Los gobiernos de México firman y firman tratados donde sólo los obreros pierden, siempre.

Los 12 tratados y 41 acuerdos comerciales firmados por México han generado pobreza y deterioro para los trabajadores, denunciaron hoy 84 organizaciones civiles y exigieron un debate abierto sobre la política laboral del país con la participación de sindicatos democráticos, ciudadanos y colectivos.

Las organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, denunció que por décadas el Gobierno de México ha pactado acuerdos comerciales y creado reformas que vulneran los derechos de mexicanos.

Un ejemplo claro de ello dijo, es el contexto de la firma del TLCAN en 1994.

“Para firmarlo, el gobierno de aquel entonces argumentó que se generarían más empleos con mejores salarios, se mitigarían las causas de la migración y, en general, las y los mexicanos tendríamos una mejor calidad de vida.  Sin embargo, después de más de 20 años, lo comprobable es la precarización de las condiciones laborales”, mencionaron las organizaciones a través de un comunicado difundido hoy en el Día del Trabajo.

México es el país que más ha firmado tratados en el mundo. Actualmente cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Para las organizaciones, la renegociación del TLCAN sostiene las mismas estrategias que excluyen a los trabajadores: otorgamiento total de facilidades a los mercados transnacionales; abaratamiento de la mano de obra; condiciones laborales precarias: subcontratación, horarios poco estables, falta de acceso a servicios de salud, pérdida de antigüedad y pensiones mínimas.

En contraste, señalaron, se garantizan mecanismos de protección a las empresas en demérito de los derechos.

Otro acuerdo que pone en alerta a las organizaciones es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), recién ratificado por el Senado. Acusan que no solo es grave por su falta de consulta pública, también por la acción estatal, la cual ha excluido de esta política pública fundamental a las personas, y colectividades que han manifestado su oposición a este tipo de acuerdos.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos denunció que con la reforma a la Ley Federal del trabajo en 2012 y la reforma del 2017 se consolidó la precarización y violación de los derechos de las y los trabajadores.

La Reforma Constitucional de Justicia Cotidiana promulgada el 24 de febrero del 2017 suponía importantes cambios institucionales, pero en la realidad, indicaron las organizaciones, las Juntas siguen otorgando rutinariamente reconocimiento legal a contratos de protección patronal y han obstaculizado el derecho de las y los trabajadores a la libertad de asociación sindical. Los impactos reales de las reformas 2012 y 2017, podemos observarlas, como hemos dicho en la precarización del trabajo y las condiciones laborales, con mayor impacto en las mujeres.

“La reforma del 2012 falló en combatir la desigualdad por género. Prometió mejorar la protección legal para las mujeres trabajadoras por acoso sexual, discriminación, licencias por maternidad y paternidad, e impedir la exigencia de pruebas forzadas de embarazo. Hoy, las organizaciones defensoras de derechos humanos laborales seguimos identificando la vulneración de los derechos en estos temas en las empresas de manufactura y ensamble”, destacaron.

Este primero de mayo, la Red TDT se pronunció por leyes laborales más justas en México, creadas con la participación de los trabajadores.

“Nos parece evidente que es necesario un replanteamiento de la política de apertura indiscriminada al comercio y a la inversión, pasando por encima del origen social de nuestro régimen político”, exigieron.

Para las organizaciones sociales, el modelo de negociación y firma de tratados comerciales no sólo es profundamente antidemocrático y poco transparente, sino que pone en riesgo la soberanía y la integridad de México y los derechos de los trabajadores.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos exigió:

– Que no se aprobara una reforma laboral secundaria, puesto que no ha sido puesta a consulta y perjudicaría aún más a la clase trabajadora de este país.

– Un debate abierto sobre la política laboral por parte del Gobierno federal con la participación de los sindicatos democráticos, la ciudadanía y las organizaciones y colectivos que trabajan derechos humanos laborales.

– Revocar la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

– La apertura de un diálogo nacional para valorar qué tipo de acuerdos y relaciones comerciales que deseamos tener con la región norteamericana.

Jenaro Villamil, Álvaro Delgado y José Gil Olmos: Anaya y el pacto con Peña Nieto.

https://youtu.be/hlWzv1egqtg

Julio astillero - QUERIDA URNA: App para conteo ciudadano y #MadrugueteAInternet

https://youtu.be/nSySKTzQIPg

Presunto contador del CJNG es concesionario de transporte público en Jalisco.

Dos empresas transportistas, una de ellas concesionaria de transporte público en Puerto Vallarta, y una más de publicidad y mercadotecnia, forman parte de las compañías pertenecientes a Adrián “N”, señalado por la PGR como el probable encargado de la contabilidad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Información en poder de Animal Político revela que Adrián “N” funge como presidente de la empresa transportista “Integrados y Unidos de la Bahía S.A de C.V”, y socio de “Transporte Unido Costa Pacífico S.A de C.V” y “Para Tomar en Cuenta S.A de C.V”, empresas que hasta el lunes por la noche no habían sido aseguradas por la PGR para su investigación, de acuerdo con información oficial del Registro Público del Comercio.

Conocido del gobierno.

En el caso de Integrados y Unidos de la Bahía, mediante una licitación pública lanzada por la Secretaría de Movilidad de Jalisco, la empresa ganó el 24 de noviembre de 2016 la concesión de la primera ruta troncal del Sistema Integral de Transporte Público (Sitran) en Puerto Vallarta, sin embargo, medio año más tarde la concesión le fue retirada ante una serie de incumplimientos, según informó en su momento la dependencia estatal.

De acuerdo con el acta constitutiva de la empresa, se encuentra integrada por 4 diferentes compañías que a su vez son concesionarias del transporte público en Jalisco: Movilidad Urbania S.A de C.V; Unión de Permisionario Transportista de Puerto Vallarta S.A de C.V; Transportes Conurbados de la Bahía, y Movilidad Urbana y Servicios Conexos Río Cuales S.A de C.V.

La empresa fue constituida el 4 de noviembre de 2016, con un capital de 200 millones de pesos, y originalmente fue presidida por José de Jesús Bernal Romero, asesinado el 9 de diciembre de ese mismo año y cuyo crimen sigue sin resolver.

Fue el 16 de enero de 2017, a solicitud del órgano de vigilancia, que se convocó a una asamblea de la sociedad para solicitar que Adrián “N” presidiera el consejo administrativo de Integrados y Unidos de la Bahía S.A de C.V, lo que fue aprobado por unanimidad de sus integrantes.

Concesionario oficial.

Además, desde el 6 octubre de 2016, Adrián “N” es uno de los más de 50 socios de la empresa Transporte Unido Costa Pacífico, concesionaria de 7 diferentes rutas de transporte público en Puerto Vallarta, de acuerdo con la página de internet de la propia compañía.

Dicha empresa fue creada el 6 agosto de 2015 con 45 diferentes socios, pero un año después 3 de sus dueños originales vendieron sus acciones a 15 diferentes personajes, entre los que se encontraba Adrián “N”.

Entre los socios que vendieron sus acciones se encontraba el reconocido priista de Puerto Vallarta, Ramón Ruelas Hernández, quien fungía como presidente del Consejo. Tras la venta de sus acciones, sin embargo, José Cervantes Sánchez, quedó como presidente, en tanto, Adrián “N” fue nombrado vicepresidente.

Aparte, Adrián “N” es socio mayoritario de la empresa de publicidad y mercadotecnia “Para Tomar en Cuenta S.A de C.V”, creada el 5 de julio de 2016. Entre los socios del supuesto contador del CJNG, se encuentran un conocido comunicador radial de esa entidad.

Grupo armado amenaza en video a alcalde en Oaxaca; lo acusa de abusos, de matar inocentes y de desapariciones

https://youtu.be/PptooUYEXlY

Un grupo armado, presuntamente integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), amenazó al presidente municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, Adán Maciel Sosa, y lo acusó de abusos, matanza de inocentes y desapariciones.

En un video de 52 segundos que circula en redes sociales, el grupo con armas de alto poder, mismas que accionaron al final de su mensaje, portaban camisolas camufladas, pantalones de mezclilla e iban cubiertos del rosto con máscaras.

Autodenominado “Cartel espía”, el grupo advirtió: al coordinador de presidentes municipales del PAN en Oaxaca, “póngase verga porque vamos por ustedes”.

El video inicia así: “Con fecha 29 de abril de 2018. Este comunicado va para ti Adán Maciel Sosa presidente de Acatlán de Pérez; para Homero Simpson, tu hermano; para el Chema, el comandante Cano, ya los tenemos bien ubicados a ti y a toda tu bola de mugrosos”.

Luego, le recordaron: “Ya te matamos a tu padrino El Brujo, hijo de tu puta madre. Ahora vamos por ustedes hijos de su puta madre. Ya la gente está hasta la madre de tanto abuso y matanza de inocentes en tu municipio”.

Los emisores advirtieron al panista: “La misma ciudadanía te está poniendo. Así que, póngase vergas porque vamos por ustedes. Traes a puro malandro de policía que se esconde atrás de un uniforme. La ciudadanía ya está hasta la madre de desaparecidos cabrón”.

Al terminar el mensaje, accionaron sus armas con disparos al aire y corearon su nombre: “Cartel espía cabrones”.

El municipio de Acatlán de Pérez Figueroa colinda al norte con Cosolapa, Oaxaca, y el estado de Veracruz; al sur con los municipios Santa María Chilchotla y San Miguel Soyaltepec. En este último fue donde –entre el 4 y 6 de abril– desaparecieron seis jóvenes, cinco de Tlaxcala y uno de Oaxaca, mientras que sus autos fueron calcinados en los linderos con Veracruz.

Asaltan a exrector de la UPCH; en redes aseguran que sus agresores le cortaron la mano.

Un grupo de delincuentes supuestamente cortó la mano izquierda al exrector de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), Ramón Figueroa Cantoral, porque no llevaba suficiente dinero cuando intentaron asaltarlo.

El exrector transitaba ayer sobre la carretera Villahermosa-Teapa, cuando de repente se ponchó una llanta del vehículo en el que circulaba. Al bajar de la unidad para cambiar el neumático, tres sujetos que iban en otro automóvil se le acercaron con la intención de quitarle sus pertenencias.

En las redes sociales ha trascendido que como no llevaba suficiente dinero, sus agresores le amputaron la mano izquierda.

Incluso circulan imágenes de una mano dentro de un recipiente con agua. Hasta ahora la familia no ha desmentido la información.

El fiscal general del estado, Fernando Valenzuela Pernas, informó que anoche se comunicó con amigos cercanos del exrector y le aseguraron que se encontraba hospitalizado y en cirugía.

Figueroa Cantoral fue secretario administrativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y posteriormente rector de la UPCH, ubicada en el municipio de Cárdenas.

Homicidios y narcomenudeo se disparan en la CDMX: Semáforo Delictivo.

Los homicidios y el narcomenudeo se desataron durante el primer trimestre de 2018, alerta Semáforo Delictivo.

De acuerdo con la organización civil, cuya fuente es Lantia Consultores, en ese lapso las ejecuciones del crimen organizado se incrementaron en 94 por ciento.

La misma ONG indica que en la capital del país, durante los primeros tres meses del año, se registraron 271 asesinatos, de los cuales 103 (equivalentes al 38% de los casos) corresponden a actos de la delincuencia organizada.

Si bien el reporte indica que cinco delegaciones redujeron la incidencia de los homicidios –Benito Juárez, en 50%; Xochimilco, en 36%; Álvaro Obregón, en 20%; Coyoacán, en 18%, y Venustiano Carranza, en 10%–, este delito se disparó en Cuajimalpa, en 100%; Miguel Hidalgo, 100%; Iztacalco, 75%; Azcapotzalco, 60%, y en Tlalpan, en 56 por ciento.

“Resulta preocupante el incremento de 94% en las ejecuciones del crimen organizado. Es un tema directamente relacionado con el mercado y con una política de drogas totalmente equivocada que tenemos a nivel nacional. Sin embargo, la Ciudad de México puede ser una de las entidades líderes en promover un cambio en favor de la razón, el estado de derecho y de la paz”, expuso Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo.

“Utilizando las tasas por cada 100 mil habitantes, la ciudad se mantiene en los indicadores verdes (25% o más por debajo de la tasa nacional), salvo en robo a negocio que está en doble rojo, o sea, más del doble de la tasa nacional; mientras que en rojo se coloca el robo a casa habitación y violencia familiar”, dijo al comparar la situación de la capital del país con el resto de los estados.

Narcomenudeo.

Roel expuso que los resultados del primer semestre de 2018 reflejan datos mixtos sobre la Ciudad de México. Por un lado, además de los homicidios, se incrementaron el narcomenudeo en 113%, robo a casa habitación,16%; homicidio, 17%; violencia familiar, 10%, y extorsión en 1 por ciento.

Por otra parte, bajaron los delitos como el secuestro, en 56%; robo de vehículo, 16%; robo a negocio, 12%; violación, 11%, y feminicidio, en 17 por ciento.

“La inseguridad es un tema complejo. Aunque algunos delitos se traslapan y conectan, cada delito tiene sus causas específicas y debe tratarse de manera diferente. La CDMX tiene áreas de oportunidad en los ilícitos socio-familiares –sobre todo, en lesiones dolosas y violencia familiar–, patrimoniales (robo a negocio y a casa) y del crimen organizado (ejecuciones y extorsión)”, consideró el director de Semáforo Delictivo.

Agregó que la organización civil presentó hace unas semanas una propuesta de paz para el país, la cual, pidió, debe ser analizada por los candidatos y partidos al gobierno de la capital del país.

Demuelen inmueble construido sin autorización federal en costa de Nayarit

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) supervisó la demolición de una construcción dentro de un ecosistema costero, que fue realizada sin autorización federal en materia de impacto ambiental, en las inmediaciones de la Playa Careyeros, en Punta Mita, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Dicha demolición derivó de un procedimiento administrativo instaurado en octubre de 2017 por PROFEPA, luego de que en una visita de inspección practicada el mismo mes a un predio de la Rinconada de Careyeros, detectó obras civiles en una superficie de 744 metros cuadrados que afectaron el ecosistema costero.

La construcción consistía en un edificio de concreto con dos plantas, una fosa séptica, un cuarto de servicio, una barda perimetral, área de esparcimiento con andador de acceso a una cabaña, una alberca, un asoleadero y una cabaña de concreto.

Dichas obras fueron realizadas sin contar con la autorización de impacto ambiental que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El particular no logró acreditar contar con la autorización federal por lo que, tras concluir el procedimiento administrativo, la PROFEPA ordenó la inmediata reparación del daño ambiental, a través de la restauración al estado base del sitio afectado.

La medida de restauración obliga al infractor a retirar y demoler en su totalidad las obras desarrolladas, por lo que la PROFEPA constató el inicio de la demolición en la que el infractor empleó maquinaria pesada y herramientas manuales, con “un manejo adecuado de los residuos producto de la demolición”, los cuales serán depositados en un lugar previamente autorizado por el H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, señaló la PROFEPA.

Además, de la restauración del lugar, el responsable de las obras deberá reforestar el área afectada, y pagar una multa equivalente a mil Unidades de Medida y Actualización, que al momento de imponer la sanción es de 80 mil 60 pesos.

Lucha por el agua enfrenta a ejidatarios con la familia Lebarón en Chihuahua.

La falta de voluntad de los gobiernos federal y estatal para resolver el conflicto que ha generado la lucha por el agua entre la familia Lebarón y habitantes de los ejidos Constitución y El Barzón, en el límite de los municipios de Villa Ahumada y Buenaventura, Chihuahua, provocó este lunes un enfrentamiento entre ambas partes.

Desde temprano, un grupo de barzonistas y ejidatarios de Constitución (ubicado entre los poblados Flores Magón y Benito Juárez, al noroeste del estado) llegó al rancho Agricultura, propiedad de Joel Francisco Lebarón Soto, para intentar detener la plantación de más árboles y la sobre explotación del agua, que ha dejado sin agua a las comunidades aledañas.

Los encargados y empleados del rancho recibieron a los inconformes con disparos de arma de fuego e hirieron a un hombre en la rodilla. Algunos barzonistas se replegaron fuera de la zona y la familia Lebarón se resguardó dentro de su propiedad, según testigos de los hechos.

“Nosotros nos desesperamos por la falta de actuación de las autoridades por el desabasto de agua; están secando el desierto de la región y ahora agotaron el pozo de Constitución que tuvo que ser repuesto con los recursos de los mismos habitantes, que somos unos 3 mil “, dijo a Apro uno de los afectados.

En noviembre de 2017, agentes de la Policía Federal escoltaron a productores de la familia Lebarón para impedir que autoridades federales y estatales revisaran predios en los que han sobreexplotado pozos, presuntamente de manera ilegal. Esa situación provocó una confrontación entre integrantes de El Barzón y del ejido Constitución con esa familia, luego de lo cual los barzonistas localizaron 12 pozos ilegales sólo en una parte del terreno.

De acuerdo con los ejidatarios de Constitución, Joel Lebarón desmontó ese año alrededor de cien hectáreas del ejido para sembrar 19 mil árboles de nogal, que requieren una gran cantidad de agua para su producción.

Pero desde 2013 los afectados han denunciado que las autoridades no han actuado ante los reclamos, y el año pasado observaron nuevas máquinas trabajando y más terreno desmontado, además de que se abrió un camino muy ancho.

No sólo eso, aseguraron que la familia Lebarón también quería conectarse a la red eléctrica de Constitución, pero el ejido no ha dado permiso.

“Si se conectan los Lebarón, facilita que lo hagan los Terrazas (una de las familias más prominentes en el estado de Chihuahua) y también se conectaría Eva Hart, quien estuvo detenida por problemas similares y quien fue demandada penalmente por Alberto Almeida, productor de Villa Ahumada que fue asesinado en 2016 en el estacionamiento de un centro comercial en Ciudad Juárez”, señalaron.