Por Dulce
Olvera.
El pueblo
maseual logró en 2018 un amparo contra tres concesiones mineras en etapa de
exploración en Cuetzalan, Puebla, otorgadas en 2007, 2008 y 2011 a la compañía
mexicana Minera Autlán, de José Antonio Rivero Larrea. Pero en mayo, cuando
celebran rituales a sus manantiales, el recurso estuvo en riesgo por un
proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que propuso
desvincular la Ley Minera (1992) de sus derechos indígenas, por lo que no bajarán
la guardia.
“Es un
momento muy difícil también por la contingencia. Nosotros exigimos que se
reconozcan y garanticen los derechos de los pueblos indígenas, y que la SCJN
señale la inconstitucionalidad de la Ley Minera para que dé pie a que más
instituciones gubernamentales se sumen a una propuesta de Ley bien elaborada”, dijo Ofelio Hernández, oriundo de
Cuetzalan, en el marco de la reapertura durante esta pandemia de la actividad
minera que aporta un 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional (PIB).
En
México, ya sea con proyectos de energías renovables (eólicas) o extractivos
(minas), las violaciones a los derechos de los pueblos persisten con el paso de
sexenios. En el caso de a minería, el 35 por ciento del territorio nacional se
encuentra concesionado a empresas mineras, lo que ha generado diversos
conflictos socioambientales como el despojo, acusa el Consejo Maseual
Altepetajpianij compuesto por 30 representantes de los tres municipios
afectados con asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Desde
la Ley Minera de 1992 van más de 27 mil concesiones de las cuales solo 3 mil
operan, según la Cámara Minera de México.
En marzo del
2015, el pueblo ubicado en la Sierra Norte de Puebla presentó una demanda de
amparo alegando la inconstitucionalidad de la Ley Minera, así como la violación
de sus derechos a la autodeterminación y al control de los recursos naturales
por la entrega de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y
Macuilquila, ubicadas en los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y
Cuetzalan del Progreso, en especial por la falta de consulta previa, libre e
informada tanto en la expedición de la Ley como en el otorgamiento de las
concesiones. Se presentaron peritajes en antropología, impacto ambiental y
topografía y agrimensura. En septiembre de 2018 se otorgó el recurso solo
respecto a las concesiones en etapa aún de toma de muestras.
“La
actividad minera conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que
transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el
ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico (subterráneo y superficial), calidad
del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento,
de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión,
depositación de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación
del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad
del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje”, reconoció la
Jueza del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa
y de Trabajo y de Juicios Federales Pueblas. Ordenó a la Secretaría de Economía
del Gobierno pasado tanto dejar sin efectos las tres concesiones mineras como
realizar la consulta indígena.
Pero, acusó
Ofelio, la resolución “ya no es adecuada” porque desde un inicio se violó su
derecho a la autodeterminación. Y al estar interconectado el aire, el subsuelo
y el entorno, la afectación es de un todo. “En Cuetzalan, a pesar de que está
solo en el 10 por ciento de las concesiones, es territorio alto y tiene
escurrimientos, manantiales y ríos subterráneos. Nuestra lucha fue considerando
que si la minería a cielo abierto se practica en esos cerros, toda el agua
estaría contaminándose, envenenaría a las personas y destruiría los circuitos
de mantos freáticos, lo que implica una amenaza muy fuerte”, expuso en
entrevista. “Al desaparecer los mantos nos quitarían nuestros puntos de
comunidad; valoramos mucho que en un manantial se encuentran las personas
mayores y las mujeres para transmitir conocimiento entre generaciones”.
El
proceso de litigio –acordado desde una asamblea en 2014 por más de 3 mil
habitantes del pueblo maseual– busca solidarizarse y sumar esfuerzos a la lucha
de los pueblos indígenas para poner fin a la violencia estructural, por lo que
exigen que sea un precedente que sirva para otros casos de pueblos y
comunidades indígenas que han decidido acudir a tribunales a reclamar sus
derechos que les han sido violados por la imposición de proyectos mineros en
sus territorios.
“Como
muchos pueblos originarios y grupos equiparables, buscamos una Vida Buena
(Yeknemilis, como decimos en la lengua maseual) y no podemos estar bien sino
tenemos una paz social en nuestros territorios, y los proyectos extractivos
como la minería destructiva nos agreden directamente a nuestra forma de ser y
estar con el entorno”, aseguraron los maseualmej en un comunicado.
EL PROYECTO
DEL MINISTRO LAYNEZ.
Hace unos
días el Ministro Javier Laynez Potisek presentó un proyecto de resolución en
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el
recurso de revisión de los pobladores de Cuetzalan (928/2019) sobre la constitucionalidad
de la Ley Minera.
El Ministro afirmó
que “el contenido de la Ley no se vincula directamente con los intereses y
derechos de los grupos indígenas involucrados”, a pesar de que en juzgados
federales en Guerrero, Puebla, Oaxaca y San Luis Potosí se ha concluido que el
otorgamiento de concesiones mineras en territorios indígenas ha sido
inconstitucional por no garantizarles su derecho a la consulta previa, libre e
informada por los impactos a sus derechos al agua, ambiente, territorio y
autodeterminación.
“La Ley
Minera representa el instrumento que posibilita la expedición de títulos de
concesión con los que se despoja a los pueblos y comunidades indígenas sus
territorios. El proyecto erosiona el Estado pluricultural en México”, acusaron
el Consejo Maseual Altepetajpianij, Consejo Tiyat Tlali, Centro Mexicano de
Derecho Ambiental (CEMDA), Comité de Ordenamiento Territorial Integral de
Cuetzalan (COTIC) y el Environmental Defender Law Center (EDLC).
A pesar
de no tener acceso a una audiencia por la COVID-19, ante la presión de los
pobladores y las organizaciones a través de una carta enviada a la SCJN, videos
y notas periodísticas, el 14 de mayo el Ministro Laynez Potisek retiró su
proyecto de sentencia antes de ser votado. Pero se mantendrán en la resistencia
“porque sabemos que en cualquier momento esta propuesta puede ser retomada”, dijo Ofelio.
Fabiola,
también habitante de Cuetzalan, acusó que era “lamentable” ese proyecto y
rechazó la Ley Minera actual porque la actividad extractiva destruye sus ríos y
manantiales.
“Como
masemalwej entendemos que nuestra Madre Tierra nos da diversidad de productos
para alimentarnos. Por eso le tenemos mucho respeto y no estamos de acuerdo con
que se concluya esta Ley”, declaró en un video hecho por el Consejo Maseual dirigido a los
ministros.
La semana
pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró en conferencia de
prensa que durante su Gobierno no se ha entregado una sola concesión para la
minería, “porque hay millones de hectáreas concesionadas del periodo neoliberal
que ni siquiera se están explotando, sino que entregaron las concesiones y
utilizaron los títulos de concesión para la especulación financiera”. La
Secretaría de Economía está revisando las concesiones para detectar las
inactivas y cancelarlas.
De enero
a noviembre de 2006, el último año del Gobierno de Vicente Fox y primeros datos
disponibles de la Dirección General de Minas, se brindaron mil 573 concesiones,
principalmente en Durango, Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y
Coahuila, con una extensión de 3 millones 630 mil hectáreas. Y la Secretaría de
Economía del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) dio otras 9 mil 805 concesiones
mineras, sobre todo en 2007 (2 mil 267), con una extensión total de 25 millones
370 mil hectáreas,
reportó SinEmbargo hace unos meses.
Hasta 2011, la
Dirección General de Minas hizo público el nombre de empresas y personas
físicas que recibieron las concesiones para realizar actividades mineras, de
las cuales destacan Exploraciones Mineras Parreña, Exploraciones Mineras
Peñoles, Minera Saucito (Fresnillo), que pertenecen al multimillonario Alberto
Baillères González, así como Minera del Norte de Altos Hornos de México
(AHMSA), siderúrgica del detenido en España, Alonso Ancira, Grupo México de Germán Larrea Velasco, cuya
mina Buenavista fue responsable del derrame de tóxicos en ríos de Sonora en
agosto de 2014.
MANIFESTACIÓN-CONTRA-LEY-MINERA-SENADO.
Y durante
el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) la Secretaría de Economía dio 5
mil 396 concesiones mineras de 9.9 millones de hectáreas con vigencia de 50
años, principalmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero y Oaxaca,
revelan datos de su Dirección General de Minas (DGM). De igual forma los concesionados
mexicanos fueron principalmente Baillères, Ancira y Larrea.
Sin embargo,
es un “gran mito” que la minería genere desarrollo y empleos para las
comunidades donde realiza sus actividades, afirmó el anuario 2018 “Actividades
extractivas en México” revelado por Fundar el año pasado.
En los
centros productores de plata como Fresnillo, Mazapil y Chalchihuites, documentó
la investigadora Beatriz Olivera del centro de análisis, el 58 por ciento de la
población vive en pobreza; el 64 por ciento obtiene un ingreso inferior a la
línea de bienestar; el 35 por ciento carece de servicios básicos en la
vivienda; el 13.16 por ciento no tiene acceso a servicios de salud y un 25 por
ciento presenta rezago educativo.
En los
centros productores de oro, como Caborca, Mazapil, Ocampo, la pobreza se
registra en el 50 por ciento de sus habitantes; el ingreso del 55 por ciento es
menor a la línea de bienestar; y un 29 por ciento carece de servicios básicos
en los hogares.
Respecto
a oportunidad laboral, las actividades extractivas en el país (de minerales e
hidrocarburos) representan solo un 0.66 por ciento (131,434 empleos, IMSS,
2018) del total del empleo asegurado a nivel nacional y, agrega, este sector
económico es el que contrata una mayor proporción (27.4 por ciento) de personal
vía outsourcing sin acceso a seguridad social.
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