Por Itxaro
Arteta.
El 84% de
los estados no está haciendo público cuánto dinero destina para contratar
bienes y servicios que sirvan para atender la emergencia por la enfermedad
COVID-19, de acuerdo con las organizaciones civiles Transparencia Mexicana y
Tojil.
En un
ejercicio de análisis de lo que se está publicando en portales de gobierno de
las entidades, encontraron que solo Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa,
Sonora y Nuevo León han hecho públicos sus contratos relacionados con la
pandemia, aunque el último de ellos no subió los documentos abiertos para
corroborar la información. Mientras que 27 estados no han informado al
respecto.
De los cinco
que sí han subido datos, el monto de sus gastos asciende a 4 mil 951
millones de pesos, hasta este miércoles.
Una semana
antes, las organizaciones revisaron los anuncios hechos sobre presupuesto
que se destinará tanto a la compra de bienes y servicios, como a programas
sociales o planes de recuperación económica para la población. Ahí, solo 15
entidades, poco menos de la mitad, habían prometido una cantidad, que en total
sumaba 13 mil 807 millones, mientras que el Gobierno Federal ha anunciado la
inversión de 622 mil 565 millones de pesos.
Es decir,
que los gobiernos locales solo han ofrecido el 2.2% de presupuesto que se ha
anunciado para atender la emergencia.
Apenas el 1
de mayo, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
reveló que la delegación del IMSS en Hidalgo había comprado ventiladores
respiratorios con sobreprecio a una empresa de León Manuel Bartlett Álvarez,
hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett
Díaz. En respuesta, el empresario se defendió acusando que la Ciudad de México
había comprado otros ventiladores todavía más caros.
“Ante las
recientes controversias sobre bienes y servicios adquiridos con sobreprecio,
Transparencia Mexicana y Tojil recordaron que la opacidad es un riesgo
adicional cuando se trata de contrataciones de emergencia”, señalaron las organizaciones en un
comunicado.
Por todo
esto, publicaron también una serie de recomendaciones, a las que se sumaron
Impunidad Cero y Justicia Justa. La primera, es que las autoridades deben estar
pendientes todo el tiempo, antes de firmar cualquier contratación, de la lista
de empresas fantasmas que publica el SAT, conocida como el listado 69-B, para
no entregar dinero público a proveedores que solo usan una fachada.
Otra es
tomar medidas adicionales para comprobar que las empresas que participan en el
proceso de compra podrán cumplir con los requerimientos de la unidad
compradora, así como limitar la posibilidad de que estas empresas hagan
subcontrataciones que pasen por alto los controles.
“Se
recomienda una ‘fiscalización reforzada’ a través de la participación de los
Órganos Internos de Control durante TODO el proceso de compra”, enfatizaron.
Tres
estados, sin informar sobre la pandemia.
Más allá de
la opacidad en las compras públicas, los gobiernos estatales han tardado
semanas o meses en ofrecer a la población toda la información sobre la pandemia
en un solo lugar. De hecho, tres estados aún no tienen micrositios o ni
siquiera alertan del COVID-19 en sus páginas oficiales: Campeche, Morelos y
Tabasco.
El portal
de Campeche, en cuanto se abre, ofrece al usuario redirigirlo a un sitio con
los datos federales de la enfermedad o con los locales, pero al dar click en
esta segunda opción, aparece el error 404, de cuando una página no existe.
En el
caso de Tabasco, la página oficial del Estado no redirige a ningún sitio
especializado, a pesar de que el propio gobernador, Adán Augusto López
Hernández, dio positivo a COVID-19 desde el 29 de marzo y fue dado de alta
apenas el 4 de mayo, más de un mes después. Ofrece trámites de transporte, el
plan de desarrollo estatal y el programa anual de evaluación del año pasado.
Más abajo, en la sección de comunicados, se mezclan los que han publicado sobre
la enfermedad con otros como la Convocatoria de ingreso a educación media
superior o que la policía ayudó a una mujer que tuvo un parto mientras viajaba
en un taxi.
Y la
página del gobierno de Morelos tiene un aviso de cuáles son los teléfonos para
llamar en caso de presentar síntomas, pero al darle click, es solo una imagen
fija y no hay más información disponible.
Eduardo
Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, explicó que algunos estados
han tratado de justificarse con que por sus redes sociales sí publican datos o
videos del gobernador o gobernadora hablando del tema, pero en primer lugar, no
se puede obligar a la ciudadanía a tener una red privada para acceder a
información que debería estar disponible en un sitio público, y en segundo
lugar, no permiten que una persona busque lo que le interesa, sino que obligan
a ver a veces muchos videos de varios minutos para enterarse de un punto.
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