Julio Astillero.
El pasado viernes,
en Parras de la Fuente, Coahuila (lugar donde nació el iniciador de la
Revolución Mexicana, Francisco I. Madero), se reunieron siete gobernadores bajo
una denominación en apariencia circunscrita a los temas sanitarios del momento
(Reunión Interestatal Covid-19) pero que, en realidad, constituye el mayor reto
lanzado hasta ahora desde el propio plano institucional a las políticas del
presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo las relacionadas con la salud
pública.
Instalados
en la casa Madero, la vinícola más antigua de América, que ha funcionado de
manera ininterrumpida desde 1597, los titulares de los poderes ejecutivos de
esas siete entidades plantearon que la Federación debe negociar con ellos
ciertos gastos relacionados con la atención al coronavirus de esta temporada
pero, también y sobre todo, reiteraron su intención de empujar nuevas reglas de
asignación de fondos desde el plano federal a los estados (la demanda de un
nuevo pacto fiscal nacional) y se manifestaron contra el acuerdo del Centro
Nacional de Control de Energía (Cenace) que, a su entender, frena la inversión
privada en energías limpias y contra el cual estarían por actuar incluso por la
vía judicial.
El punto de
partida de este frente de gobernadores ha sido el noreste, con el moreirista
Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila (quien fue el anfitrión), el panista
Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas (quien leyó el comunicado final
de la reunión) y el desfondado independiente Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo
León (quien busca ser punta de lanza del enardecido empresariado de esa entidad
que cuenta con gran fuerza industrial)
A esta
tercia norteña (aún sin el chihuahuense Javier Corral, quien sostiene un
intento de entendimiento duradero con López Obrador), se sumó el panista
duranguense José Rosas Aispuro, político de bajo perfil. Hasta aquí está claro
el posicionamiento regional adverso a lo que consideran políticas de privilegio
de AMLO hacia el sur del país. En una línea parecida podrían estar la priísta
sonorense Claudia Pavlovich (aunque el PRI pretende mantenerse en tregua
respecto a Palacio Nacional), el priísta sinaloense Quirino Ordaz Coppel y el
panista que gobierna Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. Del
chihuahuense Corral ya se habló líneas arriba. Un norte dominado por la
oposición a López Obrador, como puede verse (hay quienes consideran que hasta
el hoy despechado Jaime Bonilla Valdez, llegado al poder por la vía de Morena, podría
hacer guiños a este nuevo sindicato de gobernadores).
Al bloque
norteño se ha sumado una porción de los gobernadores del occidente del país, a
la cabeza de ellos el supuestamente presidenciable Enrique Alfaro, de Jalisco
(bien cargado de presupuesto, gracias al enorme endeudamiento que está
contratando para su estado), además del tecnócrata priísta-peñista Ignacio
Peralta, de Colima, y el perredista-peñista Silvano Aureoles, de Michoacán. Hay
otras tres entidades colindantes que no se han sumado (¿aún?), todas a cargo de
panistas: Guanajuato, con Diego Sinhué Rodríguez Vallejo; Nayarit, con el
empresario Antonio Echavarría y Aguascalientes con Martín Orozco Sandoval.
La acometida
de los gobernadores expresamente alineados en Parras de la Fuente corresponde
al momento táctico en que consideran que la fuerza y popularidad del presidente
de la República va en decremento y puede tener impactos negativos en función
del curso que tome el manejo oficial del Covid-19. Desde luego, lo electoral
también está entre las consideraciones principales, con la vista puesta en
impedir que Morena y sus aliados mantengan la mayoría definitoria en la Cámara
de Diputados en 2021.
Y, mientras
el gobierno de Puebla, a cargo de Miguel Barbosa, provoca inconformidad de
instituciones privadas a causa de una nueva ley estatal de educación, aprobada
el pasado 15 y a la que tachan de autoritaria.
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