Por Efrén Flores
La Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) erogó casi 2 mil millones de pesos entre
2013 y 2018 para solventar gastos de difusión, eventos, vehículos,
transportación y alimentación de trabajadores y funcionarios públicos, entre
otros.
Dicha cantidad
equivalió al 97 por ciento del gasto de la dependencia federal en programas
para el desarrollo pesquero durante el año pasado, o al 68 por ciento de su
inversión en apoyos a la producción hasta el segundo trimestre de 2018.
Durante el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto, la Sader otorgó un total de 11 mil 256
contratos a personas físicas y morales por 5 mil 622 millones 884 mil 467.90
pesos, de acuerdo con cifras del portal CompraNet analizadas por SinEmbargo.
De los contratos mencionados, al menos el 9.03 por ciento (1 mil 016) fue para gastos dispensables
que comprometieron el 35.48 por ciento (1.99 mil mdp) del gasto total en bienes
y servicios.
Entre ellos destacaron
264 contratos por 692.62 millones de pesos, para el mantenimiento y suministro
de gasolina y aditivos de los 2 mil 185 vehículos con los que contaba la
Secretaría hasta diciembre de 2018. Es decir, una inversión de 115.43 millones
(en promedio) por cada año de gobierno.
El parque vehicular de
la Sader, no obstante, ha sido causa de constantes polémicas a nivel nacional,
durante los últimos nueve años.
En 2010, por ejemplo,
los trabajadores de la delegación de Saltillo (Coahuila) denunciaron el uso
“irregular” de los vehículos que, en lugar de ser utilizados para el campo,
eran usados para asuntos personales de funcionarios públicos.
Algo similar ocurrió en
la delegación de Celaya (Guanajuato) en 2017, en que hubo “presunto uso
indiscriminado” de los vehículos para “usos personales”, mismo que fue investigado por el
entonces delegado estatal Víctor Hugo Pineda Martínez.
La última de estas
polémicas tuvo lugar en junio del año pasado, cuando el Partido Acción Nacional
(PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención a
Delitos Electorales (Fepade) por el presunto arrendamiento de 140 vehículos en
Tamaulipas a la empresa Jet Van Car Rental, para usarlos a favor del candidato
presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jose Antonio Meade
Kuribreña.
Sin embargo, un mes
más tarde, el Tribunal Electoral federal determinó la falta de pruebas
suficientes para confirmar el uso indebido de los autotransportes.
Además de los gastos en
mantenimiento y suministros de su parque vehicular, entre 2013 y 2018 la Sader
erogó 58.74 millones de pesos en 42 contratos de arrendamiento de vehículos
aéreos y terrestres para funcionarios públicos; 16.96 millones en 13 contratos
para servicios de estacionamiento y de “floor valet” en oficinas centrales;
310.73 millones en 81 contratos de pasajes aéreos (nacionales e
internacionales) y terrestres, además de viáticos de funcionarios; y 167 mil
334.20 pesos para la reparación, en 2013, de las aeronaves Lear Jet XC-GUB –que
fue donado en 2014 al Instituto Politécnico Nacional– y Bell 212 XC-FII.
El gasto ocioso también
incluyó erogaciones en alimentos para funcionarios y trabajadores de la
Secretaría federal (67 contratos por 507.27 mdp); bienes y servicios de
difusión y propaganda en medios tradicionales y digitales (189 por 223 mdp);
vigilancia y seguridad privadas (206 por 80.34 mdp) y artículos promocionales
(49 por 66.80 mdp) como banderas, bolsas, calendarios, carteles, folletos,
libros, maletines, memorias USB, morrales, tazas y termos, entre otros.
También hubo
erogaciones para eventos (oficiales y promocionales) y festejos como el día de
la madre, del trabajador, del veterinario y de muertos (36 por 13.11 mdp); para
artículos e insumos de cafetería ( 37 por 9.80 mdp); telefonía celular (cuatro
por 9.64 mdp); lavandería y planchaduría (nueve por 4.30 mdp); vestuario además
del de trabajo, tal como botas de piel, camisas, chamarras conmemorativas,
indumentaria deportiva, pantalones y otros (17 por 1.42 mdp), además de gastos
en perfumería y cosméticos (uno por 196 551.73 pesos).
Tres hombres estuvieron a cargo de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural –antes Sagarpa– durante la administración de
Peña Nieto: los ex gobernadores priistas
de Coahuila y Querétaro, Enrique Martínez y Martínez (2012-2015) y José Eduardo
Calzada Rovirosa (2015-2018); y durante ocho meses de 2018, el otrora candidato
priista a la gubernatura de Tamaulipas, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa.
A lo largo de su gestión, el presupuesto de la Secretaría tuvo un crecimiento real de 7.23 por
ciento (al pasar de 68.63 a 71.70 mil mdp entre 2012 y 2018); y la inversión en
programas para la superación de la pobreza aumentó en 103 puntos porcentuales
reales (de 10.63 a 23.46 mil mdp entre 2012 y 2018), aunque el dinero para los
apoyos a la producción se desplomó en 26 por ciento real (de 6.90 a 2.94 mil
mdp entre 2012 y 2018).
Los resultados de la Sader en el sexenio pasado, empero,
fueron desiguales.
Mientras que el
Producto Interno Bruto (PIB) del sector primario creció en 47.05 por ciento
real (pasó de 502 a 787 mil mdp) y el PIB de las actividades agropecuarias y
agroalimentarias aumentó en 14.15 por ciento (de 1.23 a 1.42 billones) con un
superávit de su balanza comercial a partir de 2015, la pobreza rural en México
decreció en apenas 1.32 por ciento real entre 2012 y 2016, según las cifras
oficiales.
Esto implicó que a
pesar del incremento en las ganancias productivas del campo, la distribución de
la riqueza de las actividades primarias estuvo concentrada y se limitó a sacar
–de manera relativa– a 228 mil personas de su situación de carencia. En la
actualidad, seis de cada 10 personas que viven en el campo sufren de situación
de pobreza.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (ONU-FAO), ocho
de cada 10 pesos del presupuesto gubernamental para impulsar la productividad y
competitividad del campo mexicano se encuentran asignados a bienes privados individuales,
“lo que significa una limitante pues no se estimulan las acciones del conjunto
de la población, sino de sectores muy específicos que no necesariamente
enfrentan problemas”.
Asimismo, para ONU-FAO, el
efecto de los programas de apoyo “se pierde” a largo plazo ya que los
mecanismos están destinados para una sola etapa productiva de un sujeto
determinado, “sin dejar infraestructura o servicios para el resto de la
población, por lo que la inversión no incide en el conjunto de la productividad
de una región”, se lee en su estudio “México Rural del Siglo XXI” (2018).
En este contexto, el
ejercicio de 1 mil 995 millones 144 mil 291.04 pesos en gasto ocioso es
irresponsable. Más si consideramos los constantes señalamientos de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) en cuanto al uso “discrecional y con opacidad
del presupuesto de la Sader”.
Ejemplo de ello fueron
los resultados de la Sader en la tercera entrega (2019) de la Cuenta Pública
2017, en que la ASF encontró probables irregularidades por 574 millones 593 mil
256.90 pesos relacionados con su programa de “Investigación, Innovación y
Desarrollo Tecnológico Agrícola” (auditoría forense número
17-0-08100-12-1594-2018).
ADJUDICACIÓN Y BENEFICIOS.
En el caso de los 1 mil
016 contratos dispensables analizados por SinEmbargo, el 74 por ciento (751)
fue otorgado por adjudicación directa o sin concurso, por un monto de 1.34 mil
millones de pesos (el 69 por ciento del gasto ocioso en 2013-2018).
Asimismo, hubo 223
contratos (22 por ciento) de licitación pública (concurso) por 260.22 millones
(13 por ciento) y 42 contratos (cuatro por ciento) de invitación a cuando menos
tres personas (concurso restringido) por 357.37 millones de pesos (18 por
ciento).
“Permitir las
invitaciones a cuando menos tres o las adjudicaciones directas mediante
supuestos amplios, como se hace actualmente, abre la puerta para que se abuse
de estos métodos y favorece la colusión. Por eso la posibilidad de utilizar
estas excepciones debe reducirse a lo mínimo indispensable” refiere la Comisión
Federal de Competencia Económica (Cofece) en su “Agenda de Competencia para un
Ejercicio Íntegro en las Contrataciones Públicas” (2018).
Para la Cofece, aunque
la adjudicación directa reduce los costos administrativos, “su utilización no
asegura que el Estado esté comprando en las mejores condiciones posibles de
precio, calidad y oportunidad”.
Con respecto a las
invitaciones a cuando menos tres personas, indica que “además de restringir la
concurrencia, en ocasiones, se utilizan para disfrazar adjudicaciones directas,
por medio de propuestas de cortesía, lo que constituye un acuerdo colusorio”.
Las cinco compañías más
beneficiadas (2013-2018) con adjudicaciones directas dispensables fueron
Edenred México (651.20 mdp), Aerovías de México (266.28 mdp), Consorcio
Gasolinero Plus (21 mdp), Efectivale (19.81 mdp) y Jet Van Car Rental (19.70
mdp), esta última involucrada en la denuncia (2018) del PAN en contra del PRI
ante la Fepade, por el uso indebido de vehículos en tiempos electorales.
Por invitación a tres personas, en cambio, las empresas con más ganancia fueron Edenred México (326.45
mdp), Consultoría y Gestión Deportiva Especializada (6.21 mdp), Aerolíneas
Ejecutivas (1.96 mdp), Punto Prodiucciones High Level (1.87 mdp) y Jet Van Car
Rental (1.83 mdp). Asimismo, una persona física, Francisco Cedillo Zúñiga,
estuvo entre los proveedores con más ingresos (8 mdp).
En general, Edenred
México (983.13 mdp), Aerovías de México (266.28 mdp), Toka Internacional (56
mdp), Jet Van Car Rental (38.73 mdp) y Efectivale (34.76 mdp) fueron los
contratistas de la Sader con más ganancias en la muestra de 1 mil 016 contratos
ociosos que fueron celebrados entre 2013 y 2018.
