Julio Astillero.
Los recientes señalamientos de la ex embajadora de Estados
Unidos en México, Roberta Jacobson, respecto al conocimiento que tuvo la
administración de Felipe Calderón Hinojosa de las andanzas delictivas de su
secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, inciden en un tema a
resolverse en el corto plazo, la aprobación o rechazo de la pretensión del
mencionado político michoacano de hacerse de un partido de índole esencialmente
familiar, denominado presuntivamente como México Libre.
Aun cuando el citado Calderón Hinojosa y sus huestes
cibernéticas pretenden darle un sentido descalificatorio a una tercia de tuits
emitidos por la citada diplomática estadunidense, lo cierto es que la
grabación, puesta ayer mismo a disposición del público en la página de Internet
de la revista Proceso, muestra con claridad lo originalmente planteado: en
Washington se sabía el tipo de personaje que era el brazo policiaco ejecutor de
Calderón, pero por pragmatismo se trabajaba con él, de cuyo historial también
sabía el propio jefe político máximo de esa facción, hospedado durante seis
años en Los Pinos. El propio periodista Jesús Esquivel detalló lo relacionado
con esa entrevista con Jacobson, según puede verse en https://bit.ly/2YyaEE1
En realidad, el enfoque polémico preferido por el
calderonismo es equívoco a conveniencia (de ello habló ayer Anabel Hernández:
https://bit.ly/3c5zFuk): se pretende centrar y anclar la discusión en el punto
del conocimiento o no de Calderón respecto a lo que hacía su virtual
vicepresidente policiaco, como si en la realidad práctica pudiese haberse dado
una disociación radical entre quienes en los hechos fueron siameses operativos:
ejecutor implacable Genaro de las decisiones de Felipe (¿o al revés?),
causantes ambos de la vorágine denominada guerra contra el narcotráfico que
buscó dar legitimidad al fraudulento Calderón en su presidencia funeraria y, al
mismo tiempo, rediseñar, a conveniencia de quienes entonces tenían el poder
político y policiaco, el mapa del narcotráfico en México para favorecer a un
cártel, el de Sinaloa, y utilizar la fuerza armada institucional contra los
competidores del cliente protegido.
Las graves acusaciones radicadas en Estados Unidos contra el
preso García Luna, y la confirmación de que Calderón sabía lo que hacía su
copiloto sangriento (un saber que, en esas alturas del poder, significa
asentimiento y complicidad, cuando no instrucción expresa), tienen naturales
consecuencias políticas. Parte de la tragedia nacional y de la descomposición
institucional pasa por el ejercicio de poder que el crimen organizado ha
practicado abiertamente en los ámbitos gubernamentales de los tres niveles
(federal, estatales y municipales) y en las cámaras nacionales y estatales a
partir del financiamiento de opciones partidistas y electorales que al llegar a
los correspondientes cargos deben responder a los intereses de sus
patrocinadores, implacables en cuanto al cobro de sus réditos políticos y
económicos.
En ese contexto de vasos comunicantes entre alguien acusado
en Estados Unidos de ser un recaudador de dinero del crimen organizado, y un ex
ocupante de Los Pinos que dirige la construcción de un nuevo partido, y dadas
las recurrentes pruebas de proclividad falsificadora de los promotores
principales de México Libre, es necesario que el maltrecho Instituto Nacional
Electoral (incompleto por la salida calendarizada de cuatro de sus consejeros y
política y socialmente desgastado, sobre todo su actual presidente movedizo,
Lorenzo Córdova) revise a fondo los procesos de las asambleas distritales que
darían paso al otorgamiento del registro de México Libre como partido político.
Sin duda, hay ciudadanos que de manera legítima y respetable
decidieron apoyar la opción calderonista y zavalista, pero también hubo
señalamientos reiterados del pago en efectivo a asistentes (entre otros temas
económicos). Terrible sería que el dinero de García Luna estuviese al servicio
de otro proyecto político de su siamés Calderón Hinojosa.
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