Por Francisco
Sandoval.
El caso
de Genaro García Luna ya tocó al gobierno de Jaime Bonilla Váldez en Baja
California (BC): una de las empresas a la que le “congelaron” las cuentas, a
raíz de las investigaciones sobre el exsecretario de Seguridad Pública federal,
está vinculada al recién designado Oficial Mayor del gobierno bajacaliforniano.
Se trata
de Grupo Gasmart, que de acuerdo con funcionarios cercanos a las indagatorias
fue utilizada como “puente” para triangular los recursos que pararon a una
empresa propiedad de García Luna y su familia.
Gasmart ha
solicitado distintos préstamos teniendo a Héctor Mares Cossío, Oficial Mayor
del Gobierno de BC, como responsable del pago de los mismos, figura conocida
como “obligado solidario”.
De acuerdo
con una investigación hecha por Animal Político, de 2008 a la fecha Gasmart
ha solicitado 23 préstamos bancarios por 1,431 millones de pesos (75.5 millones
de dólares), el último de ellos se formalizó el 4 de julio de 2019, el mismo
día que el actual Oficial Mayor bajacaliforniano dejó su curul como diputado
local en BC para ceder su lugar a Víctor Manuel Morán, quien 4 días más tarde,
el 8 de julio, presentó la llamada “Ley Bonilla” en el Congreso de BC.
Dicho
préstamo de “apertura de crédito simple con garantía hipotecaria” fue por 226
millones de pesos y fue solicitado por la empresa Apoyos y Suministros
Comerciales e Industriales S.A. de C.V., una de las empresas vinculadas al
grupo gasolinero Gasmart.
En el
caso de los 23 préstamos bancarios se encuentran como obligados solidarios
Héctor Mares Cossío, Alberto Ignacio Uribe Maytorena y Alberto Alejandro Uribe
Herrera, este último director general de Gasmart. Aparte, aparecen una serie de
compañías gasolineras vinculadas al grupo, que desde 2015 es investigado por la
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) por la presunta comisión de
prácticas monopólicas en el noroeste de México.
En todas
estas operaciones la empresa ha dejado como garantía una serie de propiedades
localizadas en el municipio de Tijuana, Baja California, México, donde el grupo
tiene su base de operaciones.
Mares
Cossío envió un posicionamiento, señalando que su relación comercial con
Gasmart fue por el arrendamiento de un terreno, en el cual fue construida una
estación de gasolina.
“Entre
los acuerdos del arrendamiento al igual que otros arrendadores era proporcionar
aval comercial para la solicitud de créditos bancarios con instituciones
oficiales. Era solo UN AVAL”, refirió.
“Al igual
que todos los proveedores y clientes de la empresa Gasmart estoy en disposición
de cooperar en el tema de dicha empresa con las autoridades correspondientes”.
LAS
TRIANGULACIONES.
De
acuerdo con funcionarios federales cercanos a las investigaciones que realiza
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del SAT, Gasmart es una de las cinco
empresas cuyas cuentas fueron “congeladas” por esta dependencia por sus nexos
con el exsecretario de Seguridad Pública federal, quien es acusado por el
gobierno de Estados Unidos por supuestos nexos y cobro de sobornos provenientes
del Cártel de Sinaloa.
Las
investigaciones indican que Gasmart fue la empresa que utilizaron como “puente”
para pagar los supuestos sobornos a la empresa Glac Security Consulting
Technology Risk Management S.C., propiedad de García Luna y su familia.
Para
triangular los recursos, que ascienden a 2 mil millones de pesos, la Secretaría
de Gobernación, durante la administración de Enrique Peña Nieto, otorgó
contratos a la empresa Nunvav Inc., otra de las investigadas por la UIF.
Dicha
empresa fue creada en Panamá en 2012, y posteriormente recibió contratos del
gobierno mexicano.
Nunvac Inc.,
por su parte, inyectó recursos a las empresas Icit Holding S. A. de C. V. e Icit Private Security México S. A.
de C. V., que a su vez le depositaron los recursos a Grupo Gasmart.
Además
del “congelamiento” de las cuentas bancarias de estas 5 empresas, la UIF
también aseguró otras seis cuentas vinculadas con García luna, entre las que
destacan las de su esposa Cristina Pereyra Gálvez y su hermana Esperanza García
Luna.
Animal
Político buscó a Grupo Gasmart para conocer su postura sobre las
investigaciones encabezadas por la UIF y sus vínculos con el exsecretario de
Seguridad Pública federal, pero la empresa remitió un comunicado fechado el 13
de diciembre y firmado por su director general Alberto Alejandro Uribe Herrera,
donde se deslinda de estos hechos.
“Con
relación a información recientemente publicada en diversos medios de comunicación,
así como en redes sociales en las que se pretende vincular a Grupo Gasmart con
el exsecretario de seguridad pública Genaro García Luna, así como las señoras
Linda Cristina Pereyra Gálvez y señora Esperanza García Luna, hemos de informar
y aclarar que NO EXISTE, NI HA EXISTIDO VÍNCULO legal o comercial con dichas
personas, por lo que desconocemos cualquier relación con ellas. Reiteramos de
manera enfática que dichas personas NO tienen, no han tenido relación alguna
con nuestro GRUPO y con nuestros accionistas”.
Héctor
Mares es un personaje cercano al gobernador Jaime Bonilla. Una investigación
publicada por el periódico San Diego Unión Tribune, el 29 de diciembre de 2011,
reveló que cuando Bonilla se desempeñó como gerente del distrito de agua en
Otay, California, éste contrató a Mares, quien anteriormente se había
desempeñado como director de relaciones públicas de la compañía Media Sports de
México propiedad de Bonilla, por una asesoría por la que cobró 300 mil dólares.
De acuerdo
con su semblanza curricular, publicada en la página de la Cámara de Diputados
federal y el Congreso de BC, Héctor Mares se desempeñó en 1994 como asesor
del secretario particular del presidente de la República (Carlos Salinas de
Gortari); en 2010 fue director de auditoría del Órgano Superior de
Fiscalización del Congreso de BC; en 2015, además de ser suplente del entonces
diputado federal Jaime Bonilla, fungió como Coordinador de la oficina de la Comisión
de Asuntos Frontera Norte de Cámara de Diputados, en Tijuana; con Bonilla como
senador se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión de Asuntos
Fronterizos y Migratorios de la LXIV Legislatura.
De 2016 a
2019, fungió como diputado suplente de Morena en el Congreso de BC. El 4 de
julio de 2019, dejó su cargo como legislador local para unirse como asesor al
equipo de trabajo del gobernador electo Jaime Bonilla.
El pasado
2 de diciembre, Héctor Mares asumió el cargo de Oficial Mayor del Gobierno de
BC, nombramiento que se dio luego de la licencia solicitada por Jesús Núñez
Camacho, quien se separó de ese cargo para que la Secretaría de Honestidad y la
Fiscalía General de BC realizaran una investigación sobre el supuesto cobro de
“moches” a empresarios locales, a cambio de contratos que se les atribuyen a él
y a la exsecretaria de Bienestar de la entidad, Cynthia García.
Una búsqueda
hecha en el Registro Público de la Propiedad en BC arrojó que Héctor Mares
Cossío es propietario, en Tijuana, de 3 predios urbanos sin construcción; 2
departamentos; 1 local comercial y una exclusiva propiedad que vendió en 7.9
millones de pesos en el mes de agosto de 2018.
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