Por Dora
Villanueva.
La
política de combate a la corrupción declarada por el gobierno federal ha tenido
efecto sólo en la percepción de que esta práctica bajó durante el año pasado,
al compararle con 2017; sin embargo, en el número de población afectada
directamente por esta práctica hubo “un incremento estadísticamente
significativo”,
reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Durante
2019 la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones
de gobierno se redujo, al pasar de 91.1 por ciento en 2017 a 87 por ciento en
2019.
Sin embargo,
la prevalencia de esos actos se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100
mil habitantes en 2017 a 15 mil 732 en 2019; mientras la tasa de casos nuevos
pasó de 25 mil 541 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2017 a 30
mil 456 en 2019.
Esta
información contenida en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG) contempla actos de corrupción en actividades
relacionadas con la vida cotidiana de los hogares y deja de lado las prácticas
en unidades económicas.
De acuerdo
con el organismo, los incrementos en hechos reportados de corrupción
dispararon también en 64.1 por ciento el costo total de este problema. En 2019
la suma ilícita de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros
contactos con autoridades fue de 12 mil 770 millones de pesos, lo que equivale
a 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada. En 2017 resultó en 7 mil 780
millones y 2 mil 450, respectivamente.
Inegi reportó
que las mayores experiencias de corrupción se estiman en el contacto con
autoridades de seguridad pública con 59.2 por ciento de los casos, seguido de
otros pagos, trámites o solicitudes –como el pedir una carta de antecedentes
penales, licencias, servicios administrativos en servicios de salud y empleo
(pensiones, incapacidades, préstamos) y conexión o reconexión de energía
eléctrica– donde alcanza 44.9 por ciento. Y también destaca el sistema
judicial.
En
Guanajuato –estado marcado por la violencia– la prevalencia de corrupción se
disparó 80.6 por ciento en los últimos dos años; le siguieron Puebla con un
incremento de 63.9 por ciento y Durango con 58.6. Por otro lado, en Chihuahua
cayó 40 por ciento, en Tabasco, 41.2 y en Zacatecas, 38.1 por ciento.
En cuanto
incidencia resulta algo similar, en Guanajuato se disparó 161.2 por ciento,
100.6 por ciento en Puebla, Quintana Roo, 60.4 y en el Estado de México, 59.6.
Mientras se redujo en Baja California Sur, Nuevo León y Zacatecas, en 46.7,
36.2 y 34.2 por ciento, respectivamente.
Esas
entidades fueron donde se registraron los mayores movimientos, pero aquellos
donde la corrupción está más extendida, con tasas por arriba de los 50 mil
habitantes de cada 100 mil son Guerrero, Durango y Coahuila.
Se duplica
confianza en el gobierno federal.
El Inegi
también dio cuenta que pese a un mayor registro de corrupción, hubo un
incremento general en la satisfacción de los ciudadanos con el gobierno. Pasó
de 45.5 por ciento en 2017 a 47.2 en 2019.
Ningún
sector tuvo un incremento tan marcado en confianza como el gobierno federal, donde
se duplicó de 25.5 por ciento a 51.2 por ciento en dos años. La mayoría de
actores y entidades de gobierno tuvieron una mejora en este indicador, incluso los partidos
políticos incrementaron de 17.8 a 24.6 por ciento.
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