Por Carina García.
El Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el
gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue omiso en atender y dar curso a la
solicitud de recursos necesarios para organizar las elecciones locales del
próximo 6 de junio, para las que se tiene un déficit de 167.9 millones de
pesos.
Los
magistrados desecharon la impugnación que interpuso el mandatario para oponerse
a la sentencia del Tribunal Electoral de Morelos, que le ordenó analizar el
requerimiento o en su caso darle curso al Congreso del estado para que se
pronuncie sobre esa necesidad de recursos, indispensables para el proceso de
relevo de diputados y alcaldes locales, por lo que esa orden quedó firme.
En enero
pasado, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación
Ciudadana solicitó a la Secretaría de Hacienda local una ampliación de
presupuesto por 243.5 millones de pesos, y en febrero le fueron otorgados 75
millones 534 mil pesos.
Según la
dependencia, debido a la reducción en la captación de ingresos para el
estado no habría más, por lo que se le pidió al Instituto sujetarse y usar las
economías que generara, pero ante una segunda petición para insistir en la
entrega completa de los montos requeridos –es decir los 167.9 millones de pesos
restantes--, el Ejecutivo local omitió, como era su obligación, remitir el caso
al Congreso, para que en su caso generara las disponibilidades de dinero.
De acuerdo
con el Instituto, los recursos adicionales son dispensables para financiar
las tareas de cómputo de votos, renta de planta de luz, mobiliario y alimentos
para el día de la jornada electoral.
También se
requieren para pagar personal en consejos municipales y distritales, dar
financiamiento a candidatos independientes, cubrir alimentos y pasajes al
personal, habilitar las bodegas para el resguardo de paquetes electorales,
rentar equipo de impresión y fotocopiado.
Al quedar
firme la sentencia del Tribunal local, se dio un plazo al gobernador para, una
vez que sea notificado, analizar en ocho días hábiles la solicitud del
Instituto o, en su caso, remitirla al Congreso del estado, mismo que también
tendrá ocho días para revisar la situación.
También quedó
firme una multa impuesta, derivada del procedimiento ordinario sancionador por
la entrega de documentación falsa al Registro Federal de Electores del Instituto
Nacional Electoral.
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