Por Jesusa
Cervantes.
La lucha
jurídica por la Ley de la Industria Eléctrica que sostienen el gobierno federal
y los productores privados de energía tendrá consecuencias de gran alcance.
Sobre todo, están en juego los negocios que la trasnacional Iberdrola y la
familia del empresario Claudio X. González montaron al amparo de las
modificaciones legales del sexenio salinista, y por parte del gobierno, la
posibilidad de liberar a la Comisión Federal de Electricidad de una obligación
onerosa.
En caso
de prevalecer la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, que diversas firmas pretenden tumbar mediante un
sinfín de amparos, resultarán severamente afectados sobre todo dos emporios: el
gigante español Iberdrola y la familia del magnate Claudio X. González.
Hace poco
más de un año, el 6 de febrero de 2020, la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) fortaleció a esos dos “agentes económicos” al permitir que
realizaran una “concentración”, es decir, se unieran para generar energía.
Iberdrola
tiene en su haber decenas de permisos para generar energía, transportar gas y
proveer de hidrocarburos a la población; mientras que la mencionada familia, a
través del emporio Kimberly Clark y en especial de Guillermo de Jesús González
Guajardo –hermano de Claudio X.–, acumula ocho permisos en el mismo rubro.
Pero ninguno
es tan provechoso como el que obtuvieron en 2020, cuando la Cofece avaló la
unión entre Iberdrola y las empresas de Guillermo González Guajardo para
manejar todas las obras que conlleva el gasoducto Tamazunchale, en San Luis
Potosí.
Un
integrante del clan González Guajardo tiene los permisos de generación de
energía; otro, de transporte de gas; otro posee los terrenos, y así desde el
año pasado esa familia es la gran ganadora de la reforma energética de Enrique
Peña Nieto, que obliga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a comprarle
energía por 25 años. Éstos son parte de los 33 permisos de energía que la CFE
empezó a revisar desde 2019.
Claudio
X. González ha criticado y cuestionado duramente las decisiones presidenciales.
El pasado 19 de marzo, López Obrador deslizó, sin dar detalles, nombres de
grandes permisionarios de energía que exprimen a la CFE por el tipo de
contratos firmados. Entre ellos mencionó a la familia de Claudio X. González,
Bimbo, Walmart e Iberdrola.
Kimberly
Clark, el emporio de la familia González Laporte y González Guajardo, ha estado
cerca de los últimos gobiernos priistas y panistas.
Claudio
González Laporte, padre del clan, fue asesor del entonces presidente Carlos
Salinas de Gortari, que impulsó las reformas a la Ley del Sistema Eléctrico y
abrió la puerta a los llamados “productores independientes”, es decir,
generadores de energía privados.
Éstos
mantuvieron su esquema hasta la reforma energética de Peña Nieto en 2013. En el
camino, la empresa que encabeza González Laporte, Kimberly Clark, logró cinco
contratos de parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), organismo autónomo encargado
de otorgar el aval en materia de energía, gas e hidrocarburos.
Su hijo,
Guillermo González Guajardo, fue el encargado de formar el entramado energético
más allá de Kimberly Clark.
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