García Luna no quiere cooperar.

Dolia Estévez.

Acusado de recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de protección cuando fue Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y de mentir a las autoridades, Genaro García Luna no quiere cooperar con los fiscales. Entre hoy y el 4 de junio, fecha de la próxima teleaudiencia en la corte de Brooklyn, me dicen, puede cambiar de opinión y aceptar el pacto que le ofrecen para que se declare culpable y colabore con los fiscales a cambio de que le quiten cargos y/o recomienden al juez una reducción de pena.

Si García Luna mantiene su negativa, habrá juicio, aunque no pronto. Dado el trastorno en los horarios de los tribunales por la crisis de salud, pasará tiempo antes de poder realizarse. De ser hallado culpable de los cuatro cargos que se le imputan, puede ser sentenciado a 10 años o cadena perpetua. En contrapartida, si coopera, tiene la posibilidad de salir después de cumplir dos tercios de la pena. Contaría retroactivamente el tiempo que hubiera acumulado.

Pactar es lo que más conviene al hombre fuerte del calderonismo. Cuestión de ver cómo le fue a El Chapo por no aceptar el arreglo de culpabilidad conocido como “plea bargain”. Al cabo de 11 semanas y 56 comparecientes (14 “testigos cooperantes”), fue condenado a cadena perpetua y 30 años por el magistrado Brian Cogan, el mismo a cargo de García Luna. Terminará sus días en una celda de máxima seguridad en Colorado, sin volver a ver los amaneceres de su natal Sinaloa.

En México no existe la figura legal de “plea bargain” per se. Lo más remotamente parecido es el “criterio de oportunidad” en la fracción V del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Permite que se suspenda, y luego extinga, la acción penal a solicitud del Ministerio Público, “cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”. En Estados Unidos es mucho más flexible la figura, explica un abogado consultado, pues permite que fiscalía y defensa planteen al juez un acuerdo de pena(s) y/o medidas que previamente fueron pactadas a cambio de información.

Quizá las barreras del idioma y las diferencias en las leyes le impiden entender las implicaciones de rechazar el “plea bargain”. El sistema judicial que García Luna conoce es políticamente maleable. Tiende a favorecer a los poderosos. En Estados Unidos los jueces no suelen ser sobornados ni los juzgados politizados. Se equivoca si cree que los políticos y espías estadounidenses que lo arroparon en el sexenio de Calderón pondrán las manos en el fuego por él. En sus infinitas horas negras de ensordecedor silencio debe maldecir: “Me la deben. Les di todo…” Menos a El Chapo.

Por insólita asombra a propios y extraños la actitud de García Luna. Alcanzar sentencias condenatorias mediante el llamado “plea bargain” es la regla no la excepción en el sistema penal estadounidense. La opción pragmática de los fiscales para acelerar procesos, evitar juicios exorbitantemente caros, tardados y tediosos con jurados obligatorios bajo la Constitución compuestos por ciudadanos. Cientos de millones de dólares se calcula costó el juicio de El Chapo. Un millón sólo en sueldos para 10 fiscales.

Un estudio reciente del Centro de Investigaciones Pew revela que, de las 80 mil personas acusadas en tribunales federales en 2018, 90 por ciento se declaró culpable mediante arreglos de “plea bargain” entre fiscales e inculpados. Sólo 2 por ciento se fue a juicio, y menos de uno por ciento de los enjuiciados ganó (“Only 2% of federal criminal defendants go to trial, and most who do are found guilty” 11/06/2019). García Luna puede intentar, pero las estadísticas no le favorecen. La probabilidad de que gane es menor de uno por ciento. Hace tiempo que el horizonte dejó de sonreírle.

La admisión de responsabilidad por parte de los imputados seguido se obtiene bajo tácticas “coercitivas”. En el caso de García Luna, me dicen, los fiscales están “tratando fuertemente” de convencerlo. Muchos acusados injustamente terminan pactando para evitar la incertidumbre de los juicios.

Está por verse si García Luna va a dar su brazo a torcer. No se descarta que su negativa sea una maniobra dilatoria para tratar de obtener mejores concesiones. O quizá crea que puede salir victorioso y reivindicado.

Con excepción de El Chapo y Juan García Abrego, el resto de capos que han sido extraditados han pactado con sus acusadores: Arellano Félix, Miguel Caro Quintero, Osiel Cárdenas Guillén, “El Rey” Zambada (acusó a García Luna de recibir narco sobornados), “La Barbie” Valdez Villareal y “El Vicentillo” Zambada Niebla, por mencionar a los más famosos. Reducción de sentencias, programas de testigos protegidos y asilo incluso, son algunos de los beneficios obtenidos.

El Vicentillo, quien colaboró con la DEA en México antes de ser extraditado en 2010, fue sentenciado a 15 años de cárcel en mayo de 2019, poco después de comparecer contra El Chapo. Se cree que fue liberado, pues ya había cumplido retroactivamente dos tercios de esa pena. Su nombre no aparece en el registro del Buró Federal de Prisiones.

Para García Luna la admisión de culpabilidad no sólo es antinatura sino cuestión de honor. Aceptar delitos que dice no cometió es darle la razón al tribunal de la opinión pública que hace mucho lo condenó. En su vocabulario no están las palabras humillación y derrota. Un hombre soberbio que no hace mucho esgrimió tanto poder que se creyó infalible no se dobla ni doblega. Mejor morir de pie que vivir de rodillas. La sofisticación no es lo suyo. Tampoco el pragmatismo.