El sector
privado advierte que tomará medidas legales contra la decisión del Centro
Nacional de Control de Energía (CENACE) de extender la suspensión de gestiones
ante este ente regulador con motivo de la epidemia del coronavirus, lo que
desde el punto de vista empresarial cierra el mercado eléctrico a nuevos
proyectos de energías renovables que planeaban incorporarse a la red.
La
decisión del CENACE “impide arbitrariamente, y con plazo indefinido, la entrada
en operación de nuevas plantas de energía renovable en todo el territorio
nacional y limita la generación de centrales en operación”, dice el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado distribuido el lunes.
El jueves
29 de abril, el CENACE que depende de la Secretaría dio a conocer el Acuerdo
para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad
del Sistema Eléctrico Nacional en el que destaca la importancia de garantizar
el suministro eléctrico durante la contingencia sanitaria que asola al país y
hace un recuento de fallas e intermitencias en el fluido eléctrico que atribuyó
a centrales eólicas y fotovoltaicas, por lo cual decide suspender de forma
indefinida a partir del 3 de mayo las pruebas preoperativas de este tipo de
centrales y cancela la autorización a las pruebas no iniciadas.
El
acuerdo firmado erige barreras a la competencia y desplaza a la iniciativa
privada, beneficiando indebidamente a centrales de generación más costosas y
contaminantes, dice el CCE sin mencionar a la estatal Comisión Federal de
Electricidad (CFE). “Sin motivación técnica sólida ni fundamento jurídico
plenamente justificado, el CENACE ha desatendido su mandato legal de
salvaguardar la eficiencia del Sistema Eléctrico Nacional y la competencia en
el mercado eléctrico, lo cual impacta negativamente a miles de consumidores en
el sector comercial e industrial”.
El
organismo empresarial afirma que el nuevo acuerdo firmado por Alfonso Morcos y
Gustavo Villa, Director General y Director de Operación y Planeación del
Sistema del CENACE, respectivamente, “retoma la ruta de captura regulatoria
prevista en el pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) desde agosto de 2019” y cuyas primeras medidas fueron instrumentadas
por la Secretaría de Energía en contra del mecanismo de Certificados de Energía
Limpia (CELs), suspendidas por una serie de jueces federales que identificaron
en ellas daños irreversibles tanto al medio ambiente como a los derechos de
privados.
“Como en
ocasiones anteriores, el sector privado tomará las medidas legales conducentes
para defender la competencia con piso parejo y el derecho de los mexicanos a un
medio ambiente sano”, advierte el CCE y agregó que la generación con energías
renovables representa inversiones por más de 20 mil millones de dólares en
México.
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