Por Claudia
Ocaranza / Poder
Una serie de
deficiencias en el reporte de contrataciones por parte del gobierno mexicano
-debido a la suspensión de plazos de las peticiones de acceso a la información
y de la publicación de datos por transparencia proactiva- y la realización de
adjudicaciones directas incluso desde antes de la declaración de emergencia
sanitaria, han provocado que la información sobre cómo se está gastando el
dinero público para hacer frente a la pandemia, fluya a cuentagotas. Esto es lo
que halló PODER en esta investigación regional, liderada por la Red de Periodistas
de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (PALTA), en 7
países de América Latina.
Si bien el
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo de trabajo,
comparte eventualmente información sobre las compras de insumos en algunas de
sus conferencias de prensa diarias; y el subsecretario de salud Hugo López
Gatell, junto con otros expertos, hace lo mismo en sus presentaciones sobre el
tema, las plataformas oficiales para reportar las contrataciones están semi
paralizadas. En el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)
no se están reportando contratos de ningún tipo, y en Compranet se reportan
poco y sin acceso completo a las contrataciones públicas para la emergencia
sanitaria.
La
información tampoco está disponible a través de la ley de transparencia, pues
el 20 de marzo el gobierno suspendió los plazos de respuesta. Es decir,
cualquier solicitud de información ingresada desde ese día en adelante, no será
reconocida como presentada sino hasta levantados los plazos. El 30 de abril el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), declaró que se levantarán los plazos a partir de hoy,
4 de mayo. Solo a partir de esta fecha contará el tiempo obligatorio para que
las entidades que realizan actividades esenciales, como las del sector salud,
respondan.
Excepcionalidad
en la contratación.
El 27 de
marzo, tres días antes de decretar la emergencia sanitaria en México, AMLO
publicó un decreto en el que declaraba el levantamiento de procesos regulares
para la contratación de insumos, bienes y servicios necesarios para hacer
frente a la COVID-19. Es decir, ya no sería necesario contratar a través de
licitación pública. Sin embargo, esta investigación de PODER revela que incluso
desde antes de la emergencia, el gobierno realizó contratos relacionados con el
virus SARS-CoV2 de forma directa.
Las Unidades
Compradoras empezaron desde el 17 de marzo a realizar contratos relacionados
con la pandemia. A través de la herramienta QuiénEsQuién.Wiki, se han podido
identificar, hasta el 26 de marzo, un día antes del decreto, 27 contratos,
todos por adjudicación directa y por un monto total de 8,095,435.19 pesos
(338,155.18 dólares). Por ejemplo, el 17 de marzo la Secretaría de Bienestar
hizo un contrato con el proveedor Carlos Aguilar Priego por el servicio de
impresión de formatos varios y volantes de prevención COVID-19, por 207,000
pesos (9,443 dólares).
La
deficiencia en la forma de reportar contratos dificulta la vigilancia sobre
procesos de contratación críticos en tiempos de pandemia, como el puente aéreo
que se conformó desde el gobierno con la ayuda de la aerolínea Aeroméxico, para
traer insumos desde China. Estos contratos para los vuelos del 7 y 10 de abril
con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) no se encuentran. Y para
el proceso entre Aeroméxico y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
firmado el 15 de abril, por más de 18 millones de pesos (776,900 dólares), no
se han detallado el número de vuelos, ni el monto, ni el modelo de contratación
del puente aéreo.
En
algunos estados, como en Chihuahua, la excepción de licitación pública también
implica que no se tenga que explicar porqué se decide por una adjudicación
directa. También les permite ignorar la formalización de contratos. Para ello
pueden sólo realizar el pedido y la orden de compra. El precio pasa a segundo
término como factor de decisión para bienes urgentes como material quirúrgico y
de curación, productos para desinfección y productos higiénicos.
Sólo cuatro
contratos para ventiladores covid-19
Es
imposible saber por registros públicos si el gobierno mexicano empezó a comprar
insumos para hacer frente a la pandemia con antelación, considerando que los
primeros reportes de COVID19 en China fueron de enero. El único indicio para
conocer qué se está comprando es a través de los títulos, pues no se incluyen
descripciones de los productos ni unidades o precio unitario.
Los
primeros contratos que aparecen en Compranet están fechados desde el 17 de
marzo. Entre esa fecha y el 24 de abril, se encuentran 130 contratos por
2,223,352,744 pesos (92,485,555 dólares), todos en adjudicación directa, con
los términos “covid-19”, “covid”, “coronavirus”, “pandemia” o “sars_cov2” en su
descripción.
92% del
importe total fue para un solo contrato a Levanting Group por 2,500
ventiladores, encargados el 30 de marzo. Hasta el 17 de abril, los ventiladores
no habían sido entregados, a pesar del carácter de urgente con el que se firmó
el contrato. La empresa pertenece a Baldemar Pérez Ríos, empresario de
Guanajuato sentenciado por fraude bursátil en Estados Unidos y por
falsificación de documentos en contratos con Petróleos Mexicanos y la Comisión
Federal de Electricidad.
Desde
enero de 2020 hay al menos otros 30 contratos en Compranet con la palabra
ventilador o ventiladores en su título, pero sólo hay cuatro, incluido el de
Levanting Group, con la palabra Covid-19 hasta el 24 de marzo, por lo que son
los únicos contratos sobre ventiladores que se puede asegurar que fueron hechos
para afrontar la emergencia sanitaria.
Los otros
proveedores de ventiladores para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
son Medical Dimegar, S.A. de C.V. por 650,000 pesos (26,401 dólares) por un
ventilador de traslado adulto-pediátrico; Servicio y Soporte Biomédico, S.A. de
C.V., por 8,760,000 pesos (355,808 dólares) por 8 ventiladores
adulto-pediátrico; y Viasis OCC, S.A. de C.V. por 416,648 pesos (16,950
dólares) por consumibles para ventiladores volumétricos. Todos los contratos
fueron firmados el 23 y 24 de abril.
Aunque
Compranet tiene la posibilidad de adjuntar archivos, la forma en que las
Unidades Compradoras han reportado los contratos a partir de la pandemia,
mantiene las mismas deficiencias que antes: algunos sin datos relevantes del
contrato ni otro tipo de documento, como se reportó en TodosLosContratos.mx.
La reacción
de la sociedad civil.
Un grupo de
organizaciones, entre ellas PODER, envió una carta a los y las comisionadas
de INAI, solicitando que no se aplacen más los tiempos para no afectar más el
derecho de acceso a la información. Igualmente se señaló que no se encuentra
información detallada en las plataformas para hacer seguimiento del ejercicio
de los recursos destinados para atender la emergencia.
A pesar
de que el INAI aprobó la implementación de una mesa de trabajo de transparencia
proactiva para “detectar la información que resulte de interés a la sociedad y
sea vital” para orientar las acciones del Gobierno Federal, y de que reconoce
que la “información relativa a la compra de insumos para la atención del
COVID-19” ha sido una de las solicitudes recurrentes, esto no se ha reflejado
aún en los datos liberados por las dependencias del gobierno que están
comprando insumos.
Como
respuesta a la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, el INAI
ordenó reiniciar los plazos de respuesta a solicitudes a partir del 4 de mayo y
también se contempla la creación de un micrositio donde se reporten procesos de
contratación para hacer frente a la pandemia.
La
importancia de conocer cómo se están haciendo las compras de insumos, equipo
médico y sanitario, radica en que, además de hacerse con dinero público,
impacta en la seguridad a la que puede aspirar y exigir las personas enfermas y
el personal médico que atiende a pacientes con coronavirus. En varios
hospitales del país se ha denunciado la falta de equipo de protección adecuado
para atender a pacientes infectados. Incluso, algunos han tenido que adquirir
material por su cuenta, o arriesgarse a ser contagiados.
Mientras que
autoridades aseguran que todo está bien, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre,
residentes, médicos y adscritos acusan que no cuentan con las medidas mínimas
de seguridad: la división entre el triaje respiratorio y pediatría son biombos,
las gafas se lavan con agua y jabón y son usados indistintamente por el
personal médico, y la mayoría no cuenta con máscaras N95, solo con cubrebocas
plisados, según dijeron fuentes anónimas a PODER.
Este
reportaje forma parte de una investigación regional, liderada por la red de
Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red
PALTA), que integran La Diaria de Uruguay, OjoPúblico de Perú, Datasketch de
Colombia, La Nación de Argentina, PODER de México y OjoConMiPisto de Guatemala
y El Faro de El Salvador. Para leer sobre el sistema de compras y
contrataciones de América Latina también puedes ingresar al sitio de la Red
Palta.
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