Gobernadores, presidentes municipales
y universidades públicas de los 32 estados han arrastrado 183 MIL 100 MILLONES
700 MIL PESOS de recursos federales para gasto programable pendientes de
solventar de 2012 a enero de 2018, de acuerdo con la Auditoría Superior de la
Federación (ASF).
Estos más de 183 mil millones de
pesos equivalen a cuatro veces el presupuesto de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) para 2018, el cual es de 43 mil 196 millones de
pesos.
Esto se permite por la impunidad que
cultiva la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Procuraduría General de
la República (PGR) y sus espejos en cada entidad, ya que el 99.4 por ciento de las denuncias del órgano autónomo ante la
institución no han acabado en alguna sentencia desde hace 20 años de
fiscalización, aseguró en entrevista Leonardo Núñez González, politólogo y
especialista en transparencia y rendición de cuentas.
La SFP está
dirigida por Arely Gómez González, ex Procuradora, y la PGR está bajo en cargo
de Alberto Elías Beltrán desde octubre.
Veracruz (36 mil 266 millones de
pesos), Michoacán (21 mil 13 millones), Guerrero (13 mil 296 millones), Estado
de México (12 mil 234 millones) y Jalisco (10 mil 787 millones) son los estados
que más acumulan los montos sin solventar desde hace seis años, reveló el informe de Cuenta Pública
2016 del órgano fiscalizador.
“Estos números monumentales que van
arrastrando los estados no solamente muestran la impunidad del sistema, sino
que muestran también que estamos ante desfalcos de los cuales no hemos
encontrado la manera de recuperar el dinero”, aseguró Núñez, autor
de “¿Dónde quedó la bolita?”. “En el caso de las universidades estatales, el
dinero acaba en manos de empresas fantasmas”.
La función de la ASF es documentar y
evidenciar los desvíos, no recuperar el dinero ni castigar a los responsables. Sin embargo, las observaciones de irregularidades, principalmente del gasto
federalizado de gobernadores, “llegan a oídos sordos” no solo de la SFP o la
PGR, también de la Cámara de Diputados, la cual recibe el informe de Cuenta
Pública, dijo el politólogo.
Los diputados no conocen
detalladamente el contenido y señalamiento de las auditorías. De acuerdo con un
estudio del CIDE, expuso Núñez, el 22 por ciento de los diputados federales
encuestados no conoce la existencia de los informes generales de la ASF y el 65
por ciento desconoce la supervisión.
La Auditoría
Superior, después de fiscalizar el uso de recursos públicos y tener evidencia
sustentada de que se cometió un delito, como la simulación de reintegro de los
recursos, entrega una denuncia a la PGR con un escrito que detalla de manera
pormenorizada los hechos que halló.
Desde 2012, el órgano fiscalizador emitió denuncias por
37 mil 605 millones 600 mil pesos tras fiscalizar a gobernadores, ediles y
universidades públicas, reportó en su Cuenta Pública 2016. También dio
denuncias por 8 mil 8 millones 100 mil pesos por simulación de reintegración
por parte de las autoridades estatales, municipales o de universidades
públicas. En total, 38 mil 675 millones 200 mil pesos.
“Una vez que lo tiene la PGR, es
donde está el problema por falta de documento, de profesionalización y de
autonomía ante el poder político”, dijo Núñez.
INVESTIGACIÓN
DE SUCESORES.
Veracruz, Michoacán, Guerrero, Estado
de México y Jalisco, los estados que más concentran dinero público por
solventar desde 2012, han cambiado de gobernador durante ese periodo, pero no
todos sus sucesores han investigado las auditorías de quienes les entregaron el
cargo.
El ex priista Javier Duarte de Ochoa
gobernó Veracruz de 2010 a 2012; Fausto Vallejo Figueroa (PRI), Jesús Reyna
García (PRI), Salvador Jara Guerrero (académico) y Silvano Aureoles Conejo
(PRD) han gobernado Michoacán desde 2012; Ángel Aguirre Rivero (PRD) y Héctor
Astudillo Flores (PRI) han gestionado Guerrero desde entonces; Eruviel Ávila
Villegas (PRI) gobernó el Estado de México en el periodo auditado; y Emilio
González Márquez (PAN) y Aristóteles Sandoval Díaz (PRI) han administrado
Jalisco.
“Una vez que hay cambio de gobierno,
es muy difícil dar con los responsables. A menos que exista una voluntad
política”, aseguró
el politólogo Leonel Núñez.
“En Veracruz
el cambio de gobierno [ahora de Miguel Ángel Yunes] permitió empezar a abrir. Chihuahua es un caso paradigmático. Ahora
es el segundo estado con más recuperaciones probables en la cuenta pública de
2016 nada más. Eso tiene que ver con que el Gobernador Javier Corral ha
emprendido una campaña para que se investigue a sus predecesores”, afirmó
el especialista en rendición de cuentas.” La
ausencia de cambio de gobierno es lo que permite y fomenta la impunidad”.
En el caso de Michoacán, corresponde
al perredista Silvano Aureoles aclarar el destino de una parte de los 21 mil 13
millones de pesos sin solventar de los gobiernos estatales previos. Respecto a
los 13 mil 296 millones 800 mil pesos sin solventar por parte de Guerrero, es
responsabilidad del mandatario Héctor Astudillo. Para los 12 mil 234 millones
900 mil pesos de montos en el Estado de México, es responsabilidad del priista
Alfredo del Mazo Masa, actual Gobernador mexiquense. Y, finalmente, es
obligación de Aristóteles Sandoval indagar sobre los 10 mil 787 millones 900
mil pesos no solventados en los últimos seis años.
