Por Nayeli
Roldán.
Durante
los seis años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto al menos
41 dependencias y organismos del Gobierno Federal utilizaron a universidades y
sistemas de televisión para presuntamente desviar 9 mil 605 millones de pesos
de recursos públicos, a través del esquema conocido como La Estafa Maestra.
Entre los
involucrados están la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Hacienda,
Comunicaciones y Transportes, Pemex, Sedesol, Sagarpa, Sedatu; organismos como
Cofepris, IMCINE, ISSSTE, Conagua, Conafor, Diconsa, CFE, el IMPI, el TRIFE, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto de Administración y
Avalúos, y la banca de desarrollo como Bancomext, Banobras y Nafin, entre
otros.
En sus
informes de 2012 a 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó
que las dependencias del gobierno federal hicieron convenios con 35
universidades y sistemas públicos de radio y televisión, para hacer supuestos
servicios de los cuales no hay pruebas de haberse realizado.
Animal
Político y Mexicanos contra la Corrupción dieron seguimiento a las auditorías
de 2013 y 2014 y en la investigación periodística La Estafa Maestra revelaron
que las empresas subcontratadas por las universidades eran ilegales o fantasma
y, por lo tanto, el dinero público desapareció.
La
investigación periodística fue publicada en 2017, pero las dependencias de
gobierno continuaron con el mecanismo el año siguiente, según revela el informe
de auditoría al último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto,
presentado el jueves pasado.
Los
funcionarios públicos, rectores y directores de sistemas de medios no pararon
el mecanismo ni siquiera por la veintena de denuncias penales interpuestas
desde 2014 y hasta 2018 por la Auditoría ante la Procuraduría General de la
República (PGR).
Sin embargo,
ninguna denuncia ha prosperado para llegar a una investigación y respectiva
sentencia para castigar a los responsables del presunto fraude a las arcas
públicas.
De más de
una centena de funcionarios involucrados, solo Rosario Robles, extitular de
Sedesol y Sedatu, se encuentra en prisión como medida cautelar por
supuestamente haber mentido en la dirección de su residencia. Pero en su caso
ni siquiera se investiga la ruta del dinero para hallar a los artífices y
beneficiarios del mecanismo, ya que sólo se le atribuye el presunto delito de
ejercicio indebido del servicio público.
LA ESTAFA
MAESTRA NUNCA PARÓ.
El primer
caso de subcontratación de empresas ocurrió en 2011 con las obras del monumento
Estela de Luz, en la que el gobierno había hecho un convenio con el TURISSSTE
para que hiciera la obra y éste subcontrató a la empresa III Servicios, lo que
derivó en sobrecosto y en una denuncia penal en 2012.
Sin embargo,
la primera vez que se utilizó a una institución de educación fue en 2012,
cuando el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Diconsa,
Infotec, Sagarpa, Cofetel, FOVISSSTE, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, el INEA y SUPERISSSTE, hicieron convenios con la Universidad
Autónoma del Estado de México para hacer supuestos servicios.
La Auditoría
señaló que existía un probable daño al erario por 350 millones de pesos
debido a que no se comprobó que los servicios de digitalización para el
Conaculta realmente se hubiesen hecho. De ahí que interpuso una denuncia penal
en 2014.
Sin embargo,
el mecanismo siguió en marcha. En 2013 y 2014, 11 dependencias que incluyó a
Pemex, Sedesol, Banobras, Comunicaciones y Transportes y hasta el INEA,
hicieron convenios con ocho universidades públicas, y éstas subcontrataron a
186 empresas para supuestamente hacer los servicios.
La
investigación periodística La Estafa Maestra incluyó la revisión de todas
las empresas en ocho fuentes de información y descubrió que de ellas, 128 eran
irregulares o fantasma, y aún así recibieron 3 mil millones de pesos de recursos
públicos.
Pero el
número ha ido en aumento debido a que el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) ha sumado más empresas a su lista de compañías fantasma en los últimos
meses por lo que el monto alcanza los 4 mil 613 millones de pesos de 144 empresas
ilegales.
En las
auditorías del resto de años del sexenio suman 4 mil 992 millones de pesos
por aclarar, es decir, las dependencias y universidades deben explicar el
destino final, toda vez que los servicios supuestamente pagados no existieron.
Por ello es que del sexenio, entre lo detectado por la auditoría y la
investigación periodística suman 9 mil 605 millones de pesos de presunto
desvío.
Para el
exauditor, Juan Manuel Portal, este mecanismo fue “un fraude”, toda vez que al
revisar los supuestos servicios, detectaron que se trataban de documentos
fabricados ex profeso y que había transferencias bancarias entre distintas
empresas incluso sin contratos de por medio para dispersar recursos.
A esto se
suma que las universidades cobraron un porcentaje del total de dinero recibido.
De acuerdo con la investigación periodística, sólo las ocho universidades
involucradas en 2013 y 2014 ganaron mil millones de pesos en este esquema, lo
que significa en sí mismo un sobrecosto por los servicios, aún cuando se
hubiesen hecho puesto que las instituciones subcontrataron a empresas.
Uno de los
ejemplos está en la Universidad Autónoma del Estado de México que recibió
223 millones 87 mil pesos del FOVISSSTE por cinco convenios para supuestamente
“rediseñar” o simplificar los procesos de atención a derechohabientes.
Pero la
universidad no tenía la capacidad de dar el servicio, así que contrató a
Interamericana de Negocios y Comercio, S. A. de C. V., que en realidad se
dedica —según su acta constitutiva— a la venta de zapatos. A esta empresa le
dio 15 millones 389 mil pesos.
También contrató
a otras tres empresas —Icalma Servicios y Consultoría, S. A. de C. V.,
Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos, S. A. de C. V. y Evyena
Servicios, S. A. de C. V.— investigadas por el SAT por hacer operaciones
irregulares; y a tres más que no están registradas ante la Secretaría de
Economía.
Y la
Sedesol, por ejemplo, para hacer servicios de repartición de medio millón de
despensas, la organización de eventos y comprobación de sobrevivencia de
beneficiarios de programas sociales, hizo convenios con las Autónomas del
Estado de México y de Morelos, pero éstas subcontrataron a empresas, que a su
vez dispersaron recursos en una veintena de empresas y éstas entregaron 698
millones de pesos a una última.
Y en
2018… también
La Secretaría
de Educación Pública es una de las dependencias que tuvo este tipo de convenios
durante 2013, 2016 y 2018. Previo a la publicación de La Estafa Maestra, la
dependencia envió una respuesta a este medio en agosto de 2017 advirtiendo que
el entonces titular, Aurelio Nuño había instruido la suspensión de este tipo de
convenios.
Sin embargo,
en el más reciente informe de la Auditoría, la SEP nuevamente hizo convenios
con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Politécnica de Sinaloa.
En el
primer caso fue para mantenimiento a las “telecomunicaciones y servidores; así
como el aprovisionamiento de equipo para infraestructura de servidores para el
procesamiento de datos, almacenamiento, virtualización y respaldos”, pero la
universidad “subcontrató a una persona moral por 17 millones de pesos, de la
cual se presentaron los contratos suscritos con 23 personas físicas, así como
igual número de los informes de dichas personas, detectándose que las firmas
contenidas en ambos documentos son distintas aun cuando son las misma persona”, dice la auditoría.
En la
segunda universidad, supuestamente harían capacitación docente, pero la
Auditoría detectó que “no se presentó evidencia” de que las actividades se
hubiesen realizado.
En 2018 también
se sumaron la Universidad Politécnica de Huatsuco que hizo convenios con la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto de Administración y
Avalúos y por lo que se presume un probable daño al erario por 91 millones de
pesos.
La
Universidad Autónoma de Chapingo tuvo convenios con la Conafor, Diconsa y
Sagarpa que suman 35 millones de pesos por aclarar y el Instituto Tecnológico
Superior de Casamaloapan que deben aclarar el destino de 282 millones de pesos
de los convenios con Capufe, Cofepris, Sedatu, Conagua y Bancomext.
La
realización de convenios entre dependencias y universidades es legal. Se trata
de una excepción en la contratación de servicios previsto en el artículo 1 de
la Ley de Adquisiciones, pues al firmar convenios entre entes de la
administración pública para prestarse servicios entre sí de manera directa y
evitar las licitaciones.
El único
‘candado’ es que la parte contratada, las universidades en este caso, no puede
subcontratar a terceros por más del 49% de los recursos que recibe de las
secretarías de Estado. Sin embargo, en los 70 convenios analizados en La Estafa
Maestra, las universidades violaron el artículo 1 de la ley de adquisiciones, y
subcontrataron a empresas por más del 90% de los recursos para quedarse con el
10% como ‘comisión’, lo que les supuso, además, ganancias por mil millones de
pesos solo por hacer de ‘puente’ con las compañías.
Ninguno
de los convenios fraudulentos fue firmado por los titulares de las 11
secretarías de gobierno donde se produjeron los desvíos millonarios a empresas
fantasma. Esto ha sido utilizado constantemente por secretarios de Estado como
Rosario Robles, quien dirigió Sedesol, primero, y ahora está en la Sedatu, para
deslindarse de responsabilidades en los desvíos señalados en ambas dependencias
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Por ello, en
septiembre de 2018, los senadores Ricardo Monreal Ávila y Freyda Marybel
Villegas Canché plantearon una reforma a la Ley de Adquisiciones para que este
tipo de convenios fuesen firmados por los titulares de las dependencias, con lo
cual asumirían toda la responsabilidad ante posibles desvíos o malos manejos de
recursos públicos.
Sin embargo,
dicha iniciativa quedó en la congeladora, igual que la propuesta por el senador
perredista, Juan Manuel Fócil Pérez, que incluso fue más allá y propuso la
eliminación de la excepción.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.