Por Juan
Omar Fierro.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador
padece una amnesia selectiva que protege a tres altos funcionarios ligados a
Genaro García Luna, pese a que hay una orden presidencial y un oficio que
solicita la suspensión inmediata de cualquier personaje vinculado con quien fue
titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Felipe
Calderón.
Documentos
consultados por Proceso indican que esos funcionarios trabajaron de manera
directa con García Luna, pero actualmente continúan laborando en la ahora
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en el Órgano Administrativo
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), instancia
responsable de operar las cárceles federales.
La
permanencia de los mandos vinculados directamente con García Luna contradice
las denuncias públicas de López Obrador sobre una supuesta “amnesia” de los
medios mexicanos para abordar el juicio por tráfico de drogas que enfrenta el
exsecretario federal en Estados Unidos.
“Los
opositores nuestros ya olvidaron la historia, tienen como amnesia, y esto
también se ve en los medios. No hay análisis de lo que pasaba antes, eso no se
habla. Antier comentaba yo de la detención de Genaro García Luna, pero aquí no
se trata el tema, está vedado”, lamentó López Obrador el 22 de abril.
Salvados “de
facto”
La encargada
interina de la Secretaría General de la Policía Federal, María Cecilia
Hernández Galván, es una de las principales subordinadas que ha sobrevivido a
la purga ordenada por el presidente.
La hoy
comisaria fungió como directora general de Programación, Organización y
Presupuesto de la SSP entre 2007 y 2013, es decir, durante el mandato de García
Luna en esa dependencia.
Además, en
el OADPRS continúan laborando otros dos mandos ligados de manera directa con el
ahora detenido en Estados Unidos: su exasesor Rodrigo Alcántara Fernández y
Arnoldo Avilés Gómez, exdirector de Formación y Profesionalización de la
Policía Federal.
Actualmente Alcántara
es director general de Administración de los penales federales y Avilés Gómez
es el director de Adquisiciones, Materiales y Servicios Generales en el mismo
órgano desconcentrado.
Las
contrataciones de ambos fueron avaladas por el actual comisionado de Prevención
y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, funcionario cercano al
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
El caso
de Avilés ya había sido documentado por Proceso el 5 de abril pasado, pero
hasta el momento sus superiores jerárquicos no han emitido ninguna comunicación
para informar sobre un cambio de su situación laboral.
Designada
por Durazo.
Hernández
Galván fue designada directamente por el actual secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPyC), Alfonso Durazo, quien paradójicamente emitió una
circular el pasado 25 de marzo en la que pide a los titulares de otras
dependencias suspender a cualquier funcionario en activo que haya tenido
vínculos con Genaro García Luna.
De acuerdo
con el portal de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública, Hernández
Galván era una de las principales colaboradoras de Sergio Montaño Fernández,
exoficial mayor de la SSP señalado por derrochar más de 3 mil millones de pesos
en los últimos seis meses de la gestión de García Luna (Proceso 1903).
La
comisaria trabajó con Montaño desde que éste fungió como director general de
Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda en mayo de 2005.
Hernández
Galván trabajaba en Hacienda desde 1991 –primero como directora y después como
directora general adjunta–, y tras coincidir con Montaño en 2005 se unió a su
equipo y a partir de enero de 2007 se incorporó a la SSP.
Durante
los seis años de la administración calderonista fue directora general de
Programación, Organización y Presupuesto de la SSP, cargo que ocupó hasta
febrero de 2013. Su principal función era administrar el presupuesto de la
dependencia que dirigía García Luna, pero bajo la supervisión de Montaño.
Desaparecida
la SSP, fue colocada en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación,
donde fue directora general de Modernización, Organización y Eficiencia
Administrativa hasta junio de 2014.
En julio
de ese año fue nombrada jefa de la Unidad de Servicios y Formación Policial de
la recién creada Comisión Nacional de Seguridad, puesto que desempeñó hasta
noviembre de 2018.
En el
arranque del sexenio de López Obrador fue nombrada directora general de
Administración del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública. Su jefe directo es Durazo.
A partir de
julio de 2019, con la anuencia del propio Durazo, fue designada encargada
interina de la Secretaría General de la Policía Federal, pese a los seis años
que trabajó de manera estrecha con el exoficial mayor de García Luna.
Además de
ser el responsable de todas las contrataciones que se realizaron durante la
gestión de García Luna como titular de la SSP entre 2007 y 2012, Montaño fue
uno de los hombres más fieles al jefe policiaco.
Incluso, el
14 de noviembre de 2012, 15 días antes de que García Luna concluyera su
gestión, el exoficial mayor organizó una ceremonia especial para premiar a su
jefe por cumplir 25 años de servicio en la administración pública federal.
El poderoso
exoficial mayor no volvió a ocupar un cargo público tras concluida la gestión
de Calderón.
Reciclados.
Alcántara
Fernández es otro funcionario transexenal, de acuerdo con el Registro de
Servidores Públicos de la Secretaría de la Función Pública.
Egresado de
las universidades Autónoma de San Luis Potosí y de Essex, en Inglaterra, ingresó
en agosto de 2007 a la SSP como director general adjunto, pero su función
principal era asesorar a García Luna.
Desde la
Coordinación de Asesores del secretario de Seguridad, fungió como consejero
hasta marzo de 2009.
Según su
perfil en LinkedIn, sus funciones principales eran el desarrollo de
proyectos de investigación sobre seguridad y la elaboración de los discursos de
García Luna.
Entre
abril de 2009 y mayo de 2011, todavía como director general adjunto de la
extinta SSP, se volvió asesor de García Luna en materia de contratación y
adquisición de bienes y servicios, además de administrar el pago a contratistas
en áreas como transporte, limpieza, mantenimiento y servicios de fumigación.
En mayo de
2011 se incorporó a la Policía Federal, primero como director general adjunto
–con la consigna de supervisar la aplicación de la Iniciativa Mérida– y luego
como director general de Recursos Materiales, cargo que ocupó entre julio de
2012 y enero de 2013.
Como
Hernández Galván, Alcántara Fernández se mantuvo con García Luna durante todo
el sexenio de Calderón.
En la
gestión de Peña Nieto, Alcántara ocupó cuatro cargos distintos: director de
Adquisiciones de la SEP, director jurídico de Desincorporación de la Secretaría
de Hacienda, director general adjunto de Análisis de la Presidencia y,
finalmente, administrador general de Evaluación del Servicio de Administración
Tributaria.
Su suerte
no amainó con el gobierno de López Obrador; por el contrario, durante un año y
cuatro meses fungió como director general adjunto de la Secretaría de
Gobernación, donde hizo el contacto con José Ángel Ávila, para luego asumir
como director general de Administración de los Penales Federales.
Pese al
oficio firmado por Durazo el 25 de marzo último, Alcántara Fernández se
mantiene inamovible en la estructura del OADPRS, otro caso de amnesia selectiva
del actual gobierno federal.
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