Una red que involucra a 400 empresas
fantasma, creadas por el contador Víctor Manuel López Gachuz, fue utilizada en
el sexenio del exgobernador veracruzano Javier Duarte para ocultar dinero
público y desviar una parte a la campaña presidencial priista de 2012.
Lo anterior
se desprende de una investigación realizada por Animal Político (AP) y
Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), donde se señala que de esas 400 compañías, 57 recibieron 3 mil 617 millones
de pesos durante todo el sexenio de Duarte, dinero que en realidad debió
destinarse a niños, ancianos y damnificados.
De ese gran
total, 643 millones de pesos fueron a
parar a 19 de esas empresas antes de los comicios presidenciales de 2012.
ASISMEX, la empresa que inyectó de manera ilegal 15
millones de pesos a la campaña presidencial del PRI en 2012 fue creada en
Veracruz cuatro días antes del inicio del gobierno de Duarte, en diciembre de
2010. Y, según el Instituto Nacional Electoral (INE), esa compañía registró
movimientos por al menos mil 393 millones de pesos durante el proceso
electoral.
Sin embargo,
el INE no ha podido explicar de dónde
proviene el total de esos recursos. Sólo ha dicho que la trama incluye a 11
compañías y tres personas físicas que, a su vez, realizaron operaciones con
ASISMEX.
Alegando secreto bancario, y dado que
solicitó tanto a la Procuraduría General de la República (PGR) como al Sistema
de Administración Tributaria (SAT) que se investigue el caso, el organismo
electoral no dio a conocer a la opinión pública los documentos que prueban cómo
se hicieron estas transacciones.
El INE identificó que ASISMEX también gastó otros
3 millones de pesos en esos comicios, que sirvieron para pagar a representantes
del PAN, PRD, PT, MC y Nueva Alianza, aunque en este caso, sospechan los
auditores del INE, fue para que el día de las elecciones no acudieran a las
casillas que les correspondían. Aun así, impusieron multas por 6 millones a los
partidos.
La
investigación de AP y MCCI establece que
ASISMEX y las compañías y personas señaladas por el INE están en el corazón de
la red de López Gachuz, que recibió 643 millones de pesos del gobierno de
Duarte en el año electoral de 2012.
Para que el
millonario desvío tuviera éxito, Javier
Duarte contó con la complicidad del actual diputado federal del PRI, Antonio
Tarek Abdalá, quien ocupó dos diferentes cargos en su administración.
Como
director de administración del DIF de Veracruz (2010-2012), Tarek autorizó los primeros pagos a la red
López Gachuz de empresas fantasma en 2011.
Por estos pagos iniciales un juez del
estado de Veracruz giró, el pasado 25 de mayo, una orden de aprehensión en
contra de Karime Macías, expresidenta del DIF Estatal y esposa de Javier
Duarte. Aunque el cargo de Macías era honorario, la Fiscalía de Veracruz
sostiene que ella coordinó con Tarek los pagos a las empresas de la red.
En febrero
de 2012, cuatro meses antes de la
elección federal, Tarek Abdalá dejó el DIF para convertirse en tesorero de la
Secretaría de Finanzas estatal y con ello los pagos a las empresas fantasma se
multiplicaron.
Una serie de estos pagos se hicieron
en semanas previas a la elección y sin contratos de por medio.
La
documentación en poder de MCCI y AP revela
que Tarek, como cabeza financiera del DIF, firmó 23 de 36 contratos otorgados a
la red, pero ya como encargado de las finanzas a nivel estatal les entregó
pagos anticipados antes y después de las elecciones de 2012.
Hace un año, la fiscalía de Veracruz
solicitó el desafuero del diputado Abdalá, pero este proceso fue detenido
gracias al voto de la fracción parlamentaria del PRI.
Abdalá no actuó
solo. En todas las licitaciones del DIF
era el mismo grupo de funcionarios quienes autorizaban los contratos: Joaquín
Roque Flores Castro, encargado de la Subdirección de Recursos Materiales; Dante
Omar Sánchez Alatorre, representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos;
Víctor Manuel Carrizo Yoval, jefe del Departamento de Adquisiciones, y
Alejandro Pérez Jacome.
Una vez que Tarek pasó a la tesorería
estatal, el DIF siguió otorgando más contratos a las empresas de la red López
Gachuz, pero ahora con Astrid Elías Mansur como directora de administración.
En un gran
número de contratos otorgados por el DIF a las empresas de la red simulaban
competencia entre sí, como ocurrió con varias licitaciones donde fueron
adquiridos juguetes y regalos que supuestamente serían otorgados a niños y
madres veracruzanas de escasos recursos.
También simularon la adquisición de 2
mil 634 sillas de ruedas por 5.8 millones de pesos, que serían destinadas a
personas de la tercera edad. En esta licitación participaron tres empresas que
integraban la red.
La investigación que por su cuenta
hizo la Fiscalía de Veracruz y que derivó en la orden de aprehensión en contra
de Karime Macías, hace referencia a pagos a seis empresas de la misma red:
Prefraco, Abastecedora Romcru, Centro de Recursos de Negocios CERENE, Ravsan
Servicios Múltiples, Grupo Balcano y ANZARA.
Los fiscales
señalan que los contratos entregados a
dichas empresas por parte del DIF de Veracruz ascienden a 112 millones de
pesos, aunque en el reportaje de MCCI y AP se revela que el monto que
recibieran estas empresas y otras de la misma red a lo largo del gobierno de
Duarte es cuatro veces superior.
De acuerdo
con su acta constitutiva, ASISMEX tiene
dos dueños. Uno es Juan Carlos Reyes León, quien se presenta también como
propietario o representante legal de otras siete empresas de la misma red de
empresas fantasma.
El otro dueño es José Alfredo García
Barradas, que tiene otras cuatro empresas también de esta red de 400 compañías
fantasma.
ASISMEX
formalmente se dedicaba, según el acta constitutiva, a más de 15 labores
distintas, que van desde el comercio de todo tipo de producto legal hasta dar
cursos de superación personal.
