Integrantes del
Consejo Regional de Autoridades Agrarias (CRAA) de la Montaña y la Costa Chica
Por la Defensa del Territorio acordaron impedir el despojo de recursos
naturales en Guerrero. En el foro informativo en Suljaa (Xochistlahuaca)
llamaron a la unidad para proteger la tierra ante la eventual devastación en
caso de permitir la instalación de explotaciones mineras.
Representantes de los
pueblos nan’ncue ñomndaa, me’phaa, tu’un savi, nahuas y afromexicanos
presentaron un acta de asamblea ante la devastación de los bosques; despojo del
agua en ríos, arroyos y manantiales. Además del saqueo de material pétreo por
parte de los gobiernos municipales de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca,
Ometepec, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán, Marquelia y el estado de Guerrero en
el río Jndaancue Ñomndaa (San Pedro) y el río Santa Catarina.
En el oficio firmado ayer, autoridades comunales que
conforman el Consejo señalaron también que
el saqueo está ligado a dependencias federales como la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente a las que calificaron como omisas ante el daño a la fauna y
vegetación. En el acta se recordó que menores de edad han muerto en pozas por
la extracción desmedida de material pétreo en los ríos.
Ante la intención de
entrega de 60 títulos de concesión minera, expusieron que se mantiene el
rechazo a lo que llamaron “proyectos de muerte” porque contaminan el ambiente.
En el auditorio Epifanio de la Cruz, con cerca de 400
asistentes de las diversas regiones, se informó que desde 2012 los núcleos agrarios levantaron actas de rechazo a los
proyectos de minería y a los proyectos de reserva de la biosfera en la Montaña
alta de Guerrero.
Se recordó que la
mitad de la superficie terrestre del país, es propiedad social, pertenece a
ejidos y bienes comunales.
Entre las acciones
para impedir el uso y abuso del suelo se han levantado actas de asamblea en las
que se rechaza la minería.
También se han
modificado estatutos y reglamentos de bienes comunales y ejidos respectivamente
para prohibir desde esos instrumentos legales la minería o cualquier otro
proyecto que afecte el ambiente.
Se recordó que Malinaltepec e Iliatenco son los municipios
de La Montaña que han celebrado las asambleas de Cabildo abierto y que se
comprometieron a no dar un permiso de uso de suelo.
Entre La Montaña y
Costa Chica se han cancelado 22 concesiones, la mayoría de ellas por amparos y
por falta de condiciones para entrar.
El sacerdote Melitón
de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, expuso que hay una falsa
creencia que localidad donde se instale una minera detonará la economía.
Informó que lo que una familia de la región gasta en agua en 20 años, una
minera lo gasta en una hora.
Llamó también a la
siembra de árboles y a la prohibición de venta de madera, como ocurre en
Malinaltepec donde no se permite la comercialización de la madera desde el
2012.
El integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de
los Pueblos (PIAP), Miguel Mijangos Leal, expuso que fue a una visita a la
comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde la minera Goldcorp
se instaló y recientemente vendió a otra empresa. Allí los daños fueron inminentes y sirvió para reiterar la negativa a
que se repita una destrucción en La Montaña y Costa Chica.
Expuso que una comunidad
donde se instale una minera de extracción a cielo abierto conlleva daños a la
salud. En esos lugares el 70 por ciento de la población padece enfermedades en
el sistema respiratorio, y el 20 por ciento tiene daños en el oído.
En el tema de biodiversidad, dijo que entre las reformas estructurales, hace tres semanas se presentó la Ley
de Biodiversidad, y la modificación de la Ley Forestal. Aseguró que esta
última, está enfocada en la comercialización de la madera para desplazar los
derechos de las comunidades y dar fuerza a las empresas para deforestar.
Una de las acciones
es el censo “es decir, cuánto bosque tiene cada comunidad qué tipo de especie,
lo que servirá para tener un control de cuánto se puede sacar”.
Recomendó que no se
permita contar los árboles.
Afirmó que la Ley de Bioseguridad considera el uso de semillas modificadas genéticamente que ya no se
reproducen, lo que hace dependientes a los campesinos del gobierno o las
empresas que las producen.
Llamó a no “caer en
la trampa” de recibir semillas que regale el gobierno para preservar especies
endémicas y el patrimonio de la región.
Consideró que sucede
una situación similar a la minería, “una vez que entra, a ese pueblo lo único
que le queda es irse a vivir otro lado”.
Una integrante del Centro de Estudios Ecuménicos agregó que
la Comisión Nacional Forestal elaboró un manual de plantas medicinales
explicando las propiedades de éstas, además de entregar también semillas
genéticamente modificadas. El plan, supuestamente es recabar la experiencia de
las curanderas, incluyendo los ritos, y que a partir de ese conocimiento se
comercialicen las plantas medicinales.
Expuso que países
como Alemania, Canadá, España, Japón se presentan ofreciendo beneficios como
becas a estudiantes, carreteras y proyectos para ganarse la aprobación de la
población.
El integrante de los
Pueblos Originarios en Defensa del Ecosistema y sus Reservas (PODER), David
Valtierra, habló de la defensa del río San Pedro, cuerpo de agua que se entubó
para abastecer a Ometepec, y que por la falta de cuidado podría secarse como
ocurrió en ese municipio “ya lo secaron y ahora están viendo de dónde agarrar
el agua donde se han cuidado y nos vienen a despojar en vez de establecer
un acuerdo”. Expuso que otro factor es
la contaminación por el nulo tratamiento de aguas negras que son vertidas
directamente a los ríos.
El Consejo de autoridades está integrado por núcleos
agrarios de los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Copala, Cochoapa el
Grande, Iliatenco, Juchitán, Malinaltepec, Marquelia, Xochistlahuaca y
Metlatónoc. Se constituyó en octubre de 2012.
En Cochoapa no se han podido instalar asambleas por la
fuerte división política, indicó el comisariado de los Bienes Comunales de
Malinaltepec, Taurino Carrasco Castro.
En el acta de
asamblea firmada por 16 autoridades ejidales y comunales, se acordaron ocho
puntos, entre los cuales están hacer efectivas la declaraciones de territorio
libre de minería en la Montaña y Costa Chica, exigiendo la cancelación de todos
los títulos de concesión de exploración y explotación.
Otro punto es la organización de las comunidades para
alcanzar una procuración de justicia que garantice “el respeto a nuestros pueblos a partir de la destitución, el
procesamiento penal y/o la reeducación, de todos aquellos políticos,
empresarios y caciques”.
También, “ejercer
nuestro derecho a la jurisdicción territorial como pueblos originarios para
garantizar el cuidado y la defensa de nuestro territorio frente a la
devastación, despojo, saqueo, contaminación y violencia”.
