El búnker de García Luna.

Raymundo Riva Palacio.

Como sucede cada vez que se siente acorralado por la realidad y la crítica, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó una vez más en contra de la prensa y sus críticos para intimidarlos. El pretexto fue la acusación contra Genaro García Luna, en Estados Unidos, por conspiración para tráfico de drogas y falsedad de declaraciones, señalando genéricamente a periodistas que, dijo, iban al “búnker de Constituyentes” de donde salían hablando “maravillas”. Consistente en la marca de la casa, López Obrador dijo verdades a medias, imprecisiones y falsedades.

El “búnker de Constituyentes” está en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque en la actualidad se encuentra en ruinas, y fue construido durante el gobierno del presidente Felipe Calderón con recursos públicos y tecnología de última generación, adquirida bajo el paraguas de la Iniciativa Mérida. Se edificó bajo tierra, y era el asiento de Plataforma México, una red de interconexión de telecomunicaciones para el resguardo y procesamiento de datos. Operaba más de 15 mil conexiones simultáneas y 40 millones de transmisiones protegidas de información. Era la base de inteligencia criminal más importante de América Latina, y la confiabilidad que tenía, por ejemplo, permitía que las visas Global Entry de Estados Unidos, tuvieran en ella su primer control de seguridad.

En ese búnker había muchas más áreas. Dentro de él se construyó un centro de mando estratégico para el Presidente de la República en un caso de emergencia extrema que le permitiría mantenerse al frente del país y gobernando, sin quedar desconectado, por ejemplo, en un terremoto devastador con una magnitud superior de nueve. Dentro de él se encontraban alrededor de 600 estaciones de intervención telefónica, que al llegar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, fueron trasladadas al Cisen, y se cambió el propósito de la vigilancia. Había otra área, restringida para todos aquellos que no tuvieran doble certificación por parte de la CIA y la DEA, donde se daba seguimiento a las operaciones secretas de los dos países contra el crimen organizado trasnacional en tiempo real.

Ese “búnker de Constituyentes” es una figura utilizada por López Obrador para denostar a periodistas y generar, una vez más, una campaña para que se les vuelva a estigmatizar. Lo que hacía García Luna con invitaciones a periodistas era hablar abiertamente sobre el estado de la seguridad pública en el país y para expresar sus propias valoraciones. Quien esto escribe fue varias veces a esas reuniones, que tienen una modalidad de briefings, normales en el mundo entero y, desde el gobierno del presidente Carlos Salinas, usuales en distintas áreas de la administración. El gobierno de López Obrador también las hace de manera rutinaria. Nada malo, ni extraño en ello. Es parte de lo que debe hacer un gobierno para expresar de manera abierta sus acciones y razones, y de periodistas para intercambiar puntos de vista y cuestionar políticas.

El “búnker de Constituyentes” lo solía mostrar García Luna a sus visitantes, aunque no había acceso más que a la base de datos criminal, donde solía ejemplificar su efectividad corriendo la información personal del visitante que accediera a ello. De acuerdo con el nivel de acceso a información, el entonces secretario de Seguridad Pública mostraba toda la instalación. Una visitante regular era la entonces procuradora de Estados Unidos, Janet Napolitano, quien varias veces le pidió a Calderón que le ayudara a construir una réplica en Centroamérica. Otros visitantes fueron Michele Leonhardt, directora de la DEA, Leo Panetta, en su calidad de director de la CIA, Ronald Noble, que era el jefe de Interpol, y todos los secretarios de Seguridad Pública de América Latina. En una ocasión viajaron los comités de Inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, sólo para ver cómo funcionaba.

Hubo políticos y empresarios nacionales que visitaron no sólo Plataforma México, sino las áreas donde se encontraban otros cuerpos, como la Policía Cibernética, donde se podían apreciar en tiempo real los ataques a los que estaba sometido México, o criminalística forense. Entre los empresarios que acudieron al “búnker de Constituyentes” sobresalen dos personas muy cercanas a López Obrador, Alfonso Romo, jefe de Oficina de la Presidencia, y Carlos Slim, en quien se ha apoyado para darle legitimidad con el gran capital.

Los briefings que sostenía García Luna con periodistas eran, como sucede en este tipo de reuniones en México y en el mundo, off-the-record, el anglicismo que significa que no se puede acreditar la fuente de la información. Siempre había información o contexto útil para la información, y en ocasiones, fortuitamente, podría haber situaciones excepcionales. Una de ellas, donde quien escribe estuvo presente, fue cuando sucedió el accidente fatal del secretario de Gobernación, José Francisco Blake.

García Luna estaba retrasado para el briefing programado y lo justificaban porque se había producido una “situación”. Cuando llegó a su sala de juntas en un edificio contiguo al búnker, dijo que estaba perdido un helicóptero. Quien esto escribe le preguntó si se trataba de aquel donde viajaba Blake, y lo confirmó. Quienes estuvimos presentes en esa reunión tuvimos la oportunidad de ver las imágenes que estaban transmitiendo los cuerpos de rescate de la Policía Federal en tiempo real y el desenlace. El Ejército llevaba una hora y media buscándolo sin éxito y la Policía Federal, con el apoyo tecnológico en Plataforma México, lo ubicó 20 minutos después de que pidió su apoyo Calderón.

El “búnker de Constituyentes” era una joya de tecnología contra criminales. Fue una desgracia que en el gobierno de Peña Nieto se desmantelara, al grado que funcionarios federales lopezobradoristas piensan que hoy es mejor arrancar de cero, que tratar de arreglarlo. Su pérdida es una desgracia para la nación. Lo demás, es propaganda.