Por
Redacción / Sin Embargo.
Genaro García Luna todavía era un alto
funcionario del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) cuando usó
empresas fachada para comprar bienes raíces, acusó esta madrugada la Fiscalía
de Estados Unidos. Al argumentar ante el Juez que no debe ser beneficiado con
la libertad bajo fianza, calificó al ex Secretario de Seguridad Pública federal
de “arrogante” y “descarado”. Dijo que compró secretamente a través de empresas
fantasmas –incluso triangulando a Panamá– bienes raíces por millones de dólares
y hasta un yate.
García Luna diseñó
y condujo la “estrategia” de Calderón Hinojosa supuestamente contra los
cárteles mexicanos. De acuerdo con la Fiscalía de aquel país, lo que el ex Secretario
de Seguridad Pública federal hizo en esos años fue favorecer al Cártel de
Sinaloa, una de las organizaciones criminales más sanguinarias de todos los
tiempos; también se cree que cuidó los intereses de Joaquín Archivaldo “El
Chapo” Guzmán Loera; de Ismael “El Mayo” Zambada y de Héctor Beltrán Leyva.
La
estrategia de Calderón y de García Luna condujo a un disparo en el número de
homicidios dolosos en México, un violento estallido que no ha sido controlado
por ningún Gobierno hasta la fecha y que ha causado la muerte de cientos de
miles de mexicanos.
Una nota al
pie de página del documento presentado por los fiscales a la corte afirma que
el hermano de “El Mayo”, “El Rey” Zambada, personalmente entregó bolsas de
efectivo a Genaro García Luna. Los fiscales escribieron en los documentos de la
corte: “El Cártel de Sinaloa insistió en reunirse cara a cara con funcionarios
corruptos para ciertos pagos de sobornos, a menudo en áreas privadas de
restaurantes”.
En el
documento presentado ante el Juez, la parte acusadora tiene un apartado que
dice: “La evidencia de los crímenes del acusado es fuerte”. Allí dice que
García Luna no puede ser beneficiario de la libertad condicionada.
Agrega:
“La fuerza de la evidencia contra el acusado también pesa mucho a favor de la
detención. Como se describe en el memorando gubernamental del 10 de diciembre
de 2019, se espera que numerosos testigos cooperantes, incluidos varios ex
miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa, testifiquen sobre los millones de
dólares en sobornos pagados al acusado a cambio de su protección para sus
actividades de narcotráfico”.
“Las cuentas de los testigos son corroboradas
por los registros financieros del acusado, que reflejan que continuó viviendo
de los millones de dólares en sobornos que el Cártel de Sinaloa le pagó como
parte de su papel en la conspiración del narcotráfico. Desde el arresto del
acusado, el caso del Gobierno [de Estados Unidos] sólo se ha fortalecido, ya
que ha identificado testigos adicionales contra el acusado y numerosos
registros financieros adicionales asociados con él”, indica.
“El
acusado busca sembrar dudas en la fuerza de la evidencia en su contra atacando
la credibilidad de Jesús Zambada García, también conocido como ‘El Rey
Zambada’, quien testificó durante el juicio de Guzmán Loera. En ese juicio, ‘El
Rey’ Zambada testificó que, al menos en dos ocasiones, se reunió personalmente
con el acusado en un restaurante y le entregó maletines con entre 3 millones y
5 millones de dólares a cambio de la garantía del acusado de que ayudaría al Cárcel
de Sinaloa”,
sostiene.
“El
acusado cuestiona la veracidad de este testimonio, alegando, sin ninguna base
aparente, que el Cártel de Sinaloa no tendría acceso a billetes de 100 dólares
en México, lo que hace que los supuestos pagos en efectivo sean demasiado
voluminosos para ser entregados al acusado. El Cártel de Sinaloa es la
organización de narcotráfico más grande del mundo, que existe únicamente para
canalizar drogas hacia los Estados Unidos”, afirma el documento presentado ante la corte.
El acusado “también
argumenta –continúan los fiscales– que no tiene los activos financieros para
huir, alegando que no tiene activos líquidos. Como asunto inicial, el argumento
de dificultades financieras pone a prueba la credibilidad cuando ha ofrecido
simultáneamente asegurar su fianza con bienes inmuebles valorados en un millón
200 mil dólares como garantía. En particular, la investigación del Gobierno ha
revelado que el demandado, además de los bienes raíces antes mencionados, ha
adquirido varias otras propiedades inmobiliarias en los últimos años que, en
total, están valoradas en casi cuatro millones de dólares. Y, sin embargo, el
acusado afirma que no tiene los recursos financieros para cruzar la frontera
con México”.
Además,
“debe tenerse en cuenta que la investigación del Gobierno ha revelado que, en
el transcurso de varios años, el acusado ha utilizado varias técnicas para
disfrazar el tamaño de sus verdaderas participaciones financieras, incluido el
uso de compañías fantasmas y compradores falsos para adquirir activos. A modo
de ejemplo, en octubre de 2012, mientras el acusado seguía siendo un
funcionario mexicano, utilizó una compañía con sede en Florida para comprar una
residencia de 5,099 pies cuadrados en Golden Beach, Florida, por más de tres
millones de dólares, pagado en efectivo”.
“El demandado no figuraba en ninguna parte de
las presentaciones públicas de esa empresa, pero de todos modos se mudó a la
residencia de Golden Beach con su compra y, posteriormente, adquirió un yate
privado, ocultando su interés de propiedad a través de su adquisición a través
de esa empresa. Del mismo modo, en 2016, el acusado usó otra compañía con sede
en Florida para pagar la matrícula de la escuela privada de sus hijos. El
acusado no figuraba en ninguna parte de las presentaciones públicas de esa
empresa. La investigación del Gobierno ha revelado que el acusado ha utilizado
esta estrategia durante años, enmascarando sus activos y su adquisición con el
uso de compañías fantasmas y compradores falsos”, argumentaron los fiscales ante el
Juez.
“La
investigación del Gobierno ha revelado que el acusado ha recibido
constantemente millones de dólares en fondos, tanto a través de compañías con
las que está afiliado públicamente como a través de compañías fantasmas, que se
originan fuera de los Estados Unidos y México. A modo de ejemplo, los fondos
utilizados por una empresa para comprar la residencia Golden Beach se
originaron en una compañía en Panamá. Por lo tanto, es probable que, en caso de
que huya de los Estados Unidos, el acusado pueda mantenerse fácilmente a sí
mismo y a su familia económicamente a través de fondos que se originen fuera de
los Estados Unidos o México”, dice el argumento de los fiscales.
Hay un
momento en el que la parte acusadora se indigna ante García Luna por “arrogante
y descarado”.
“El hecho
de que el acusado no huyó de los Estados Unidos después del juicio de Guzmán
Loera no es evidencia de una conciencia inocente, sino que refleja su creencia
de años de que podría participar en actividades delictivas con impunidad y sin
consecuencias. Tal descaro y arrogancia no deberían redundar en su beneficio”, señala.
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