vocero presidencial y operador político, Jesús Ramírez Cuevas, llevaba semanas alertando a López Obrador sobre lo que estaba provocando la candidatura de Salgado Macedonio, primero por las denuncias por acoso y violación sexual, y luego porque es una figura incontrolable.

 

López Obrador soslayó las advertencias porque pensaba, como piensa tantas cosas que no son ciertas, que las motivaciones de Ramírez Cuevas obedecían a su animadversión hacia el presidente de Morena, Mario Delgado, a quien cada vez funcionarios en Palacio Nacional ven como un incompetente. Cuando el análisis de otros colaboradores mostró los riesgos de esa candidatura, López Obrador exigió resolverlo, pero la presión no les alcanzó.

 

La primera votación que canceló la candidatura de Morena fue de 7 a 4, y en la segunda se cerró a 6-5. La presión fue resistida en el INE, donde se anclaron al aspecto legal de la sanción y no estiraron la ley a contentillo de López Obrador, que siempre lo hace y cuando no logra salirse con la suya, grita que hay una conspiración que busca hacerle daño. Se buscó un mayor consenso para ampliar el número de votos por el proyecto de cancelación, bajo la lógica que ante los ataques de López Obrador, una muestra de debilidad sería un error, sin lograrlo. Obtuvieron, cuando menos por ahora, impedir el inicio de la colonización del INE, y evitar que una institución más de segunda generación democrática, fuera aniquilada.

 

Para López Obrador y Salgado Macedonio, la batalla está lejos de estar perdida. En el Tribunal Electoral cuentan con Vargas, el magistrado que llegó apoyado por el PRI desde la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, contra quien en noviembre pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera pidió a las autoridades actuar al haber encontrado que había gastado más de 36 millones de pesos en 2013, aunque sus percepciones declaradas fueron de 20 millones menos. Vargas se defendió, pero en la práctica, se volvió rehén de Palacio Nacional.

 

Vargas se ha convertido en el magistrado del Presidente. López Obrador no quería que se diera el registro a México Libre, que impulsaba su némesis Felipe Calderón, y realizó una brusca maniobra para complacerlo. Ahora necesitaba que Salgado Macedonio fuera candidato, y le tiró un salvavidas. Las presiones de la Presidencia las resistió el INE que le devolvió esta papa política caliente al Tribunal.

 

Todos los huevos de la candidatura de Salgado Macedonio los han puesto en la canasta de Vargas, incrementando la presión con el anuncio de que no tienen ningún plan B. Es decir, si Salgado Macedonio no es candidato, no lo será nadie. ¿Así de fácil dejará ir López Obrador una victoria en Guerrero? Por supuesto que no. ¿Resistirá Vargas la presión? Si es inocente de presunto enriquecimiento ilícito, sí. Si tiene fantasmas en el clóset, Salgado Macedonio será candidato y él se irá por la cañería. Las presiones ya cambiaron de dirección.