Por José
Raúl Linares.
En México, sólo
una de las 32 entidades federativas publica las sentencias que dictan los
tribunales locales, y “este contexto de opacidad judicial contribuye a la
corrupción y la impunidad en la impartición de justicia y permite que se dicten
sentencias discriminatorias, que carecen de perspectiva de derechos humanos”,
señaló la iniciativa #LoJustoEsQueSepas.
En ese
sentido, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conocer
de un asunto relacionado con leyes en materia de transparencia, que plantean la
obligación de los tribunales de Zacatecas de publicar exclusivamente aquellas
sentencias que sean de interés público.
Esa
medida lleva a que los órganos jurisdiccionales locales no elaboren versiones
públicas de todas sus sentencias, propiciando con ello una eventual vulneración
del derecho de acceso a la información, puntualizó la iniciativa encabezada por las organizaciones
EQUIS Justicia para la Mujeres (EQUIS), Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI), México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Controla tu
Gobierno y Fundar.
“Desde 2018,
el colectivo #LoJustoEsQueSepas ha impulsado la causa de la transparencia
judicial, reconociendo que la publicación de sentencias permite que la
ciudadanía ejerza libremente su derecho de acceso a la información para el
ejercicio de otros derechos como la libertad de expresión y opinión respecto de
la impartición de justicia”, añadió en su demanda.
Este
jueves la SCJN decidió estudiar la demanda del colectivo #LoJustoEsQueSepas,
presentada el 23 de marzo de 2018 ante el Juzgado Primero de Distrito en el
estado de Zacatecas, en contra de juezas, jueces y magistrados de la entidad
por no hacer públicas sus sentencias.
El ministro Juan
Luis González Alcantara Carrancá, de la primera sala de la SCJN, será el
responsable de analizar la demanda, a partir de la cual podría emitir un
pronunciamiento sobre las obligaciones en materia de transparencia de los
poderes judiciales locales.
Particularmente
en lo que corresponde la emisión de sus sentencias y si éstas ameritan la
producción oficiosa de versiones públicas en todos los casos, a fin de que la
sociedad pueda conocerlas y coadyuvar en el combate a lastres institucionales
como la corrupción.
“El
asunto en cuestión tiene el potencial para que la Primera Sala continúe en el
desarrollo de su línea jurisprudencial sobre el principio de progresividad, a
través de examinar si el hecho de que alguna entidad federativa dispusiera
legislativamente la elaboración de versiones públicas de todas las sentencias,
implica una mayor protección del derecho de acceso a la información”, señaló en un comunicado de prensa.
De
acuerdo con el colectivo #LoJustoEsQueSepas, la ciudadanía tiene derecho a conocer
las sentencias, porque de esa manera se evitará la opacidad y la corrupción.
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