José Raúl
Linares.
Un
Tribunal Colegiado ratificó el auto de vinculación a proceso contra el abogado
Juan Collado Mocelo por su presunta responsabilidad en los delitos de
delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por
lo que continuará en prisión mientras se desahoga el juicio solicitado por la
Fiscalía General de la República (FGR).
La
resolución fue emitida por el magistrado Ricardo Paredes Calderón, del Quinto
Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, quien consideró que
el procedimiento que siguió Jesús Vázquez Rea, juez de Control en el Centro de Justicia
Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, es “apegado a derecho”, por lo
que debe continuarse la investigación contra el “imputado respecto a los hechos
que se le atribuyen”.
De igual
manera, declaró válida la prisión preventiva oficiosa que Vázquez Rea impuso
a Collado el 10 de julio, toda vez que se confirmó “el auto por el cual se
vinculó a proceso al imputado por los delitos de delincuencia organizada y
operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
El
magistrado justificó que Collado Mocelo debe continuar en prisión preventiva
oficiosa ante el grueso del expediente y su relación con lo dispuesto en la
Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, puntualizó en un
comunicado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“Lo
anterior, debido a que las pruebas presentadas por el Ministerio Público ante
el juez de Control sugieren, hasta este momento procesal, la participación de
Juan ‘N’ en una organización que, a través de una simulación de actos
jurídicos, lograron la venta ilícita de un inmueble para después dispersar los
recursos entre diversas empresas y el imputado, vía transacciones electrónicas
SPEI”, recalcó.
La
defensa de quien fue abogado del expresidente Carlos Salinas de Gortari
presentó un recurso de revisión, donde sostuvo que el delito de delincuencia
organizada que se le imputa a su cliente no existe y mucho menos se configura
un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por una simple
recepción de dinero a través de SPEI.
Y aseguró
que tampoco existen pruebas de que Juan Collado haya sido miembro del consejo
de administración de Casa Libertad Servicios Financieros, cuando se dice que
recibió un pago por 24 millones de pesos por la venta de los terrenos que
reclama el empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa y cuyo valor era de 156
millones de pesos.
El CJF
reiteró que a Collado Mocelo se le juzga con base en las reglas del Sistema
Penal Acusatorio, y su vinculación a proceso “no prejuzga sobre su
culpabilidad, pues en el desarrollo de la investigación complementaria se
ofrecerán, en su caso, medios de prueba para esclarecer los hechos. Por ello
–abundó– se respeta en todo momento su presunción de inocencia”.
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