Los 12 tratados y 41 acuerdos
comerciales firmados por México han generado pobreza y deterioro para los
trabajadores, denunciaron hoy 84 organizaciones civiles y exigieron un debate
abierto sobre la política laboral del país con la participación de sindicatos
democráticos, ciudadanos y colectivos.
Las
organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos
Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, denunció que por décadas el Gobierno de México ha pactado acuerdos
comerciales y creado reformas que vulneran los derechos de mexicanos.
Un ejemplo claro de ello dijo, es el
contexto de la firma del TLCAN en 1994.
“Para firmarlo, el gobierno de aquel
entonces argumentó que se generarían más empleos con mejores salarios, se
mitigarían las causas de la migración y, en general, las y los mexicanos
tendríamos una mejor calidad de vida.
Sin embargo, después de más de 20 años, lo comprobable es la precarización
de las condiciones laborales”, mencionaron las organizaciones a través de un comunicado
difundido hoy en el Día del Trabajo.
México es el
país que más ha firmado tratados en el mundo. Actualmente cuenta con una red de
12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y
Protección Recíproca de las Inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance
limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
Para las
organizaciones, la renegociación del
TLCAN sostiene las mismas estrategias que excluyen a los trabajadores:
otorgamiento total de facilidades a los mercados transnacionales; abaratamiento
de la mano de obra; condiciones laborales precarias: subcontratación, horarios
poco estables, falta de acceso a servicios de salud, pérdida de antigüedad y
pensiones mínimas.
En
contraste, señalaron, se garantizan
mecanismos de protección a las empresas en demérito de los derechos.
Otro acuerdo
que pone en alerta a las organizaciones es el Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico (CPTPP), recién ratificado por el Senado. Acusan que no solo es grave por su falta de
consulta pública, también por la acción estatal, la cual ha excluido de esta
política pública fundamental a las personas, y colectividades que han
manifestado su oposición a este tipo de acuerdos.
La Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos denunció que con la reforma a la Ley Federal del trabajo en 2012 y la
reforma del 2017 se consolidó la precarización y violación de los derechos de
las y los trabajadores.
La Reforma
Constitucional de Justicia Cotidiana promulgada el 24 de febrero del 2017 suponía importantes cambios
institucionales, pero en la realidad, indicaron las organizaciones, las Juntas
siguen otorgando rutinariamente reconocimiento legal a contratos de protección
patronal y han obstaculizado el derecho de las y los trabajadores a la libertad
de asociación sindical. Los impactos reales de las reformas 2012 y 2017,
podemos observarlas, como hemos dicho en la precarización del trabajo y las
condiciones laborales, con mayor impacto en las mujeres.
“La reforma del 2012 falló en
combatir la desigualdad por género. Prometió mejorar la protección legal para
las mujeres trabajadoras por acoso sexual, discriminación, licencias por
maternidad y paternidad, e impedir la exigencia de pruebas forzadas de
embarazo. Hoy, las organizaciones defensoras de derechos humanos laborales
seguimos identificando la vulneración de los derechos en estos temas en las
empresas de manufactura y ensamble”, destacaron.
Este primero
de mayo, la Red TDT se pronunció por
leyes laborales más justas en México, creadas con la participación de los
trabajadores.
“Nos parece evidente que es necesario
un replanteamiento de la política de apertura indiscriminada al comercio y a la
inversión, pasando por encima del origen social de nuestro régimen político”, exigieron.
Para las
organizaciones sociales, el modelo de negociación y firma de tratados
comerciales no sólo es profundamente antidemocrático y poco transparente, sino
que pone en riesgo la soberanía y la integridad de México y los derechos de los
trabajadores.
La Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos exigió:
– Que no se aprobara una reforma
laboral secundaria, puesto que no ha sido puesta a consulta y perjudicaría aún
más a la clase trabajadora de este país.
– Un debate abierto sobre la política
laboral por parte del Gobierno federal con la participación de los sindicatos
democráticos, la ciudadanía y las organizaciones y colectivos que trabajan
derechos humanos laborales.
– Revocar la ratificación del Tratado
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.
– La apertura de un diálogo nacional
para valorar qué tipo de acuerdos y relaciones comerciales que deseamos tener
con la región norteamericana.
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