Por EFE
La
justicia federal de Estados Unidos se opuso este jueves a que el ex Secretario
de Seguridad mexicano Genaro García Luna, que espera un juicio por narcotráfico
en Nueva York, salga en libertad bajo fianza de un millón de dólares porque
existe “un riesgo de fuga inaceptable” y debido a la confusión sobre quién
firmará o no su fianza.
En una carta
registrada en el juzgado a la que tuvo acceso EFE, el Fiscal del Distrito
Este de Nueva York, Richard Donoghue, argumenta que la “combinación de
condiciones propuestas por el acusado para su libertad antes del juicio es
lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el Juez
(Brian) Cogan” y solicita que se le mantenga detenido.
El Fiscal señala
que García Luna “tiene la capacidad de escapar y un sobresaliente incentivo
para hacerlo” porque se enfrenta a entre cinco años y cadena perpetua por los
cargos de los que le acusa la autoridad, y además “la fuerza de las pruebas del
Gobierno se ha incrementado” con nuevos testigos que testificarán sobre su
relación con el Cártel de Sinaloa.
La
Fiscalía, dice su titular en ese sentido, “ha identificado a testigos
adicionales que testificarán en el juicio sobre cómo el acusado acordó ayudar
al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos”.
Por otra
parte, Donoghue argumenta que García Luna tiene “recursos poderosos en
México”, donde ha vivido toda su vida hasta 2012, como “funcionarios corruptos
del Gobierno mexicano y miembros del Cártel de Sinaloa, una de las
organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que
nunca sea capturado”.
El Fiscal
recuerda que Joaquín “El Chapo” Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa que fue
condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal ante el que ahora se enfrenta
el ex Secretario mexicano, estuvo fugitivo en México durante quince años y
Rafael Caro Quintero, otro de sus capos, lo sigue estando pese a que la
justicia lo busca para arrestarlo desde 2013.
La
Fiscalía señala que el exministro mexicano ha dicho tener “dificultades
financieras” como para no poder “cruzar la frontera con México conduciendo”,
pero el Gobierno ha averiguado que en los últimos años “ha adquirido múltiples
empresas inmobiliarias que, en total, están valoradas en casi 4 millones de dólares”.
“La
investigación del Gobierno ha revelado que a lo largo de varios años, el
acusado ha usado varias técnicas para ocultar el verdadero tamaño de sus
empresas financieras, incluyendo empresas pantalla y compradores de paja que
adquirieran activos para él”, agrega.
El Juez
Cogan decidirá esta mañana en una vista programada a las 11:00 horas (16:00
GMT) si otorga la libertad vigilada para el ex funcionario federal a cambio de
la fianza de un millón de dólares que solicitaron sus abogados.
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