El Instituto
Nacional de Transparencia (Inai) instruyó a la Oficina de la Presidencia de
la República (OPR) entregar el informe completo de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana sobre los bots asociados al uso del hashtag “prensa
prostituida”.
La
resolución del Pleno del Inai surge en atención de un recurso interpuesto por
un ciudadano que solicitó dicho informe y se le negó la existencia de dicha
información, informó el Instituto a través de un comunicado de prensa.
El hashtag
“prensa prostituida” surgió el pasado 31 de noviembre, durante una conferencia
matutina de Andrés Manuel López Obrador, cuando un grupo de periodistas
cuestionaron al presidente por presuntamente ocultar información sobre lo
sucedido en Culiacán, durante el fallido operativo de captura de Ovidio Guzmán.
En sesión
del pleno, el comisionado Joel Salas Suárez dijo que actualmente los
periodistas no solo tienen que lidiar para proteger su trabajo por la
desinformación de los bots, sino del hostigamiento que puede provenir de las
propias redes sociales.
“Cada ataque
a la prensa representa una posibilidad de que esté en riesgo la integridad de
los o las periodistas involucrados. Además, se coarta la libertad de expresión
de la población y se afecta gravemente la democracia. Por eso es importante
garantizar el acceso a la información pública sobre el tema”, señaló.
Salas Suárez
hizo referencia a un estudio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Occidente, el cual establece que la prensa crítica del gobierno federal
actual, padece repudio, campañas de odio, censura e intimidación, lo cual
significa que las agresiones virtuales son una realidad y dichas ofensas están
bien documentadas por los medios de comunicación.
El
comisionado Joel Salas agregó que si un periodista hace preguntas incómodas al
presidente de la República, su nombre se vuelve tendencia, recibe insultos y se
orquesta una ofensiva digital en su contra, y si el cuestionamiento es hecho
por una mujer periodista, la saña es mayor, como fue recientemente con las
preguntas sobre los feminicidios.
En el
análisis del caso, la ponencia considera que el particular tiene razón porque
otras unidades administrativas de la Oficina de la Presidencia de la República
cuentan con atribuciones para conocer lo solicitado.
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